El gobierno de AMLO dejó mucho qué desear, teniendo en cuenta la cantidad de promesas que hizo para lograr la presidencia de México, entre muchas: prometió dejar un sistema de salud de primer mundo, mejorar la situación de inseguridad en el país y acabar con la corrupción. ¿Lo logró?
Entre 2018 y 2023, la seguridad pública en México experimentó importantes cambios, marcados por el crecimiento de la violencia y la reorganización de las instituciones encargadas de enfrentar el crimen. En 2018, el país enfrentaba ya una crisis de seguridad severa..
Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se planteó una estrategia de seguridad basada en la política de "abrazos, no balazos", enfocada en atacar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades. Sin embargo, a pesar de las promesas de reducir el uso de la fuerza y mejorar la seguridad a través de programas sociales, la violencia no disminuyó en los años siguientes. Por el contrario, en 2019, se registró un récord de homicidios, con 34,682 casos, superando el máximo histórico del año anterior.
Uno de los cambios más significativos en materia de seguridad durante este periodo fue la creación de la Guardia Nacional en 2019, en sustitución de la Policía Federal. La nueva corporación, que inicialmente se había planteado como una fuerza civil, fue integrada mayoritariamente por elementos de las Fuerzas Armadas, lo que provocó controversias sobre el papel militar en tareas de seguridad pública. A pesar de su despliegue en diversas regiones del país, la Guardia Nacional no logró reducir significativamente los índices de violencia. Para 2020, México seguía registrando más de 34,500 homicidios anuales, lo que indicaba que las nuevas estrategias no estaban generando los resultados esperados.
Otro factor que agravó la situación de seguridad fue el crecimiento de los cárteles de la droga y su control territorial. Durante estos años, se incrementaron las disputas entre grupos criminales por el control de rutas estratégicas de tráfico de drogas, especialmente hacia Estados Unidos. Esto fue evidente en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, que se convirtieron en epicentros de la violencia.
En términos de percepción de seguridad, las encuestas nacionales reflejaron un deterioro constante. En 2018, el INEGI reportó que alrededor del 74.6% de la población adulta se sentía insegura en su localidad. Para 2022, esa cifra aumentó a más del 80%, con las mujeres y personas en zonas urbanas siendo las más afectadas. La percepción de inseguridad alcanzó su punto más alto en ciudades como Ecatepec, Fresnillo, y Zacatecas, donde más del 90% de los habitantes manifestaron sentirse inseguros.
La seguridad pública en México no experimentó mejoras significativas, a pesar de las reformas institucionales y los cambios estratégicos implementados. El país creció sus tasas de homicidios hasta índices históricamente altos, una percepción de inseguridad creciente y un papel militar cada vez más prominente en la seguridad interna. La creación de la Guardia Nacional, la militarización del combate al crimen organizado y el persistente control territorial de los cárteles reflejaron los grandes desafíos que enfrenta México en materia de seguridad pública, sin señales claras de una mejora sustancial hacia 2024.
Entre 2018 y 2023, el sistema de salud en México atravesó una serie de cambios estructurales que, lejos de mejorar su eficiencia y capacidad, revelaron serios problemas y deterioro en varios aspectos clave. En 2018, el Seguro Popular cubría a más de 53 millones de personas, asegurando acceso a servicios básicos de salud para la población no asegurada. La red hospitalaria mantenía una estabilidad relativa en la provisión de medicamentos y tratamientos esenciales.
Con la llegada del INSABI en 2020, en sustitución del Seguro Popular, el sistema de salud enfrentó una gran crisis. A pesar de las promesas de ofrecer atención médica gratuita y universal, la implementación del INSABI fue caótica. La falta de un marco de financiamiento claro y una mala coordinación del gobierno federal con los sistemas de salud estatales y federales resultaron en problemas graves, especialmente en el suministro de medicamentos.
El desabasto, que antes se consideraba un problema puntual en ciertas regiones, se generalizó. Entre 2020 y 2023, colectivos como Cero Desabasto reportaron un aumento significativo en la falta de medicamentos, afectando particularmente a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer y el VIH, con el IMSS y el ISSSTE siendo los principales afectados. Esto contrastó fuertemente con el periodo pre-INSABI, cuando el desabasto era más la excepción que la norma.
