Torreón no puede seguir esperando. Cada año, cuando la temporada de lluvias se acerca, miles de familias en el suroriente de la ciudad reviven el mismo temor: que el agua entre por la puerta de su casa, que se detenga el tránsito en las calles, que se pierdan electrodomésticos, muebles, y lo más importante, la tranquilidad.

Desde hace años, Torreón sufre de una ausencia clara de infraestructura pluvial, especialmente en las zonas más vulnerables. Lo que para otros estados y ciudades puede significar un día lluvioso más, aquí puede convertirse en una emergencia.

Como diputado federal, presenté un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al Ejecutivo federal a que, por medio de la CONAGUA, destine recursos extraordinarios a los municipios para infraestructura de drenaje pluvial. Pero esta no es una exigencia genérica: la prioridad debe ser Torreón.

Propusimos una asignación específica de 500 millones de pesos para iniciar con un proyecto integral de drenaje pluvial en el sector suroriente de la ciudad. Este monto, aunque ambicioso, es apenas una fracción de lo que se ha despilfarrado en obras sin impacto social real en otros puntos del país. Aquí, en cambio, cada peso puede representar seguridad, salud y dignidad para nuestras comunidades.

No es la primera vez que se habla del drenaje pluvial en Torreón. El tema ha sido postergado durante sexenios. Pero lo que lo hace más indignante hoy, es que el Gobierno federal ha mantenido en el olvido sistemático esta infraestructura básica, mientras promueve obras faraónicas en otras regiones, algunas con severas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo que pasa en Torreón no es inevitable. Es consecuencia de omisión. El gobierno federal no puede seguir administrando el abandono como si fuera política pública. Y desde el Congreso, nuestra obligación es señalarlo y proponer soluciones concretas.

Hoy Torreón necesita voluntad política, no pretextos. Invertir en drenaje pluvial no es solo evitar inundaciones; es garantizar un entorno más sano, proteger el patrimonio de las familias y brindar certeza para invertir y vivir en nuestra ciudad.

Desde Acción Nacional y como representante de Coahuila, seguiré exigiendo que se atiendan estas necesidades con seriedad. Porque mientras la burocracia se entretiene en discursos, en nuestras colonias el agua sigue subiendo.

En el Partido Acción Nacional lo advertimos desde el primer día: entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas no solo es un error técnico, es un retroceso democrático. Hoy, con la aprobación del nuevo paquete de reformas a la Guardia Nacional en la Comisión de Justicia, el gobierno federal ha consumado uno de los mayores atentados contra la vida civil del país. Han legalizado lo que ya venían operando en los hechos: la militarización total de la seguridad pública.

No nos confundamos. Esta no es una estrategia de seguridad. Es una estrategia de control. Morena y sus aliados han decidido borrar los contrapesos civiles para entregarle todo el poder a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bajo el falso argumento de que “las policías locales están corrompidas”, ahora justifican que la Guardia Nacional dependa por completo del Ejército, que sea parte de sus estructuras, de su fuero, de su jerarquía, de su lógica.

No basta con afirmar que se mantendrá el “mando civil” desde la presidencia, cuando en realidad se está vaciando de atribuciones a la Secretaría de Seguridad y trasladando todo a la Defensa.

Los datos son claros: esta reforma le da a la Sedena facultades de inteligencia, capacidad para operar encubiertamente, posibilidad de espiar conversaciones, revisar comunicaciones privadas y realizar detenciones con identidad simulada. Esto no es prevención. Esto es vigilancia. Esto es autoritarismo.

¿A quién se le ocurre que es buena idea permitir que un cuerpo armado con formación militar vigile nuestras conversaciones y se infiltre entre los ciudadanos como si fuéramos todos sospechosos? Lo que están construyendo no es un México más seguro, sino un México más sometido.

Desde el PAN, rechazamos esta reforma porque traiciona el espíritu civilista de nuestra Constitución. Porque es incompatible con una república democrática. Y porque su justificación es profundamente cínica: dicen que las policías municipales y estatales están corrompidas, pero no han invertido ni un peso serio para profesionalizarlas, evaluarlas o fortalecerlas.

Aquí está el verdadero problema: la incapacidad del gobierno para construir instituciones. En lugar de gobernar, centralizan. En lugar de corregir, imponen. En lugar de profesionalizar, militarizan.

Este es un ataque directo contra la libertad en México. Están buscando tomar el control del país, no para garantizar seguridad, sino para vigilar, silenciar y perseguir bajo la excusa del orden.

Desde Acción Nacional proponemos una ruta distinta. Si realmente se busca mejorar la seguridad, el camino es claro: hay que invertir en las policías locales, mejorar las fiscalías. En el México que queremos, los ciudadanos vuelven a confiar en sus instituciones de la seguridad.

No es tarde para corregir. Lo que está en juego no es una reforma más. Es la naturaleza misma del Estado mexicano. Y desde esta trinchera, seguiremos defendiendo con firmeza que la seguridad sí puede ser eficaz, sin sacrificar nuestras libertades.

MORENA vuelve a hacer de las suyas. Esta vez, bajo el disfraz de modernizar la legislación, pretende tomar por asalto el sector de las telecomunicaciones. Lo que nos presentan como una nueva ley es, en realidad, un atentado contra la competencia, contra la libertad de expresión y contra el futuro digital de México.

En el fondo, lo que MORENA busca con esta nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es otra cosa que apropiarse del árbitro, controlar el juego y silenciar a quien se atreva a disentir. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es solo el primer golpe: sustituyen a un organismo autónomo por una agencia sometida al Ejecutivo, la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Es decir, el gobierno no solo jugará el partido, también pitará el silbato y decidirá quién gana.

La nueva ley permite que el Ejecutivo federal, de manera directa y sin pagar contraprestaciones, se otorgue a sí mismo concesiones para explotar el espectro radioeléctrico y ofrecer servicios de internet. Nos quieren vender la idea de que es para llevar conectividad a todos los rincones del país, pero lo que realmente están haciendo es construir un monopolio estatal disfrazado, destruyendo décadas de esfuerzos por garantizar un mercado competitivo y libre.

¿Y qué decir de la censura? El texto abre la puerta al bloqueo de plataformas digitales con una facilidad escalofriante, sin necesidad de orden judicial, bajo criterios vagos y arbitrarios. Así, cualquier crítica, cualquier voz incómoda, podría ser callada en nombre de una supuesta regulación. Esta iniciativa es una amenaza directa contra los derechos humanos más básicos: la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por si fuera poco, MORENA ha decidido dinamitar el despliegue de infraestructura tecnológica. Al eliminar la prohibición para que municipios cobren contribuciones adicionales a las empresas que despliegan redes, abren la puerta a una cascada de extorsiones locales que frenarán la llegada de internet a miles de comunidades. Cada ayuntamiento podrá imponer sus propios cobros, tarifas y obstáculos, creando un caos normativo que solo beneficia a los corruptos y castiga a los ciudadanos.

Los medios de comunicación tampoco se salvan. La ley impone nuevas cargas, obliga a pedir autorizaciones para contenidos financiados por extranjeros y establece mecanismos de control que, en los hechos, son censura previa. El mensaje es claro: quien no se alinee, será castigado.

Y para rematar, MORENA pretende que todo esto entre en vigor en apenas 30 días, ignorando abiertamente el plazo de 180 días que establece la Constitución. No respetan ni las formas ni el fondo. Lo que quieren es imponer a toda prisa un marco legal hecho a su medida, antes de que puedan ser frenados.

Esta no es una ley para modernizar México. Es una ley para someterlo.

Quieren arrebatarnos el internet libre, la pluralidad de los medios, el derecho a opinar y a disentir. Quieren un país en donde el gobierno decida qué vemos, qué escuchamos y qué decimos.

Desde Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados, desde cada rincón en donde se defienda la democracia, vamos a levantar la voz. No vamos a permitir que el futuro de nuestras telecomunicaciones se convierta en el botín político de un régimen autoritario.

México merece más. Merece libertad, competencia, diversidad. Merece un futuro donde el acceso a la información no dependa de la voluntad de un gobierno.

La nueva simulación de MORENA es la mal llamada la reforma contra el nepotismo, que no previene colocación de familiares en el servicio público y sólo considera puestos de elección popular.

Desde luego que en Acción Nacional estamos a favor de combatir el nepotismo y por ello hemos hecho una iniciativa mucho más robusta y estricta que considera sanciones a servidores públicos que injustificadamente tengan familiares en su nómina, pero el oficialismo ha decidido ignorar esta propuesta, ya que, como todas sus iniciativas, no consideran el bien común, si no su propio beneficio.

Como diputado federal del PAN, no puedo quedarme callado ante esta reforma que busca aparentar cambios sin resolver el problema de raíz. Si realmente se quisiera erradicar el nepotismo, se aplicarían restricciones no solo a los cargos de elección popular, sino también a todos los servidores públicos de los tres poderes, dirigentes partidistas y quienes participan en contrataciones públicas. Nuestra propuesta contempla incluso la prohibición de que un familiar de un expresidente pueda ocupar el mismo cargo en los diez años posteriores a su mandato.

Sin embargo, el oficialismo ha bloqueado nuestra iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, limitando el alcance de la reforma para proteger sus intereses partidistas. Lo que vemos es una estrategia clara para seguir manteniendo el control político sin realmente combatir la corrupción institucionalizada en la administración pública.

Para colmo, en el Senado se aprobó la reforma con una trampa evidente: la prohibición del nepotismo electoral solo aplicará a partir de los procesos electorales de 2030. Esto significa que durante los próximos cinco años seguirá vigente la práctica de colocar familiares en cargos públicos sin restricciones.

¿Por qué hasta dentro de 5 años? Porque MORENA está más interesado en la simulación que en aplicar medidas efectivas de inmediato.

El nepotismo es corrupción en su forma más descarada. No se trata solo de otorgar cargos a familiares, sino de perpetuar redes de poder que obstaculizan el acceso equitativo de los ciudadanos a oportunidades en el servicio público. Como legisladores, nuestro deber es garantizar que el gobierno deje de ser una agencia de colocaciones familiares y se convierta en una institución de servicio real para la gente.

México necesita leyes firmes, no simulaciones. Si el oficialismo tuviera un verdadero compromiso con la transparencia y la igualdad de oportunidades, incluiría nuestras propuestas en el dictamen final y aplicaría las restricciones de inmediato. Pero mientras eso no suceda, seguiremos luchando para que nuestra iniciativa sea escuchada, discutida y votada. Nuestro país merece reglas claras y justas, y no descansaremos hasta que así sea.

La reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de establecer un precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en el Partido Acción Nacional creemos que se puede ir más allá para garantizar un costo verdaderamente justo y accesible para todos los mexicanos.

Nuestra propuesta es clara: un precio fijo de 20 pesos por litro. Esta medida brindaría certeza a consumidores, empresarios e inversionistas, evitando la volatilidad que tanto afecta a las economías familiares. Además, lejos de ser una idea inviable, su implementación es perfectamente posible con los ajustes adecuados.

Proponemos tres acciones concretas para lograrlo:

1. Deducción del 100% del gasto en gasolina para quienes la utilicen con fines laborales, beneficiando a trabajadores independientes y transportistas.
2. Exención del IVA para evitar que factores externos disparen el precio del combustible.
3. Estímulos fiscales al IEPS, ajustados de manera variable según el costo del crudo, para garantizar estabilidad en el mercado.

