México está despertando. Desde el norte hasta el sur del país, miles de jóvenes, familias y trabajadores se están organizando para decir basta. Basta de la violencia, de la impunidad y de la indiferencia del gobierno ante un país que sangra.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, fue el punto de quiebre. Él había pedido apoyo al gobierno federal y a la entonces presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia de los cárteles que asfixian a su municipio. Hoy, su muerte simboliza el abandono que padecen miles de comunidades mexicanas.

A partir de ese crimen, surgió una ola de indignación encabezada por jóvenes de la llamada Generación Z, que no quieren heredar un país en ruinas. Desde hace días, estos jóvenes se han movilizado en diversas ciudades —y volverán a hacerlo el 15 de noviembre— para exigir la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, porque reconocen que el gobierno que prometió “abrazos, no balazos” terminó entregando el territorio al crimen organizado.

La próxima marcha nacional partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, y se replicará en ciudades en todo el país, incluyendo en Torreón. Será una manifestación pacífica, pero contundente. “México merece más, y lo vamos a exigir con inteligencia y unión”, dicen los organizadores. Y tienen razón.

Lo más preocupante es la respuesta del gobierno: desacreditar el movimiento, señalarlo como manipulado y hasta investigarlo, en lugar de atender sus causas. Sheinbaum afirma que hay “dinero detrás” y que todo es una estrategia de sus adversarios. Pero la realidad es que lo que hay detrás es dolor, miedo y hartazgo. No se necesita financiamiento para exigir justicia; se necesita valor.

Mientras los jóvenes exigen un país en paz, en la Cámara de Diputados Morena aprobó un Presupuesto de Egresos 2026 que vuelve a castigar las áreas más sensibles: la seguridad, la salud y la economía de las familias mexicanas.

El recorte al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) —más de 10 mil millones de pesos menos— es una afrenta directa a los estados y municipios que enfrentan solos la violencia.
En lugar de fortalecer policías, inteligencia y justicia, el gobierno prefiere seguir gastando miles de millones en obras faraónicas sin resultados.

¿Cómo puede hablarse de “transformación” cuando los mexicanos viven con miedo? ¿Cómo puede prometerse paz cuando se desmantela el presupuesto para garantizarla? Este presupuesto es un reflejo claro de las prioridades de este régimen: mantener el poder, no proteger a la gente.

Hoy, los jóvenes se levantan, y con ellos millones de ciudadanos que ya no confían en las promesas vacías de Morena.

La revocación de mandato que exigen no es un capricho político, sino una demanda de justicia democrática. Si este gobierno está tan convencido de su respaldo popular, que lo demuestre en las urnas. Que escuche al pueblo y enfrente las consecuencias de sus omisiones.

Desde Acción Nacional, respaldamos a quienes marchan pacíficamente y exigimos respeto a su derecho a manifestarse. La voz ciudadana no puede ser criminalizada ni descalificada.

México no necesita un gobierno que viva del aplauso, sino uno que asuma su responsabilidad ante la tragedia nacional que estamos viviendo.

Las marchas por la vida, la paz y la dignidad son el reflejo de un país que se niega a rendirse. Y desde el Congreso, seguiremos insistiendo: no habrá futuro mientras este gobierno siga recortando la seguridad y justificando la violencia con discursos vacíos.

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante la celebración del Día de Muertos, es mucho más que una tragedia local: es el reflejo brutal de un país que se desangra ante la indiferencia de un gobierno federal que decidió recortar la inversión en seguridad justo cuando México más la necesita.

Su asesinato —en plena plaza pública y frente a cientos de ciudadanos— no solo deja en evidencia el poder impune del crimen organizado, sino la ineficacia total del modelo de seguridad del actual gobierno federal, que sigue apostando por discursos vacíos y abrazos que, lejos de pacificar, se han convertido en licencias para matar.

