Este lunes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma a la Ley Aduanera propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que pretende modificar la estructura y operación de las aduanas del país.
Aunque la iniciativa se presenta como una “actualización necesaria”, en los hechos consolida mayor control político y administrativo del gobierno federal sobre el sistema aduanero, debilitando la independencia de los agentes y agencias que participan en el comercio exterior.
El proyecto presidencial plantea transformar el funcionamiento de las aduanas mexicanas, alterando incluso la responsabilidad legal de los agentes aduanales en las operaciones de importación.
En el dictamen que se someterá a votación, los diputados modificaron algunos puntos de la iniciativa original, entre ellos el plazo de las patentes de los agentes aduanales, que pasaría de 10 a 20 años —en lugar de la propuesta inicial del Ejecutivo—, con el argumento de brindar mayor certeza y continuidad.
Sin embargo, actualmente las patentes tienen vigencia indefinida, siempre y cuando el agente cumpla sus obligaciones. De aprobarse la reforma, el cambio implicaría que la autoridad podrá condicionar o negar renovaciones, abriendo espacio para presiones políticas o discrecionalidad administrativa.
Otra modificación es que los agentes deberán certificarse cada tres años, y no cada dos como sugería la versión original. Aunque en apariencia se trata de un ajuste técnico, el fondo sigue siendo el mismo: mantener a los agentes aduanales sujetos a evaluación constante por parte del gobierno, lo que podría traducirse en un mecanismo de control más que de profesionalización.
El PAN ha advertido que estas reformas deben analizarse con cuidado, pues la figura del agente aduanal ha sido un contrapeso fundamental frente a los abusos y arbitrariedades del poder público en la operación aduanera.
Otro punto que preocupa al sector privado es la obligación de garantizar el pago de impuestos mediante cuentas aduaneras de garantía, aunque el dictamen permite que esto se haga mediante cartas de crédito y no con depósitos directos.
Si bien esta modificación otorga cierta flexibilidad, la burocracia y los nuevos requisitos podrían elevar los costos de operación, afectando la competitividad de las empresas importadoras y exportadoras, sobre todo las pequeñas y medianas.
Uno de los aspectos más delicados de la reforma es la creación del Consejo Aduanero, presentado como un “órgano deliberativo”, pero que en realidad concentrará decisiones clave sobre otorgamiento, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones.
Este consejo estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y conformado únicamente por representantes del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, todas dependencias del Ejecutivo federal.
En la práctica, no habrá contrapeso ni participación del sector privado o de organismos independientes, lo que otorga al gobierno un control total sobre la operación aduanera y sobre quién puede o no ejercer como agente aduanal.
El dictamen mantiene sin cambios las medidas para endurecer sanciones y fortalecer la fiscalización de los recintos fiscalizados estratégicos. Además, prevé que las autoridades aduaneras puedan firmar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el fin de centralizar la gestión y el análisis de datos.
Aunque se presenta como un paso hacia la modernización, esta disposición también refuerza la dependencia tecnológica de las aduanas respecto al gobierno federal, eliminando espacios de autonomía operativa.
Desde la oposición, se ha insistido en que la reforma a la Ley Aduanera debe garantizar transparencia, competitividad y autonomía técnica, no más burocracia ni concentración de poder.
El riesgo es claro: bajo el pretexto de “ordenar y modernizar”, el gobierno puede terminar politizando las aduanas, debilitando la figura de los agentes aduanales y cerrando espacios a la libre operación del comercio exterior.
México necesita aduanas eficientes y modernas, sí, pero también independientes del control político. La vigilancia y la rendición de cuentas deben aplicarse con equilibrio, no con centralismo.
El PAN ha señalado que estará atento a la votación y discusión de esta reforma, para evitar que el Ejecutivo capture el sistema aduanero y lo utilice con fines de control político o recaudatorio, en lugar de promover un verdadero desarrollo económico.
