En los próximos días, el Congreso discutirá una reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos sin juicio previo. Esta propuesta, denominada ya como la "Ley Morena", es mucho más que una ampliación de la justicia penal; es una herramienta que deja en manos del poder el destino de aquellos que se encuentren en la mira del Estado, con el riesgo latente de que sea usada para reprimir a quienes cuestionen o se opongan al gobierno.

La reforma propuesta pretende añadir delitos como el narcomenudeo, la extorsión y delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, bajo esta ley, delitos sin "víctima", como la simple posesión de sustancias, llevarían a prisión a personas vulnerables, quienes frecuentemente provienen de entornos de pobreza y marginación. Esta política punitiva no persigue una justicia auténtica; en cambio, perpetúa un sistema que criminaliza la pobreza y que deja a merced del poder el encarcelamiento de cualquiera que incomode al Estado.

Lo que se está promoviendo no es seguridad, sino una herramienta que recuerda a los regímenes autoritarios, que encierra a aquellos que se desvían de la línea dictada. Este enfoque se refuerza al recordar casos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin una sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, pero en lugar de aprender de estas violaciones, el gobierno de Morena insiste en aplicar una política que niega derechos básicos y potencia el control autoritario. La “Ley Morena”, entonces, no representa una mejora en la seguridad, sino una herramienta de represión.

Esta iniciativa castiga especialmente a los sectores más desprotegidos, y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) evidencia que tres de cada diez personas en prisión preventiva pasan más de dos años sin juicio. Sin recursos ni defensa adecuada, son las personas en situación de pobreza las que terminan siendo castigadas sin pruebas ni sentencia. Además, el impacto es desproporcionado para las mujeres, quienes representan el sector más vulnerable: de cada diez mujeres encarceladas sin sentencia, cinco están en prisión preventiva. Las historias de abuso y tortura que sufren dentro del sistema penitenciario son testimonio del costo humano de una política que castiga sin pruebas ni juicio.

La "Ley Morena" representa una regresión en derechos humanos y justicia. No se puede hablar de "primero los pobres" mientras se continúe criminalizando a quienes menos tienen y se les prive de su libertad sin juicio. Esta ley es un riesgo para cualquier sociedad que aspire a la justicia; es, en realidad, una medida punitiva que encubre su función real: consolidar el poder y silenciar a quienes osen cuestionarlo.

México necesita una justicia que respete los derechos humanos, que busque rehabilitar en lugar de castigar y que no deje a merced del gobierno la libertad de sus ciudadanos. La prisión preventiva oficiosa no debe expandirse como herramienta de poder, sino restringirse para proteger la libertad y dignidad de todos los mexicanos.

Blindar las reformas constitucionales bajo el pretexto de "mejorar el sistema democrático" es una señal alarmante de un poder que busca inmunizarse de cualquier cuestionamiento. Esta reforma aprobada en el Senado, que elimina la posibilidad de impugnar cambios a la Constitución, no solo es un ataque a la división de poderes, sino que también mina la esencia de un Estado de derecho, dado que, ahora, ningún ciudadano podrá defenderse de cualquier atropello del gobierno de MORENA y sus abusos de poder; en estas circunstancias, cualquier ciudadano que gane un amparo se enfrentará a la posibilidad de que la autoridad no esté obligada a cumplirlo. Un retroceso de 30 años.

Además, el oficialismo olvida al 46% de la población de no votó por ellos en las urnas. En una democracia, ningún poder, por amplio que sea su respaldo, debería tener la capacidad de actuar sin controles ni contrapesos, y eso es precisamente lo que se pretende instaurar aquí: un poder absoluto que no responde ni rinde cuentas a la ciudadanía.

