El 15 de septiembre de 2024, Morena consolidó su ofensiva contra la independencia del Poder Judicial con la publicación de un decreto que ha desencadenado uno de los episodios más oscuros para la justicia en México. Hoy, las leyes secundarias que pretenden dar forma a esta reforma se discuten en el Congreso, dejando en evidencia su verdadero objetivo: someter a jueces y magistrados a los intereses de un régimen autoritario.

Esta no es una reforma para mejorar el acceso a la justicia ni para fortalecer el sistema judicial. Es, en realidad, una "deforma judicial" que centraliza el poder en órganos diseñados para castigar la disidencia, eliminando criterios claros para la adscripción de jueces y priorizando la lealtad política sobre el mérito. El proceso de selección es opaco y plagado de irregularidades, más cercano a un circo político que a un ejercicio democrático.

Cuando la justicia se convierte en una herramienta al servicio del poder, la imparcialidad desaparece y con ella la confianza ciudadana. Morena no quiere un Poder Judicial independiente; quiere un sistema dócil que proteja sus intereses y persiga a sus críticos.

Desde el PAN, rechazamos este asalto a la autonomía judicial. La justicia no es negociable, y seguiremos luchando para evitar que se consolide una dictadura disfrazada de reforma. Hoy es la independencia judicial lo que está en juego, pero mañana podría ser la democracia misma.