A pesar de los derroches y gastos innecesarios de los gobiernos de MORENA, la economía mexicana tiene la capacidad de ofrecer estas condiciones sin comprometer las finanzas públicas. El verdadero problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad.

Es momento de adoptar soluciones reales y duraderas para proteger el bolsillo de los ciudadanos. Con estas medidas, no solo aseguramos precios justos en los combustibles, sino que también impulsamos el desarrollo económico y la estabilidad financiera de las familias mexicanas.

En México, los ahorros de los trabajadores están en riesgo con la reciente propuesta de reforma al Infonavit impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque plantea construir y administrar vivienda social mediante una nueva empresa filial, las implicaciones financieras podrían ser desastrosas.

La reforma propone utilizar los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda para financiar esta iniciativa. Sin embargo, no existen garantías claras en la ley que protejan estos recursos contra corrupción, malas prácticas o negligencia. ¿Qué sucederá si un trabajador solicita sus ahorros y descubre que ya no están disponibles?

El gobierno pretende asumir funciones de construcción y administración de vivienda, tareas que históricamente han sido mejor gestionadas por la iniciativa privada. Esto podría derivar en ineficiencia, corrupción y pérdida de recursos.

Aunque se busca beneficiar a sectores vulnerables con el arrendamiento social, esta medida también pone en juego los fondos de los trabajadores, sin garantizar que genere los ingresos necesarios para sostener el sistema.

Aunque la reforma contempla mecanismos de supervisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos procesos suelen ser tardíos y reactivos.

Para cuando las irregularidades se detecten, podría ser demasiado tarde para los trabajadores cuyos ahorros ya habrían desaparecido.

Esta reforma al Infonavit representa un riesgo latente para los trabajadores y para el modelo de vivienda en México. Aunque su objetivo declarado es fortalecer la oferta de vivienda social, la realidad es que pone en juego los ahorros de millones de mexicanos sin ofrecer garantías sólidas.

El patrimonio de las y los trabajadores no debe ser el campo de experimentación de un gobierno que busca soluciones rápidas sin prever las consecuencias. Si queremos un sistema de vivienda sólido y sostenible, debemos priorizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad financiera.

Como sociedad, es nuestra responsabilidad alzar la voz y exigir que estas reformas sean revisadas a profundidad, garantizando que el esfuerzo de los trabajadores no termine siendo otro caso de saqueo disfrazado de buenas intenciones.

El Paquete Económico 2025 propuesto por el gobierno de MORENA es una receta peligrosa para la economía de México. Con un déficit histórico de 1.6 billones de pesos, basado en estimaciones optimistas e irreales, el plan no solo amenaza con disparar la deuda pública, sino que también coloca al país en una trayectoria alarmantemente similar a la de economías en crisis como Argentina y Venezuela.

MORENA justifica su presupuesto con proyecciones poco realistas, como un crecimiento económico del 3% y un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar, mientras los mercados internacionales y expertos locales predicen cifras significativamente más bajas. Este optimismo desmedido es preocupante, ya que no contempla los impactos de factores externos como los aranceles a las remesas anunciados por Donald Trump o la desaceleración económica global.

Cuando las metas de ingresos no se cumplan, el gobierno tendrá dos opciones: recortar gastos esenciales o recurrir a más deuda. En ambos escenarios, los mexicanos pagarán los platos rotos. Un niño recién nacido ya "debe" 140,000 pesos por la creciente deuda pública, una carga que seguirá aumentando mientras no se adopten políticas responsables que incentiven la inversión y el crecimiento.

La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos claros de lo que sucede cuando los gobiernos priorizan el gasto desenfrenado sobre la estabilidad económica. En Argentina, políticas fiscales irresponsables y un déficit financiado con deuda han llevado a una inflación descontrolada, una moneda en constante devaluación y una fuga de inversiones. Venezuela, por su parte, enfrentó un colapso económico completo al basar su modelo en ingresos inflados por el petróleo y descuidar la diversificación productiva.