La justificación del oficialismo de que esta medida “optimiza” el sistema y respeta las mayorías es, francamente, cínica. Lejos de reforzar la democracia, esta medida pretende acallar cualquier voz crítica y consolidar un régimen en el que la voluntad de unos cuantos prevalezca sin oposición. Resulta inquietante que en pleno siglo XXI, con tantas lecciones históricas sobre los peligros de los poderes incontrolados, el Congreso apruebe una reforma que prácticamente sitúa a los legisladores y al Ejecutivo por encima de la ley. El argumento de que esto es "un acto de respeto al Congreso" no tiene asidero; más bien, es un intento flagrante de proteger decisiones que pueden ser arbitrarias o injustas, sin el riesgo de revisión judicial.

Es inadmisible que el Poder Judicial, la última línea de defensa contra los abusos de poder, pierda la capacidad de intervenir. Este cambio coloca al país en una peligrosa pendiente que se aleja del Estado de derecho y se acerca a un modelo autoritario. Si una reforma constitucional, por más dañina o cuestionable que sea, no puede ser revisada, entonces ¿qué opciones le quedan a la ciudadanía para defenderse de políticas injustas? La respuesta, tristemente, es ninguna. Esta reforma le arrebata a la ciudadanía su derecho de recurrir a la justicia, y deja en manos de una sola facción la capacidad de dictar el rumbo del país, sin ninguna posibilidad de cuestionar decisiones que afecten los derechos de la gente.

En nombre de la "estabilidad" y de una supuesta eficiencia, el gobierno ha decidido eliminar el principio básico de cualquier democracia: la rendición de cuentas. Con el blindaje a las reformas, el mensaje es claro: la voluntad de la mayoría en el Congreso está por encima de cualquier preocupación ciudadana o de derechos humanos. Y esto es peligroso, porque precisamente la función del Poder Judicial es velar por que el respeto a los derechos no dependa de la voluntad del gobernante en turno, sino de la ley. Es así como se defienden las democracias maduras; se permiten las revisiones y se acepta la posibilidad de la autocrítica. La reforma aprobada en el Senado cancela esta posibilidad.

México no necesita un Congreso que actúe como caja de resonancia del Ejecutivo, sino un poder legislativo comprometido con el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos. Esta medida no solo afecta a la oposición política, como algunos quieren hacer ver, sino a cada ciudadano que depende de un sistema donde los poderes se controlen entre sí y se obliguen a actuar dentro de la legalidad. La inimpugnabilidad de las reformas constitucionales es un retroceso, una invitación a legislar sin responsabilidad y un riesgo de que cualquier cambio constitucional sea intocable, sin importar las consecuencias que pueda tener para el país y su gente.

El camino que marca esta reforma no es el de una democracia fuerte, sino el de un poder que se aleja de los principios básicos de justicia y equidad. México merece más: merece un sistema que no tema la crítica, que acepte sus errores y que, por encima de todo, respete el derecho de sus ciudadanos a cuestionar las decisiones que afectan su futuro.

En las últimas semanas, el autoritarismo de MORENA y su líder, Claudia Sheinbaum, ha revelado su rostro. Apenas tres semanas después de asumir su cargo, la nueva presidenta de México ha comenzado a ejercer una preocupante concentración de poder. Con un pie firme sobre el cuello del Poder Judicial y una mano titiritera sobre el Poder Legislativo, lo que proviene de su despacho se ejecuta sin miramientos, incluso si va en contra de lo que México realmente necesita.

Sheinbaum ha dejado claro que los amparos y las controversias constitucionales no frenarán su reforma judicial. La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, programada para el 1 de junio de 2025, sigue adelante pese a las impugnaciones legales. Según ella, nada puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Pero, ¿realmente se trata de la voluntad del pueblo, o de una maniobra para cimentar un régimen autoritario?

Te puede interesar: "PAN presenta amparo para frenar ataques al Estado de derecho por parte de Sheinbaum"

El argumento de Sheinbaum es peligroso. Al colocar la "voluntad popular" por encima del marco legal, se diluye uno de los principios fundamentales de la democracia: la división de poderes. Si el Ejecutivo influye en la selección de jueces, la independencia del Poder Judicial queda amenazada, y con ello, el equilibrio de poder que previene los excesos autoritarios. Este es el principio básico de cualquier república democrática moderna, algo que Sheinbaum parece olvidar.

