Mientras el gobierno de Morena insiste en negar la realidad, México se convirtió en el país con más acciones urgentes por desapariciones forzadas en el mundo, de acuerdo con datos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU.
Hasta septiembre de 2024, se habían registrado 681 peticiones urgentes para buscar personas desaparecidas, cifra que supera a naciones como Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193). Este mecanismo se activa solo cuando los gobiernos son incapaces o se niegan a actuar. ¿Qué dice eso del régimen de López Obrador?
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 349 acciones urgentes. En el gobierno de López Obrador, van 332. Casi la misma cifra. La diferencia es que este sexenio presumía un cambio y terminó replicando los mismos vicios: abandono a las víctimas, desmantelamiento institucional y cero resultados.
"Entre más acciones urgentes se piden, menos urgente es la respuesta del gobierno federal", denunció Michael Chamberlin, activista y exmiembro de la CNDH.
El colmo: la ONU tuvo que activar un procedimiento inédito (artículo 34) para llevar la crisis mexicana ante la Asamblea General, al considerar que las desapariciones ya no son casos aislados, sino parte de una práctica sistemática. Un señalamiento gravísimo para cualquier país… y una vergüenza para el gobierno actual.
Al inicio del sexenio pasado se construyó un andamiaje para enfrentar las desapariciones, pero Morena se encargó de destruirlo sin ofrecer nada a cambio.
Andrea Horcasitas, de la Universidad Iberoamericana, lo dijo claro:
¿Cómo pretende este gobierno enfrentar una crisis si ni siquiera reconoce que existe?
Según el CED, en la gran mayoría de los casos se han documentado fallas en las búsquedas e investigaciones, incluyendo la participación de agentes públicos que han entorpecido deliberadamente los procesos. Es decir, no solo hay impunidad, también hay complicidad.
Sandra Serrano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que aunque 681 acciones urgentes suenan muchas, son muy pocas si se comparan con las más de 126 mil personas desaparecidas en el país.
Nada. Niega, minimiza, y ahora incluso acusa a la ONU de tener “una orientación política”, en lugar de asumir su responsabilidad. Una respuesta cínica que deja claro lo que ya sabíamos: la lucha por la verdad y la justicia no está entre sus prioridades.
Mientras el gobierno de Morena insiste en negar la realidad, México se convirtió en el país con más acciones urgentes por desapariciones forzadas en el mundo, de acuerdo con datos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU.
Hasta septiembre de 2024, se habían registrado 681 peticiones urgentes para buscar personas desaparecidas, cifra que supera a naciones como Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193). Este mecanismo se activa solo cuando los gobiernos son incapaces o se niegan a actuar. ¿Qué dice eso del régimen de López Obrador?
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 349 acciones urgentes. En el gobierno de López Obrador, van 332. Casi la misma cifra. La diferencia es que este sexenio presumía un cambio y terminó replicando los mismos vicios: abandono a las víctimas, desmantelamiento institucional y cero resultados.
"Entre más acciones urgentes se piden, menos urgente es la respuesta del gobierno federal", denunció Michael Chamberlin, activista y exmiembro de la CNDH.
El colmo: la ONU tuvo que activar un procedimiento inédito (artículo 34) para llevar la crisis mexicana ante la Asamblea General, al considerar que las desapariciones ya no son casos aislados, sino parte de una práctica sistemática. Un señalamiento gravísimo para cualquier país… y una vergüenza para el gobierno actual.
Al inicio del sexenio pasado se construyó un andamiaje para enfrentar las desapariciones, pero Morena se encargó de destruirlo sin ofrecer nada a cambio.
Andrea Horcasitas, de la Universidad Iberoamericana, lo dijo claro:
¿Cómo pretende este gobierno enfrentar una crisis si ni siquiera reconoce que existe?
Según el CED, en la gran mayoría de los casos se han documentado fallas en las búsquedas e investigaciones, incluyendo la participación de agentes públicos que han entorpecido deliberadamente los procesos. Es decir, no solo hay impunidad, también hay complicidad.
Sandra Serrano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que aunque 681 acciones urgentes suenan muchas, son muy pocas si se comparan con las más de 126 mil personas desaparecidas en el país.
Nada. Niega, minimiza, y ahora incluso acusa a la ONU de tener “una orientación política”, en lugar de asumir su responsabilidad. Una respuesta cínica que deja claro lo que ya sabíamos: la lucha por la verdad y la justicia no está entre sus prioridades.
