La reciente aprobación de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, impulsada por MORENA y sus aliados, representa un grave retroceso para México en materia energética y económica. Esta reforma no solo centraliza el control del sector energético en el Estado, sino que también siembra incertidumbre para las inversiones privadas, pone en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y, lo más alarmante, podría agravar la ya crítica situación inflacionaria que enfrentamos como país.
Las consecuencias negativas de esta reforma serán evidentes: una mayor inflación, un aumento en la canasta básica, recibos de luz aún más caros, y combustibles a precios más elevados. A pesar de que el gobierno actual promete garantizar el acceso a la electricidad a bajo costo, la realidad es que su manejo de las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido ineficiente durante los últimos seis años. El presidente prometió que no iban a aumentar las gasolinas y que los recibos de luz serían más baratos, promesas que claramente no se han cumplido. Hoy nos enfrentamos a la inflación más alta en los últimos 20 años, con un aumento del 50% en el costo de la canasta básica.
Lo más preocupante de esta reforma es la monopolización del sector energético. Al otorgar a la CFE el control mayoritario del mercado eléctrico, con el 54% de la generación, y limitar a las empresas privadas al 46%, estamos creando un entorno poco competitivo. Este monopolio estatal no es más que un retroceso que nos lleva 40 años atrás, a una época de corrupción y tráfico de influencias. No olvidemos los escándalos que envuelven a personajes clave de este gobierno como el caso de la Casa Gris del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y las 25 casas de lujo que obtuvo Manuel Bartlett.
Además del impacto interno, las consecuencias internacionales también serán graves. Las demandas del T-MEC están a la vuelta de la esquina debido a las inversiones que ya se han hecho en la generación de energías limpias, inversiones que esta reforma pone en riesgo. México podría enfrentar sanciones comerciales, perder la confianza de los inversionistas extranjeros y, peor aún, comprometer el desarrollo de energías renovables y la transición hacia un futuro más sostenible.
Lo que MORENA y sus aliados han hecho con esta reforma no es otra cosa que consolidar un monopolio que afectará la economía de millones de mexicanos. Lejos de garantizar precios bajos y soberanía energética, lo que nos espera es mayor concentración de poder, ineficiencia y, en última instancia, un aumento de los costos para todos. Como miembro de Acción Nacional, me opongo rotundamente a estas arbitrariedades. Seguiremos defendiendo el derecho de los ciudadanos a un servicio energético de calidad, competitivo y justo.
La reciente aprobación de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, impulsada por MORENA y sus aliados, representa un grave retroceso para México en materia energética y económica. Esta reforma no solo centraliza el control del sector energético en el Estado, sino que también siembra incertidumbre para las inversiones privadas, pone en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y, lo más alarmante, podría agravar la ya crítica situación inflacionaria que enfrentamos como país.
Las consecuencias negativas de esta reforma serán evidentes: una mayor inflación, un aumento en la canasta básica, recibos de luz aún más caros, y combustibles a precios más elevados. A pesar de que el gobierno actual promete garantizar el acceso a la electricidad a bajo costo, la realidad es que su manejo de las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido ineficiente durante los últimos seis años. El presidente prometió que no iban a aumentar las gasolinas y que los recibos de luz serían más baratos, promesas que claramente no se han cumplido. Hoy nos enfrentamos a la inflación más alta en los últimos 20 años, con un aumento del 50% en el costo de la canasta básica.
Lo más preocupante de esta reforma es la monopolización del sector energético. Al otorgar a la CFE el control mayoritario del mercado eléctrico, con el 54% de la generación, y limitar a las empresas privadas al 46%, estamos creando un entorno poco competitivo. Este monopolio estatal no es más que un retroceso que nos lleva 40 años atrás, a una época de corrupción y tráfico de influencias. No olvidemos los escándalos que envuelven a personajes clave de este gobierno como el caso de la Casa Gris del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y las 25 casas de lujo que obtuvo Manuel Bartlett.
Además del impacto interno, las consecuencias internacionales también serán graves. Las demandas del T-MEC están a la vuelta de la esquina debido a las inversiones que ya se han hecho en la generación de energías limpias, inversiones que esta reforma pone en riesgo. México podría enfrentar sanciones comerciales, perder la confianza de los inversionistas extranjeros y, peor aún, comprometer el desarrollo de energías renovables y la transición hacia un futuro más sostenible.
Lo que MORENA y sus aliados han hecho con esta reforma no es otra cosa que consolidar un monopolio que afectará la economía de millones de mexicanos. Lejos de garantizar precios bajos y soberanía energética, lo que nos espera es mayor concentración de poder, ineficiencia y, en última instancia, un aumento de los costos para todos. Como miembro de Acción Nacional, me opongo rotundamente a estas arbitrariedades. Seguiremos defendiendo el derecho de los ciudadanos a un servicio energético de calidad, competitivo y justo.
