El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante la celebración del Día de Muertos, es mucho más que una tragedia local: es el reflejo brutal de un país que se desangra ante la indiferencia de un gobierno federal que decidió recortar la inversión en seguridad justo cuando México más la necesita.
Su asesinato —en plena plaza pública y frente a cientos de ciudadanos— no solo deja en evidencia el poder impune del crimen organizado, sino la ineficacia total del modelo de seguridad del actual gobierno federal, que sigue apostando por discursos vacíos y abrazos que, lejos de pacificar, se han convertido en licencias para matar.
En su primer Paquete Económico, Claudia Sheinbaum decidió reducir los recursos destinados a la seguridad pública en más de un 40% para 2025. En términos reales, los presupuestos para la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina se desploman en 43.8%, 36.2% y 12.1%, respectivamente.
Es decir, el gasto en seguridad pasará de representar 0.7% del PIB a apenas 0.5%, el nivel más bajo desde 2012. Todo esto mientras los homicidios, las extorsiones y los secuestros van en aumento en al menos 15 entidades del país, incluyendo la propia Ciudad de México.
Los recortes llegan en el peor momento posible. La violencia repunta, los cárteles se disputan territorios y los gobiernos municipales —como el de Uruapan— enfrentan la delincuencia sin recursos, sin respaldo y sin Estado.
Además, recientemente se aprobó el Paquete Económico 2026, que vuelve a castigar la seguridad pública con nuevos recortes. En este documento, se reduce considerablemente el presupuesto dirigido a seguridad, especialmente el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al cual se le descuentan más de 10 mil millones de pesos.
El caso de Uruapan no es aislado. Es el reflejo de una tendencia nacional en la que los alcaldes, policías municipales y autoridades locales se han convertido en carne de cañón ante la expansión del crimen organizado.
De acuerdo con México Evalúa, los subsidios federales en seguridad para estados y municipios en 2026 serán los más bajos en más de una década, con apenas 2.1 mil millones de pesos, lo que representa una caída del 88% respecto a 2014.
Esto significa que los gobiernos locales tendrán menos recursos para profesionalizar a sus policías, invertir en prevención del delito o fortalecer su capacidad de reacción. En otras palabras: los municipios están solos.
Mientras el gobierno de MORENA recorta 10 mil millones en seguridad y el país está en llamas, incrementa el gasto en programas sociales con tintes claramente electorales. La Beca Universal Rita Cetina aumentará 40.5%, el Programa de Vivienda Social 27.1% y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, 15%.
En lugar de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la vida, la paz y el orden, la prioridad parece ser mantener aceitada la maquinaria electoral de la autollamada Cuarta Transformación.
El resultado es un país más inseguro, más violento y más endeudado. Con un presupuesto que destina más a construir clientelas políticas que a salvar vidas.
El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez debe ser un punto de inflexión. No solo por la tragedia personal o política que representa, sino porque evidencia la completa ausencia de una estrategia nacional de seguridad.
En lugar de fortalecer a las policías locales, la federación las asfixia presupuestalmente. En lugar de coordinar esfuerzos, centraliza el control y diluye responsabilidades. En lugar de gobernar con firmeza, opta por el cálculo político.
México no puede seguir normalizando el asesinato de sus alcaldes, de sus líderes sociales y de sus ciudadanos. La inseguridad no se combate con discursos ni con abrazos, se combate con Estado, con estrategia y con inversión.
Si este gobierno insiste en ignorar esa verdad, los Carlos Manzo seguirán cayendo, uno tras otro, mientras el país se acostumbra al horror.
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante la celebración del Día de Muertos, es mucho más que una tragedia local: es el reflejo brutal de un país que se desangra ante la indiferencia de un gobierno federal que decidió recortar la inversión en seguridad justo cuando México más la necesita.
Su asesinato —en plena plaza pública y frente a cientos de ciudadanos— no solo deja en evidencia el poder impune del crimen organizado, sino la ineficacia total del modelo de seguridad del actual gobierno federal, que sigue apostando por discursos vacíos y abrazos que, lejos de pacificar, se han convertido en licencias para matar.
En su primer Paquete Económico, Claudia Sheinbaum decidió reducir los recursos destinados a la seguridad pública en más de un 40% para 2025. En términos reales, los presupuestos para la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina se desploman en 43.8%, 36.2% y 12.1%, respectivamente.
Es decir, el gasto en seguridad pasará de representar 0.7% del PIB a apenas 0.5%, el nivel más bajo desde 2012. Todo esto mientras los homicidios, las extorsiones y los secuestros van en aumento en al menos 15 entidades del país, incluyendo la propia Ciudad de México.
Los recortes llegan en el peor momento posible. La violencia repunta, los cárteles se disputan territorios y los gobiernos municipales —como el de Uruapan— enfrentan la delincuencia sin recursos, sin respaldo y sin Estado.
Además, recientemente se aprobó el Paquete Económico 2026, que vuelve a castigar la seguridad pública con nuevos recortes. En este documento, se reduce considerablemente el presupuesto dirigido a seguridad, especialmente el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al cual se le descuentan más de 10 mil millones de pesos.
El caso de Uruapan no es aislado. Es el reflejo de una tendencia nacional en la que los alcaldes, policías municipales y autoridades locales se han convertido en carne de cañón ante la expansión del crimen organizado.
De acuerdo con México Evalúa, los subsidios federales en seguridad para estados y municipios en 2026 serán los más bajos en más de una década, con apenas 2.1 mil millones de pesos, lo que representa una caída del 88% respecto a 2014.
Esto significa que los gobiernos locales tendrán menos recursos para profesionalizar a sus policías, invertir en prevención del delito o fortalecer su capacidad de reacción. En otras palabras: los municipios están solos.
Mientras el gobierno de MORENA recorta 10 mil millones en seguridad y el país está en llamas, incrementa el gasto en programas sociales con tintes claramente electorales. La Beca Universal Rita Cetina aumentará 40.5%, el Programa de Vivienda Social 27.1% y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, 15%.
En lugar de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la vida, la paz y el orden, la prioridad parece ser mantener aceitada la maquinaria electoral de la autollamada Cuarta Transformación.
El resultado es un país más inseguro, más violento y más endeudado. Con un presupuesto que destina más a construir clientelas políticas que a salvar vidas.
El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez debe ser un punto de inflexión. No solo por la tragedia personal o política que representa, sino porque evidencia la completa ausencia de una estrategia nacional de seguridad.
En lugar de fortalecer a las policías locales, la federación las asfixia presupuestalmente. En lugar de coordinar esfuerzos, centraliza el control y diluye responsabilidades. En lugar de gobernar con firmeza, opta por el cálculo político.
México no puede seguir normalizando el asesinato de sus alcaldes, de sus líderes sociales y de sus ciudadanos. La inseguridad no se combate con discursos ni con abrazos, se combate con Estado, con estrategia y con inversión.
Si este gobierno insiste en ignorar esa verdad, los Carlos Manzo seguirán cayendo, uno tras otro, mientras el país se acostumbra al horror.
