La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este martes una audiencia para discutir la polémica reforma judicial de México, que plantea la elección popular de jueces. Esta reforma, impulsada sin un diagnóstico exhaustivo, ha sido objeto de críticas por parte de diversos organismos y expertos internacionales.
Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistió como público al evento, mientras que representantes del Estado mexicano y defensores de derechos humanos intercambiaron puntos de vista en un diálogo que subrayó las preocupaciones de independencia judicial y acceso a la justicia.
Andrea Pochak, relatora de la CIDH, destacó los múltiples desafíos del sistema de justicia mexicano, como la impunidad, la cooptación por el crimen organizado, y el riesgo de que la elección de jueces por voto popular incremente la deslegitimación del Poder Judicial. Señaló que "hay riesgos de mayor pérdida de confianza, poca participación ciudadana en las elecciones y tensiones políticas partidarias". Según Pochak, el sistema de elección popular podría, lejos de fortalecer el sistema, incrementar las divisiones y poner en peligro la independencia de los jueces.
Carlos Bernal Pulido, relator de la CIDH y defensor de la independencia judicial, añadió que la propuesta llega en un momento político oportuno para el partido gobernante. "Esto es ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo", dijo, cuestionando la intención detrás de la reforma y advirtiendo sobre los peligros de un "constitucionalismo abusivo", como él lo definió, cuando un gobierno intenta eliminar los contrapesos al Ejecutivo.
Antes de finalizar la audiencia, la relatora Pochak adelantó que la CIDH mantendrá un seguimiento cercano sobre la implementación de la reforma judicial en México y las leyes secundarias que se aprueben. "Nuestras herramientas son escuchar, recibir información, manifestar nuestra preocupación —como lo hemos hecho oportunamente—, y facilitar el diálogo", afirmó.
La propuesta de elección popular de jueces en México ha generado una discusión intensa a nivel internacional sobre los efectos de esta reforma en la independencia judicial y la integridad del sistema de justicia. Con el compromiso de la CIDH de intervenir una vez que se agoten los recursos locales, la evolución de esta reforma será observada de cerca, no solo por organismos internacionales, sino también por la sociedad mexicana, que depende de un sistema de justicia fuerte, imparcial y verdaderamente independiente.
