El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México. El proyecto de modificaciones y adiciones a los artículos 54 y 27 de la Constitución, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, prevé la preservación y protección de los maíces nativos.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, México es centro de origen y diversidad del maíz, definido como un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Las adiciones al artículo 27 establecen que "todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales, para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población". Asimismo, plantean que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleos y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.
Miles de empleos en el sector agropecuario, la industria alimentaria y el comercio podrían estar en riesgo. Si el costo del maíz aumenta, también lo hará el costo de producción de alimentos, afectando la economía de los hogares. Además, la reducción de la oferta podría incrementar la dependencia de México en otros mercados.
Desde hace más de 28 años, el maíz transgénico se ha utilizado en el mundo sin evidencia científica concluyente de que cause daño a la salud humana o animal. Su uso ha permitido aumentar la productividad en el campo y reducir el impacto ambiental del cultivo.
En lugar de prohibiciones arbitrarias, es necesario impulsar políticas públicas que fomenten:
La soberanía alimentaria no se logra con prohibiciones, sino con inversiones en el campo, innovación y un equilibrio entre tradición y tecnología. La decisión sobre el maíz transgénico debe basarse en datos y estrategias de desarrollo, evitando que la ideología ponga en riesgo la alimentación de los mexicanos.
Para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo del campo, es necesario adoptar un enfoque integral que contemple el respaldo a los productores, la inversión en tecnología y la aplicación de políticas basadas en evidencia científica. De esta manera, se podrá fortalecer la economía agrícola sin comprometer el acceso a alimentos asequibles para la población.
El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México. El proyecto de modificaciones y adiciones a los artículos 54 y 27 de la Constitución, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, prevé la preservación y protección de los maíces nativos.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, México es centro de origen y diversidad del maíz, definido como un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Las adiciones al artículo 27 establecen que "todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales, para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población". Asimismo, plantean que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleos y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.
Miles de empleos en el sector agropecuario, la industria alimentaria y el comercio podrían estar en riesgo. Si el costo del maíz aumenta, también lo hará el costo de producción de alimentos, afectando la economía de los hogares. Además, la reducción de la oferta podría incrementar la dependencia de México en otros mercados.
Desde hace más de 28 años, el maíz transgénico se ha utilizado en el mundo sin evidencia científica concluyente de que cause daño a la salud humana o animal. Su uso ha permitido aumentar la productividad en el campo y reducir el impacto ambiental del cultivo.
En lugar de prohibiciones arbitrarias, es necesario impulsar políticas públicas que fomenten:
La soberanía alimentaria no se logra con prohibiciones, sino con inversiones en el campo, innovación y un equilibrio entre tradición y tecnología. La decisión sobre el maíz transgénico debe basarse en datos y estrategias de desarrollo, evitando que la ideología ponga en riesgo la alimentación de los mexicanos.
Para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo del campo, es necesario adoptar un enfoque integral que contemple el respaldo a los productores, la inversión en tecnología y la aplicación de políticas basadas en evidencia científica. De esta manera, se podrá fortalecer la economía agrícola sin comprometer el acceso a alimentos asequibles para la población.
