La reciente Reforma Judicial impulsada por Morena ha generado una serie de preocupaciones y efectos inmediatos que ya están impactando el panorama nacional. Estas son las tres principales consecuencias que están afectando a México:
La Reforma Judicial ha generado una nueva fuente de incertidumbre para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la elección de jueces por voto popular —una característica única en México— está afectando las decisiones de inversión privada. Esto ha sido señalado como un riesgo que impacta negativamente la confianza empresarial y, por ende, el crecimiento económico del país.
El FMI ha reducido sus expectativas de crecimiento para México a un 1.5% en 2024, señalando que la falta de claridad en la implementación de la reforma y la vulnerabilidad del sistema judicial podrían empeorar este escenario. La incertidumbre en el marco legal y la falta de profesionalismo en el Poder Judicial son preocupaciones centrales para los inversionistas, que ven con recelo la capacidad de México de garantizar un ambiente propicio para el desarrollo económico.
Empresarios e instituciones han mostrado su preocupación sobre la implementación de la reforma, destacando que esta deja al sistema judicial mexicano en una situación de vulnerabilidad. La Cámara de Comercio de Ciudad de México (CANACO) y la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM) han organizado mesas de diálogo para tratar de influir en las leyes secundarias y garantizar que los jueces y magistrados seleccionados sean personas con experiencia y probidad.
La falta de jueces capacitados y la reducción del presupuesto destinado a la justicia agravan la situación, y se teme que la designación de jueces sin la suficiente preparación afecte gravemente la calidad del sistema judicial. En un país donde el promedio de jueces por habitante ya está muy por debajo del estándar internacional, la situación solo se verá exacerbada por una reforma que no parece ofrecer soluciones adecuadas para mejorar la eficiencia y calidad del sistema judicial.
La Reforma Judicial no ha sido bien recibida en el ámbito legal y político, tanto que ya se han anunciado modificaciones a 10 leyes secundarias antes de que finalice el periodo legislativo de 2024. Entre las leyes que deberán modificarse están la Ley de Amparo, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La falta de claridad en la estructura inicial de la reforma ha provocado que se necesiten cambios adicionales para garantizar su funcionamiento adecuado, lo que aumenta la percepción de que fue una reforma improvisada. Estas modificaciones continúan generando desconfianza tanto en el ámbito político como en la comunidad jurídica, y ponen en duda la capacidad del gobierno para manejar una reforma de tal magnitud.
