El diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, por medio de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), destine recursos extraordinarios a los municipios con mayores problemas de inundaciones, dando prioridad al municipio de Torreón, Coahuila.

En el documento, el legislador explicó que la zona suroriente de Torreón sufre graves afectaciones durante la temporada de lluvias, lo que ha provocado pérdidas materiales constantes, riesgos a la salud pública y afectaciones a la movilidad, derivadas de la falta de un sistema de drenaje pluvial eficiente.

La propuesta presentada contempla que se asigne un presupuesto específico de 500 millones de pesos para la primera etapa de un proyecto integral de drenaje pluvial, con el objetivo de proteger la seguridad y patrimonio de miles de familias de la región.

Guillermo Anaya aseveró que ya desde hace años, las autoridades federales han mantenido en el olvido esta infraestructura vital para Torreón. Lo que se propone es justicia presupuestal y atención a una necesidad urgente que no puede seguir esperando.

El legislador coahuilense reiteró que este exhorto no busca politizar el tema, sino visibilizar una problemática crítica que afecta a una de las regiones más dinámicas del norte del país. Por ello, llamó a todos los grupos parlamentarios a respaldar esta propuesta en beneficio de la población.

Finalmente, recordó que invertir en infraestructura hidráulica no solo previene desastres, sino que también genera empleo, protege la salud y fortalece la capacidad de desarrollo urbano y económico de las ciudades.

Aquí el punto de acuerdo presentado por el diputado federal José Guillermo Anaya Llamas.

El dictamen que Morena pretende aprobar conocido como Ley Censura, una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representa uno de los retrocesos más alarmantes de las últimas décadas.

Bajo el argumento de “garantizar el acceso universal a internet”, esta reforma es, en realidad, un proyecto peligroso que concentra el poder absoluto en manos del Ejecutivo, desaparece al regulador autónomo y abre la puerta a la censura y el espionaje masivo de los ciudadanos.

¿Qué propone la llamada Ley Censura?

El dictamen elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una nueva comisión subordinada directamente al gobierno federal. Este nuevo órgano carecerá de independencia, autonomía y patrimonio propio. En otras palabras, el árbitro dejará de existir y el gobierno podrá decidir todo: quién transmite, qué se transmite y qué se bloquea.

Además, Morena se arroga la facultad de operar como proveedor de servicios de internet y de imponer reglas que podrían derivar en la suspensión de transmisiones digitales sin controles judiciales claros. También se mantiene la obligación de conservar todo tu historial de llamadas, mensajes y ubicación en tiempo real, información a la que el gobierno podrá acceder sin orden de un juez.

Espionaje legalizado y censura disfrazada de modernización

Aunque el discurso oficial afirma que todo seguirá igual y que se requerirán autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones, la realidad es muy distinta. Con las recientes reformas en materia de seguridad, se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda ser espiada sin controles efectivos.

Así, el gobierno tendría en sus manos una poderosa herramienta de vigilancia: sabría dónde estás, con quién hablas y qué contenido consumes en internet. Es el sueño de un régimen autoritario: un Estado que vigila a todos y decide qué puedes decir y qué no.

El golpe más duro contra las libertades digitales

La llamada Ley de Censura también elimina cualquier intento de contrapeso. No habrá consejo ciudadano para supervisar al nuevo regulador. Tampoco hay garantías de neutralidad de red ni mecanismos independientes para evitar el uso político de la publicidad oficial o el control de contenidos críticos.

Aunque la presión ciudadana y la oposición lograron frenar la versión más extrema de censura directa a redes sociales, el dictamen mantiene facultades graves que siguen poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

Desde Acción Nacional decimos claro: NO al #GobiernoEspía

En el PAN hemos defendido siempre que el internet y los medios de comunicación deben ser libres, que ninguna autoridad puede decidir por ti qué puedes ver, compartir o pensar. Hoy, Morena quiere un México vigilado, un México silenciado, un México sometido al poder.

