La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto una puerta significativa para que se revise la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Con ocho votos a favor y tres en contra, los ministros aprobaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien argumentó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) permite al Alto Tribunal admitir y analizar impugnaciones sobre esta controvertida reforma.
Este fallo no representa aún una resolución sobre la validez de la reforma, sino que permite que la SCJN estudie si tiene la autoridad para revisar una enmienda constitucional que afecta la autonomía del Poder Judicial. La ministra presidenta, Norma Piña, dejó claro que este análisis es vital para proteger la independencia de los jueces y magistrados. Sin embargo, el debate continúa, ya que algunos ministros consideran que esta medida podría desencadenar un conflicto entre poderes.
El voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres generó fuertes declaraciones. Batres fue la más contundente, acusando que permitir la revisión de la reforma sería un "golpe de Estado" al poder legislativo. La ministra Esquivel, por su parte, calificó el proyecto de González Alcántara como "rebuscado y absurdo", argumentando que los magistrados que presentaron la impugnación no deberían necesitar ayuda para proceder con su solicitud.
La SCJN ha sido cauta en señalar que esta decisión no prejuzga la reforma judicial, sino que es un paso necesario para garantizar el debido proceso. González Alcántara recordó que incluso figuras clave del partido gobernante, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en el pasado presentaron amparos para revisar reformas constitucionales. Estas observaciones resaltan que el diálogo y el debate deben prevalecer sobre las acusaciones de golpismo.
Ministros como Margarita Ríos Farjat señalaron que la Corte atraviesa un momento histórico. Según ella, el Máximo Tribunal debe aprovechar esta oportunidad para entrar al fondo del debate y garantizar que la reforma judicial no vulnere los derechos humanos ni la división de poderes, principios fundamentales consagrados en la Constitución.
La admisión de este caso es un primer paso para proteger la autonomía del Poder Judicial frente a una reforma que ha generado divisiones y tensiones entre los poderes del Estado. La SCJN se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el respeto a la voluntad legislativa con la preservación de la independencia judicial.
Con la SCJN dispuesta a revisar las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados, la reforma judicial está lejos de ser definitiva. Este proceso de análisis marcará un antes y un después en la historia del Poder Judicial en México, donde se decidirá si la reforma puede o no ser revisada. Las implicaciones de esta revisión pueden redefinir el equilibrio de poder en el país.
Aquí abajo puedes ver el video de cuando se tomó esta decisión en la Suprema Corte de Justicia.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados fue la primera en presentar una demanda de amparo indirecto en contra del proceso de dictaminación, discusión y aprobación del decreto de reforma al Poder Judicial, avalado por el Congreso la semana pasada. El PAN solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien resuelva este conflicto.
El recurso presentado no solo argumenta vicios de procedimiento, sino que también acusa que la reforma aprobada con los votos de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vulnera los derechos humanos consagrados en la Constitución y pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Por ello, solicitan que se suspenda la aplicación de los cambios.
En cuanto al proceso legislativo, la bancada opositora denunció que hubo presiones externas al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. Acusaron al presidente López Obrador de atacar sistemáticamente al Poder Judicial mediante discursos públicos en los que se califica de corruptos a jueces y magistrados. Esta situación, según los legisladores, representa "el mayor ejemplo de guerra jurídica en la historia contemporánea de México", con el objetivo de subordinar al Poder Judicial, eliminar los controles de legalidad y perpetuar el poder del Ejecutivo.
Además de la campaña de desprestigio, el grupo parlamentario del PAN, liderado por Noemi Luna, señaló decisiones que afectan directamente la autonomía del Poder Judicial, como la imposición de topes salariales a jueces, magistrados y ministros, y la amenaza de incumplir resoluciones judiciales.
“No podemos permitir que se destruya la división de poderes, pilar fundamental de nuestra República”, advirtieron los panistas al insistir en que la Suprema Corte revise y suspenda los efectos de la reforma. Según ellos, el proceso legislativo se vio "manchado por la falta de legalidad y la decisión apresurada de Morena para regalar esta reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato".
El documento del PAN también denuncia las graves afectaciones que la reforma podría traer, como el desmejoramiento de los derechos laborales de jueces y magistrados, lo que, afirman, podría provocar una fuga de capital humano calificado en el Poder Judicial. Asimismo, los legisladores prevén una “pérdida de incentivos institucionales para atraer a personal altamente capacitado", lo que impactaría negativamente la calidad de la administración de justicia a corto, mediano y largo plazo.
Luego de que diputados de Movimiento Ciudadano promovieran la suspensión provisional de la Reforma Judicial, un Juez de Amparo en Querétaro concedió el recurso al considerar irregularidades llevadas a cabo durante el proceso legislativo por parte de Morena y sus aliados durante la discusión y aprobación.
La diputada federal de MC, Laura Ballesteros Mancilla, dio a conocer el documento en el que el juez ordena a los congresos de las 32 entidades del país abstenerse de armonizar las constituciones locales con la reforma al Poder Judicial, publicada mediante decreto el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Se concede la suspensión provisional para que se impidan los efectos y consecuencias del decreto referido. Esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de atender el octavo transitorio del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución… se abstengan de realizar las adecuaciones a las constituciones para ajustar la reforma judicial durante el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor”, declaró el juez.
La suspensión provisional forma parte de los recursos legales presentados por diputados de MC, entre ellos Patricia Flores Elizondo, Gustavo de Hoyos Walther, Gildardo Pérez Gabino y Laura Ballesteros, así como por el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Entre sus acciones, se incluye una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que analice la reforma al Poder Judicial por violaciones al proceso legislativo.
Los diputados también argumentan que Morena intentó imponer su mayoría sin escuchar a la oposición, realizando votaciones ilegales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Además, señalaron obstáculos para que legisladores ingresaran a la Sala de Armas, donde se llevó a cabo la sesión, y la falta de verificación del quórum.
En cuanto al Senado, se presentaron pruebas sobre la privación ilegal de un senador, mientras que otro fue rociado con gasolina y otros más fueron extorsionados. “Claramente no había condiciones para sesionar; ni siquiera estaba garantizado que los senadores votaran con libertad. A pesar de eso, impusieron la votación. Además de las irregularidades en el proceso, la Reforma Judicial destruye, de facto, la división de poderes, al permitir que el Poder Judicial sea capturado por Morena”, explicó Laura Ballesteros.
Este escenario ha generado un debate profundo sobre el impacto de la reforma y las violaciones al debido proceso en el ámbito legislativo.
Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar la reforma al Poder Judicial y su posible impacto en la independencia de este, Morena propuso una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La propuesta busca establecer que la SCJN "no tendrá competencia para impugnar reformas constitucionales en su contenido y estructura".
Esta sugerencia de Morena ha generado controversia, ya que se interpreta como un intento de limitar el papel de la Corte en el control constitucional, lo que podría restringir su capacidad de actuar como contrapeso en la revisión de reformas que afecten al marco legal y la división de poderes en México.
Tras la decisión de la @SCJN de revisar la reforma al Poder Judicial y su posible impacto en la independencia del mismo, Morena sugirió modificar la Ley Orgánica del PJF para indicar que no tendrá “competencia para impugnar reformas constitucionales”. pic.twitter.com/vs2tk9ar4s
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 5, 2024
