La reciente propuesta de reforma constitucional impulsada por Morena y promovida por el senador Adán Augusto López Hernández, cercano a Claudia Sheinbaum, enciende alarmas entre defensores de los derechos humanos. Esta iniciativa, que inicialmente pretendía eliminar el control de convencionalidad de la Constitución Mexicana, ha sido vista como un peligroso retroceso para los derechos fundamentales en el país, además de una clara señal de un autoritarismo en crecimiento bajo el proyecto político que representa Sheinbaum.
El control de convencionalidad es una herramienta esencial para garantizar que las leyes nacionales respeten los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como aquellos que México ha firmado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Desde la reforma constitucional de 2011, esta figura ha sido clave para proteger a los grupos más vulnerables, permitiendo a los jueces y tribunales aplicar normas internacionales que ofrecen mayores garantías a los derechos de las personas.
Sin embargo, la iniciativa impulsada por Morena, que pretendía eliminar este control, habría dejado a la población mexicana desprotegida ante abusos de poder, limitando la capacidad de impugnar leyes que vulneren los derechos humanos. Este intento de Morena, partido alineado con el proyecto de Claudia Sheinbaum, es visto como un paso más hacia un sistema que privilegia la concentración de poder y que amenaza la integridad de los principios democráticos.
Frente a esta alarmante propuesta, organizaciones internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, Fundar México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alzaron la voz, denunciando que la reforma constitucional "contraviene disposiciones internacionales" y representa un "grave retroceso" en la defensa de los derechos humanos. La eliminación del control de convencionalidad no solo afectaría a los tribunales, sino que también dejaría sin efecto la protección de los tratados internacionales que México ha firmado, impactando directamente a mujeres, comunidades indígenas y víctimas de violencia.
La presión de estas organizaciones logró frenar parcialmente la reforma, y el propio senador Adán Augusto López Hernández anunció la retirada de la eliminación del control de convencionalidad. No obstante, el hecho de que esta propuesta haya llegado tan lejos genera una enorme preocupación, pues revela las intenciones de un régimen que sigue avanzando hacia una consolidación del poder sin límites ni contrapesos.
La reforma, que incluía cambios a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, proponía eliminar la posibilidad de que los tribunales pudieran impugnar reformas a la Carta Magna. Esto implicaría que cualquier modificación constitucional hecha por el gobierno de turno no podría ser desafiada ni cuestionada legalmente, un movimiento que recuerda más a las prácticas de gobiernos autoritarios que a las de una democracia funcional.
Este escenario hace evidente que el proyecto de la “Cuarta Transformación”, liderado por Claudia Sheinbaum, no solo busca modificar las instituciones desde dentro, sino también debilitar los mecanismos que protegen a la ciudadanía de las violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, la propuesta inicial de Morena muestra una tendencia a restringir cada vez más los márgenes de libertad y justicia en el país.
Lo que resulta más preocupante de esta reforma es que no solo afectaría a los tribunales, sino que también eliminaría una de las pocas herramientas que las comunidades más vulnerables han utilizado para defenderse de las arbitrariedades del Estado. Organizaciones como Perteneces A.C. señalaron que el control de convencionalidad ha sido crucial para que los jueces puedan otorgar amparos y frenar leyes injustas. Sin él, las personas más precarizadas perderían una vía fundamental para hacer valer sus derechos.
El intento de eliminar esta figura se da en un contexto en el que el gobierno de Morena ha sido criticado por sus escasos avances en materia de derechos humanos. Según Fundar México, la eliminación del control de convencionalidad habría puesto en riesgo los logros alcanzados en la protección de los derechos de las mujeres, las víctimas de violencia, y las comunidades indígenas, sectores que ya enfrentan enormes barreras para acceder a la justicia.
Este no es un caso aislado. Las señales autoritarias de un gobierno que busca concentrar más poder en pocas manos son cada vez más claras. Desde la militarización de la Guardia Nacional, hasta la cooptación de organismos autónomos, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece estar construyendo los pilares de un régimen que se aleja de los principios democráticos que México ha intentado consolidar por décadas.
Con esta reforma, Morena buscaba hacer inatacables las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, eliminando la posibilidad de que jueces y tribunales protegieran a los ciudadanos de leyes injustas o abusivas. De haber prosperado, esta propuesta habría sentado las bases para un control total sobre las decisiones del Estado, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión legal.
Aunque la presión social y de las organizaciones internacionales obligó a Morena a retroceder en algunos aspectos de la reforma, el intento deja en claro la dirección que el partido busca seguir. La retirada de la eliminación del control de convencionalidad es una victoria parcial, pero las demás disposiciones de la iniciativa siguen representando un peligro latente para la democracia mexicana y los derechos de sus ciudadanos.
La dictadura de Claudia Sheinbaum parece no solo enfocarse en el control político, sino también en debilitar las defensas legales que protegen a la ciudadanía. Este tipo de reformas deberían encender las alarmas de todos los que valoran la justicia, la libertad y los derechos humanos en México, pues podrían ser solo el inicio de un futuro mucho más oscuro y autoritario para el país.