Por eso vamos a votar en contra de esta reforma. Porque un país que espía a su gente no es un país democrático. Porque un gobierno que controla la información no es un gobierno de libertades.

Hoy más que nunca, defender la privacidad, la libertad de expresión y el acceso libre a internet es una obligación. No permitiremos que conviertan la conectividad en un instrumento de persecución y censura.

El gobierno federal ha presentado el programa "Salud Casa por Casa" como si se tratara del mayor esfuerzo de atención médica en la historia de México. Sin embargo, lo que realmente esconde esta iniciativa es una operación política financiada con recursos públicos, utilizada para consolidar la estructura territorial de Morena y promover la imagen del partido rumbo al 2027.

5 mil millones desviados del sector salud

En un país donde los hospitales públicos enfrentan carencias diarias de insumos, equipos y personal médico, el gobierno federal decidió transferir 5 mil millones de pesos del presupuesto del sector salud a la Secretaría del Bienestar. ¿Para qué? Para que los llamados “servidores de la nación”, sin formación médica ni protocolos sanitarios, recorran casa por casa no a curar, sino a censar, adoctrinar y cooptar votos, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad.

La presidenta prometió contratar a 20 mil médicos y enfermeros, pero lo que están desplegando es un ejército de 20 mil promotores políticos, muchos sin capacitación ni respaldo profesional. Desde Acción Nacional, se ha exigido que cualquier programa de atención domiciliaria esté a cargo de profesionales certificados, con sueldos justos, equipo adecuado y reglas claras.

El fracaso anunciado de las "Farmacias del Bienestar"

El gobierno también ha anunciado que este programa estará vinculado a las polémicas "Farmacias del Bienestar", una extensión de la fallida “megafarmacia”, donde no se garantiza el resguardo adecuado de los medicamentos. ¿El riesgo? Que los medicamentos terminen en manos de operadores políticos y no de quienes los necesitan, violando la prescripción médica y comprometiendo la salud pública.

Peor aún: se pretende almacenar medicamentos en Tiendas del Bienestar, lugares que no cumplen con las normas de temperatura, seguridad y caducidad necesarias. ¿Quién supervisará que los medicamentos no estén caducos o mal almacenados? Nadie.

Un censo disfrazado para fines electorales

Además del desvío de recursos y la improvisación operativa, preocupa la recopilación masiva de datos personales y médicos. Con el pretexto de mejorar la salud de la población, los servidores de la nación estarán levantando un censo sobre hábitos, enfermedades, historial de vacunación y salud emocional. Un banco de datos oro para los intereses electorales de Morena.

Esto ya lo vivimos con la vacunación durante la pandemia de COVID-19, donde los promotores políticos sustituyeron al personal de salud, las decisiones se tomaron con base en cálculos electorales y la vacunación se utilizó como herramienta de campaña.

Médicos sin contrato, sin sueldo y sin derechos

Mientras tanto, los verdaderos profesionales de la salud enfrentan despidos, falta de pagos, condiciones laborales precarias y una creciente desmotivación. Organizaciones como la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud han denunciado que se contrata a médicos como “voluntarios” para no pagarles lo justo, en especial a jóvenes egresados.

¿Ese es el “gran programa de salud” del gobierno? Un disfraz mal armado con fines electorales, mientras el sistema público colapsa por la falta de inversión y personal.

¿Qué exigimos en el PAN?

Desde el Grupo Parlamentario del PAN, presentamos una reforma a la Ley General de Salud para que este tipo de programas se realicen con regulación, supervisión médica y respeto a los derechos de los pacientes. Se propone que la Secretaría de Salud, y no la del Bienestar, sea la encargada de coordinar la atención domiciliaria, junto con el Consejo de Salubridad General.

El objetivo es claro: que "Salud Casa por Casa" no sea otro experimento político con consecuencias sanitarias, sino una verdadera estrategia de salud pública con:

• Personal médico certificado.
• Condiciones laborales dignas.
• Seguridad en el manejo de medicamentos.
• Protección de datos personales.
• Cobertura sin sesgos electorales.

