El reciente amparo a la reforma judicial interpuesto por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) es una acción contundente en defensa de la democracia y los derechos humanos en México. Esta iniciativa no solo se enmarca en la defensa de la Constitución, sino también en la protección de los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial.
El amparo a la reforma judicial surge como respuesta a un decreto que, aprobado de manera apresurada, vulnera gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos y compromete la imparcialidad de las instituciones judiciales. El PAN ha manifestado su oposición ante un proceso legislativo que careció de transparencia y debate abierto, afectando el equilibrio democrático del país.
La reforma judicial impulsada por la mayoría oficialista transgrede importantes artículos de la Constitución Mexicana y de tratados internacionales ratificados por México. El PAN señala que este decreto no solo afecta la independencia del Poder Judicial, sino que también viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a una justicia imparcial y el debido proceso legal.
Uno de los puntos más alarmantes de la reforma es la modificación a la fracción X del artículo 107, que prohíbe las suspensiones de normas generales. Esta disposición representa un grave retroceso en la tutela judicial efectiva y atenta contra el principio de justicia y equidad que debería prevalecer en cualquier Estado democrático.
En su amparo, el PAN subraya que la reforma no consideró adecuadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, no se llevó a cabo una consulta previa efectiva a los pueblos indígenas y afromexicanos, transgrediendo su derecho a la libre determinación. Además, el decreto ignoró las voces de las personas con discapacidad, afectando gravemente sus derechos al no garantizar una deliberación inclusiva.
El amparo a la reforma judicial presentado por el PAN es una medida enérgica para frenar un proyecto que centraliza el poder en el Ejecutivo, poniendo en riesgo la división de poderes y la imparcialidad de las decisiones judiciales. En Acción Nacional, estamos comprometidos en agotar todas las vías legales para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que el Poder Judicial se convierta en un brazo político del gobierno actual.
En conclusión, el amparo a la reforma judicial no es solo una acción de resistencia ante una mayoría oficialista que busca controlar el aparato judicial, sino también una defensa activa de los principios democráticos que sostienen a México. La batalla continúa, y en el PAN no descansaremos hasta que se garantice una justicia verdaderamente imparcial, transparente y accesible para todos.
