En las últimas dos semanas, el gobierno de Morena ha dejado al descubierto su verdadera cara: un régimen que castiga a las familias mexicanas con más impuestos mientras debilita la seguridad pública. Todo con el mismo sello que ha caracterizado a la autollamada “Cuarta Transformación”: improvisación, simulación y corrupción.
El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron al vapor tres leyes del paquete fiscal 2026: el Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley del IEPS. Dicen que lo hacen para “combatir la evasión fiscal” o “proteger la salud”, pero la realidad es que Morena está desesperado por tapar el agujero financiero que provocaron sus malas decisiones.
Aumentaron impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y sorteos, afectando directamente a los hogares que ya enfrentan una inflación asfixiante. Mientras tanto, el gobierno gasta sin control en proyectos faraónicos, obras con sobrecostos y programas clientelares que solo buscan votos, no bienestar.
Esta nueva miscelánea fiscal no es una política pública, es un parche recaudatorio. Quieren sacar dinero de donde puedan, sin importarles el impacto en los bolsillos de millones de mexicanos que trabajan día con día para sostener a sus familias.
Y lo más grave: le entregan más poder al SAT, que podrá congelar cuentas o suspender operaciones empresariales sin orden judicial. En pocas palabras, el ciudadano será culpable hasta que demuestre lo contrario. Esa es la justicia fiscal del régimen morenista.
Por otro lado, aprobaron la llamada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, presentada como una gran reforma para “proteger a las víctimas”. Pero en realidad, es otra simulación.
Esta ley reduce penas en varios estados donde las sanciones eran más severas, lo que podría dejar en libertad a más de 500 delincuentes sentenciados por extorsión. En vez de fortalecer el castigo, Morena abre la puerta a que los criminales salgan libres.
Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum presume que combate la inseguridad, pero recorta presupuestos a seguridad pública y justicia. En la práctica, deja indefensos a policías, ministerios públicos y fiscalías. Así no se combate la extorsión ni ningún delito.
Morena no busca proteger a las víctimas, busca proteger su narrativa. Prefieren simular resultados que garantizar justicia.
El mensaje es claro: Morena quiere un México donde el ciudadano pague más impuestos, tenga menos seguridad y viva con más miedo. Ese es el saldo de su gobierno.
Mientras ellos se reparten el poder y los recursos, las familias mexicanas enfrentan precios más altos, menos oportunidades y una creciente sensación de abandono.
Desde el Partido Acción Nacional, no vamos a quedarnos callados. Seguiremos denunciando cada intento de este gobierno por seguir exprimiendo al pueblo y debilitando las instituciones que lo protegen.
México necesita un rumbo distinto: uno donde el dinero público se use con responsabilidad, donde se premie al que trabaja, y donde la ley sí castigue al delincuente, no al ciudadano.
Porque el verdadero cambio no se construye con mentiras ni simulaciones. Se construye con verdad, justicia y libertad.
En las últimas dos semanas, el gobierno de Morena ha dejado al descubierto su verdadera cara: un régimen que castiga a las familias mexicanas con más impuestos mientras debilita la seguridad pública. Todo con el mismo sello que ha caracterizado a la autollamada “Cuarta Transformación”: improvisación, simulación y corrupción.
El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron al vapor tres leyes del paquete fiscal 2026: el Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley del IEPS. Dicen que lo hacen para “combatir la evasión fiscal” o “proteger la salud”, pero la realidad es que Morena está desesperado por tapar el agujero financiero que provocaron sus malas decisiones.
Aumentaron impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y sorteos, afectando directamente a los hogares que ya enfrentan una inflación asfixiante. Mientras tanto, el gobierno gasta sin control en proyectos faraónicos, obras con sobrecostos y programas clientelares que solo buscan votos, no bienestar.
Esta nueva miscelánea fiscal no es una política pública, es un parche recaudatorio. Quieren sacar dinero de donde puedan, sin importarles el impacto en los bolsillos de millones de mexicanos que trabajan día con día para sostener a sus familias.
Y lo más grave: le entregan más poder al SAT, que podrá congelar cuentas o suspender operaciones empresariales sin orden judicial. En pocas palabras, el ciudadano será culpable hasta que demuestre lo contrario. Esa es la justicia fiscal del régimen morenista.
Por otro lado, aprobaron la llamada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, presentada como una gran reforma para “proteger a las víctimas”. Pero en realidad, es otra simulación.
Esta ley reduce penas en varios estados donde las sanciones eran más severas, lo que podría dejar en libertad a más de 500 delincuentes sentenciados por extorsión. En vez de fortalecer el castigo, Morena abre la puerta a que los criminales salgan libres.
Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum presume que combate la inseguridad, pero recorta presupuestos a seguridad pública y justicia. En la práctica, deja indefensos a policías, ministerios públicos y fiscalías. Así no se combate la extorsión ni ningún delito.
Morena no busca proteger a las víctimas, busca proteger su narrativa. Prefieren simular resultados que garantizar justicia.
El mensaje es claro: Morena quiere un México donde el ciudadano pague más impuestos, tenga menos seguridad y viva con más miedo. Ese es el saldo de su gobierno.
Mientras ellos se reparten el poder y los recursos, las familias mexicanas enfrentan precios más altos, menos oportunidades y una creciente sensación de abandono.
Desde el Partido Acción Nacional, no vamos a quedarnos callados. Seguiremos denunciando cada intento de este gobierno por seguir exprimiendo al pueblo y debilitando las instituciones que lo protegen.
México necesita un rumbo distinto: uno donde el dinero público se use con responsabilidad, donde se premie al que trabaja, y donde la ley sí castigue al delincuente, no al ciudadano.
Porque el verdadero cambio no se construye con mentiras ni simulaciones. Se construye con verdad, justicia y libertad.
