Hoy, 19 de septiembre de 2024, se marca un punto de inflexión en la historia de México. La reforma sobre la Guardia Nacional que propone la adscripción definitiva de esta institución de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) abre una puerta peligrosa para la seguridad ciudadana, un camino que corre el riesgo de ser irreversible.

El dictamen que se vota hoy no solo traiciona los principios previamente acordados entre las fuerzas políticas sobre el carácter civil, temporal y subsidiario de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública. En lugar de consolidar un esquema civil de seguridad, nos enfrenta a un peligroso proceso de militarización de las funciones policiales, con consecuencias que afectan directamente nuestras libertades y garantías individuales.

Desde el principio, la Suprema Corte de Justicia había señalado los riesgos de este movimiento. En abril de 2023, invalidó el traspaso por razones de certeza jurídica. Hoy, sin embargo, el gobierno y quienes apoyan esta reforma deciden ignorar las advertencias de la Corte y dar un paso que nos sitúa en la órbita de países como Arabia Saudita, Corea del Norte o Irán, donde las fuerzas militares dominan las tareas de seguridad pública.

Este cambio representa un retroceso que aleja a México de las democracias más consolidadas del mundo, donde la seguridad pública está en manos de civiles. Mientras que el 75% de los países desarrollados apuesta por estructuras civiles para garantizar la seguridad, México se alinea con aquellos regímenes que no dudan en utilizar la fuerza militar como herramienta de control social y político.

Lo más preocupante es que no hay evidencia de que esta militarización vaya a mejorar los resultados. A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo la Guardia Nacional, bajo el mando militar, ha fallado en su misión de pacificar el país. Los índices de homicidios han alcanzado cifras históricas; el crimen organizado ha consolidado su poder en amplias regiones, mientras que la impunidad sigue reinando en todos los rincones del país. Los resultados de la estrategia de seguridad de este gobierno no son los que necesitamos, sino todo lo contrario: más muerte, más violencia y más dolor para las familias mexicanas.

La seguridad pública no es una cuestión de popularidad, como lo argumentan algunos defensores de esta reforma, sino de resultados efectivos. Y los resultados no pueden ser más claros: la militarización no ha logrado pacificar al país. Al contrario, ha generado más conflictos, violaciones de derechos humanos, como los recientes casos de abuso por parte de elementos de la Guardia Nacional, y un creciente descontento social.

La solución no está en seguir militarizando nuestras calles. Está en fortalecer a las policías civiles, en invertir en una mejor coordinación entre los niveles de gobierno y la sociedad civil, y en desarrollar una estrategia de seguridad integral que enfrente el problema de la delincuencia de manera eficiente y con respeto a los derechos humanos.

La historia recordará este día como un grave error, como el momento en que el Congreso podría decidir, en contra de todas las advertencias, someter a México a un proceso de militarización permanente. La pregunta que nos hacemos es: ¿a qué costo? ¿Qué precio pagarán las futuras generaciones por esta decisión?

Es imperativo que hoy, más que nunca, se levanten las voces que defienden el carácter civil de nuestras instituciones. Porque si algo está claro, es que militarizar la seguridad pública no es la solución. Y este dictamen, lejos de ser una respuesta a la violencia, solo profundizará las heridas de un país que merece vivir en paz.

Si realmente queremos una solución a la inseguridad, debemos rechazar esta reforma. La militarización solo nos llevará hacia un futuro más oscuro. La historia juzgará esta decisión, y esperemos que no sea demasiado tarde para revertir el daño que está por hacerse.