Lo más alarmante es su abierta desobediencia a la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de eliminar el decreto que valida la reforma judicial. Sheinbaum se niega a cumplir con la suspensión y califica la orden judicial como una extralimitación. Aquí es donde el ataque al Poder Judicial se torna evidente: la Constitución, una vez reformada, es inamovible, según ella. Pero esto ignora un principio clave: la Constitución debe ser defendida y revisada cuando sus modificaciones atentan contra los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.

En medio de esta confrontación, Sheinbaum refuerza su postura al utilizar una narrativa en la que coloca al Ejecutivo como el defensor del "pueblo", dejando a los otros poderes como obstáculos que deben ser sorteados o eliminados. Los trabajadores del Poder Judicial han respondido con marchas y advertencias sobre una crisis constitucional, un preludio de lo que podría ser un ataque total a la independencia judicial. Su mensaje es claro: no se oponen al cambio, pero exigen que el respeto por la autonomía del Poder Judicial sea una línea que no debe cruzarse.

¿Nadie por encima del pueblo?

Esta retórica de “nadie por encima del pueblo” que Sheinbaum usa para justificar su reforma es peligrosa. En el fondo, lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino la base misma de nuestra democracia. El Poder Judicial, con su función de ser un contrapeso del Ejecutivo, está bajo ataque. Y cuando se rompe este equilibrio, los ciudadanos pierden su último recurso de defensa contra el abuso de poder.

La amenaza de una dictadura no siempre aparece en forma de golpes militares o disoluciones del Congreso. A veces, se disfraza de reformas populares y discursos de justicia social, mientras erosiona desde adentro las instituciones que sostienen la libertad.

El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no retiraría la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, a pesar de la orden de una jueza de distrito en Veracruz. Esta declaración, lejos de ser una estrategia de conciliación, revela un enfoque autoritario por parte del Poder Ejecutivo. Resulta alarmante, ya que no es la primera vez que la presidenta desafía y sobrepasa al Poder Judicial, justificando sus acciones como “a favor del pueblo”. Este tipo de retórica no solo desvirtúa los procesos judiciales, sino que amenaza el equilibrio de poderes en México.

La negativa de Sheinbaum a acatar la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de bajar la reforma judicial del DOF, junto con su anuncio de presentar una denuncia en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal, nos coloca en un escenario peligroso para la democracia. La presidenta, con un tono desafiante, argumentó que la orden carece de "sustento jurídico" y que es producto de "una ocurrencia". Sin embargo, este tipo de descalificaciones a decisiones judiciales no hacen más que profundizar la percepción de un Poder Ejecutivo que se siente por encima de las instituciones.

El conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial en México no es nuevo, pero la postura de Sheinbaum en este caso tiene implicaciones preocupantes. Al minimizar la independencia judicial y sugerir que el Consejo de la Judicatura no está cumpliendo su rol, se abre la puerta a una peligrosa interferencia en el ámbito judicial. La presidenta aseguró que su gobierno buscará dejar un antecedente de que esta jueza actuó "por encima de su función". Aquí yace un problema profundo: si el Poder Ejecutivo decide cuándo una decisión judicial es legítima o no, ¿dónde queda la protección de los derechos de los ciudadanos?

El precedente que sienta este conflicto es delicado. Si una presidenta puede desobedecer una orden judicial con el argumento de que "jurídicamente no tiene ningún sustento", ¿qué mensaje se envía a los ciudadanos? ¿Quién garantiza que en el futuro no se desobedecerán otras órdenes judiciales que no sean del agrado del Ejecutivo? El Estado de derecho depende de la independencia de sus poderes, y lo que vemos aquí es un atentado contra ese equilibrio.

El origen de esta reforma, recordemos, fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum defiende este cambio como un mandato del pueblo mexicano, a través de sus representantes en el Congreso. Sin embargo, la implementación de reformas no exime al Ejecutivo de cumplir con las disposiciones judiciales que puedan surgir. El proceso democrático no termina con la promulgación de una ley; incluye también el respeto a los mecanismos judiciales que permiten revisarla y, si es necesario, frenarla.