El programa "Salud Casa por Casa" refleja el modelo de este gobierno: mucho discurso, cero planeación. Si realmente se quiere mejorar la atención médica en México, se deben fortalecer hospitales, contratar especialistas, garantizar medicamentos y respetar la dignidad de los trabajadores del sector salud.

Utilizar la salud como bandera electoral es no solo irresponsable, sino inhumano. México necesita políticas públicas, no campañas disfrazadas. Y desde el PAN, seguiremos denunciando cada intento de manipulación con recursos públicos.

La política exterior de un país no puede ser campo de ocurrencias ni de improvisación ideológica. Se trata de una labor fina, de diplomacia, de inteligencia política y, sobre todo, de responsabilidad. Lamentablemente, el nuevo gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha demostrado exactamente lo contrario: torpeza, falta de tacto y un alarmante desconocimiento de cómo se ejerce el poder en la esfera internacional.

En días recientes fuimos testigos de un episodio vergonzoso que podría escalar en un conflicto diplomático con nuestro principal socio comercial y destino migratorio: Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Interior de ese país, Kristi Noem, señaló directamente a la presidenta Sheinbaum por “promover” protestas violentas de migrantes mexicanos en Los Ángeles. Noem no es una funcionaria menor: habló junto al mismísimo Donald Trump en la Casa Blanca, y lo dijo claro, sin rodeos.

Y aunque Sheinbaum intentó matizar el tema afirmando que “condena la violencia”, no podemos ignorar sus palabras del pasado 24 de mayo, donde amagó con “movilizarse” en contra del nuevo impuesto a las remesas aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿De verdad pensaba que eso no tendría consecuencias? ¿Qué clase de jefa de Estado incita desde el púlpito presidencial a que los migrantes en otro país se movilicen, sabiendo que esas acciones pueden derivar en actos de violencia?

Morena y Sheinbaum están jugando con fuego. Porque no es lo mismo dar un discurso populista en campaña que conducir una nación. El liderazgo no se ejerce con arengas ni provocaciones. Se ejerce con responsabilidad y visión de Estado. Pero en Morena confunden firmeza con estridencia, diplomacia con berrinche, y defensa del pueblo con agitación.

El impuesto del 3.5% a las remesas es, sin duda, una medida injusta y lesiva para millones de familias mexicanas. Pero eso no justifica que desde el Palacio Nacional se incentive el desorden o se trate de usar a nuestra comunidad migrante como carne de cañón político. La quema de vehículos en Los Ángeles no surgió de la nada. Vino precedida por declaraciones incendiarias y falta de conducción política.

Lo más grave es que esta postura puede terminar afectando a los propios migrantes. En lugar de tender puentes, Sheinbaum eligió levantar muros de desconfianza. En lugar de presionar con diplomacia, eligió confrontar con declaraciones irresponsables. Y mientras el gobierno de Trump avanza con su ofensiva fiscal, el de Morena responde con gritos que suenan más a provocación que a política de Estado.

Desde el PAN reiteramos nuestro rechazo a cualquier medida que afecte las remesas. Pero también exigimos que el gobierno de México actúe con seriedad. La política exterior no es para lucirse ante las cámaras ni para ganar likes. Es para proteger los intereses de la nación y de nuestros connacionales con inteligencia, diálogo y altura de miras.

Sheinbaum tiene que entender que ya no está en campaña. Es la presidenta de México. Y si no está dispuesta a actuar como tal, que no se sorprenda cuando su falta de habilidad nos meta en crisis internacionales que el país no necesita ni merece.

El pasado 1 de junio fuimos testigos de un episodio lamentable para la vida democrática del país. La Elección Judicial, promovida y celebrada con bombo y platillo por el gobierno federal, no fueron otra cosa que un rotundo fracaso. La participación ciudadana osciló apenas entre el 12.57% y el 13.32%, una cifra que no sólo evidencia el desinterés generalizado, sino el profundo rechazo social a este burdo intento de disfrazar un golpe autoritario con una máscara de participación popular.

