A solo unos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender el decreto que permite la regularización de vehículos usados importados, conocidos como "autos chocolate", hasta el 2026. Esta medida, lejos de beneficiar al país, representa un serio problema en términos de seguridad y afecta directamente a la industria automotriz formal en México.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha sido enfática al calificar esta decisión como “nociva” para el país, y no es para menos. Desde la implementación de este decreto en 2022, se han regularizado más de 2.5 millones de vehículos, muchos de los cuales entraron al país sin ningún tipo de control o verificación. En lugar de garantizar una mayor seguridad en nuestras calles, el decreto ha abierto las puertas para que autos sin historial claro circulen libremente, incluso sirviendo como herramienta para el crimen organizado.
El argumento del presidente López Obrador de que esta política contribuye al bienestar de la población y a la protección del patrimonio familiar es difícil de sostener cuando se analiza el impacto que ha tenido en las regiones fronterizas y más allá. Si bien es cierto que estas zonas tienen una alta población migrante, también es innegable que la falta de mecanismos de control en la regularización de estos autos ha facilitado su uso para actividades ilegales. En lugar de fortalecer el estado de derecho y proteger a los ciudadanos, esta política debilita los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad.
Además, la industria automotriz, una de las más importantes en México, está sufriendo las consecuencias de esta medida. Los distribuidores de autos nuevos y seminuevos han visto cómo su mercado se ha reducido ante la invasión de vehículos usados importados, muchos de ellos en condiciones cuestionables. La economía formal, que genera empleos y contribuye al desarrollo del país, se ve amenazada por la importación masiva de autos que no cumplen con los mismos estándares de calidad y seguridad que los fabricados o comercializados en México.
Es preocupante que el decreto se haya extendido sin esperar a que la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, tomara posesión. Su conocimiento técnico y su compromiso con el medio ambiente generaban esperanza en una posible reversión de esta política. Sin embargo, con la prórroga anunciada por López Obrador, esa posibilidad se desvanece, y el país enfrenta dos años más de una política que claramente favorece la ilegalidad.
La extensión del decreto para regularizar los autos chocolate es una decisión que perjudica la seguridad pública y el desarrollo económico del país. En lugar de apostar por políticas que fortalezcan el orden y el comercio formal, se ha optado por una medida populista que, en última instancia, beneficia a quienes operan al margen de la ley.
A solo unos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender el decreto que permite la regularización de vehículos usados importados, conocidos como "autos chocolate", hasta el 2026. Esta medida, lejos de beneficiar al país, representa un serio problema en términos de seguridad y afecta directamente a la industria automotriz formal en México.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha sido enfática al calificar esta decisión como “nociva” para el país, y no es para menos. Desde la implementación de este decreto en 2022, se han regularizado más de 2.5 millones de vehículos, muchos de los cuales entraron al país sin ningún tipo de control o verificación. En lugar de garantizar una mayor seguridad en nuestras calles, el decreto ha abierto las puertas para que autos sin historial claro circulen libremente, incluso sirviendo como herramienta para el crimen organizado.
El argumento del presidente López Obrador de que esta política contribuye al bienestar de la población y a la protección del patrimonio familiar es difícil de sostener cuando se analiza el impacto que ha tenido en las regiones fronterizas y más allá. Si bien es cierto que estas zonas tienen una alta población migrante, también es innegable que la falta de mecanismos de control en la regularización de estos autos ha facilitado su uso para actividades ilegales. En lugar de fortalecer el estado de derecho y proteger a los ciudadanos, esta política debilita los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad.
Además, la industria automotriz, una de las más importantes en México, está sufriendo las consecuencias de esta medida. Los distribuidores de autos nuevos y seminuevos han visto cómo su mercado se ha reducido ante la invasión de vehículos usados importados, muchos de ellos en condiciones cuestionables. La economía formal, que genera empleos y contribuye al desarrollo del país, se ve amenazada por la importación masiva de autos que no cumplen con los mismos estándares de calidad y seguridad que los fabricados o comercializados en México.
Es preocupante que el decreto se haya extendido sin esperar a que la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, tomara posesión. Su conocimiento técnico y su compromiso con el medio ambiente generaban esperanza en una posible reversión de esta política. Sin embargo, con la prórroga anunciada por López Obrador, esa posibilidad se desvanece, y el país enfrenta dos años más de una política que claramente favorece la ilegalidad.
La extensión del decreto para regularizar los autos chocolate es una decisión que perjudica la seguridad pública y el desarrollo económico del país. En lugar de apostar por políticas que fortalezcan el orden y el comercio formal, se ha optado por una medida populista que, en última instancia, beneficia a quienes operan al margen de la ley.