Recortes a la seguridad en el peor momento

En su primer Paquete Económico, Claudia Sheinbaum decidió reducir los recursos destinados a la seguridad pública en más de un 40% para 2025. En términos reales, los presupuestos para la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina se desploman en 43.8%, 36.2% y 12.1%, respectivamente.

Es decir, el gasto en seguridad pasará de representar 0.7% del PIB a apenas 0.5%, el nivel más bajo desde 2012. Todo esto mientras los homicidios, las extorsiones y los secuestros van en aumento en al menos 15 entidades del país, incluyendo la propia Ciudad de México.

Los recortes llegan en el peor momento posible. La violencia repunta, los cárteles se disputan territorios y los gobiernos municipales —como el de Uruapan— enfrentan la delincuencia sin recursos, sin respaldo y sin Estado.

Además, recientemente se aprobó el Paquete Económico 2026, que vuelve a castigar la seguridad pública con nuevos recortes. En este documento, se reduce considerablemente el presupuesto dirigido a seguridad, especialmente el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al cual se le descuentan más de 10 mil millones de pesos.

Los municipios, los más abandonados

El caso de Uruapan no es aislado. Es el reflejo de una tendencia nacional en la que los alcaldes, policías municipales y autoridades locales se han convertido en carne de cañón ante la expansión del crimen organizado.

De acuerdo con México Evalúa, los subsidios federales en seguridad para estados y municipios en 2026 serán los más bajos en más de una década, con apenas 2.1 mil millones de pesos, lo que representa una caída del 88% respecto a 2014.

Esto significa que los gobiernos locales tendrán menos recursos para profesionalizar a sus policías, invertir en prevención del delito o fortalecer su capacidad de reacción. En otras palabras: los municipios están solos.

Un gobierno que prioriza clientelas sobre seguridad

Mientras el gobierno de MORENA recorta 10 mil millones en seguridad y el país está en llamas, incrementa el gasto en programas sociales con tintes claramente electorales. La Beca Universal Rita Cetina aumentará 40.5%, el Programa de Vivienda Social 27.1% y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, 15%.

En lugar de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la vida, la paz y el orden, la prioridad parece ser mantener aceitada la maquinaria electoral de la autollamada Cuarta Transformación.

El resultado es un país más inseguro, más violento y más endeudado. Con un presupuesto que destina más a construir clientelas políticas que a salvar vidas.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez debe ser un punto de inflexión. No solo por la tragedia personal o política que representa, sino porque evidencia la completa ausencia de una estrategia nacional de seguridad.

En lugar de fortalecer a las policías locales, la federación las asfixia presupuestalmente. En lugar de coordinar esfuerzos, centraliza el control y diluye responsabilidades. En lugar de gobernar con firmeza, opta por el cálculo político.

México no puede seguir normalizando el asesinato de sus alcaldes, de sus líderes sociales y de sus ciudadanos. La inseguridad no se combate con discursos ni con abrazos, se combate con Estado, con estrategia y con inversión.

Si este gobierno insiste en ignorar esa verdad, los Carlos Manzo seguirán cayendo, uno tras otro, mientras el país se acostumbra al horror.

Desde hace más de seis años, MORENA ha intentado venderle al pueblo mexicano un discurso de “austeridad republicana” que en la práctica ha sido cualquier cosa menos austera. Se llenan la boca hablando de Benito Juárez, de la “justa medianía” y de que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre”, mientras sus dirigentes se dan la gran vida en hoteles de lujo en Europa y Asia, con cargo —directo o indirecto— al dinero de todos los mexicanos.

Ahí están las imágenes: Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, secretario de Organización de MORENA e hijo del expresidente López Obrador, comiendo con el diputado Daniel Asaf en el hotel Okura de Tokio, uno de los más caros del mundo. También vimos al secretario de Educación, Mario Delgado, vacacionando en Lisboa, Portugal. Y a Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de MORENA, alojado en un hotel madrileño donde la noche cuesta 25 mil pesos. Eso sin contar al diputado Pedro Haces, que celebró en el exclusivo club “Caroline’s 400” del St. Regis, en pleno Paseo de la Reforma, o los viajes a París en primera clase de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

Ojo, no se trata de las cuentas que pagan los "funcionarios del bienestar": se trata del mensaje. Y el mensaje que están enviando es claro: la austeridad es para los de abajo. Ellos seguirán viviendo como reyes, mientras millones de mexicanas y mexicanos apenas sobreviven.

