El dictamen que Morena pretende aprobar conocido como Ley Censura, una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representa uno de los retrocesos más alarmantes de las últimas décadas.
Bajo el argumento de “garantizar el acceso universal a internet”, esta reforma es, en realidad, un proyecto peligroso que concentra el poder absoluto en manos del Ejecutivo, desaparece al regulador autónomo y abre la puerta a la censura y el espionaje masivo de los ciudadanos.
El dictamen elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una nueva comisión subordinada directamente al gobierno federal. Este nuevo órgano carecerá de independencia, autonomía y patrimonio propio. En otras palabras, el árbitro dejará de existir y el gobierno podrá decidir todo: quién transmite, qué se transmite y qué se bloquea.
Además, Morena se arroga la facultad de operar como proveedor de servicios de internet y de imponer reglas que podrían derivar en la suspensión de transmisiones digitales sin controles judiciales claros. También se mantiene la obligación de conservar todo tu historial de llamadas, mensajes y ubicación en tiempo real, información a la que el gobierno podrá acceder sin orden de un juez.
Aunque el discurso oficial afirma que todo seguirá igual y que se requerirán autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones, la realidad es muy distinta. Con las recientes reformas en materia de seguridad, se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda ser espiada sin controles efectivos.
Así, el gobierno tendría en sus manos una poderosa herramienta de vigilancia: sabría dónde estás, con quién hablas y qué contenido consumes en internet. Es el sueño de un régimen autoritario: un Estado que vigila a todos y decide qué puedes decir y qué no.
La llamada Ley de Censura también elimina cualquier intento de contrapeso. No habrá consejo ciudadano para supervisar al nuevo regulador. Tampoco hay garantías de neutralidad de red ni mecanismos independientes para evitar el uso político de la publicidad oficial o el control de contenidos críticos.
Aunque la presión ciudadana y la oposición lograron frenar la versión más extrema de censura directa a redes sociales, el dictamen mantiene facultades graves que siguen poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el PAN hemos defendido siempre que el internet y los medios de comunicación deben ser libres, que ninguna autoridad puede decidir por ti qué puedes ver, compartir o pensar. Hoy, Morena quiere un México vigilado, un México silenciado, un México sometido al poder.
Por eso vamos a votar en contra de esta reforma. Porque un país que espía a su gente no es un país democrático. Porque un gobierno que controla la información no es un gobierno de libertades.
Hoy más que nunca, defender la privacidad, la libertad de expresión y el acceso libre a internet es una obligación. No permitiremos que conviertan la conectividad en un instrumento de persecución y censura.
El dictamen que Morena pretende aprobar conocido como Ley Censura, una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representa uno de los retrocesos más alarmantes de las últimas décadas.
Bajo el argumento de “garantizar el acceso universal a internet”, esta reforma es, en realidad, un proyecto peligroso que concentra el poder absoluto en manos del Ejecutivo, desaparece al regulador autónomo y abre la puerta a la censura y el espionaje masivo de los ciudadanos.
El dictamen elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una nueva comisión subordinada directamente al gobierno federal. Este nuevo órgano carecerá de independencia, autonomía y patrimonio propio. En otras palabras, el árbitro dejará de existir y el gobierno podrá decidir todo: quién transmite, qué se transmite y qué se bloquea.
Además, Morena se arroga la facultad de operar como proveedor de servicios de internet y de imponer reglas que podrían derivar en la suspensión de transmisiones digitales sin controles judiciales claros. También se mantiene la obligación de conservar todo tu historial de llamadas, mensajes y ubicación en tiempo real, información a la que el gobierno podrá acceder sin orden de un juez.
Aunque el discurso oficial afirma que todo seguirá igual y que se requerirán autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones, la realidad es muy distinta. Con las recientes reformas en materia de seguridad, se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda ser espiada sin controles efectivos.
Así, el gobierno tendría en sus manos una poderosa herramienta de vigilancia: sabría dónde estás, con quién hablas y qué contenido consumes en internet. Es el sueño de un régimen autoritario: un Estado que vigila a todos y decide qué puedes decir y qué no.
La llamada Ley de Censura también elimina cualquier intento de contrapeso. No habrá consejo ciudadano para supervisar al nuevo regulador. Tampoco hay garantías de neutralidad de red ni mecanismos independientes para evitar el uso político de la publicidad oficial o el control de contenidos críticos.
Aunque la presión ciudadana y la oposición lograron frenar la versión más extrema de censura directa a redes sociales, el dictamen mantiene facultades graves que siguen poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el PAN hemos defendido siempre que el internet y los medios de comunicación deben ser libres, que ninguna autoridad puede decidir por ti qué puedes ver, compartir o pensar. Hoy, Morena quiere un México vigilado, un México silenciado, un México sometido al poder.
Por eso vamos a votar en contra de esta reforma. Porque un país que espía a su gente no es un país democrático. Porque un gobierno que controla la información no es un gobierno de libertades.
Hoy más que nunca, defender la privacidad, la libertad de expresión y el acceso libre a internet es una obligación. No permitiremos que conviertan la conectividad en un instrumento de persecución y censura.
