Con 22 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, y 10 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2025. Este dictamen contempla ingresos históricos de 9.3 billones de pesos, de los cuales 1.2 billones provendrán de endeudamiento, marcando un incremento significativo en comparación con el ejercicio fiscal actual.
El presupuesto incluye ingresos tributarios de 5.3 billones de pesos, superando los 4.9 billones del año anterior. Sin embargo, el gasto proyectado excede los ingresos, lo que pone en riesgo la estabilidad económica del país. Factores como la crisis de Pemex, la caída de remesas, y políticas exteriores podrían agravar la situación.
"La Ley de Ingresos está concatenada con el presupuesto; es decir, vamos a gastar más de lo que ingresamos. ¿Quién va a pagar los platos rotos cuando no cumplamos las metas? Los estados y municipios. Del 2019 al 2025, los ingresos del Presupuesto de Egresos de la Federación han aumentado un 76%, pero las participaciones a las entidades federativas solo han crecido un 4%, dejando un déficit de alrededor de 323,000 millones de pesos que no llegan a los estados ni a los municipios", explicó el diputado federal Guillermo Anaya durante la sesión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público de la Cámara de Diputados del pasado lunes 25 de noviembre.
Durante la discusión, el diputado criticó el desequilibrio en la asignación presupuestal, donde las participaciones estatales han crecido solo un 54% desde 2019, mientras que el presupuesto federal ha aumentado un 76%. Además, advirtió que esta Ley de Ingresos no garantiza el grado de inversión de México debido a un déficit fiscal récord y tasas de interés históricas.
También, comentó que "va a ser muy difícil que se puedan cumplir las metas económicas que se presentan para el paquete fiscal de 2025. Primero, porque el crecimiento económico —todo el sector financiero, tanto internacional como nacional— ha dicho que no lo vamos a poder cumplir, sino solamente a la mitad, porque así ha venido sucediendo en los últimos años".
Y explicó que "Como vamos a tener el mismo ingreso, solamente ajustado por la inflación, no hay de dónde podamos cumplir con esas metas. Además, enfrentamos la crisis brutal de Pemex, la cotización del dólar, y el riesgo de que las remesas se vean afectadas. Ya lo dijo el presidente Trump: ahora que tome protesta, deportará un millón de indocumentados al año, lo cual tendrá repercusiones en el ingreso y en posibles aranceles a las remesas".
Expertos y legisladores han señalado que el endeudamiento planteado en la Ley de Ingresos podría tener efectos adversos en las finanzas nacionales. El aumento de la deuda pública, combinado con una desaceleración económica global y problemas internos como la crisis de Pemex, podría generar:
Diversos expertos han expresado preocupaciones sobre el impacto del endeudamiento en las finanzas públicas y las limitaciones presupuestarias que enfrentará el gobierno en 2025.
Carlos Aviud Vázquez, investigador de México Evalúa, destacó en el primer día de Parlamento Abierto que las estimaciones optimistas del gobierno podrían no cumplirse, ya que el Paquete Económico 2025 prevé recortes al gasto público para reducir el déficit fiscal del 5.9% al 3.9% del PIB. Advirtió que los costos financieros de la deuda están absorbiendo recursos que podrían destinarse a otros sectores prioritarios.
Por su parte, Ricardo Cantú, investigador del CIEP, subrayó que las proyecciones económicas carecen de realismo al no considerar factores como la transición demográfica y la productividad laboral. Ante este panorama, Jorge Cano, también de México Evalúa, señaló la urgencia de implementar una reforma fiscal progresiva para fortalecer los ingresos públicos y atender las necesidades presupuestarias.
Entre las preocupaciones más destacadas se encuentra el gasto ambiental. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 propone destinar 44,271 millones de pesos al medio ambiente, lo que representa una reducción del 39.4% respecto al año anterior. Esto generó críticas de activistas y especialistas como Ameyalli Magallón Vergara, quien enfatizó la necesidad de políticas públicas que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental, especialmente en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad.