México podría estar caminando por un sendero similar. El gobierno de MORENA sigue prometiendo milagros económicos mientras las cifras reales muestran un crecimiento raquítico, un estancamiento en la producción petrolera y una deuda cada vez más inmanejable.

El verdadero motor de una economía sostenible no es el endeudamiento, sino la inversión. En lugar de perseguir objetivos fiscales poco realistas, México necesita políticas que fomenten la confianza de los inversionistas, reduzcan la carga fiscal a las empresas y fortalezcan las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Sin un entorno competitivo, nuestro país seguirá atrapado en un ciclo de endeudamiento e inflación, con costos sociales y económicos que las futuras generaciones no podrán soportar.

MORENA está hipotecando el futuro de México con promesas vacías y números fantasiosos. Si no se toman decisiones responsables ahora, el país podría sumirse en una crisis de la que le tomará décadas recuperarse. Por el bien de los mexicanos, es urgente replantear este modelo económico antes de que el costo sea irreversible.

En los próximos días, el Congreso discutirá una reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos sin juicio previo. Esta propuesta, denominada ya como la "Ley Morena", es mucho más que una ampliación de la justicia penal; es una herramienta que deja en manos del poder el destino de aquellos que se encuentren en la mira del Estado, con el riesgo latente de que sea usada para reprimir a quienes cuestionen o se opongan al gobierno.

La reforma propuesta pretende añadir delitos como el narcomenudeo, la extorsión y delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, bajo esta ley, delitos sin "víctima", como la simple posesión de sustancias, llevarían a prisión a personas vulnerables, quienes frecuentemente provienen de entornos de pobreza y marginación. Esta política punitiva no persigue una justicia auténtica; en cambio, perpetúa un sistema que criminaliza la pobreza y que deja a merced del poder el encarcelamiento de cualquiera que incomode al Estado.

Lo que se está promoviendo no es seguridad, sino una herramienta que recuerda a los regímenes autoritarios, que encierra a aquellos que se desvían de la línea dictada. Este enfoque se refuerza al recordar casos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin una sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, pero en lugar de aprender de estas violaciones, el gobierno de Morena insiste en aplicar una política que niega derechos básicos y potencia el control autoritario. La “Ley Morena”, entonces, no representa una mejora en la seguridad, sino una herramienta de represión.

Esta iniciativa castiga especialmente a los sectores más desprotegidos, y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) evidencia que tres de cada diez personas en prisión preventiva pasan más de dos años sin juicio. Sin recursos ni defensa adecuada, son las personas en situación de pobreza las que terminan siendo castigadas sin pruebas ni sentencia. Además, el impacto es desproporcionado para las mujeres, quienes representan el sector más vulnerable: de cada diez mujeres encarceladas sin sentencia, cinco están en prisión preventiva. Las historias de abuso y tortura que sufren dentro del sistema penitenciario son testimonio del costo humano de una política que castiga sin pruebas ni juicio.

La "Ley Morena" representa una regresión en derechos humanos y justicia. No se puede hablar de "primero los pobres" mientras se continúe criminalizando a quienes menos tienen y se les prive de su libertad sin juicio. Esta ley es un riesgo para cualquier sociedad que aspire a la justicia; es, en realidad, una medida punitiva que encubre su función real: consolidar el poder y silenciar a quienes osen cuestionarlo.

México necesita una justicia que respete los derechos humanos, que busque rehabilitar en lugar de castigar y que no deje a merced del gobierno la libertad de sus ciudadanos. La prisión preventiva oficiosa no debe expandirse como herramienta de poder, sino restringirse para proteger la libertad y dignidad de todos los mexicanos.