En México, 46.8 millones de personas viven en pobreza. Es decir, más de un tercio de la población. Lo dice el Coneval, no yo. La misma institución señala que millones de personas apenas sobreviven con ingresos que van de los 6,300 a los 12,600 pesos mensuales. Eso si tienen trabajo, porque hoy hay 1.7 millones de mexicanas y mexicanos sin empleo. Y ni qué decir de la desigualdad brutal: según Oxfam y Forbes, el 10% más rico concentra una parte desproporcionada del ingreso total del país.

Esa es la realidad del “pueblo bueno” al que tanto aluden cuando hay elecciones, pero al que ignoran olímpicamente cuando viajan en primera clase. ¿De qué sirve que Claudia Sheinbaum repita que “el recurso del pueblo es bendito” si sus funcionarios y aliados se lo gastan en lujos que millones de mexicanas y mexicanos ni siquiera pueden imaginar? ¿Quién le cree a un gobierno que dice vivir en “la justa medianía” mientras sus diputados posan en Capri, Ibiza y Tokio?

El problema no es sólo la hipocresía. El problema es que esos recursos que ellos dilapidan en mariachis, vinos caros y hoteles de cinco estrellas, son los que deberían usarse para garantizar medicinas, becas, estancias infantiles, caminos rurales y hospitales dignos. Pero no. En la “Cuarta Transformación”, la prioridad no es el pueblo, sino el poder.

MORENA llegó al poder prometiendo terminar con los excesos de los gobiernos anteriores. Pero lo único que hicieron fue cambiarle la etiqueta al derroche: lo que antes era corrupción, hoy lo llaman “transformación”; lo que antes era abuso, hoy lo justifican como “mérito”. Y lo peor es que encima nos piden aplaudirles.

Resulta inaceptable que quienes prometieron “vivir como el pueblo” hoy vivan como jeques. Porque mientras ellos celebran en hoteles de lujo, el pueblo mexicano —el verdadero, no el que aparece en sus spots— trabaja jornadas extenuantes por salarios miserables, vive con miedo por la inseguridad, sufre por la falta de médicos y medicamentos, y sobrevive en un país cada vez más caro y más desigual.

Esa es la “austeridad republicana” de MORENA: un disfraz retórico para encubrir su cinismo. Mientras tanto, la verdadera transformación que necesita México es una que ponga al ciudadano primero, que garantice empleo digno, salud de calidad, educación sin adoctrinamiento y un gobierno que no insulte la inteligencia de la gente.

Hoy más que nunca, necesitamos una oposición firme, clara y sin miedo, que señale estos abusos y que proponga un verdadero proyecto de país. Uno que no se base en discursos vacíos, sino en resultados concretos.

Porque México no necesita más simulación. Necesita seriedad, responsabilidad y respeto por cada peso que el pueblo paga con su esfuerzo.

La llamada "austeridad republicana" de Morena resultó ser una mentira costosa. Lejos de acabar con los “lujos del poder” y las “obras faraónicas” de gobiernos anteriores, el morenismo —de López Obrador a Claudia Sheinbaum— ha dejado una deuda histórica, un país sin crecimiento económico, y ahora, recortes presupuestales que afectan directamente a las familias mexicanas.

La deuda pública de México está por alcanzar un nivel sin precedentes: 19.96 billones de pesos, según los Precriterios 2026 entregados por Hacienda. Esto representa el 52.3% del PIB, y un incremento del 36% real respecto a 2018, cuando Morena asumió el poder. Traducido a términos personales, cada mexicano deberá casi 150 mil pesos, simplemente por haber nacido en este país.

