En los próximos días, el Congreso discutirá una reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos sin juicio previo. Esta propuesta, denominada ya como la "Ley Morena", es mucho más que una ampliación de la justicia penal; es una herramienta que deja en manos del poder el destino de aquellos que se encuentren en la mira del Estado, con el riesgo latente de que sea usada para reprimir a quienes cuestionen o se opongan al gobierno.

La reforma propuesta pretende añadir delitos como el narcomenudeo, la extorsión y delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, bajo esta ley, delitos sin "víctima", como la simple posesión de sustancias, llevarían a prisión a personas vulnerables, quienes frecuentemente provienen de entornos de pobreza y marginación. Esta política punitiva no persigue una justicia auténtica; en cambio, perpetúa un sistema que criminaliza la pobreza y que deja a merced del poder el encarcelamiento de cualquiera que incomode al Estado.

Lo que se está promoviendo no es seguridad, sino una herramienta que recuerda a los regímenes autoritarios, que encierra a aquellos que se desvían de la línea dictada. Este enfoque se refuerza al recordar casos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin una sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, pero en lugar de aprender de estas violaciones, el gobierno de Morena insiste en aplicar una política que niega derechos básicos y potencia el control autoritario. La “Ley Morena”, entonces, no representa una mejora en la seguridad, sino una herramienta de represión.

Esta iniciativa castiga especialmente a los sectores más desprotegidos, y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) evidencia que tres de cada diez personas en prisión preventiva pasan más de dos años sin juicio. Sin recursos ni defensa adecuada, son las personas en situación de pobreza las que terminan siendo castigadas sin pruebas ni sentencia. Además, el impacto es desproporcionado para las mujeres, quienes representan el sector más vulnerable: de cada diez mujeres encarceladas sin sentencia, cinco están en prisión preventiva. Las historias de abuso y tortura que sufren dentro del sistema penitenciario son testimonio del costo humano de una política que castiga sin pruebas ni juicio.

La "Ley Morena" representa una regresión en derechos humanos y justicia. No se puede hablar de "primero los pobres" mientras se continúe criminalizando a quienes menos tienen y se les prive de su libertad sin juicio. Esta ley es un riesgo para cualquier sociedad que aspire a la justicia; es, en realidad, una medida punitiva que encubre su función real: consolidar el poder y silenciar a quienes osen cuestionarlo.

México necesita una justicia que respete los derechos humanos, que busque rehabilitar en lugar de castigar y que no deje a merced del gobierno la libertad de sus ciudadanos. La prisión preventiva oficiosa no debe expandirse como herramienta de poder, sino restringirse para proteger la libertad y dignidad de todos los mexicanos.