Las palabras de Sheinbaum durante su conferencia matutina también mostraron un claro desdén hacia el Poder Judicial. Al calificar de "ocurrencia" la decisión de la jueza y al afirmar que esta no tiene atribuciones para intervenir, Sheinbaum no solo cuestiona la legitimidad de una jueza en particular, sino también la independencia del sistema judicial en su conjunto. Esta actitud envía una señal preocupante de que el Poder Judicial está siendo percibido, desde el Ejecutivo, como un obstáculo más que como un contrapeso necesario.

Por si fuera poco, Sheinbaum advirtió que la reforma al Poder Judicial “va”, y que "ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros la van a parar". Este tipo de afirmaciones elevan aún más la tensión entre los poderes y generan una peligrosa expectativa: que cualquier intento judicial de frenar la reforma será visto no como una revisión legítima del proceso, sino como una oposición ilegítima al mandato del Ejecutivo. Si esta postura se consolida, estaremos ante una erosión sistemática de las instituciones que sostienen nuestra democracia.

El respeto a las leyes y a las instituciones es fundamental para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en cualquier democracia. Cuando el Poder Ejecutivo decide unilateralmente qué decisiones judiciales acatar y cuáles ignorar, se pone en riesgo la base misma de nuestro sistema de pesos y contrapesos. La democracia mexicana necesita, hoy más que nunca, un Poder Judicial independiente y respetado, que sea capaz de cumplir su labor sin presiones ni amenazas desde el Ejecutivo. Y, sobre todo, necesita un Poder Ejecutivo que entienda que la voluntad del pueblo no es una carta en blanco para ignorar las reglas del juego democrático.

En definitiva, la decisión de Sheinbaum de desobedecer una orden judicial y descalificar a una jueza no solo erosiona el respeto a las instituciones, sino que también sienta un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia.

La reciente aprobación de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, impulsada por MORENA y sus aliados, representa un grave retroceso para México en materia energética y económica. Esta reforma no solo centraliza el control del sector energético en el Estado, sino que también siembra incertidumbre para las inversiones privadas, pone en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y, lo más alarmante, podría agravar la ya crítica situación inflacionaria que enfrentamos como país.

Las consecuencias negativas de esta reforma serán evidentes: una mayor inflación, un aumento en la canasta básica, recibos de luz aún más caros, y combustibles a precios más elevados. A pesar de que el gobierno actual promete garantizar el acceso a la electricidad a bajo costo, la realidad es que su manejo de las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido ineficiente durante los últimos seis años. El presidente prometió que no iban a aumentar las gasolinas y que los recibos de luz serían más baratos, promesas que claramente no se han cumplido. Hoy nos enfrentamos a la inflación más alta en los últimos 20 años, con un aumento del 50% en el costo de la canasta básica.

Lo más preocupante de esta reforma es la monopolización del sector energético. Al otorgar a la CFE el control mayoritario del mercado eléctrico, con el 54% de la generación, y limitar a las empresas privadas al 46%, estamos creando un entorno poco competitivo. Este monopolio estatal no es más que un retroceso que nos lleva 40 años atrás, a una época de corrupción y tráfico de influencias. No olvidemos los escándalos que envuelven a personajes clave de este gobierno como el caso de la Casa Gris del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y las 25 casas de lujo que obtuvo Manuel Bartlett.

Además del impacto interno, las consecuencias internacionales también serán graves. Las demandas del T-MEC están a la vuelta de la esquina debido a las inversiones que ya se han hecho en la generación de energías limpias, inversiones que esta reforma pone en riesgo. México podría enfrentar sanciones comerciales, perder la confianza de los inversionistas extranjeros y, peor aún, comprometer el desarrollo de energías renovables y la transición hacia un futuro más sostenible.

