El debate sobre la seguridad pública en México se intensifica con la reciente reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, que busca transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida ha generado una fuerte oposición por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), representado por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza.
Según Gutiérrez Garza, esta reforma representa "un grave retroceso en la seguridad pública del país", ya que amenaza con militarizar una tarea que debería permanecer en manos civiles. La diputada recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional una propuesta similar, señalando que "la naturaleza de la Guardia Nacional debe seguir siendo civil". Agregó que esta reforma "debilita la seguridad pública y aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos".
Gutiérrez Garza subrayó que "la militarización de la seguridad no solo va en contra del mandato civil de la Guardia Nacional, sino que también afecta la capacidad de las instituciones locales y estatales para coordinar la seguridad pública de manera efectiva". En sus palabras, "la reforma centraliza el poder en la Sedena, debilitando a las policías estatales y municipales".
Una de las preocupaciones más alarmantes para el PAN es que, bajo el control militar, la seguridad pública seguirá "una lógica de guerra", lo que puede llevar al uso excesivo de la fuerza y a la erosión de los derechos humanos. Gutiérrez Garza enfatizó que "la seguridad pública debe priorizar la prevención del delito y la protección de los ciudadanos, tareas que son incompatibles con un enfoque militarizado".
El PAN no está solo en su oposición a esta reforma. Gutiérrez Garza señaló que diversas organizaciones civiles, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos también han alzado la voz en contra de la militarización de la seguridad pública. "No se trata solo de un cambio administrativo; es un cambio estructural que afectará la esencia misma de la gestión de la seguridad pública en un Estado democrático", sentenció.
Acción Nacional insiste en que la solución no pasa por la militarización, sino por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Gutiérrez Garza subrayó: "Un país seguro no es el que tiene más armas en las calles, sino el que garantiza la paz a través de la ley, la justicia y el respeto a los derechos humanos".
La postura del PAN es clara: rechazarán esta reforma que consideran "un grave error histórico". Además, Gutiérrez Garza destacó que el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador ha dejado "200,000 homicidios", convirtiendo este sexenio en "el más mortífero en la historia de nuestro país".
Para el PAN, la militarización no resolverá el problema de la violencia; su visión es la de un México donde la seguridad pública esté en manos de instituciones civiles que rindan cuentas a la ciudadanía, respeten los derechos humanos y trabajen por una paz duradera.
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