El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la dirección de la ministra Norma Piña, está en proceso de evaluar tres nuevas consultas de inconstitucionalidad relacionadas con la reciente reforma judicial, promovida por diversos funcionarios del Poder Judicial y jueces del país. Estas consultas buscan determinar si la reforma vulnera principios esenciales de la República, como la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto de la reforma judicial el 15 de septiembre, lo que motivó a jueces, magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) a solicitar una revisión exhaustiva de su constitucionalidad. Tres de estos recursos fueron aceptados por la SCJN para ser discutidos en el Pleno, y su resolución será clave para definir la postura del máximo órgano judicial frente a la reforma.
Estas nuevas consultas no representan una decisión final sobre la constitucionalidad de la reforma, sino que son un paso preliminar para definir el procedimiento a seguir. Según el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN debe analizar la viabilidad de los recursos antes de proceder a su discusión en fondo.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue asignada para elaborar los proyectos relacionados con estos casos, sumando ya siete consultas en curso en la SCJN. Estas consultas se integran en un proceso que podría redefinir el futuro del Poder Judicial en México.
Además de las consultas en manos de la ministra Esquivel, la ministra Lenia Batres y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también tienen asignados recursos relacionados con la reforma. Este último, en particular, maneja un asunto clasificado como “urgente”, lo que refuerza la relevancia y el impacto de esta reforma en la autonomía del Poder Judicial.
Uno de los recursos fue presentado por el magistrado Froylan Muñoz Alvarado, exdirector de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del PJF, quien argumentó que la reforma atenta contra la estructura del Poder Judicial. A través de sus redes sociales, Muñoz Alvarado destacó la solicitud de suspensión de la reforma, citando el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, en defensa de la autonomía judicial.
Las consultas en la SCJN permiten definir los procedimientos a seguir cuando no existe un protocolo claro para abordar determinados asuntos. Aunque estas consultas no dictan el fallo definitivo, son fundamentales para asegurar que cualquier proceso judicial siga el curso correcto. Una vez que el Pleno define el procedimiento por mayoría de votos, el caso pasa a un ministro encargado de elaborar el proyecto de resolución.
La resolución de estas consultas podría tener implicaciones profundas en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un momento en que la independencia de los poderes es un tema de debate público. Mientras la SCJN continúa analizando la viabilidad de los recursos, la atención sigue centrada en cómo se resolverá este desafío constitucional.
