La reciente reforma a la vivienda, es decir, al artículo 123 de la Constitución, que busca facultar al Infonavit para construir viviendas y facilitar el acceso a arrendamientos sociales, ha generado un debate entre el gobierno y el sector privado. Si bien la propuesta tiene el objetivo de combatir el déficit habitacional en México, también plantea serias dudas sobre su viabilidad y los posibles riesgos económicos que podría traer.
Por un lado, la reforma permitirá a los trabajadores acceder a una vivienda mediante arrendamiento social, con la opción de comprarla después de 10 años de arrendarla. Se argumenta que este modelo busca mejorar las condiciones de los trabajadores que, de acuerdo con datos del Inegi, enfrentan un déficit de 8.2 millones de viviendas. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, varios expertos y representantes del sector privado advierten sobre los riesgos de dejar en manos del gobierno la construcción de viviendas.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha manifestado su preocupación por el impacto negativo que tendría la creación de una constructora estatal bajo el control del Infonavit. Según el presidente de la CMIC, la intervención directa del gobierno en el sector de la construcción podría afectar a más de 7,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que actualmente participan en este mercado. La experiencia previa muestra que los proyectos estatales de construcción no siempre son eficientes y, a menudo, carecen de la transparencia y capacidad técnica necesarias para ser competitivos.
Además, se teme que el manejo de un presupuesto tan grande, cerca de un billón de pesos en fondos de vivienda, por parte de un organismo gubernamental, termine generando ineficiencias, despilfarros o incluso corrupción. El gobierno no tiene un historial sólido en cuanto a la administración de grandes proyectos de infraestructura, lo que ha generado desconfianza en diversos sectores.
El Infonavit ya tiene antecedentes en la construcción de viviendas, pero estos esfuerzos, que datan de décadas pasadas, resultaron en problemas de corrupción y una baja calidad en las unidades habitacionales. De hecho, en los años 70 y 80, el Infonavit construyó multifamiliares que, con el tiempo, se deterioraron y contribuyeron a la creación de zonas urbanas conflictivas.
Actualmente, la reforma a la vivienda se presenta como una opción para atender las necesidades de las personas trabajadoras que no pueden adquirir una vivienda de manera tradicional. Sin embargo, muchos especialistas coinciden en que permitir que el Infonavit se convierta nuevamente en una constructora estatal podría generar más problemas que soluciones, tanto para los derechohabientes como para la industria de la construcción.
La reforma a la vivienda presenta tanto beneficios como riesgos. Por un lado, podría ayudar a miles de trabajadores a acceder a una vivienda, algo que es un derecho humano básico. Sin embargo, la falta de confianza en la gestión de los recursos por parte del gobierno y los problemas que ya se han visto en el pasado con este tipo de proyectos hacen que sea necesario un análisis cuidadoso de sus implicaciones. Es fundamental que se garantice una correcta administración y que se eviten errores del pasado para que la reforma realmente beneficie a quienes más lo necesitan.
