El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no retiraría la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, a pesar de la orden de una jueza de distrito en Veracruz. Esta declaración, lejos de ser una estrategia de conciliación, revela un enfoque autoritario por parte del Poder Ejecutivo. Resulta alarmante, ya que no es la primera vez que la presidenta desafía y sobrepasa al Poder Judicial, justificando sus acciones como “a favor del pueblo”. Este tipo de retórica no solo desvirtúa los procesos judiciales, sino que amenaza el equilibrio de poderes en México.

La negativa de Sheinbaum a acatar la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de bajar la reforma judicial del DOF, junto con su anuncio de presentar una denuncia en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal, nos coloca en un escenario peligroso para la democracia. La presidenta, con un tono desafiante, argumentó que la orden carece de "sustento jurídico" y que es producto de "una ocurrencia". Sin embargo, este tipo de descalificaciones a decisiones judiciales no hacen más que profundizar la percepción de un Poder Ejecutivo que se siente por encima de las instituciones.

El conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial en México no es nuevo, pero la postura de Sheinbaum en este caso tiene implicaciones preocupantes. Al minimizar la independencia judicial y sugerir que el Consejo de la Judicatura no está cumpliendo su rol, se abre la puerta a una peligrosa interferencia en el ámbito judicial. La presidenta aseguró que su gobierno buscará dejar un antecedente de que esta jueza actuó "por encima de su función". Aquí yace un problema profundo: si el Poder Ejecutivo decide cuándo una decisión judicial es legítima o no, ¿dónde queda la protección de los derechos de los ciudadanos?

El precedente que sienta este conflicto es delicado. Si una presidenta puede desobedecer una orden judicial con el argumento de que "jurídicamente no tiene ningún sustento", ¿qué mensaje se envía a los ciudadanos? ¿Quién garantiza que en el futuro no se desobedecerán otras órdenes judiciales que no sean del agrado del Ejecutivo? El Estado de derecho depende de la independencia de sus poderes, y lo que vemos aquí es un atentado contra ese equilibrio.

El origen de esta reforma, recordemos, fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum defiende este cambio como un mandato del pueblo mexicano, a través de sus representantes en el Congreso. Sin embargo, la implementación de reformas no exime al Ejecutivo de cumplir con las disposiciones judiciales que puedan surgir. El proceso democrático no termina con la promulgación de una ley; incluye también el respeto a los mecanismos judiciales que permiten revisarla y, si es necesario, frenarla.

Las palabras de Sheinbaum durante su conferencia matutina también mostraron un claro desdén hacia el Poder Judicial. Al calificar de "ocurrencia" la decisión de la jueza y al afirmar que esta no tiene atribuciones para intervenir, Sheinbaum no solo cuestiona la legitimidad de una jueza en particular, sino también la independencia del sistema judicial en su conjunto. Esta actitud envía una señal preocupante de que el Poder Judicial está siendo percibido, desde el Ejecutivo, como un obstáculo más que como un contrapeso necesario.

Por si fuera poco, Sheinbaum advirtió que la reforma al Poder Judicial “va”, y que "ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros la van a parar". Este tipo de afirmaciones elevan aún más la tensión entre los poderes y generan una peligrosa expectativa: que cualquier intento judicial de frenar la reforma será visto no como una revisión legítima del proceso, sino como una oposición ilegítima al mandato del Ejecutivo. Si esta postura se consolida, estaremos ante una erosión sistemática de las instituciones que sostienen nuestra democracia.

El respeto a las leyes y a las instituciones es fundamental para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en cualquier democracia. Cuando el Poder Ejecutivo decide unilateralmente qué decisiones judiciales acatar y cuáles ignorar, se pone en riesgo la base misma de nuestro sistema de pesos y contrapesos. La democracia mexicana necesita, hoy más que nunca, un Poder Judicial independiente y respetado, que sea capaz de cumplir su labor sin presiones ni amenazas desde el Ejecutivo. Y, sobre todo, necesita un Poder Ejecutivo que entienda que la voluntad del pueblo no es una carta en blanco para ignorar las reglas del juego democrático.

En definitiva, la decisión de Sheinbaum de desobedecer una orden judicial y descalificar a una jueza no solo erosiona el respeto a las instituciones, sino que también sienta un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia.