La reciente insaculación de aspirantes al Poder Judicial en México ha encendido alarmas sobre el futuro de la justicia en el país. Lo que debería ser un proceso basado en el mérito, la transparencia y la independencia, se ha convertido en un espectáculo que pone en juego uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.

La idea de elegir jueces y magistrados mediante una tómbola puede parecer una curiosa apuesta por la "igualdad de oportunidades", pero en realidad esconde un mecanismo peligroso: el debilitamiento sistemático de la autonomía judicial. ¿Cómo podemos confiar en un sistema que reduce la selección de quienes impartirán justicia a un simple acto de azar?

Detrás de este proceso está la sombra del control político. Las críticas no son menores: señalamientos de favoritismo, falta de transparencia y la sospecha de que los perfiles elegidos responden más a intereses partidistas que a la búsqueda de la justicia. La insaculación no es más que una cortina de humo que disfraza la imposición de jueces a modo, alineados con el oficialismo.

El peligro no radica solo en el presente, sino en las consecuencias a largo plazo. Un Poder Judicial cooptado significa la erosión del Estado de derecho, la falta de garantías para los derechos ciudadanos y la imposibilidad de que existan contrapesos reales frente al poder político. En pocas palabras, significa que la justicia dejaría de ser un refugio para la ciudadanía y se transformaría en un brazo más del gobierno en turno.

La justicia no es un lujo ni un privilegio; es un derecho fundamental. Por eso, no se sortea, se defiende. Es responsabilidad de la sociedad civil, de los actores políticos y de cada uno de nosotros alzar la voz ante este atropello. La independencia judicial no es negociable. Si permitimos que la tómbola decida por nosotros, lo que está en juego no son solo cargos públicos, sino el futuro de la democracia mexicana.