El 17 de octubre, la jueza de distrito Nancy Salas emitió una orden judicial que solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación, retirar la publicación de la reforma judicial. Esta reforma ha sido altamente controvertida, ya que aún está sujeta a discusión por las alegaciones de anticonstitucionalidad planteadas por la Suprema Corte de Justicia. A pesar de ello, el gobierno ha procedido con su publicación, ignorando las disposiciones judiciales.
Aquí te decimos las razones principales por las que la presidenta debe acatar esta orden judicial o, de lo contrario, estaría promoviendo una crisis constitucional debido al autoritarismo y las contradicciones que las acciones del nuevo gobierno están provocando dentro de las máximas leyes en México.
Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia es la separación de poderes. Al ignorar una orden judicial, el Poder Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, estaría interviniendo en las decisiones del Poder Judicial. Esta interferencia directa con la autoridad de la Suprema Corte no solo vulnera las leyes establecidas, sino que sienta un peligroso precedente que debilita las instituciones y el sistema de contrapesos en México.
El desacato judicial es una falta grave en cualquier sistema de justicia. Al incumplir la orden emitida por la jueza Nancy Salas, Claudia Sheinbaum podría estar incurriendo en un delito de carácter constitucional. Este desacato no solo socava la legitimidad de su gobierno, sino que podría dar lugar a sanciones legales y poner en duda su compromiso con el Estado de derecho.
Además, al implicar al Diario Oficial de la Federación en la violación de esta orden, también se arrastra a la Secretaría de Gobernación a una potencial responsabilidad legal.
El incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Ejecutivo puede derivar en una crisis constitucional. Esta situación es especialmente grave si consideramos que la reforma judicial en cuestión ya enfrenta señalamientos de inconstitucionalidad. Al seguir adelante con su promulgación, Claudia Sheinbaum está desafiando abiertamente a la Suprema Corte, lo que podría escalar a un enfrentamiento directo entre poderes. Este choque pondría en riesgo la estabilidad institucional de México y podría tener repercusiones en la credibilidad del gobierno a nivel internacional.
Este acto de desacato también refleja una creciente tendencia autoritaria en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Al no respetar las decisiones del Poder Judicial, su administración está demostrando una falta de voluntad para mantener el equilibrio de poderes. El autoritarismo implica concentrar más poder en el Ejecutivo y restarle importancia a las voces disidentes, lo que erosiona la democracia. Si esta tendencia continúa, México podría estar entrando en una etapa de regresión democrática.
El hecho de que una presidenta de la República desacate una orden judicial sienta un precedente peligroso para futuras administraciones. Esto podría abrir la puerta para que futuros gobiernos sigan este ejemplo y también desafíen la autoridad de la Suprema Corte, socavando gradualmente el estado de derecho. La confianza pública en las instituciones democráticas está en juego, y un golpe a la independencia judicial podría ser el comienzo de una erosión más amplia de los derechos y libertades constitucionales.
El desacato de Claudia Sheinbaum a la orden judicial emitida por la jueza Nancy Salas es un asunto de gran gravedad que puede desencadenar una crisis constitucional sin precedentes en México. La independencia del Poder Judicial es fundamental para el equilibrio de poderes, y al ignorar esta orden, el gobierno actual está debilitando las bases mismas de la democracia mexicana. Si no se rectifica esta situación, las implicaciones para el Estado de derecho y la estabilidad política podrían ser profundas y duraderas.
