Hoy México vive un momento peligroso: las instituciones que deberían garantizar imparcialidad comienzan a utilizarse como herramientas de intimidación política. Y el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, vuelve a ponerlo sobre la mesa.

La Fiscalía General de la República notificó a la mandataria panista para comparecer como testigo dentro de la investigación relacionada con el operativo realizado en la Sierra del Pinal en abril pasado. Oficialmente, se habla de diligencias ministeriales derivadas de la cadena de mando y de la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional. Pero detrás del lenguaje técnico y jurídico, lo que millones de mexicanos alcanzan a percibir es otra cosa: un gobierno utilizando las instituciones para golpear a la oposición.

Porque el problema no es que se investigue. El problema es a quién sí se investiga y a quién no.

Mientras una gobernadora que ha enfrentado directamente al crimen organizado es colocada bajo presión institucional y mediática, Morena guarda absoluto silencio frente a personajes de su propio movimiento señalados incluso por autoridades internacionales por presuntos vínculos criminales.

Ese es el verdadero escándalo.

La llamada “transformación” terminó construyendo un sistema donde la ley parece aplicarse dependiendo del color partidista. Si eres oposición, eres objetivo político. Si eres cercano al oficialismo, tienes protección, justificación y blindaje mediático.

Y eso destruye cualquier idea de justicia.

Maru Campos no está siendo señalada por proteger criminales. Al contrario: el operativo por el que hoy se le cita forma parte de acciones de combate contra estructuras del crimen organizado en Chihuahua. Es decir, el mensaje que parece mandar Morena es brutalmente claro: combatir al crimen desde la oposición puede convertirse en motivo de persecución política.

Lo preocupante es que ya ni siquiera intentan disimularlo.

Cada vez es más evidente el uso faccioso de las fiscalías, de las instituciones y del aparato de gobierno para desgastar adversarios políticos. La narrativa oficial cambia dependiendo de quién esté involucrado. Cuando los señalados pertenecen a Morena, aparecen los llamados a “no politizar”, a “esperar investigaciones” o a “respetar la presunción de inocencia”. Pero cuando se trata de la oposición, entonces sí llegan las filtraciones, los reflectores y el linchamiento mediático.

Es un doble rasero descarado.

Morena ha construido un discurso donde se presenta como víctima permanente del pasado, mientras reproduce exactamente las prácticas que prometió erradicar. Solo que ahora el abuso viene acompañado de conferencias mañaneras, propaganda oficial y estructuras de poder mucho más concentradas.

Y el daño institucional puede ser enorme.

Porque cuando las fiscalías dejan de percibirse como órganos autónomos y comienzan a verse como brazos políticos del gobierno, la democracia empieza a fracturarse. La justicia pierde credibilidad y el ciudadano entiende que la ley ya no sirve para proteger derechos, sino para disciplinar opositores.

Acción Nacional ha sido claro al denunciarlo: este gobierno persigue opositores mientras protege a los suyos.

Y quizá eso explique por qué el contraste indigna tanto a millones de mexicanos. Por un lado, una gobernadora que enfrenta institucionalmente cualquier requerimiento legal. Por el otro, figuras cercanas al oficialismo protegidas desde el poder aun cuando existen señalamientos gravísimos en su contra.La justicia no debería tener partido político.
Pero Morena está haciendo todo para que parezca que sí lo tiene.

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