Blindar las reformas constitucionales bajo el pretexto de "mejorar el sistema democrático" es una señal alarmante de un poder que busca inmunizarse de cualquier cuestionamiento. Esta reforma aprobada en el Senado, que elimina la posibilidad de impugnar cambios a la Constitución, no solo es un ataque a la división de poderes, sino que también mina la esencia de un Estado de derecho, dado que, ahora, ningún ciudadano podrá defenderse de cualquier atropello del gobierno de MORENA y sus abusos de poder; en estas circunstancias, cualquier ciudadano que gane un amparo se enfrentará a la posibilidad de que la autoridad no esté obligada a cumplirlo. Un retroceso de 30 años.

Además, el oficialismo olvida al 46% de la población de no votó por ellos en las urnas. En una democracia, ningún poder, por amplio que sea su respaldo, debería tener la capacidad de actuar sin controles ni contrapesos, y eso es precisamente lo que se pretende instaurar aquí: un poder absoluto que no responde ni rinde cuentas a la ciudadanía.

La justificación del oficialismo de que esta medida “optimiza” el sistema y respeta las mayorías es, francamente, cínica. Lejos de reforzar la democracia, esta medida pretende acallar cualquier voz crítica y consolidar un régimen en el que la voluntad de unos cuantos prevalezca sin oposición. Resulta inquietante que en pleno siglo XXI, con tantas lecciones históricas sobre los peligros de los poderes incontrolados, el Congreso apruebe una reforma que prácticamente sitúa a los legisladores y al Ejecutivo por encima de la ley. El argumento de que esto es "un acto de respeto al Congreso" no tiene asidero; más bien, es un intento flagrante de proteger decisiones que pueden ser arbitrarias o injustas, sin el riesgo de revisión judicial.

Es inadmisible que el Poder Judicial, la última línea de defensa contra los abusos de poder, pierda la capacidad de intervenir. Este cambio coloca al país en una peligrosa pendiente que se aleja del Estado de derecho y se acerca a un modelo autoritario. Si una reforma constitucional, por más dañina o cuestionable que sea, no puede ser revisada, entonces ¿qué opciones le quedan a la ciudadanía para defenderse de políticas injustas? La respuesta, tristemente, es ninguna. Esta reforma le arrebata a la ciudadanía su derecho de recurrir a la justicia, y deja en manos de una sola facción la capacidad de dictar el rumbo del país, sin ninguna posibilidad de cuestionar decisiones que afecten los derechos de la gente.

En nombre de la "estabilidad" y de una supuesta eficiencia, el gobierno ha decidido eliminar el principio básico de cualquier democracia: la rendición de cuentas. Con el blindaje a las reformas, el mensaje es claro: la voluntad de la mayoría en el Congreso está por encima de cualquier preocupación ciudadana o de derechos humanos. Y esto es peligroso, porque precisamente la función del Poder Judicial es velar por que el respeto a los derechos no dependa de la voluntad del gobernante en turno, sino de la ley. Es así como se defienden las democracias maduras; se permiten las revisiones y se acepta la posibilidad de la autocrítica. La reforma aprobada en el Senado cancela esta posibilidad.

México no necesita un Congreso que actúe como caja de resonancia del Ejecutivo, sino un poder legislativo comprometido con el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos. Esta medida no solo afecta a la oposición política, como algunos quieren hacer ver, sino a cada ciudadano que depende de un sistema donde los poderes se controlen entre sí y se obliguen a actuar dentro de la legalidad. La inimpugnabilidad de las reformas constitucionales es un retroceso, una invitación a legislar sin responsabilidad y un riesgo de que cualquier cambio constitucional sea intocable, sin importar las consecuencias que pueda tener para el país y su gente.

El camino que marca esta reforma no es el de una democracia fuerte, sino el de un poder que se aleja de los principios básicos de justicia y equidad. México merece más: merece un sistema que no tema la crítica, que acepte sus errores y que, por encima de todo, respete el derecho de sus ciudadanos a cuestionar las decisiones que afectan su futuro.