El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone una revisión a fondo de la reciente Reforma Judicial, impulsada en septiembre de 2024, que introdujo cambios fundamentales en el sistema judicial mexicano, como la elección popular de jueces y magistrados y un nuevo régimen disciplinario para el Poder Judicial.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este proyecto el martes 5 de noviembre de 2024. Esta fecha fue acordada en una sesión privada entre los ministros, quienes también declararon la inconstitucionalidad parcial de la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el proyecto busca proteger la independencia judicial, se espera un debate intenso, ya que existen opiniones divididas sobre su alcance y viabilidad.
La decisión final será clave para definir el futuro de la justicia en México, ya que determinará hasta qué punto se modificará la Reforma Judicial, con miras a asegurar un sistema legal que respete la autonomía judicial y los principios constitucionales.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone una revisión a fondo de la reciente Reforma Judicial, impulsada en septiembre de 2024, que introdujo cambios fundamentales en el sistema judicial mexicano, como la elección popular de jueces y magistrados y un nuevo régimen disciplinario para el Poder Judicial.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este proyecto el martes 5 de noviembre de 2024. Esta fecha fue acordada en una sesión privada entre los ministros, quienes también declararon la inconstitucionalidad parcial de la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el proyecto busca proteger la independencia judicial, se espera un debate intenso, ya que existen opiniones divididas sobre su alcance y viabilidad.
La decisión final será clave para definir el futuro de la justicia en México, ya que determinará hasta qué punto se modificará la Reforma Judicial, con miras a asegurar un sistema legal que respete la autonomía judicial y los principios constitucionales.