México está despertando. Desde el norte hasta el sur del país, miles de jóvenes, familias y trabajadores se están organizando para decir basta. Basta de la violencia, de la impunidad y de la indiferencia del gobierno ante un país que sangra.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, fue el punto de quiebre. Él había pedido apoyo al gobierno federal y a la entonces presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia de los cárteles que asfixian a su municipio. Hoy, su muerte simboliza el abandono que padecen miles de comunidades mexicanas.

A partir de ese crimen, surgió una ola de indignación encabezada por jóvenes de la llamada Generación Z, que no quieren heredar un país en ruinas. Desde hace días, estos jóvenes se han movilizado en diversas ciudades —y volverán a hacerlo el 15 de noviembre— para exigir la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, porque reconocen que el gobierno que prometió “abrazos, no balazos” terminó entregando el territorio al crimen organizado.

La próxima marcha nacional partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, y se replicará en ciudades en todo el país, incluyendo en Torreón. Será una manifestación pacífica, pero contundente. “México merece más, y lo vamos a exigir con inteligencia y unión”, dicen los organizadores. Y tienen razón.

Lo más preocupante es la respuesta del gobierno: desacreditar el movimiento, señalarlo como manipulado y hasta investigarlo, en lugar de atender sus causas. Sheinbaum afirma que hay “dinero detrás” y que todo es una estrategia de sus adversarios. Pero la realidad es que lo que hay detrás es dolor, miedo y hartazgo. No se necesita financiamiento para exigir justicia; se necesita valor.

Mientras los jóvenes exigen un país en paz, en la Cámara de Diputados Morena aprobó un Presupuesto de Egresos 2026 que vuelve a castigar las áreas más sensibles: la seguridad, la salud y la economía de las familias mexicanas.

El recorte al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) —más de 10 mil millones de pesos menos— es una afrenta directa a los estados y municipios que enfrentan solos la violencia.
En lugar de fortalecer policías, inteligencia y justicia, el gobierno prefiere seguir gastando miles de millones en obras faraónicas sin resultados.

¿Cómo puede hablarse de “transformación” cuando los mexicanos viven con miedo? ¿Cómo puede prometerse paz cuando se desmantela el presupuesto para garantizarla? Este presupuesto es un reflejo claro de las prioridades de este régimen: mantener el poder, no proteger a la gente.

Hoy, los jóvenes se levantan, y con ellos millones de ciudadanos que ya no confían en las promesas vacías de Morena.

La revocación de mandato que exigen no es un capricho político, sino una demanda de justicia democrática. Si este gobierno está tan convencido de su respaldo popular, que lo demuestre en las urnas. Que escuche al pueblo y enfrente las consecuencias de sus omisiones.

Desde Acción Nacional, respaldamos a quienes marchan pacíficamente y exigimos respeto a su derecho a manifestarse. La voz ciudadana no puede ser criminalizada ni descalificada.

México no necesita un gobierno que viva del aplauso, sino uno que asuma su responsabilidad ante la tragedia nacional que estamos viviendo.

Las marchas por la vida, la paz y la dignidad son el reflejo de un país que se niega a rendirse. Y desde el Congreso, seguiremos insistiendo: no habrá futuro mientras este gobierno siga recortando la seguridad y justificando la violencia con discursos vacíos.