En el Partido Acción Nacional lo advertimos desde el primer día: entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas no solo es un error técnico, es un retroceso democrático. Hoy, con la aprobación del nuevo paquete de reformas a la Guardia Nacional en la Comisión de Justicia, el gobierno federal ha consumado uno de los mayores atentados contra la vida civil del país. Han legalizado lo que ya venían operando en los hechos: la militarización total de la seguridad pública.

No nos confundamos. Esta no es una estrategia de seguridad. Es una estrategia de control. Morena y sus aliados han decidido borrar los contrapesos civiles para entregarle todo el poder a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bajo el falso argumento de que “las policías locales están corrompidas”, ahora justifican que la Guardia Nacional dependa por completo del Ejército, que sea parte de sus estructuras, de su fuero, de su jerarquía, de su lógica.

No basta con afirmar que se mantendrá el “mando civil” desde la presidencia, cuando en realidad se está vaciando de atribuciones a la Secretaría de Seguridad y trasladando todo a la Defensa.

Los datos son claros: esta reforma le da a la Sedena facultades de inteligencia, capacidad para operar encubiertamente, posibilidad de espiar conversaciones, revisar comunicaciones privadas y realizar detenciones con identidad simulada. Esto no es prevención. Esto es vigilancia. Esto es autoritarismo.

¿A quién se le ocurre que es buena idea permitir que un cuerpo armado con formación militar vigile nuestras conversaciones y se infiltre entre los ciudadanos como si fuéramos todos sospechosos? Lo que están construyendo no es un México más seguro, sino un México más sometido.

Desde el PAN, rechazamos esta reforma porque traiciona el espíritu civilista de nuestra Constitución. Porque es incompatible con una república democrática. Y porque su justificación es profundamente cínica: dicen que las policías municipales y estatales están corrompidas, pero no han invertido ni un peso serio para profesionalizarlas, evaluarlas o fortalecerlas.

Aquí está el verdadero problema: la incapacidad del gobierno para construir instituciones. En lugar de gobernar, centralizan. En lugar de corregir, imponen. En lugar de profesionalizar, militarizan.

Este es un ataque directo contra la libertad en México. Están buscando tomar el control del país, no para garantizar seguridad, sino para vigilar, silenciar y perseguir bajo la excusa del orden.

Desde Acción Nacional proponemos una ruta distinta. Si realmente se busca mejorar la seguridad, el camino es claro: hay que invertir en las policías locales, mejorar las fiscalías. En el México que queremos, los ciudadanos vuelven a confiar en sus instituciones de la seguridad.

No es tarde para corregir. Lo que está en juego no es una reforma más. Es la naturaleza misma del Estado mexicano. Y desde esta trinchera, seguiremos defendiendo con firmeza que la seguridad sí puede ser eficaz, sin sacrificar nuestras libertades.