Este lunes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma a la Ley Aduanera propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que pretende modificar la estructura y operación de las aduanas del país.
Aunque la iniciativa se presenta como una “actualización necesaria”, en los hechos consolida mayor control político y administrativo del gobierno federal sobre el sistema aduanero, debilitando la independencia de los agentes y agencias que participan en el comercio exterior.
El proyecto presidencial plantea transformar el funcionamiento de las aduanas mexicanas, alterando incluso la responsabilidad legal de los agentes aduanales en las operaciones de importación.
En el dictamen que se someterá a votación, los diputados modificaron algunos puntos de la iniciativa original, entre ellos el plazo de las patentes de los agentes aduanales, que pasaría de 10 a 20 años —en lugar de la propuesta inicial del Ejecutivo—, con el argumento de brindar mayor certeza y continuidad.
Sin embargo, actualmente las patentes tienen vigencia indefinida, siempre y cuando el agente cumpla sus obligaciones. De aprobarse la reforma, el cambio implicaría que la autoridad podrá condicionar o negar renovaciones, abriendo espacio para presiones políticas o discrecionalidad administrativa.
Otra modificación es que los agentes deberán certificarse cada tres años, y no cada dos como sugería la versión original. Aunque en apariencia se trata de un ajuste técnico, el fondo sigue siendo el mismo: mantener a los agentes aduanales sujetos a evaluación constante por parte del gobierno, lo que podría traducirse en un mecanismo de control más que de profesionalización.
El PAN ha advertido que estas reformas deben analizarse con cuidado, pues la figura del agente aduanal ha sido un contrapeso fundamental frente a los abusos y arbitrariedades del poder público en la operación aduanera.
Otro punto que preocupa al sector privado es la obligación de garantizar el pago de impuestos mediante cuentas aduaneras de garantía, aunque el dictamen permite que esto se haga mediante cartas de crédito y no con depósitos directos.
Si bien esta modificación otorga cierta flexibilidad, la burocracia y los nuevos requisitos podrían elevar los costos de operación, afectando la competitividad de las empresas importadoras y exportadoras, sobre todo las pequeñas y medianas.
Uno de los aspectos más delicados de la reforma es la creación del Consejo Aduanero, presentado como un “órgano deliberativo”, pero que en realidad concentrará decisiones clave sobre otorgamiento, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones.
Este consejo estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y conformado únicamente por representantes del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, todas dependencias del Ejecutivo federal.
En la práctica, no habrá contrapeso ni participación del sector privado o de organismos independientes, lo que otorga al gobierno un control total sobre la operación aduanera y sobre quién puede o no ejercer como agente aduanal.
El dictamen mantiene sin cambios las medidas para endurecer sanciones y fortalecer la fiscalización de los recintos fiscalizados estratégicos. Además, prevé que las autoridades aduaneras puedan firmar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el fin de centralizar la gestión y el análisis de datos.
Aunque se presenta como un paso hacia la modernización, esta disposición también refuerza la dependencia tecnológica de las aduanas respecto al gobierno federal, eliminando espacios de autonomía operativa.
Desde la oposición, se ha insistido en que la reforma a la Ley Aduanera debe garantizar transparencia, competitividad y autonomía técnica, no más burocracia ni concentración de poder.
El riesgo es claro: bajo el pretexto de “ordenar y modernizar”, el gobierno puede terminar politizando las aduanas, debilitando la figura de los agentes aduanales y cerrando espacios a la libre operación del comercio exterior.
México necesita aduanas eficientes y modernas, sí, pero también independientes del control político. La vigilancia y la rendición de cuentas deben aplicarse con equilibrio, no con centralismo.
El PAN ha señalado que estará atento a la votación y discusión de esta reforma, para evitar que el Ejecutivo capture el sistema aduanero y lo utilice con fines de control político o recaudatorio, en lugar de promover un verdadero desarrollo económico.
