El gobierno federal pretende hacer pasar por “modernización” lo que en realidad es una nueva carga económica para las familias mexicanas. La llamada reforma a la Ley Federal de Derechos 2026, impulsada por Morena, no busca mejorar los servicios del Estado, sino incrementar los cobros en trámites, permisos, inspecciones y servicios públicos que hoy ya pagan los ciudadanos.

Aunque el discurso oficial asegura que se trata de una “actualización de cuotas”, en los hechos Morena está metiendo aumentos disfrazados, con alzas de hasta 100% en servicios migratorios y un 16% en cobros bancarios. Esto significa que cada trámite, cada permiso y cada visita a una zona arqueológica o museo podría salir mucho más caro, sin garantía alguna de mejores servicios.

Más cobros y menos resultados

La Ley Federal de Derechos define lo que el gobierno cobra por los servicios que ofrece. Sin embargo, la nueva versión propuesta por Morena convierte este instrumento en una recaudadora silenciosa: bajo el argumento de modernizar el Estado, impone más cobros a migrantes, empresarios, productores y turistas.

Por ejemplo:

• Los migrantes y extranjeros residentes verán duplicado el costo de sus permisos.
• Los pequeños productores y exportadores deberán pagar más por certificados sanitarios y de calidad del agua.
• Las visitas a zonas arqueológicas y museos, como Chichén Itzá, serán más caras, aunque los recursos no necesariamente se reflejarán en mejores condiciones o servicios.
• Las empresas financieras y cooperativas tendrán que absorber aumentos del 16% en costos de inspección, lo cual repercutirá en los precios que paga el consumidor.

En pocas palabras, Morena está subiendo los cobros por todos lados, mientras el país enfrenta servicios públicos deficientes, inseguridad y falta de medicamentos. Los ciudadanos pagan más, pero reciben menos.

Morena quiere más poder y más control

Lejos de fortalecer la autonomía y eficiencia institucional, esta ley centraliza el poder y elimina contrapesos. Morena sigue debilitando a los órganos autónomos para concentrar recursos y decisiones en el gobierno federal.

La autonomía cuesta, pero la obediencia al poder sale mucho más cara. Esta reforma demuestra que el oficialismo prefiere recaudar sin transparencia antes que rendir cuentas.

La propuesta del PAN: cobrar lo justo y devolverlo en servicios

Desde Acción Nacional, la postura es clara: no se puede seguir exprimiendo a los ciudadanos mientras el gobierno derrocha y endeuda al país. Por eso, el PAN plantea seis medidas concretas:

1. Eliminar cobros abusivos, como el pago por sacar del país a menores de edad.
2. Evitar duplicidades, pues muchos servicios ya se financian con el presupuesto.
3. Exigir transparencia: cada peso pagado debe verse reflejado en mejores servicios.
4. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo.
5. Proteger el acceso cultural y turístico, evitando que el patrimonio nacional se convierta en negocio del gobierno.
6. Cerrar privilegios fiscales a los grandes consorcios, que siguen beneficiándose mientras las familias pagan más.

Morena presume que no sube impuestos, pero con esta ley te cobra por todo: desde el aire que respiras hasta el papel que firmas.

La Ley Federal de Derechos 2026 no moderniza, encarece.
No fortalece al Estado, lo hace más burocrático.
Y no ayuda a las familias, las castiga.

Desde el PAN, se reitera el compromiso:

• Votar en contra de más abusos fiscales.
• Defender el bolsillo de las familias mexicanas.
• Exigir un gobierno que cobre lo justo y devuelva en servicios de calidad.

Porque mientras Morena cobra más, México recibe menos.