El pasado 1 de junio fuimos testigos de un episodio lamentable para la vida democrática del país. La Elección Judicial, promovida y celebrada con bombo y platillo por el gobierno federal, no fueron otra cosa que un rotundo fracaso. La participación ciudadana osciló apenas entre el 12.57% y el 13.32%, una cifra que no sólo evidencia el desinterés generalizado, sino el profundo rechazo social a este burdo intento de disfrazar un golpe autoritario con una máscara de participación popular.
Pero no sólo se trató de apatía: en numerosos casos se documentó que los votantes llegaron con el infame "acordeón" en mano, un papelito con los nombres que debían marcar. Eso no es libertad, eso no es democracia. Es manipulación. Es control.
Este proceso, mal llamado electoral, fue diseñado desde el poder para servir al poder. No buscaba construir una justicia más cercana al pueblo, sino someter al Poder Judicial a los caprichos del presidente y de su partido, MORENA. Y ahora, con los resultados sobre la mesa, queda claro que quienes resultaron “electos” no son jueces independientes, sino fichas obedientes, leales al régimen, y completamente subordinadas a un proyecto de gobierno autoritario, corrupto y destructivo.
Esta reforma judicial no representa una transformación positiva para México, representa la destrucción de uno de los tres Poderes de la Unión. El costo de esta farsa fue de miles de millones de pesos, recursos públicos tirados a la basura para montar una simulación que ni siquiera logró convencer a la ciudadanía. Se trató de una consulta maquillada, sin garantías, sin legitimidad, y con un solo objetivo: apropiarse del sistema de justicia.
¿Quién garantiza ahora la imparcialidad en los tribunales? ¿Quién podrá confiar en que las decisiones judiciales no estarán dictadas desde Palacio Nacional?
La justicia, en este país, ha sido vendida al mejor postor. Y lo más grave es que ese postor es el propio gobierno federal. Esta reforma llegó para quedarse, y con ella, un modelo de control autoritario que amenaza con perpetuarse. Si no alzamos la voz, si no actuamos como oposición firme y responsable, lo que hoy es un golpe al Poder Judicial, mañana será un golpe definitivo a la democracia misma.
Desde el Partido Acción Nacional seguiremos luchando para revertir este retroceso, para defender los equilibrios constitucionales y para que la justicia vuelva a ser un poder autónomo, independiente, y al servicio de los ciudadanos, no del presidente en turno.
El pasado 1 de junio fuimos testigos de un episodio lamentable para la vida democrática del país. La Elección Judicial, promovida y celebrada con bombo y platillo por el gobierno federal, no fueron otra cosa que un rotundo fracaso. La participación ciudadana osciló apenas entre el 12.57% y el 13.32%, una cifra que no sólo evidencia el desinterés generalizado, sino el profundo rechazo social a este burdo intento de disfrazar un golpe autoritario con una máscara de participación popular.
Pero no sólo se trató de apatía: en numerosos casos se documentó que los votantes llegaron con el infame "acordeón" en mano, un papelito con los nombres que debían marcar. Eso no es libertad, eso no es democracia. Es manipulación. Es control.
Este proceso, mal llamado electoral, fue diseñado desde el poder para servir al poder. No buscaba construir una justicia más cercana al pueblo, sino someter al Poder Judicial a los caprichos del presidente y de su partido, MORENA. Y ahora, con los resultados sobre la mesa, queda claro que quienes resultaron “electos” no son jueces independientes, sino fichas obedientes, leales al régimen, y completamente subordinadas a un proyecto de gobierno autoritario, corrupto y destructivo.
Esta reforma judicial no representa una transformación positiva para México, representa la destrucción de uno de los tres Poderes de la Unión. El costo de esta farsa fue de miles de millones de pesos, recursos públicos tirados a la basura para montar una simulación que ni siquiera logró convencer a la ciudadanía. Se trató de una consulta maquillada, sin garantías, sin legitimidad, y con un solo objetivo: apropiarse del sistema de justicia.
¿Quién garantiza ahora la imparcialidad en los tribunales? ¿Quién podrá confiar en que las decisiones judiciales no estarán dictadas desde Palacio Nacional?
La justicia, en este país, ha sido vendida al mejor postor. Y lo más grave es que ese postor es el propio gobierno federal. Esta reforma llegó para quedarse, y con ella, un modelo de control autoritario que amenaza con perpetuarse. Si no alzamos la voz, si no actuamos como oposición firme y responsable, lo que hoy es un golpe al Poder Judicial, mañana será un golpe definitivo a la democracia misma.
Desde el Partido Acción Nacional seguiremos luchando para revertir este retroceso, para defender los equilibrios constitucionales y para que la justicia vuelva a ser un poder autónomo, independiente, y al servicio de los ciudadanos, no del presidente en turno.