Lo que MORENA y sus aliados han hecho con esta reforma no es otra cosa que consolidar un monopolio que afectará la economía de millones de mexicanos. Lejos de garantizar precios bajos y soberanía energética, lo que nos espera es mayor concentración de poder, ineficiencia y, en última instancia, un aumento de los costos para todos. Como miembro de Acción Nacional, me opongo rotundamente a estas arbitrariedades. Seguiremos defendiendo el derecho de los ciudadanos a un servicio energético de calidad, competitivo y justo.

La reciente presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso importante para fortalecer la seguridad en México, con ejes como la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional y el uso de la inteligencia. Sin embargo, existe una preocupación latente que no ha sido suficientemente abordada: la necesidad urgente de reforzar a las policías municipales y estatales, quienes deberían ser la primera línea de defensa en muchas de las zonas más afectadas por el crimen.

Es indudable que la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y la nueva subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial son avances clave para mejorar la capacidad de las autoridades para combatir a las organizaciones criminales. Pero, en un país donde el 80% de los delitos son del fuero común, recae sobre las policías locales la tarea de mantener el orden en sus comunidades. Por ello, resulta fundamental que se haga un mayor esfuerzo para dotarlas de mejores recursos, tanto en armamento como en capacitación.

La estrategia actual resalta el fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual ha sido calificado como una virtud por dar acceso a los miembros de la GN a los servicios de seguridad social del Ejército y una capacitación militar más robusta. Si bien la militarización no debe ser el eje central de nuestra política de seguridad, no se puede negar que las capacidades del Ejército han sido cruciales para enfrentar a los cárteles en muchas regiones del país.

No obstante, la seguridad no se logra únicamente con grandes despliegues militares o cuerpos federales. Las policías municipales y estatales necesitan estar igualmente preparadas, tanto para prevenir como para actuar en momentos de crisis. En muchos casos, son estas fuerzas las que llegan primero a las escenas del crimen, enfrentándose a grupos fuertemente armados con recursos mucho más limitados. Por ello, la falta de equipamiento adecuado y formación pone en riesgo tanto su integridad como la de los ciudadanos que deberían proteger.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado que las tareas de seguridad deben ser de responsabilidad compartida y de respuesta unificada. En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades preventivas y de proximidad social de las policías locales es esencial. No basta con una estrategia de arriba hacia abajo, donde la Guardia Nacional y las fuerzas federales asumen la mayor parte de las tareas. Es hora de que el gobierno reconozca el rol vital que juegan las policías locales y las dote de los recursos necesarios para cumplir con su misión.

Por ejemplo, el incremento de las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia y la creación de una Academia Nacional de Seguridad para homologar los planes de estudio son propuestas valiosas. Pero, para que tengan un impacto real, se deben garantizar mayores inversiones en la formación de las policías locales, quienes deberían tener acceso a la misma calidad de capacitación que sus contrapartes federales. También es crucial que cuenten con mejores armamentos, vehículos y herramientas tecnológicas para enfrentar a las redes criminales que hoy día operan con tecnología avanzada.

Finalmente, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es otro aspecto que debe mejorarse. La creación del Modelo de Atención Integral a los Delitos de Alto Impacto es un avance, pero para que sea efectivo, las fiscalías estatales y las policías locales deben trabajar de la mano. Esto incluye el seguimiento riguroso de los delitos desde su investigación hasta la vinculación a proceso de los responsables, asegurando que la justicia no quede solo en promesas vacías.

En conclusión, mientras celebramos los avances presentados por el gobierno en la Estrategia Nacional de Seguridad, es imprescindible hacer énfasis en la necesidad de reforzar a las policías locales. Sin una primera línea fuerte y bien equipada, cualquier esfuerzo en el ámbito federal será insuficiente. La verdadera seguridad en México pasa por empoderar a nuestras policías municipales y estatales, ofreciéndoles las herramientas que necesitan para proteger a sus comunidades de manera efectiva.

