En México, el crimen organizado ha encontrado una nueva forma de expandir su control: el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Esta grave problemática ha sido denunciada en múltiples ocasiones por organizaciones de derechos humanos, pero las acciones gubernamentales han sido insuficientes para detenerla.
Como diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), he presentado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar con mayor claridad y severidad el delito de reclutamiento forzado de menores. Esta reforma busca cerrar los vacíos legales que han permitido que miles de niñas, niños y adolescentes sean utilizados en actividades ilícitas sin que los responsables reciban un castigo proporcional a la gravedad de su crimen.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2000 y 2019, más de 31,000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos criminales en México. Además, se estima que entre 30,000 y 35,000 menores son captados anualmente por estas organizaciones, lo que representa una crisis humanitaria de enormes dimensiones.
Los grupos delincuenciales han perfeccionado sus métodos de captación, aprovechándose de factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la descomposición del tejido social. Prometen protección, dinero y un sentido de pertenencia a niños que, en muchos casos, crecen en entornos de violencia y marginación. Sin embargo, una vez dentro de estas organizaciones, los menores son sometidos a abusos, explotación y, en muchos casos, son obligados a cometer crímenes atroces.
Con esta propuesta de reforma, buscamos modificar el artículo 201 del Código Penal Federal para incluir de manera explícita el reclutamiento forzado de menores como una forma de corrupción de menores. Esto significa que cualquier persona que obligue, manipule, facilite, procure o reclute a un menor de edad para involucrarlo en actividades delictivas será castigada con todo el peso de la ley.
Actualmente, las bandas criminales se aprovechan de que el sistema de justicia para adolescentes, establecido en el artículo 18 de la Constitución, impide que los menores sean juzgados con la misma severidad que los adultos. Esto ha generado un perverso incentivo para que los grupos delictivos recluten niños y adolescentes, pues saben que, en caso de ser detenidos, enfrentarán sanciones menores.
Nuestra iniciativa no solo busca endurecer las penas contra los reclutadores, sino también sentar las bases para que el Estado refuerce su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, garantizando que ningún niño más sea forzado a ingresar en estas redes criminales.
México atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y el reclutamiento de menores es una de sus manifestaciones más crueles. No podemos permitir que esta situación siga avanzando sin una respuesta firme por parte del Estado. Es necesario reconocer que los niños reclutados por el crimen organizado son víctimas, no delincuentes, y que nuestra prioridad debe ser su protección y reinserción en la sociedad.
El principio del interés superior de la infancia, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, nos obliga a tomar medidas urgentes para erradicar esta práctica. Es momento de que el gobierno federal y el Congreso de la Unión asuman su responsabilidad y aprueben reformas que permitan castigar con firmeza a quienes atenten contra la niñez mexicana.
Desde mi trinchera en la Cámara de Diputados, seguiré impulsando iniciativas que protejan a la niñez y combatan la impunidad con la que operan los grupos criminales. Sin embargo, esta lucha no puede librarse únicamente desde el ámbito legislativo; es fundamental que la sociedad se una a esta causa y exija que las autoridades actúen con determinación.
En México, el crimen organizado ha encontrado una nueva forma de expandir su control: el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Esta grave problemática ha sido denunciada en múltiples ocasiones por organizaciones de derechos humanos, pero las acciones gubernamentales han sido insuficientes para detenerla.
Como diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), he presentado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar con mayor claridad y severidad el delito de reclutamiento forzado de menores. Esta reforma busca cerrar los vacíos legales que han permitido que miles de niñas, niños y adolescentes sean utilizados en actividades ilícitas sin que los responsables reciban un castigo proporcional a la gravedad de su crimen.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2000 y 2019, más de 31,000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos criminales en México. Además, se estima que entre 30,000 y 35,000 menores son captados anualmente por estas organizaciones, lo que representa una crisis humanitaria de enormes dimensiones.
Los grupos delincuenciales han perfeccionado sus métodos de captación, aprovechándose de factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la descomposición del tejido social. Prometen protección, dinero y un sentido de pertenencia a niños que, en muchos casos, crecen en entornos de violencia y marginación. Sin embargo, una vez dentro de estas organizaciones, los menores son sometidos a abusos, explotación y, en muchos casos, son obligados a cometer crímenes atroces.
Con esta propuesta de reforma, buscamos modificar el artículo 201 del Código Penal Federal para incluir de manera explícita el reclutamiento forzado de menores como una forma de corrupción de menores. Esto significa que cualquier persona que obligue, manipule, facilite, procure o reclute a un menor de edad para involucrarlo en actividades delictivas será castigada con todo el peso de la ley.
Actualmente, las bandas criminales se aprovechan de que el sistema de justicia para adolescentes, establecido en el artículo 18 de la Constitución, impide que los menores sean juzgados con la misma severidad que los adultos. Esto ha generado un perverso incentivo para que los grupos delictivos recluten niños y adolescentes, pues saben que, en caso de ser detenidos, enfrentarán sanciones menores.
Nuestra iniciativa no solo busca endurecer las penas contra los reclutadores, sino también sentar las bases para que el Estado refuerce su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, garantizando que ningún niño más sea forzado a ingresar en estas redes criminales.
México atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y el reclutamiento de menores es una de sus manifestaciones más crueles. No podemos permitir que esta situación siga avanzando sin una respuesta firme por parte del Estado. Es necesario reconocer que los niños reclutados por el crimen organizado son víctimas, no delincuentes, y que nuestra prioridad debe ser su protección y reinserción en la sociedad.
El principio del interés superior de la infancia, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, nos obliga a tomar medidas urgentes para erradicar esta práctica. Es momento de que el gobierno federal y el Congreso de la Unión asuman su responsabilidad y aprueben reformas que permitan castigar con firmeza a quienes atenten contra la niñez mexicana.
Desde mi trinchera en la Cámara de Diputados, seguiré impulsando iniciativas que protejan a la niñez y combatan la impunidad con la que operan los grupos criminales. Sin embargo, esta lucha no puede librarse únicamente desde el ámbito legislativo; es fundamental que la sociedad se una a esta causa y exija que las autoridades actúen con determinación.