Pero no sólo se trató de apatía: en numerosos casos se documentó que los votantes llegaron con el infame "acordeón" en mano, un papelito con los nombres que debían marcar. Eso no es libertad, eso no es democracia. Es manipulación. Es control.

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Este proceso, mal llamado electoral, fue diseñado desde el poder para servir al poder. No buscaba construir una justicia más cercana al pueblo, sino someter al Poder Judicial a los caprichos del presidente y de su partido, MORENA. Y ahora, con los resultados sobre la mesa, queda claro que quienes resultaron “electos” no son jueces independientes, sino fichas obedientes, leales al régimen, y completamente subordinadas a un proyecto de gobierno autoritario, corrupto y destructivo.

Esta reforma judicial no representa una transformación positiva para México, representa la destrucción de uno de los tres Poderes de la Unión. El costo de esta farsa fue de miles de millones de pesos, recursos públicos tirados a la basura para montar una simulación que ni siquiera logró convencer a la ciudadanía. Se trató de una consulta maquillada, sin garantías, sin legitimidad, y con un solo objetivo: apropiarse del sistema de justicia.

¿Quién garantiza ahora la imparcialidad en los tribunales? ¿Quién podrá confiar en que las decisiones judiciales no estarán dictadas desde Palacio Nacional?

La justicia, en este país, ha sido vendida al mejor postor. Y lo más grave es que ese postor es el propio gobierno federal. Esta reforma llegó para quedarse, y con ella, un modelo de control autoritario que amenaza con perpetuarse. Si no alzamos la voz, si no actuamos como oposición firme y responsable, lo que hoy es un golpe al Poder Judicial, mañana será un golpe definitivo a la democracia misma.

Desde el Partido Acción Nacional seguiremos luchando para revertir este retroceso, para defender los equilibrios constitucionales y para que la justicia vuelva a ser un poder autónomo, independiente, y al servicio de los ciudadanos, no del presidente en turno.

El cierre temporal de la frontera para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos está dejando fuertes estragos económicos en el campo coahuilense. Según informó Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural del estado, los ganaderos están perdiendo hasta 6 mil pesos por becerro debido a la imposibilidad de exportar a su principal mercado.

Exportaciones detenidas por plaga que no afecta a Coahuila

La medida forma parte del programa federal de contención del gusano barrenador del ganado, una plaga detectada principalmente en el sureste de México. Aunque Coahuila se mantiene libre de la enfermedad, las restricciones impuestas afectan a todo el país, deteniendo temporalmente las exportaciones hacia Estados Unidos.

Montemayor subrayó que no hay becerros varados, pero el impacto económico es real y creciente. “El precio de exportación ronda los 125 a 130 pesos por kilo, mientras que en el mercado nacional baja a 80 o 82 pesos. Eso representa una diferencia de hasta 6 mil pesos por animal de 200 kilos”, explicó.

Pérdidas semanales millonarias para el campo coahuilense

Con base en la media histórica de mil becerros exportados por semana, las pérdidas para los productores coahuilenses superan fácilmente los 6 millones de pesos semanales. Esta situación golpea directamente al sector ganadero, que ya enfrenta otros retos como la sequía y el encarecimiento de insumos.

“La presidenta Sheinbaum ha dicho que esto se puede recuperar, pero quien ya vendió su ganado en el mercado nacional a menor precio, ya no podrá recuperar esa ganancia”, puntualizó el funcionario estatal.

Refuerzan medidas sanitarias en el estado

Ante esta situación, el gobierno de Coahuila intensificará las medidas de prevención para conservar el estatus sanitario del estado. El gobernador autorizó aumentar en 50% las plazas para inspectores sanitarios, quienes ya están siendo capacitados. Además, se llevará información y asesoría técnica a los ejidos más alejados, donde muchos productores aún desconocen los síntomas de la enfermedad y las acciones preventivas.

Una misión veterinaria de Estados Unidos, compuesta por alrededor de 30 expertos, visitará México en los próximos días para evaluar las acciones implementadas. De los resultados dependerá si se reanuda la exportación.