A solo unos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender el decreto que permite la regularización de vehículos usados importados, conocidos como "autos chocolate", hasta el 2026. Esta medida, lejos de beneficiar al país, representa un serio problema en términos de seguridad y afecta directamente a la industria automotriz formal en México.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha sido enfática al calificar esta decisión como “nociva” para el país, y no es para menos. Desde la implementación de este decreto en 2022, se han regularizado más de 2.5 millones de vehículos, muchos de los cuales entraron al país sin ningún tipo de control o verificación. En lugar de garantizar una mayor seguridad en nuestras calles, el decreto ha abierto las puertas para que autos sin historial claro circulen libremente, incluso sirviendo como herramienta para el crimen organizado.

El argumento del presidente López Obrador de que esta política contribuye al bienestar de la población y a la protección del patrimonio familiar es difícil de sostener cuando se analiza el impacto que ha tenido en las regiones fronterizas y más allá. Si bien es cierto que estas zonas tienen una alta población migrante, también es innegable que la falta de mecanismos de control en la regularización de estos autos ha facilitado su uso para actividades ilegales. En lugar de fortalecer el estado de derecho y proteger a los ciudadanos, esta política debilita los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad.

Además, la industria automotriz, una de las más importantes en México, está sufriendo las consecuencias de esta medida. Los distribuidores de autos nuevos y seminuevos han visto cómo su mercado se ha reducido ante la invasión de vehículos usados importados, muchos de ellos en condiciones cuestionables. La economía formal, que genera empleos y contribuye al desarrollo del país, se ve amenazada por la importación masiva de autos que no cumplen con los mismos estándares de calidad y seguridad que los fabricados o comercializados en México.

Es preocupante que el decreto se haya extendido sin esperar a que la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, tomara posesión. Su conocimiento técnico y su compromiso con el medio ambiente generaban esperanza en una posible reversión de esta política. Sin embargo, con la prórroga anunciada por López Obrador, esa posibilidad se desvanece, y el país enfrenta dos años más de una política que claramente favorece la ilegalidad.

La extensión del decreto para regularizar los autos chocolate es una decisión que perjudica la seguridad pública y el desarrollo económico del país. En lugar de apostar por políticas que fortalezcan el orden y el comercio formal, se ha optado por una medida populista que, en última instancia, beneficia a quienes operan al margen de la ley.

El reciente amparo a la reforma judicial interpuesto por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) es una acción contundente en defensa de la democracia y los derechos humanos en México. Esta iniciativa no solo se enmarca en la defensa de la Constitución, sino también en la protección de los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial.

El amparo a la reforma judicial surge como respuesta a un decreto que, aprobado de manera apresurada, vulnera gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos y compromete la imparcialidad de las instituciones judiciales. El PAN ha manifestado su oposición ante un proceso legislativo que careció de transparencia y debate abierto, afectando el equilibrio democrático del país.

¿Por qué el amparo a la Reforma Judicial es necesario?

La reforma judicial impulsada por la mayoría oficialista transgrede importantes artículos de la Constitución Mexicana y de tratados internacionales ratificados por México. El PAN señala que este decreto no solo afecta la independencia del Poder Judicial, sino que también viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a una justicia imparcial y el debido proceso legal.

Uno de los puntos más alarmantes de la reforma es la modificación a la fracción X del artículo 107, que prohíbe las suspensiones de normas generales. Esta disposición representa un grave retroceso en la tutela judicial efectiva y atenta contra el principio de justicia y equidad que debería prevalecer en cualquier Estado democrático.

El impacto en los derechos humanos de la Reforma Judicial

En su amparo, el PAN subraya que la reforma no consideró adecuadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, no se llevó a cabo una consulta previa efectiva a los pueblos indígenas y afromexicanos, transgrediendo su derecho a la libre determinación. Además, el decreto ignoró las voces de las personas con discapacidad, afectando gravemente sus derechos al no garantizar una deliberación inclusiva.

Acción Nacional como garante de la democracia

El amparo a la reforma judicial presentado por el PAN es una medida enérgica para frenar un proyecto que centraliza el poder en el Ejecutivo, poniendo en riesgo la división de poderes y la imparcialidad de las decisiones judiciales. En Acción Nacional, estamos comprometidos en agotar todas las vías legales para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que el Poder Judicial se convierta en un brazo político del gobierno actual.

