La crisis humanitaria que enfrenta México ha alcanzado niveles alarmantes. Recientes hallazgos de fosas clandestinas, como el denominado “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco, y los sitios de inhumación en Reynosa, Tamaulipas, evidencian la gravedad de la situación. Como legislador comprometido con la verdad y la justicia, desde el Partido Acción Nacional hemos presentado una propuesta ante la Junta de Coordinación Política para la creación de una Comisión Especial para la Búsqueda de la Verdad y Personas Desaparecidas.
Esta comisión tendrá como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional para la búsqueda, identificación y justicia en favor de las víctimas y sus familias. Trabajaremos de la mano con la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías, gobiernos locales y colectivos de familiares para garantizar una respuesta efectiva ante la crisis de desapariciones.
Según el Informe Nacional 2024 de la Red Lupa, la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada sigue presentando graves deficiencias. Existen estados donde no se han constituido comisiones locales de búsqueda, mientras que en otros la falta de presupuesto impide el funcionamiento efectivo de estas instancias. Esto confirma la necesidad de una coordinación más robusta y con mayores recursos.
Desde Acción Nacional rechazamos la indiferencia del Gobierno Federal. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha destinado los recursos ni activado los mecanismos necesarios para enfrentar esta crisis. Minimizar la gravedad del problema no es una respuesta aceptable.
Además, preocupa que la Comisión Nacional de Búsqueda haya dejado sin ejercer más de 370 millones de pesos en 2023 y haya reducido su presupuesto en 2024. Esta falta de voluntad política representa un abandono a miles de familias que claman justicia. Según el Informe Nacional 2024, los recortes y la falta de ejecución de los fondos han provocado que en varias entidades los procesos de identificación y exhumación se encuentren detenidos o sean demasiado lentos.
No podemos permanecer indiferentes. Desde la Cámara de Diputados seguiremos exigiendo transparencia, acción inmediata y justicia para las víctimas. La verdad no puede seguir oculta, y las familias de los desaparecidos merecen respuestas.
La crisis humanitaria que enfrenta México ha alcanzado niveles alarmantes. Recientes hallazgos de fosas clandestinas, como el denominado “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco, y los sitios de inhumación en Reynosa, Tamaulipas, evidencian la gravedad de la situación. Como legislador comprometido con la verdad y la justicia, desde el Partido Acción Nacional hemos presentado una propuesta ante la Junta de Coordinación Política para la creación de una Comisión Especial para la Búsqueda de la Verdad y Personas Desaparecidas.
Esta comisión tendrá como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional para la búsqueda, identificación y justicia en favor de las víctimas y sus familias. Trabajaremos de la mano con la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías, gobiernos locales y colectivos de familiares para garantizar una respuesta efectiva ante la crisis de desapariciones.
Según el Informe Nacional 2024 de la Red Lupa, la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada sigue presentando graves deficiencias. Existen estados donde no se han constituido comisiones locales de búsqueda, mientras que en otros la falta de presupuesto impide el funcionamiento efectivo de estas instancias. Esto confirma la necesidad de una coordinación más robusta y con mayores recursos.
Desde Acción Nacional rechazamos la indiferencia del Gobierno Federal. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha destinado los recursos ni activado los mecanismos necesarios para enfrentar esta crisis. Minimizar la gravedad del problema no es una respuesta aceptable.
Además, preocupa que la Comisión Nacional de Búsqueda haya dejado sin ejercer más de 370 millones de pesos en 2023 y haya reducido su presupuesto en 2024. Esta falta de voluntad política representa un abandono a miles de familias que claman justicia. Según el Informe Nacional 2024, los recortes y la falta de ejecución de los fondos han provocado que en varias entidades los procesos de identificación y exhumación se encuentren detenidos o sean demasiado lentos.
No podemos permanecer indiferentes. Desde la Cámara de Diputados seguiremos exigiendo transparencia, acción inmediata y justicia para las víctimas. La verdad no puede seguir oculta, y las familias de los desaparecidos merecen respuestas.
