La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para avalar la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no de jueces y magistrados, se presenta como una alternativa de equilibrio y sensatez en un momento crítico para México. En una situación de crisis constitucional, en la que la reforma judicial ha paralizado juzgados y tribunales y ha puesto en entredicho la independencia del Poder Judicial, la postura del ministro es una opción que propone una salida política viable.
A través de esta iniciativa, González Alcántara busca preservar la integridad del sistema de justicia al evitar la elección popular de jueces y magistrados. La elección de estos últimos mediante el voto directo podría llevar a politizar aún más los procesos judiciales y poner en riesgo la imparcialidad de quienes interpretan la ley en beneficio de los ciudadanos. En cambio, permitir únicamente la elección de los ministros de la Corte a través del voto popular resguarda tanto la autonomía de los jueces y magistrados como la confianza en el Poder Judicial.
Expertos han asegurado y, coincido, esta decisión está en sintonía con una visión de justicia basada en el consenso y en el respeto a la Constitución. La Carta Magna es el documento que representa a toda la sociedad mexicana, y cualquier reforma debe llevar consigo un profundo análisis y una construcción de consensos. Este proyecto de sentencia, además de ser un acto de defensa de la Constitución, refleja una actitud reflexiva y deliberativa que busca los equilibrios necesarios para sostener un orden jurídico justo y funcional.
La postura de González Alcántara desafía las presiones de quienes buscan imponer cambios radicales sin medir las consecuencias a largo plazo. Mantener a jueces y magistrados fuera de la elección popular significa reconocer que la impartición de justicia no debe estar sujeta a vaivenes políticos ni a intereses momentáneos, sino que debe preservarse como un proceso técnico y autónomo que garantice los derechos de todos.
El proyecto de González Alcántara ha demostrado con esta iniciativa su compromiso con un México donde la justicia no esté a merced de presiones políticas. En lugar de permitir que el Poder Judicial se convierta en un instrumento de control o influencia política, su proyecto busca fortalecer su independencia, devolviéndole la estabilidad al país y, sobre todo, abriendo una puerta para que el sistema de justicia siga siendo un pilar democrático.