¿Y qué hemos recibido a cambio de este endeudamiento masivo? ¿Un sistema de salud fortalecido? ¿Escuelas dignas? ¿Obras que mejoren nuestra competitividad? Nada de eso. Lo que ha crecido son los programas clientelares y las pensiones, que, aunque necesarios en un país desigual, hoy se llevan casi la mitad del presupuesto federal, sin garantía de sostenibilidad ni resultados de largo plazo.

La situación ha llegado a un punto crítico. En el caso de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez acaba de confirmar lo que temíamos: el gobierno federal anunció un recorte de cientos de millones de pesos en participaciones federales, lo que pone en riesgo obras clave para la entidad. Aunque aún no se sabe el monto exacto, los recortes llegarán en julio y agosto, afectando directamente la programación de infraestructura.

Proyectos estratégicos como la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas en Derramadero, y tramos en la región de Torreón-La Joya-La Partida, están en juego. “Nos recortan un par de cientos de millones y nos afecta gravemente porque, ¿de dónde sacamos ese dinero para cubrir estos pagos?”, cuestionó el gobernador. Todo esto ocurre mientras el presupuesto federal se sigue concentrando en pensiones y subsidios, dejando sin margen a estados y municipios.

Y no se trata de una sorpresa. El recorte corresponde al Ramo 28 del Fondo General de Participaciones, un recurso esencial que ya estaba presupuestado, planeado y comprometido por las entidades federativas. El recorte es un golpe directo a las finanzas locales, y por ende, a la gente. Porque cuando se detiene una carretera, una obra de drenaje o una inversión pública, los afectados no son los gobernadores, sino las familias, los trabajadores, los estudiantes.

Esto es consecuencia de una mala planeación financiera nacional, que en lugar de invertir en infraestructura y crecimiento económico, se ha dedicado a tirar el dinero en subsidios sin evaluación ni resultados comprobables. Y lo más preocupante: este modelo está siendo replicado y defendido por Claudia Sheinbaum, quien en lugar de corregir el rumbo, ya anunció que continuará por el mismo camino del desastre fiscal.

La narrativa oficial asegura que la deuda como proporción del PIB se mantendrá “estable” en 2026. Pero los expertos no se lo creen. Ricardo Cantú, del CIEP, ya advirtió que estas estimaciones son demasiado optimistas y que la realidad económica —con amenazas como la recesión técnica y la incertidumbre global— podría terminar por superar las cifras “maquilladas” de Hacienda.

México se está quedando sin espacio fiscal. Las calificadoras ya están levantando alertas. Y mientras tanto, los ciudadanos —como los coahuilenses— empiezan a sentir las consecuencias reales de una política económica fallida: recortes, cancelación de obras, deterioro de servicios públicos y una deuda que crece en silencio.

La irresponsabilidad de Morena no sólo ha hipotecado el futuro, sino que ya comenzó a cobrarnos el presente. Esta es la verdadera herencia de la mal llamada "Cuarta Transformación": un país más endeudado, más pobre y más limitado. Lo que viene no será fácil. Y si no corregimos el rumbo, lo que está en juego es el bienestar de toda una generación.

Torreón no puede seguir esperando. Cada año, cuando la temporada de lluvias se acerca, miles de familias en el suroriente de la ciudad reviven el mismo temor: que el agua entre por la puerta de su casa, que se detenga el tránsito en las calles, que se pierdan electrodomésticos, muebles, y lo más importante, la tranquilidad.

Desde hace años, Torreón sufre de una ausencia clara de infraestructura pluvial, especialmente en las zonas más vulnerables. Lo que para otros estados y ciudades puede significar un día lluvioso más, aquí puede convertirse en una emergencia.

Como diputado federal, presenté un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al Ejecutivo federal a que, por medio de la CONAGUA, destine recursos extraordinarios a los municipios para infraestructura de drenaje pluvial. Pero esta no es una exigencia genérica: la prioridad debe ser Torreón.

