En México, los ahorros de los trabajadores están en riesgo con la reciente propuesta de reforma al Infonavit impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque plantea construir y administrar vivienda social mediante una nueva empresa filial, las implicaciones financieras podrían ser desastrosas.
La reforma propone utilizar los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda para financiar esta iniciativa. Sin embargo, no existen garantías claras en la ley que protejan estos recursos contra corrupción, malas prácticas o negligencia. ¿Qué sucederá si un trabajador solicita sus ahorros y descubre que ya no están disponibles?
El gobierno pretende asumir funciones de construcción y administración de vivienda, tareas que históricamente han sido mejor gestionadas por la iniciativa privada. Esto podría derivar en ineficiencia, corrupción y pérdida de recursos.
Aunque se busca beneficiar a sectores vulnerables con el arrendamiento social, esta medida también pone en juego los fondos de los trabajadores, sin garantizar que genere los ingresos necesarios para sostener el sistema.
Aunque la reforma contempla mecanismos de supervisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos procesos suelen ser tardíos y reactivos.
Para cuando las irregularidades se detecten, podría ser demasiado tarde para los trabajadores cuyos ahorros ya habrían desaparecido.
Esta reforma al Infonavit representa un riesgo latente para los trabajadores y para el modelo de vivienda en México. Aunque su objetivo declarado es fortalecer la oferta de vivienda social, la realidad es que pone en juego los ahorros de millones de mexicanos sin ofrecer garantías sólidas.
El patrimonio de las y los trabajadores no debe ser el campo de experimentación de un gobierno que busca soluciones rápidas sin prever las consecuencias. Si queremos un sistema de vivienda sólido y sostenible, debemos priorizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad financiera.
Como sociedad, es nuestra responsabilidad alzar la voz y exigir que estas reformas sean revisadas a profundidad, garantizando que el esfuerzo de los trabajadores no termine siendo otro caso de saqueo disfrazado de buenas intenciones.
En México, los ahorros de los trabajadores están en riesgo con la reciente propuesta de reforma al Infonavit impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque plantea construir y administrar vivienda social mediante una nueva empresa filial, las implicaciones financieras podrían ser desastrosas.
La reforma propone utilizar los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda para financiar esta iniciativa. Sin embargo, no existen garantías claras en la ley que protejan estos recursos contra corrupción, malas prácticas o negligencia. ¿Qué sucederá si un trabajador solicita sus ahorros y descubre que ya no están disponibles?
El gobierno pretende asumir funciones de construcción y administración de vivienda, tareas que históricamente han sido mejor gestionadas por la iniciativa privada. Esto podría derivar en ineficiencia, corrupción y pérdida de recursos.
Aunque se busca beneficiar a sectores vulnerables con el arrendamiento social, esta medida también pone en juego los fondos de los trabajadores, sin garantizar que genere los ingresos necesarios para sostener el sistema.
Aunque la reforma contempla mecanismos de supervisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos procesos suelen ser tardíos y reactivos.
Para cuando las irregularidades se detecten, podría ser demasiado tarde para los trabajadores cuyos ahorros ya habrían desaparecido.
Esta reforma al Infonavit representa un riesgo latente para los trabajadores y para el modelo de vivienda en México. Aunque su objetivo declarado es fortalecer la oferta de vivienda social, la realidad es que pone en juego los ahorros de millones de mexicanos sin ofrecer garantías sólidas.
El patrimonio de las y los trabajadores no debe ser el campo de experimentación de un gobierno que busca soluciones rápidas sin prever las consecuencias. Si queremos un sistema de vivienda sólido y sostenible, debemos priorizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad financiera.
Como sociedad, es nuestra responsabilidad alzar la voz y exigir que estas reformas sean revisadas a profundidad, garantizando que el esfuerzo de los trabajadores no termine siendo otro caso de saqueo disfrazado de buenas intenciones.