El campo exige respuestas y soluciones

Ganaderos y autoridades locales coinciden en que el gobierno federal debe actuar con mayor precisión y rapidez. Coahuila no forma parte de la zona afectada por el gusano barrenador, por lo que los productores consideran injusto el cierre generalizado de la frontera.

Mientras tanto, las pérdidas se siguen acumulando y la incertidumbre crece. En una región donde la exportación de ganado representa una fuente clave de ingresos, la decisión federal pone en riesgo no solo el bolsillo de los ganaderos, sino la estabilidad económica de cientos de comunidades rurales.

Una vez más, la falta de previsión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó al campo mexicano expuesto a una crisis sanitaria devastadora. La crisis del gusano barrenador del ganado, confirmado ya en estados como Oaxaca y Veracruz, es resultado directo de una cadena de omisiones y desinterés del sexenio pasado, que ignoró durante años las advertencias técnicas y las alertas del sector agropecuario.

AMLO ignoró advertencias desde 2013

Desde hace más de una década, México sabía que el cierre de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas representaba un riesgo inminente. Ese laboratorio sustituyó a la planta estadounidense en Texas, cerrada en 1981, y era esencial para controlar la plaga del gusano barrenador, una larva que literalmente devora la carne viva de animales y humanos, provocando miasis, una enfermedad potencialmente mortal.

Un análisis oficial elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) advirtió en 2019 que la propagación del gusano barrenador generaría pérdidas por más de 8 mil millones de pesos anuales, afectando gravemente la producción de carne y leche, así como las exportaciones pecuarias del país.

Ajustando por inflación, el impacto económico real se calcula en más de 10 mil 600 millones de pesos al año. ¿Y qué hizo el gobierno de AMLO? Nada. A pesar de tener el diagnóstico y las soluciones técnicas a la mano, prefirió recortar presupuesto, ignorar las alertas y desmantelar las capacidades preventivas.

2025: la crisis estalla, pero ya es tarde

Con el arranque del nuevo sexenio, encabezado por Claudia Sheinbaum, el problema dejó de ser hipotético. Durante 2025, el brote se confirmó en distintos puntos del país, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) cerró la frontera a las exportaciones mexicanas de ganado bovino, equino y bisonte.

El golpe económico es brutal. Sólo en los estados de Sonora y Chihuahua, más de 5,700 cabezas de ganado dejan de exportarse diariamente. A un valor promedio de 2 mil dólares por unidad, la pérdida asciende a 11.4 millones de dólares diarios.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) urgió al gobierno federal a reactivar la planta de Chiapas y lanzar un programa nacional de liberación de moscas estériles, pero el daño ya está hecho.

Ganaderos acusan omisiones y negligencia federal

El sector ganadero, especialmente en Coahuila, ha levantado la voz. Mediante una carta pública difundida el 13 de mayo, acusan directamente al gobierno federal de omitir acciones preventivas y de no avisar a tiempo del cierre fronterizo con Estados Unidos.

“No permitiremos que por omisiones desde el gobierno federal se pierda una actividad tan noble como la ganadería”, señalaron.

En lugar de asumir su responsabilidad, el titular de Sader, Julio Berdegué, intentó lavarse las manos en la conferencia matutina, culpando a Estados Unidos del brote y pidiendo –de forma tardía– reabrir la planta en Chiapas.

¿Y AMLO? Calló y dejó que el país ardiera

El sexenio de López Obrador prometió rescatar al campo, pero lo dejó a su suerte. Primero fue el abandono a los productores con recortes a programas estratégicos, después vinieron las fallas en sanidad animal y vegetal, y ahora, este brote confirma el saldo final: destrucción de capacidades técnicas, pérdida de mercados internacionales y ruina para miles de familias ganaderas.

Mientras tanto, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación sigue apostando a la propaganda en lugar de la prevención. El gusano barrenador no sólo devora carne: también evidencia cómo un gobierno puede pudrir, desde dentro, al campo mexicano.

