El sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado como un periodo de profundo retroceso para el crecimiento y desarrollo de México. En nombre de una supuesta “transformación”, el país ha experimentado decisiones que han puesto en jaque su institucionalidad, autonomía y progreso. El saldo es claro: hemos retrocedido tres décadas en distintos ámbitos clave para nuestra estabilidad y democracia.
Previo a este último sexenio, el país había desarrollado, después de años de lucha y trabajo constante desde la ciudadanía, herramientas de transparencia y lineamientos jurídicos para la protección y seguridad en México han sido seriamente vulnerados, derrumbando un trabajo que nos tomó mucho t tiempo alcanzar.
Uno de los primeros golpes a la estructura de desarrollo de México fue la cancelación de fideicomisos fundamentales para el financiamiento de ciencia, cultura, deporte y derechos humanos. Al eliminar estos instrumentos financieros, el gobierno dejó en la indefensión a sectores estratégicos que requerían autonomía financiera para funcionar. En el mismo tono, se desmantelaron programas sociales y educativos que, si bien necesitaban ajustes, eran indispensables para atender las necesidades de los sectores más vulnerables del país. López Obrador no buscó reformarlos, sino eliminarlos por completo, afectando el futuro de millones de mexicanos.
Además, su gobierno cerró o redujo considerablemente el papel de secretarías clave como la Secretaría de la Función Pública, encargada de la fiscalización de la administración pública, y otras instituciones encargadas de generar estadísticas y estudios indispensables para la planeación del país, debilitando la capacidad de gobierno para tomar decisiones basadas en datos sólidos.
Sin embargo, en 2024, la administración de López Obrador aprobó una reforma que ha militarizado a la Guardia Nacional, pasando su control a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este movimiento no solo va en contra de la promesa inicial de que la Guardia Nacional sería una institución civil, sino que también abre las puertas a la militarización de la seguridad pública, un modelo probado como ineficaz en el largo plazo en términos de seguridad y respeto a los derechos humanos. Este retroceso, lejos de ofrecer soluciones, nos deja en un camino más peligroso, donde los militares asumen funciones civiles, aumentando el riesgo de abusos.
Por si fuera poco, la reforma judicial impulsada por su gobierno en 2024 ha vulnerado gravemente al Poder Judicial en México. Los jueces y magistrados, quienes antes eran nombrados mediante procesos internos basados en méritos y experiencia, ahora deben someterse a procesos electorales. Esto abre un peligroso precedente en el que las decisiones judiciales podrían estar condicionadas por intereses políticos y económicos, convirtiendo a los impartidores de justicia en actores electorales que, para ganar el favor de votantes o partidos, sacrificarían la imparcialidad que caracteriza a una verdadera democracia. La independencia judicial, pilar fundamental del Estado de derecho, ha sido severamente comprometida.
No conforme con esto, el gobierno actual busca eliminar organismos autónomos que son esenciales para la transparencia, la competencia económica y el desarrollo social del país. Entre los organismos en la mira están el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). La desaparición de estas instituciones significaría un golpe directo a la autonomía ciudadana y al control sobre los abusos de poder, dejando el camino libre para que las decisiones de gobierno se realicen sin la intervención de contrapesos.
Con la posible eliminación de estos organismos, se estaría consolidando un poder centralizado y autoritario que erosiona los fundamentos de la democracia mexicana. Lo que el gobierno ha etiquetado como “ahorro” o “eficiencia”, en realidad no es más que la destrucción de las instituciones que protegen los derechos ciudadanos, el acceso a la información y la libre competencia en sectores clave como telecomunicaciones y energía.
En conclusión, el sexenio de López Obrador ha sido un periodo de retroceso para México. Las reformas aprobadas en 2024 consolidan una visión autoritaria que debilita las instituciones democráticas, pone en riesgo la autonomía de los ciudadanos y mina la independencia de los poderes del Estado. Este modelo no representa un avance, sino un regreso a políticas de control centralizado que pensábamos superadas. Lo que ha quedado es un país más vulnerable y menos libre, con instituciones debilitadas y una sociedad civil con menos espacios para ejercer sus derechos.
