El reciente cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano no se debe, como afirma el gobierno, a una emergencia sanitaria por el gusano barrenador. Desde Acción Nacional sabemos que se trata del resultado de un sistema de complicidades y omisiones deliberadas por parte de las autoridades mexicanas que han tolerado por años el contrabando de ganado desde Centroamérica.
Cada año, ingresan más de 800 mil cabezas de ganado sin registro ni trazabilidad sanitaria, mientras que solo 20 mil están debidamente documentadas por las autoridades mexicanas. Esta enorme disparidad evidencia una crisis de legalidad y control sanitario que afecta gravemente al sector ganadero formal.
Ahora sabemos que el gusano barrenador no regresó solo al país, sino que entró por las rutas que el gobierno ha ignorado sistemáticamente, como los puntos de ingreso de ganado ilegal por Chiapas y Quintana Roo. Esta falta de vigilancia ha abierto la puerta a una amenaza zoosanitaria que ahora afecta las exportaciones y la reputación del sector ganadero mexicano.
Desde el PAN tanto en el Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados hemos exigido al gobierno federal que revele qué empresas están comprando el ganado ilegal, quiénes son sus intermediarios y cuál es el destino final de ese producto en el mercado nacional. Hemo advertido que no se trata de pequeños ganaderos, sino de redes con alta capacidad logística, financiera y política, lo que apunta a un esquema de corrupción estructural.
Personalmente, mediante un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, he solicitado al gobierno mexicano un cierre temporal de la frontera sur al ganado sin documentación, así como un operativo sanitario riguroso y medidas de protección para los productores legales que cumplen con las normas.
Desde Acción Nacional, hacemos un llamado a tomar este problema con la seriedad que merece. No se puede seguir tolerando la impunidad ni exponiendo la economía y sanidad del país por proteger intereses ocultos.
El reciente cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano no se debe, como afirma el gobierno, a una emergencia sanitaria por el gusano barrenador. Desde Acción Nacional sabemos que se trata del resultado de un sistema de complicidades y omisiones deliberadas por parte de las autoridades mexicanas que han tolerado por años el contrabando de ganado desde Centroamérica.
Cada año, ingresan más de 800 mil cabezas de ganado sin registro ni trazabilidad sanitaria, mientras que solo 20 mil están debidamente documentadas por las autoridades mexicanas. Esta enorme disparidad evidencia una crisis de legalidad y control sanitario que afecta gravemente al sector ganadero formal.
Ahora sabemos que el gusano barrenador no regresó solo al país, sino que entró por las rutas que el gobierno ha ignorado sistemáticamente, como los puntos de ingreso de ganado ilegal por Chiapas y Quintana Roo. Esta falta de vigilancia ha abierto la puerta a una amenaza zoosanitaria que ahora afecta las exportaciones y la reputación del sector ganadero mexicano.
Desde el PAN tanto en el Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados hemos exigido al gobierno federal que revele qué empresas están comprando el ganado ilegal, quiénes son sus intermediarios y cuál es el destino final de ese producto en el mercado nacional. Hemo advertido que no se trata de pequeños ganaderos, sino de redes con alta capacidad logística, financiera y política, lo que apunta a un esquema de corrupción estructural.
Personalmente, mediante un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, he solicitado al gobierno mexicano un cierre temporal de la frontera sur al ganado sin documentación, así como un operativo sanitario riguroso y medidas de protección para los productores legales que cumplen con las normas.
Desde Acción Nacional, hacemos un llamado a tomar este problema con la seriedad que merece. No se puede seguir tolerando la impunidad ni exponiendo la economía y sanidad del país por proteger intereses ocultos.