El cambio del INSABI al IMSS-Bienestar en 2023 fue un intento por federalizar el sistema de salud y mejorar la cobertura, pero la transición seguía sin resolver muchos de los problemas estructurales previos. El desabasto de medicamentos persistía y el sistema hospitalario, especialmente en zonas rurales, continuaba operando bajo presión.
La pandemia de COVID-19 (2020-2022) y su terrible manejo de parte del ejecutivo federal agravó la situación, evidenciando la precariedad de los hospitales públicos. México, durante este periodo, tuvo una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo, en parte debido a la saturación hospitalaria, la falta de respiradores y camas, y el déficit crónico de personal médico. El sistema de salud ya débil enfrentó enormes desafíos, y aunque se realizaron inversiones de emergencia para aumentar la capacidad hospitalaria, el daño fue profundo y duradero.
En cuanto al gasto público en salud, en 2018, México ya se encontraba rezagado con solo un 2.7% del PIB destinado a este sector, uno de los porcentajes más bajos en América Latina y entre los países de la OCDE. A lo largo del periodo 2018-2023, a pesar de las promesas de la administración federal de aumentar este gasto, los avances fueron mínimos, apenas alcanzando un 2.8% del PIB en 2022. Aunque se incrementó el presupuesto para el IMSS-Bienestar, los recursos seguían siendo insuficientes para abordar los problemas más apremiantes, como el desabasto y las deficiencias en infraestructura hospitalaria.
El desabasto de medicamentos, la pandemia y la crisis institucional también impactaron la capacidad hospitalaria. En 2018, el país ya operaba con un déficit de personal médico, con solo 2.4 camas por cada 1,000 habitantes, cifra que estaba por debajo de los estándares internacionales. Con la llegada de la pandemia, esta situación empeoró. Los hospitales en todo el país, especialmente aquellos dedicados a atender a pacientes de COVID-19, se vieron rápidamente sobrepasados, y la atención para enfermedades no relacionadas con el virus se redujo drásticamente. Esto afectó a miles de personas que no pudieron recibir tratamientos o cirugías a tiempo.
El sistema de salud en México no solo no mejoró, sino que en muchos aspectos se deterioró significativamente. La eliminación del Seguro Popular y su reemplazo por el INSABI, seguido por el IMSS-Bienestar, junto con la falta de recursos adecuados, el desabasto de medicamentos y el impacto de la pandemia de COVID-19, condujeron a una situación de crisis. Aunque en 2023 se intentaba una federalización del sistema bajo el IMSS-Bienestar, los desafíos eran evidentes y aún persistían grandes brechas en el acceso a servicios de salud de calidad para la población mexicana.
Una de las principales banderas del gobierno entrante de López Obrador fue que eliminaría la corrupción durante el sexenio, esta no sólo no logró una reducción significativa si no que, además, cambio de bando, puesto que en estos últimos seis años, varios casos de corrupción desafiaron la narrativa oficial de "no permitir la corrupción en ningún nivel".
En 2021, por ejemplo, el hermano del presidente, Pío López Obrador, fue grabado recibiendo sobres con dinero en efectivo, presuntamente para financiar campañas del partido Morena. Aunque el presidente desestimó la importancia del video y calificó el acto como "aportes" de simpatizantes, el incidente demuestra que la bandera anticorrupción era sólo una farsa y una estrategia de venganza política.
En este mismo sentido, durante estos 6 años, se cancelaron fideicomisos importantes con la excusa del combate a la corrupción, entre ellos apoyos a la cultura, las artes y diversas comunidades marginadas. Estos cambios no provocaron ninguna reducción a la corrupción y sí un daño importante a varios tejidos sociales que sobrevivían con dichos fideicomisos.
Mientras tanto, La FGR, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, fue duramente criticada por su manejo de casos de alto perfil y su aparente parcialidad en algunas investigaciones que refuerzan que el discurso anticorrupción no fue más que una estrategia para mantener el poder y anular "obstáculos" clave de López Obrador.
Además del caso de Pío López Obrador, por lo menos otros 8 casos más fueron descubiertos y expuestos a la luz pública aunque nunca sucedió nada:
