México vive una de sus etapas más oscuras en materia de derechos humanos, marcada por la violencia imparable y las desapariciones forzadas. En medio de este drama nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno federal, emanado de MORENA, han optado por una estrategia de indiferencia, evasión y silencios cómplices.
Recientemente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU encendió una alarma que debería cimbrar al Estado mexicano: México es hoy el país con más acciones urgentes registradas por desapariciones forzadas en el mundo. No se trata de una estadística más, sino de una evidencia brutal de que miles de familias mexicanas están siendo ignoradas por un gobierno que se dice "del pueblo", pero que se niega a escuchar el clamor de quienes buscan a sus seres queridos.
Lejos de reconocer la magnitud del problema, el gobierno de MORENA ha emprendido una sistemática negación de la realidad. No olvidemos que fue en esta administración cuando se intentó desaparecer —de manera cobarde y burocrática— el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, minimizando las cifras como si los nombres de las víctimas pudieran borrarse con un simple ajuste administrativo.
Esta actitud no es solo irresponsable: es inhumana.
Mientras las madres buscadoras recorren desiertos, brechas y basureros con palas y picos, arriesgando su vida para encontrar restos humanos, el gobierno federal prefiere invertir tiempo en propaganda, giras presidenciales y distractores políticos. La presidenta Sheinbaum ha heredado no solo la retórica hueca de su antecesor, sino también su desdén por los derechos humanos, su desprecio por las víctimas y su afán de maquillar cifras.
Desde Acción Nacional hemos alzado la voz una y otra vez para exigir justicia, verdad y dignidad para las víctimas. No permitiremos que esta tragedia se normalice ni que el gobierno se lave las manos mientras miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos con la única ayuda de su esperanza y su dolor.
Es momento de que el Estado mexicano —y en particular su cabeza— reconozca su responsabilidad. Porque cuando un gobierno cierra los ojos ante la tragedia, se convierte en cómplice de ella.
México vive una de sus etapas más oscuras en materia de derechos humanos, marcada por la violencia imparable y las desapariciones forzadas. En medio de este drama nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno federal, emanado de MORENA, han optado por una estrategia de indiferencia, evasión y silencios cómplices.
Recientemente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU encendió una alarma que debería cimbrar al Estado mexicano: México es hoy el país con más acciones urgentes registradas por desapariciones forzadas en el mundo. No se trata de una estadística más, sino de una evidencia brutal de que miles de familias mexicanas están siendo ignoradas por un gobierno que se dice "del pueblo", pero que se niega a escuchar el clamor de quienes buscan a sus seres queridos.
Lejos de reconocer la magnitud del problema, el gobierno de MORENA ha emprendido una sistemática negación de la realidad. No olvidemos que fue en esta administración cuando se intentó desaparecer —de manera cobarde y burocrática— el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, minimizando las cifras como si los nombres de las víctimas pudieran borrarse con un simple ajuste administrativo.
Esta actitud no es solo irresponsable: es inhumana.
Mientras las madres buscadoras recorren desiertos, brechas y basureros con palas y picos, arriesgando su vida para encontrar restos humanos, el gobierno federal prefiere invertir tiempo en propaganda, giras presidenciales y distractores políticos. La presidenta Sheinbaum ha heredado no solo la retórica hueca de su antecesor, sino también su desdén por los derechos humanos, su desprecio por las víctimas y su afán de maquillar cifras.
Desde Acción Nacional hemos alzado la voz una y otra vez para exigir justicia, verdad y dignidad para las víctimas. No permitiremos que esta tragedia se normalice ni que el gobierno se lave las manos mientras miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos con la única ayuda de su esperanza y su dolor.
Es momento de que el Estado mexicano —y en particular su cabeza— reconozca su responsabilidad. Porque cuando un gobierno cierra los ojos ante la tragedia, se convierte en cómplice de ella.