Durante el primer cuatrimestre de 2025, 8,982 personas fueron asesinadas en México, lo que representa un promedio escalofriante de 75 víctimas de homicidio doloso y feminicidio cada día, según el más reciente análisis de México Unido contra la Delincuencia (MUCD). Aunque el gobierno federal insiste en que la violencia está “contenida”, los datos muestran un país donde la inseguridad se mantiene como norma, no como excepción.

Caen cifras, pero no los delitos: la violencia persiste en todos los estados

De enero a abril de este año, algunos indicadores delictivos registraron ligeras disminuciones respecto al mismo periodo de 2024. Por ejemplo:

• Homicidio doloso y feminicidio: 8,982 víctimas (-11%).
• Delitos contra la libertad personal: 9,326 víctimas (-17%).
• Violencia familiar y de género: 88,529 carpetas (-6%).
• Delitos sexuales: 26,951 casos (-2%).

Sin embargo, estos crímenes siguen ocurriendo en todos los estados, con focos rojos en entidades como el Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo.

Municipios como Culiacán, Ecatepec, Benito Juárez (Quintana Roo), Naucalpan y Toluca concentran el 13% de todas las carpetas iniciadas en el país. Es decir, la violencia está lejos de desaparecer: simplemente se ha vuelto costumbre.

Crece la extorsión y se intensifica la violencia política

A diferencia de otros delitos, la extorsión va al alza: se registraron 3,877 víctimas, un incremento del 5% respecto al año pasado. El Estado de México concentra el 27% del total de casos a nivel nacional, con cuatro de sus municipios entre los más afectados.

Además, el contexto político tampoco escapa de la violencia. El proyecto “Votar entre balas”, de Data Cívica, reveló que entre enero y abril hubo 182 víctimas de violencia político-criminal, incluyendo:

• Candidatas y candidatos
• Funcionarios/as en funciones
• Autoridades electas
• Militantes partidistas
• Elementos de seguridad
• Familiares de actores políticos

Este escenario de terror se intensifica a pocos días de las elecciones judiciales y comicios locales en Durango y Veracruz, lo que hace evidente el fracaso del gobierno en garantizar procesos democráticos seguros.

¿Y el gobierno? Calla o presume cifras maquilladas

Mientras los números demuestran que México sigue siendo un país extremadamente violento, la narrativa oficial busca minimizar la tragedia. Las ligeras caídas en ciertos indicadores no significan una mejora real, sino que reflejan una estrategia de contención mediática, no de pacificación efectiva.

La violencia no desaparece, solo cambia de forma, se desplaza o se oculta tras cifras cuidadosamente manipuladas. Pero la realidad es clara: más de 75 personas son asesinadas cada día, miles sufren extorsión, abuso, secuestros y violencia sexual, y el país sigue sin garantías mínimas de justicia o seguridad.

México es hogar de aproximadamente 2,200 especies de abejas, lo que representa cerca del 10% de la diversidad mundial . Esta riqueza incluye tanto a la abeja melífera (Apis mellifera), ampliamente utilizada en la apicultura, como a numerosas especies nativas, muchas de las cuales son endémicas y desempeñan roles cruciales en la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas.

La apicultura en México es una actividad económica significativa. Con más de 2 millones de colmenas y una producción anual que supera las 57 mil toneladas de miel, el país se posiciona como el sexto productor mundial y el tercer exportador de este producto, conocido como "oro líquido" . Estados como Yucatán, Campeche y Jalisco lideran la producción nacional, siendo la Península de Yucatán responsable de aproximadamente el 36% del total.

Importancia ecológica de las abejas

Las abejas son esenciales para la polinización, un proceso del cual depende el 75% de los cultivos alimentarios del mundo y el 90% de las plantas con flores . En México, se estima que el 84% de los cultivos comerciales dependen de la polinización realizada por estos insectos. Sin las abejas, la producción de frutas, verduras y semillas se vería gravemente afectada, lo que podría desencadenar una crisis alimentaria y una pérdida significativa de biodiversidad.

