La Cámara de Diputados validó con 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones el dictamen que modifica la naturaleza jurídica de las "empresas productivas del Estado" para convertirlas en "empresas públicas del Estado". Esta reforma redefine el rol de estas entidades, priorizando su responsabilidad social y el acceso a servicios esenciales como la electricidad.
El dictamen aclara que los particulares podrán participar en actividades de la industria eléctrica, pero su intervención no tendrá prevalencia sobre la empresa pública del Estado. La prioridad será garantizar la accesibilidad, continuidad y precios asequibles del servicio eléctrico, evitando el lucro.
Además, la reforma reafirma que funciones como el manejo del litio y el servicio de Internet proporcionado por el Estado no constituirán monopolios, ya que son consideradas áreas estratégicas exclusivas del Estado. Estas áreas buscan preservar la seguridad y soberanía nacional, asegurando que el pueblo tenga acceso a servicios esenciales.
La nueva normativa establece que el control y la planeación del sistema eléctrico nacional deben garantizar la autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible, protegiendo la seguridad energética de la nación. El objetivo es que la empresa pública del Estado mantenga un papel central en todo el proceso, desde la generación hasta la distribución de electricidad.
Por último, el Estado será el encargado de liderar la transición energética, aprovechando todas las fuentes de energía disponibles de manera sustentable. Se implementarán políticas científicas, tecnológicas e industriales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el impacto ambiental.
Este paso representa una reafirmación del papel central del Estado en la provisión de servicios estratégicos, garantizando que los recursos y servicios energéticos estén orientados al bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente.
