La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha expresado un firme rechazo a la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Según el organismo, esta medida contradice estándares internacionales de derechos humanos y representa un retroceso significativo en la protección de las garantías individuales.
En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la ONU-DH subrayó que la prisión preventiva oficiosa, al implicar la detención automática sin un análisis individualizado, viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la libertad personal. Además, esta medida:
La ONU-DH advirtió que esta reforma afecta negativamente tanto al ámbito judicial como al de seguridad pública. Para los jueces, impone restricciones que minan la independencia judicial y la posibilidad de revisar casos de manera imparcial. Por otro lado, limita el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública, una obligación del Ministerio Público.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la CoIDH han recomendado a México derogar la prisión preventiva oficiosa de su legislación. Estas recomendaciones destacan la necesidad de reemplazar esta medida con una evaluación individualizada basada en riesgos reales, como el peligro de fuga o la reincidencia grave.
Además, las sentencias de la CoIDH en los casos de Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez han señalado la arbitrariedad y el daño que esta medida ha causado en personas sometidas injustamente a largos periodos de prisión preventiva.
Los casos de los hermanos Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, así como el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, evidencian las graves consecuencias de la prisión preventiva oficiosa. Estas personas fueron privadas de su libertad durante años sin pruebas concluyentes en su contra, lo que pone de manifiesto la urgencia de modificar este marco legal.
La reforma sobre prisión preventiva oficiosa ha sido calificada como un retroceso por organismos internacionales y expertos en derechos humanos. Su implementación, lejos de fortalecer el sistema de justicia, perpetúa la desigualdad, vulnera derechos fundamentales y limita la capacidad del Estado para investigar y procesar delitos de manera efectiva.
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