En las últimas semanas, el autoritarismo de MORENA y su líder, Claudia Sheinbaum, ha revelado su rostro. Apenas tres semanas después de asumir su cargo, la nueva presidenta de México ha comenzado a ejercer una preocupante concentración de poder. Con un pie firme sobre el cuello del Poder Judicial y una mano titiritera sobre el Poder Legislativo, lo que proviene de su despacho se ejecuta sin miramientos, incluso si va en contra de lo que México realmente necesita.
Sheinbaum ha dejado claro que los amparos y las controversias constitucionales no frenarán su reforma judicial. La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, programada para el 1 de junio de 2025, sigue adelante pese a las impugnaciones legales. Según ella, nada puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Pero, ¿realmente se trata de la voluntad del pueblo, o de una maniobra para cimentar un régimen autoritario?
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El argumento de Sheinbaum es peligroso. Al colocar la "voluntad popular" por encima del marco legal, se diluye uno de los principios fundamentales de la democracia: la división de poderes. Si el Ejecutivo influye en la selección de jueces, la independencia del Poder Judicial queda amenazada, y con ello, el equilibrio de poder que previene los excesos autoritarios. Este es el principio básico de cualquier república democrática moderna, algo que Sheinbaum parece olvidar.
Lo más alarmante es su abierta desobediencia a la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de eliminar el decreto que valida la reforma judicial. Sheinbaum se niega a cumplir con la suspensión y califica la orden judicial como una extralimitación. Aquí es donde el ataque al Poder Judicial se torna evidente: la Constitución, una vez reformada, es inamovible, según ella. Pero esto ignora un principio clave: la Constitución debe ser defendida y revisada cuando sus modificaciones atentan contra los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.
En medio de esta confrontación, Sheinbaum refuerza su postura al utilizar una narrativa en la que coloca al Ejecutivo como el defensor del "pueblo", dejando a los otros poderes como obstáculos que deben ser sorteados o eliminados. Los trabajadores del Poder Judicial han respondido con marchas y advertencias sobre una crisis constitucional, un preludio de lo que podría ser un ataque total a la independencia judicial. Su mensaje es claro: no se oponen al cambio, pero exigen que el respeto por la autonomía del Poder Judicial sea una línea que no debe cruzarse.
Esta retórica de “nadie por encima del pueblo” que Sheinbaum usa para justificar su reforma es peligrosa. En el fondo, lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino la base misma de nuestra democracia. El Poder Judicial, con su función de ser un contrapeso del Ejecutivo, está bajo ataque. Y cuando se rompe este equilibrio, los ciudadanos pierden su último recurso de defensa contra el abuso de poder.
La amenaza de una dictadura no siempre aparece en forma de golpes militares o disoluciones del Congreso. A veces, se disfraza de reformas populares y discursos de justicia social, mientras erosiona desde adentro las instituciones que sostienen la libertad.
En las últimas semanas, el autoritarismo de MORENA y su líder, Claudia Sheinbaum, ha revelado su rostro. Apenas tres semanas después de asumir su cargo, la nueva presidenta de México ha comenzado a ejercer una preocupante concentración de poder. Con un pie firme sobre el cuello del Poder Judicial y una mano titiritera sobre el Poder Legislativo, lo que proviene de su despacho se ejecuta sin miramientos, incluso si va en contra de lo que México realmente necesita.
Sheinbaum ha dejado claro que los amparos y las controversias constitucionales no frenarán su reforma judicial. La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, programada para el 1 de junio de 2025, sigue adelante pese a las impugnaciones legales. Según ella, nada puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Pero, ¿realmente se trata de la voluntad del pueblo, o de una maniobra para cimentar un régimen autoritario?
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Lo más alarmante es su abierta desobediencia a la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de eliminar el decreto que valida la reforma judicial. Sheinbaum se niega a cumplir con la suspensión y califica la orden judicial como una extralimitación. Aquí es donde el ataque al Poder Judicial se torna evidente: la Constitución, una vez reformada, es inamovible, según ella. Pero esto ignora un principio clave: la Constitución debe ser defendida y revisada cuando sus modificaciones atentan contra los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.
En medio de esta confrontación, Sheinbaum refuerza su postura al utilizar una narrativa en la que coloca al Ejecutivo como el defensor del "pueblo", dejando a los otros poderes como obstáculos que deben ser sorteados o eliminados. Los trabajadores del Poder Judicial han respondido con marchas y advertencias sobre una crisis constitucional, un preludio de lo que podría ser un ataque total a la independencia judicial. Su mensaje es claro: no se oponen al cambio, pero exigen que el respeto por la autonomía del Poder Judicial sea una línea que no debe cruzarse.
Esta retórica de “nadie por encima del pueblo” que Sheinbaum usa para justificar su reforma es peligrosa. En el fondo, lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino la base misma de nuestra democracia. El Poder Judicial, con su función de ser un contrapeso del Ejecutivo, está bajo ataque. Y cuando se rompe este equilibrio, los ciudadanos pierden su último recurso de defensa contra el abuso de poder.
La amenaza de una dictadura no siempre aparece en forma de golpes militares o disoluciones del Congreso. A veces, se disfraza de reformas populares y discursos de justicia social, mientras erosiona desde adentro las instituciones que sostienen la libertad.