En conclusión, el amparo a la reforma judicial no es solo una acción de resistencia ante una mayoría oficialista que busca controlar el aparato judicial, sino también una defensa activa de los principios democráticos que sostienen a México. La batalla continúa, y en el PAN no descansaremos hasta que se garantice una justicia verdaderamente imparcial, transparente y accesible para todos.

Hoy, 19 de septiembre de 2024, se marca un punto de inflexión en la historia de México. La reforma sobre la Guardia Nacional que propone la adscripción definitiva de esta institución de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) abre una puerta peligrosa para la seguridad ciudadana, un camino que corre el riesgo de ser irreversible.

El dictamen que se vota hoy no solo traiciona los principios previamente acordados entre las fuerzas políticas sobre el carácter civil, temporal y subsidiario de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública. En lugar de consolidar un esquema civil de seguridad, nos enfrenta a un peligroso proceso de militarización de las funciones policiales, con consecuencias que afectan directamente nuestras libertades y garantías individuales.

Desde el principio, la Suprema Corte de Justicia había señalado los riesgos de este movimiento. En abril de 2023, invalidó el traspaso por razones de certeza jurídica. Hoy, sin embargo, el gobierno y quienes apoyan esta reforma deciden ignorar las advertencias de la Corte y dar un paso que nos sitúa en la órbita de países como Arabia Saudita, Corea del Norte o Irán, donde las fuerzas militares dominan las tareas de seguridad pública.

Este cambio representa un retroceso que aleja a México de las democracias más consolidadas del mundo, donde la seguridad pública está en manos de civiles. Mientras que el 75% de los países desarrollados apuesta por estructuras civiles para garantizar la seguridad, México se alinea con aquellos regímenes que no dudan en utilizar la fuerza militar como herramienta de control social y político.

Lo más preocupante es que no hay evidencia de que esta militarización vaya a mejorar los resultados. A lo largo de los últimos años, hemos visto cómo la Guardia Nacional, bajo el mando militar, ha fallado en su misión de pacificar el país. Los índices de homicidios han alcanzado cifras históricas; el crimen organizado ha consolidado su poder en amplias regiones, mientras que la impunidad sigue reinando en todos los rincones del país. Los resultados de la estrategia de seguridad de este gobierno no son los que necesitamos, sino todo lo contrario: más muerte, más violencia y más dolor para las familias mexicanas.

La seguridad pública no es una cuestión de popularidad, como lo argumentan algunos defensores de esta reforma, sino de resultados efectivos. Y los resultados no pueden ser más claros: la militarización no ha logrado pacificar al país. Al contrario, ha generado más conflictos, violaciones de derechos humanos, como los recientes casos de abuso por parte de elementos de la Guardia Nacional, y un creciente descontento social.

La solución no está en seguir militarizando nuestras calles. Está en fortalecer a las policías civiles, en invertir en una mejor coordinación entre los niveles de gobierno y la sociedad civil, y en desarrollar una estrategia de seguridad integral que enfrente el problema de la delincuencia de manera eficiente y con respeto a los derechos humanos.

La historia recordará este día como un grave error, como el momento en que el Congreso podría decidir, en contra de todas las advertencias, someter a México a un proceso de militarización permanente. La pregunta que nos hacemos es: ¿a qué costo? ¿Qué precio pagarán las futuras generaciones por esta decisión?

Es imperativo que hoy, más que nunca, se levanten las voces que defienden el carácter civil de nuestras instituciones. Porque si algo está claro, es que militarizar la seguridad pública no es la solución. Y este dictamen, lejos de ser una respuesta a la violencia, solo profundizará las heridas de un país que merece vivir en paz.

Si realmente queremos una solución a la inseguridad, debemos rechazar esta reforma. La militarización solo nos llevará hacia un futuro más oscuro. La historia juzgará esta decisión, y esperemos que no sea demasiado tarde para revertir el daño que está por hacerse.