México vive una crisis de seguridad que no da tregua. La delincuencia organizada sigue creciendo, la violencia no cede y el gobierno federal ha fracasado en su estrategia para recuperar la paz. Hoy en la Cámara de Diputados discutimos la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una iniciativa que promete mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, fortalecer las policías y hacer más eficiente el manejo de información en seguridad.
En Acción Nacional estamos convencidos de que México necesita una estrategia más efectiva contra la inseguridad, pero también sabemos que no podemos permitir que la lucha contra el crimen se convierta en una excusa para el abuso de poder, el espionaje masivo o la concentración de facultades en el gobierno federal.
Uno de los puntos más preocupantes de esta iniciativa es que reduce la autonomía de estados y municipios en la toma de decisiones sobre seguridad. Desde el PAN hemos insistido en que la seguridad pública no puede depender únicamente del gobierno federal. Los estados y municipios son quienes enfrentan la crisis de inseguridad de primera mano, y no podemos quitarles herramientas para actuar.
Por eso, proponemos que todas las decisiones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pasen por la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. No podemos permitir que se tomen decisiones de manera discrecional, sin consulta ni supervisión.
Otro punto alarmante es la intención de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo que implicaría que el gobierno tenga acceso a los datos personales de millones de mexicanos. Esta propuesta ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por violar derechos humanos.
Desde Acción Nacional hemos propuesto una alternativa: que sean las empresas telefónicas y no el gobierno quienes resguarden los datos, garantizando la confidencialidad y un acceso controlado. No podemos permitir que Morena insista en un modelo que ya fracasó y que abre la puerta al abuso y la vigilancia masiva de ciudadanos inocentes.
Si realmente queremos fortalecer la seguridad, debemos garantizar que los recursos destinados a este rubro se manejen con total transparencia. Morena ha demostrado que el manejo discrecional de fondos solo genera corrupción e impunidad.
Por ello, respaldamos la propuesta de que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades para fiscalizar los fondos de seguridad pública. Queremos que cada peso asignado se traduzca en mejor capacitación, equipamiento y condiciones para las policías, no en otro negocio de corrupción para el oficialismo.
También advertimos sobre el riesgo de otorgar facultades excesivas a los cuerpos de seguridad en tareas de investigación y detención de personas. El fortalecimiento de la seguridad no puede significar la vulneración del debido proceso ni de los derechos fundamentales.
Desde Acción Nacional votaremos a favor de esta ley porque México necesita un marco normativo más eficiente para combatir la delincuencia, pero exigimos controles claros. La seguridad no puede ser sinónimo de centralismo, espionaje ni opacidad.
Nuestro compromiso es claro: una seguridad fortalecida con estrategia, inteligencia y supervisión, sin abusos ni atropellos a las libertades ciudadanas.
México vive una crisis de seguridad que no da tregua. La delincuencia organizada sigue creciendo, la violencia no cede y el gobierno federal ha fracasado en su estrategia para recuperar la paz. Hoy en la Cámara de Diputados discutimos la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una iniciativa que promete mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, fortalecer las policías y hacer más eficiente el manejo de información en seguridad.
En Acción Nacional estamos convencidos de que México necesita una estrategia más efectiva contra la inseguridad, pero también sabemos que no podemos permitir que la lucha contra el crimen se convierta en una excusa para el abuso de poder, el espionaje masivo o la concentración de facultades en el gobierno federal.
Uno de los puntos más preocupantes de esta iniciativa es que reduce la autonomía de estados y municipios en la toma de decisiones sobre seguridad. Desde el PAN hemos insistido en que la seguridad pública no puede depender únicamente del gobierno federal. Los estados y municipios son quienes enfrentan la crisis de inseguridad de primera mano, y no podemos quitarles herramientas para actuar.
Por eso, proponemos que todas las decisiones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pasen por la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. No podemos permitir que se tomen decisiones de manera discrecional, sin consulta ni supervisión.
Otro punto alarmante es la intención de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo que implicaría que el gobierno tenga acceso a los datos personales de millones de mexicanos. Esta propuesta ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por violar derechos humanos.
Desde Acción Nacional hemos propuesto una alternativa: que sean las empresas telefónicas y no el gobierno quienes resguarden los datos, garantizando la confidencialidad y un acceso controlado. No podemos permitir que Morena insista en un modelo que ya fracasó y que abre la puerta al abuso y la vigilancia masiva de ciudadanos inocentes.
Si realmente queremos fortalecer la seguridad, debemos garantizar que los recursos destinados a este rubro se manejen con total transparencia. Morena ha demostrado que el manejo discrecional de fondos solo genera corrupción e impunidad.
Por ello, respaldamos la propuesta de que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades para fiscalizar los fondos de seguridad pública. Queremos que cada peso asignado se traduzca en mejor capacitación, equipamiento y condiciones para las policías, no en otro negocio de corrupción para el oficialismo.
También advertimos sobre el riesgo de otorgar facultades excesivas a los cuerpos de seguridad en tareas de investigación y detención de personas. El fortalecimiento de la seguridad no puede significar la vulneración del debido proceso ni de los derechos fundamentales.
Desde Acción Nacional votaremos a favor de esta ley porque México necesita un marco normativo más eficiente para combatir la delincuencia, pero exigimos controles claros. La seguridad no puede ser sinónimo de centralismo, espionaje ni opacidad.
Nuestro compromiso es claro: una seguridad fortalecida con estrategia, inteligencia y supervisión, sin abusos ni atropellos a las libertades ciudadanas.
