La reciente reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha encendido las alarmas en organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes denuncian su impacto negativo en la independencia del Poder Judicial y en el acceso a la justicia. Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será escenario de la primera audiencia sobre la reforma, donde el gobierno mexicano deberá rendir cuentas ante la comunidad internacional.
La reforma judicial de Sheinbaum, respaldada por Morena, plantea medidas que erosionan la autonomía judicial al proponer la elección de jueces y magistrados a partir de listas controladas en su mayoría por el partido en el poder. Según expertos en derechos humanos y grupos judiciales, esta modificación no solo afecta a los jueces actuales, sino también a víctimas y sectores vulnerables que dependen de un sistema judicial imparcial para defender sus derechos.
La abogada Susana Camacho, de México Evalúa, afirma que esta reforma ahonda las barreras para las víctimas de violencia, derechos humanos y trata, limitando aún más su acceso a la justicia. Además, señala que el cambio ignora el tema de la autonomía de las fiscalías, cuya falta de independencia impide una verdadera reforma judicial.
Esta audiencia en la CIDH representa una esperanza para los defensores de derechos humanos que buscan evitar la implementación de esta reforma. Entre las propuestas de los opositores, se contempla la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como en el caso Ayotzinapa, que supervisaría el desarrollo de la reforma judicial y emitiría informes sobre su impacto.
Para la magistrada Juana Fuentes Velázquez, esta audiencia podría marcar un cambio, pues “el Estado mexicano deberá rendir cuentas y enfrentar repercusiones jurídicas y políticas que pueden fortalecer el contrapeso internacional”. Si México no cumple con las recomendaciones de la CIDH, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una sentencia condenatoria tendría efectos vinculantes.
La magistrada María Emilia Molina, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, expone que la reforma desconoce la paridad de género y el mérito de mujeres juzgadoras que han superado barreras significativas para ascender en el sistema judicial. Afecta a casi 500 mujeres en el Poder Judicial de la Federación y a muchas otras en tribunales estatales, en un contexto donde ellas representan menos de un tercio de los cargos. Esta regresión, advierte, debilita los avances hacia la equidad de género en la justicia mexicana.
El camino hacia una posible condena internacional está trazado, pero aún queda mucho por ver. La comunidad de derechos humanos y los opositores esperan que la CIDH establezca mecanismos de seguimiento, pues sin la supervisión internacional, el sistema judicial mexicano podría ser manipulado en favor del poder en turno, afectando gravemente los derechos de los ciudadanos y la democracia en el país.
