En 2026, México no enfrenta una simple discusión técnica sobre reglas electorales. Lo que está en juego es algo mucho más profundo y peligroso: la permanencia de nuestra democracia frente a un proyecto de poder que busca concentrar el control político, debilitar los contrapesos y manipular las elecciones desde el gobierno. Por eso, desde la oposición, esta iniciativa ya tiene nombre: la Ley Maduro.
No es una exageración ni un recurso retórico. Es una advertencia basada en hechos, antecedentes históricos y en la experiencia de países que, paso a paso, perdieron su democracia sin darse cuenta. Así empezó en Venezuela.
Como lo ha señalado con claridad Jorge Romero, presidente nacional del PAN, la dictadura venezolana no se instauró de golpe. No hubo un solo decreto que cancelara elecciones o eliminara la democracia de un día para otro. Hugo Chávez y, posteriormente, Nicolás Maduro, fueron desangrando el sistema poco a poco, mediante reformas legales que parecían administrativas, técnicas o incluso “austeras”.
Primero reescribieron las reglas. Después capturaron al árbitro electoral. Finalmente, fabricaron mayorías que nunca les otorgó el pueblo. Ese mismo libreto es el que hoy pretende aplicar MORENA en México. El verdadero objetivo: controlar al árbitro electoral. La reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar de fondo su funcionamiento. El discurso oficial habla de ahorro y eficiencia, pero la realidad es otra: un árbitro debilitado es un árbitro controlable.
Un INE sin recursos, sin autonomía y bajo presión política no puede garantizar elecciones libres ni equitativas. La intención es clara: quitarle independencia al organismo que ha permitido la alternancia política en México y ponerlo al servicio del partido en el poder. Cuando el gobierno organiza las elecciones y, al mismo tiempo, compite en ellas, el resultado es obvio: el voto deja de ser libre.
Otro de los ejes centrales de la llamada Ley Maduro es la eliminación de los legisladores plurinominales, una figura creada precisamente para garantizar la representación de las minorías y evitar abusos de las mayorías. MORENA ya demostró en 2024 de qué es capaz: con apenas el 55% de los votos, se quedó de manera ilegal con más del 75% del Congreso. Eso no es representación democrática, es sobrerrepresentación fraudulenta.
Eliminar la pluralidad legislativa no fortalece la democracia, la cancela. Significa un Congreso sometido, sin voces críticas y sin capacidad real de control frente al Ejecutivo. Austeridad selectiva y financiamiento opaco. El argumento del ahorro público vuelve a aparecer cuando se habla de reducir el financiamiento a autoridades electorales y partidos políticos. Sin embargo, la pregunta es inevitable:
¿de verdad se busca ahorrar o simplemente asfixiar a la oposición?
Mientras se pretende recortar recursos a quienes organizan y vigilan las elecciones, nadie explica con claridad cómo se financia el partido en el poder, ni de dónde salen los recursos para sus campañas permanentes y su maquinaria territorial. La austeridad, cuando es selectiva, deja de ser virtud y se convierte en arma política.
La discusión de esta reforma va mucho más allá de cambios legales. Se trata de decidir si México seguirá siendo una democracia o si avanzará, sin retorno, hacia un régimen autoritario. Eso es lo que hoy MORENA se niega a debatir de frente. Por eso minimiza, descalifica y presume que no necesita a nadie más para aprobar sus reformas. Esa soberbia es, precisamente, una de las señales más claras de alerta.
Desde Acción Nacional, la postura es firme: no permitiremos que México repita la historia de Venezuela. Defender al INE, la pluralidad y la legalidad electoral es defender el derecho de las y los mexicanos a decidir libremente su futuro.
La Ley Maduro no es una reforma electoral. Es el intento más peligroso de concentración de poder que ha enfrentado México en décadas. Y debe ser detenida.
En 2026, México no enfrenta una simple discusión técnica sobre reglas electorales. Lo que está en juego es algo mucho más profundo y peligroso: la permanencia de nuestra democracia frente a un proyecto de poder que busca concentrar el control político, debilitar los contrapesos y manipular las elecciones desde el gobierno. Por eso, desde la oposición, esta iniciativa ya tiene nombre: la Ley Maduro.
No es una exageración ni un recurso retórico. Es una advertencia basada en hechos, antecedentes históricos y en la experiencia de países que, paso a paso, perdieron su democracia sin darse cuenta. Así empezó en Venezuela.
Como lo ha señalado con claridad Jorge Romero, presidente nacional del PAN, la dictadura venezolana no se instauró de golpe. No hubo un solo decreto que cancelara elecciones o eliminara la democracia de un día para otro. Hugo Chávez y, posteriormente, Nicolás Maduro, fueron desangrando el sistema poco a poco, mediante reformas legales que parecían administrativas, técnicas o incluso “austeras”.
Primero reescribieron las reglas. Después capturaron al árbitro electoral. Finalmente, fabricaron mayorías que nunca les otorgó el pueblo. Ese mismo libreto es el que hoy pretende aplicar MORENA en México. El verdadero objetivo: controlar al árbitro electoral. La reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar de fondo su funcionamiento. El discurso oficial habla de ahorro y eficiencia, pero la realidad es otra: un árbitro debilitado es un árbitro controlable.
Un INE sin recursos, sin autonomía y bajo presión política no puede garantizar elecciones libres ni equitativas. La intención es clara: quitarle independencia al organismo que ha permitido la alternancia política en México y ponerlo al servicio del partido en el poder. Cuando el gobierno organiza las elecciones y, al mismo tiempo, compite en ellas, el resultado es obvio: el voto deja de ser libre.
Otro de los ejes centrales de la llamada Ley Maduro es la eliminación de los legisladores plurinominales, una figura creada precisamente para garantizar la representación de las minorías y evitar abusos de las mayorías. MORENA ya demostró en 2024 de qué es capaz: con apenas el 55% de los votos, se quedó de manera ilegal con más del 75% del Congreso. Eso no es representación democrática, es sobrerrepresentación fraudulenta.
Eliminar la pluralidad legislativa no fortalece la democracia, la cancela. Significa un Congreso sometido, sin voces críticas y sin capacidad real de control frente al Ejecutivo. Austeridad selectiva y financiamiento opaco. El argumento del ahorro público vuelve a aparecer cuando se habla de reducir el financiamiento a autoridades electorales y partidos políticos. Sin embargo, la pregunta es inevitable:
¿de verdad se busca ahorrar o simplemente asfixiar a la oposición?
Mientras se pretende recortar recursos a quienes organizan y vigilan las elecciones, nadie explica con claridad cómo se financia el partido en el poder, ni de dónde salen los recursos para sus campañas permanentes y su maquinaria territorial. La austeridad, cuando es selectiva, deja de ser virtud y se convierte en arma política.
La discusión de esta reforma va mucho más allá de cambios legales. Se trata de decidir si México seguirá siendo una democracia o si avanzará, sin retorno, hacia un régimen autoritario. Eso es lo que hoy MORENA se niega a debatir de frente. Por eso minimiza, descalifica y presume que no necesita a nadie más para aprobar sus reformas. Esa soberbia es, precisamente, una de las señales más claras de alerta.
Desde Acción Nacional, la postura es firme: no permitiremos que México repita la historia de Venezuela. Defender al INE, la pluralidad y la legalidad electoral es defender el derecho de las y los mexicanos a decidir libremente su futuro.
La Ley Maduro no es una reforma electoral. Es el intento más peligroso de concentración de poder que ha enfrentado México en décadas. Y debe ser detenida.