Amenazas y estado actual de las abejas

A pesar de su importancia, las abejas enfrentan múltiples amenazas en México y el mundo. Entre los factores que contribuyen a su declive se encuentran la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola y urbana, el uso excesivo de agroquímicos como el glifosato, el cambio climático y la propagación de enfermedades y parásitos.

En México, se calcula que en los últimos años se han perdido alrededor de 1,600 millones de abejas, lo que ha tenido repercusiones negativas en la polinización y la producción de miel . Esta situación no solo amenaza la biodiversidad, sino también la economía de miles de familias que dependen de la apicultura.

Mitos y realidades sobre las abejas

Mito 1: Todas las abejas viven en colmenas.
Realidad: La mayoría de las especies de abejas son solitarias y no forman colmenas. Solo algunas, como la abeja melífera, viven en colonias estructuradas.

Mito 2: Las abejas son agresivas y siempre pican.
Realidad: Las abejas solo pican en defensa propia o de su colmena. Muchas especies son dóciles y no representan una amenaza para los humanos.

Mito 3: Solo las abejas melíferas son importantes para la polinización.
Realidad: Las abejas nativas y silvestres también desempeñan roles cruciales en la polinización de plantas y cultivos, a menudo de manera más eficiente que las abejas melíferas.

Mito 4: Las abejas pueden sobrevivir sin plantas con flores.
Realidad: Las abejas dependen de las flores para obtener néctar y polen, su principal fuente de alimento. La pérdida de flora afecta directamente su supervivencia.

Mito 5: Las abejas no tienen inteligencia.
Realidad: Las abejas muestran comportamientos complejos, como la comunicación mediante danzas y la toma de decisiones colectivas en la colmena.

¿Cómo puedes ayudar?

• Planta flores nativas: Cultivar plantas autóctonas proporciona alimento y hábitat para las abejas locales.
• Evita el uso de pesticidas: Opta por métodos de control de plagas naturales o productos orgánicos.
• Apoya a los apicultores locales: Compra miel y productos apícolas de productores responsables.
• Educa y sensibiliza: Comparte información sobre la importancia de las abejas y las amenazas que enfrentan.

El reciente cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano no se debe, como afirma el gobierno, a una emergencia sanitaria por el gusano barrenador. Desde Acción Nacional sabemos que se trata del resultado de un sistema de complicidades y omisiones deliberadas por parte de las autoridades mexicanas que han tolerado por años el contrabando de ganado desde Centroamérica.

Contrabando sin control: un negocio millonario

Cada año, ingresan más de 800 mil cabezas de ganado sin registro ni trazabilidad sanitaria, mientras que solo 20 mil están debidamente documentadas por las autoridades mexicanas. Esta enorme disparidad evidencia una crisis de legalidad y control sanitario que afecta gravemente al sector ganadero formal.

Ahora sabemos que el gusano barrenador no regresó solo al país, sino que entró por las rutas que el gobierno ha ignorado sistemáticamente, como los puntos de ingreso de ganado ilegal por Chiapas y Quintana Roo. Esta falta de vigilancia ha abierto la puerta a una amenaza zoosanitaria que ahora afecta las exportaciones y la reputación del sector ganadero mexicano.

Desde el PAN tanto en el Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados hemos exigido al gobierno federal que revele qué empresas están comprando el ganado ilegal, quiénes son sus intermediarios y cuál es el destino final de ese producto en el mercado nacional. Hemo advertido que no se trata de pequeños ganaderos, sino de redes con alta capacidad logística, financiera y política, lo que apunta a un esquema de corrupción estructural.

PAN pide cierre de frontera sur y acciones urgentes

Personalmente, mediante un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, he solicitado al gobierno mexicano un cierre temporal de la frontera sur al ganado sin documentación, así como un operativo sanitario riguroso y medidas de protección para los productores legales que cumplen con las normas.

Desde Acción Nacional, hacemos un llamado a tomar este problema con la seriedad que merece. No se puede seguir tolerando la impunidad ni exponiendo la economía y sanidad del país por proteger intereses ocultos.