MORENA vuelve a hacer de las suyas. Esta vez, bajo el disfraz de modernizar la legislación, pretende tomar por asalto el sector de las telecomunicaciones. Lo que nos presentan como una nueva ley es, en realidad, un atentado contra la competencia, contra la libertad de expresión y contra el futuro digital de México.

En el fondo, lo que MORENA busca con esta nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es otra cosa que apropiarse del árbitro, controlar el juego y silenciar a quien se atreva a disentir. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es solo el primer golpe: sustituyen a un organismo autónomo por una agencia sometida al Ejecutivo, la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Es decir, el gobierno no solo jugará el partido, también pitará el silbato y decidirá quién gana.

La nueva ley permite que el Ejecutivo federal, de manera directa y sin pagar contraprestaciones, se otorgue a sí mismo concesiones para explotar el espectro radioeléctrico y ofrecer servicios de internet. Nos quieren vender la idea de que es para llevar conectividad a todos los rincones del país, pero lo que realmente están haciendo es construir un monopolio estatal disfrazado, destruyendo décadas de esfuerzos por garantizar un mercado competitivo y libre.

¿Y qué decir de la censura? El texto abre la puerta al bloqueo de plataformas digitales con una facilidad escalofriante, sin necesidad de orden judicial, bajo criterios vagos y arbitrarios. Así, cualquier crítica, cualquier voz incómoda, podría ser callada en nombre de una supuesta regulación. Esta iniciativa es una amenaza directa contra los derechos humanos más básicos: la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por si fuera poco, MORENA ha decidido dinamitar el despliegue de infraestructura tecnológica. Al eliminar la prohibición para que municipios cobren contribuciones adicionales a las empresas que despliegan redes, abren la puerta a una cascada de extorsiones locales que frenarán la llegada de internet a miles de comunidades. Cada ayuntamiento podrá imponer sus propios cobros, tarifas y obstáculos, creando un caos normativo que solo beneficia a los corruptos y castiga a los ciudadanos.

Los medios de comunicación tampoco se salvan. La ley impone nuevas cargas, obliga a pedir autorizaciones para contenidos financiados por extranjeros y establece mecanismos de control que, en los hechos, son censura previa. El mensaje es claro: quien no se alinee, será castigado.

Y para rematar, MORENA pretende que todo esto entre en vigor en apenas 30 días, ignorando abiertamente el plazo de 180 días que establece la Constitución. No respetan ni las formas ni el fondo. Lo que quieren es imponer a toda prisa un marco legal hecho a su medida, antes de que puedan ser frenados.

Esta no es una ley para modernizar México. Es una ley para someterlo.

Quieren arrebatarnos el internet libre, la pluralidad de los medios, el derecho a opinar y a disentir. Quieren un país en donde el gobierno decida qué vemos, qué escuchamos y qué decimos.

Desde Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados, desde cada rincón en donde se defienda la democracia, vamos a levantar la voz. No vamos a permitir que el futuro de nuestras telecomunicaciones se convierta en el botín político de un régimen autoritario.

México merece más. Merece libertad, competencia, diversidad. Merece un futuro donde el acceso a la información no dependa de la voluntad de un gobierno.