Propusimos una asignación específica de 500 millones de pesos para iniciar con un proyecto integral de drenaje pluvial en el sector suroriente de la ciudad. Este monto, aunque ambicioso, es apenas una fracción de lo que se ha despilfarrado en obras sin impacto social real en otros puntos del país. Aquí, en cambio, cada peso puede representar seguridad, salud y dignidad para nuestras comunidades.

No es la primera vez que se habla del drenaje pluvial en Torreón. El tema ha sido postergado durante sexenios. Pero lo que lo hace más indignante hoy, es que el Gobierno federal ha mantenido en el olvido sistemático esta infraestructura básica, mientras promueve obras faraónicas en otras regiones, algunas con severas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo que pasa en Torreón no es inevitable. Es consecuencia de omisión. El gobierno federal no puede seguir administrando el abandono como si fuera política pública. Y desde el Congreso, nuestra obligación es señalarlo y proponer soluciones concretas.

Hoy Torreón necesita voluntad política, no pretextos. Invertir en drenaje pluvial no es solo evitar inundaciones; es garantizar un entorno más sano, proteger el patrimonio de las familias y brindar certeza para invertir y vivir en nuestra ciudad.

Desde Acción Nacional y como representante de Coahuila, seguiré exigiendo que se atiendan estas necesidades con seriedad. Porque mientras la burocracia se entretiene en discursos, en nuestras colonias el agua sigue subiendo.

En el Partido Acción Nacional lo advertimos desde el primer día: entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas no solo es un error técnico, es un retroceso democrático. Hoy, con la aprobación del nuevo paquete de reformas a la Guardia Nacional en la Comisión de Justicia, el gobierno federal ha consumado uno de los mayores atentados contra la vida civil del país. Han legalizado lo que ya venían operando en los hechos: la militarización total de la seguridad pública.

No nos confundamos. Esta no es una estrategia de seguridad. Es una estrategia de control. Morena y sus aliados han decidido borrar los contrapesos civiles para entregarle todo el poder a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bajo el falso argumento de que “las policías locales están corrompidas”, ahora justifican que la Guardia Nacional dependa por completo del Ejército, que sea parte de sus estructuras, de su fuero, de su jerarquía, de su lógica.

No basta con afirmar que se mantendrá el “mando civil” desde la presidencia, cuando en realidad se está vaciando de atribuciones a la Secretaría de Seguridad y trasladando todo a la Defensa.

Los datos son claros: esta reforma le da a la Sedena facultades de inteligencia, capacidad para operar encubiertamente, posibilidad de espiar conversaciones, revisar comunicaciones privadas y realizar detenciones con identidad simulada. Esto no es prevención. Esto es vigilancia. Esto es autoritarismo.

¿A quién se le ocurre que es buena idea permitir que un cuerpo armado con formación militar vigile nuestras conversaciones y se infiltre entre los ciudadanos como si fuéramos todos sospechosos? Lo que están construyendo no es un México más seguro, sino un México más sometido.

Desde el PAN, rechazamos esta reforma porque traiciona el espíritu civilista de nuestra Constitución. Porque es incompatible con una república democrática. Y porque su justificación es profundamente cínica: dicen que las policías municipales y estatales están corrompidas, pero no han invertido ni un peso serio para profesionalizarlas, evaluarlas o fortalecerlas.

Aquí está el verdadero problema: la incapacidad del gobierno para construir instituciones. En lugar de gobernar, centralizan. En lugar de corregir, imponen. En lugar de profesionalizar, militarizan.

Este es un ataque directo contra la libertad en México. Están buscando tomar el control del país, no para garantizar seguridad, sino para vigilar, silenciar y perseguir bajo la excusa del orden.

Desde Acción Nacional proponemos una ruta distinta. Si realmente se busca mejorar la seguridad, el camino es claro: hay que invertir en las policías locales, mejorar las fiscalías. En el México que queremos, los ciudadanos vuelven a confiar en sus instituciones de la seguridad.

No es tarde para corregir. Lo que está en juego no es una reforma más. Es la naturaleza misma del Estado mexicano. Y desde esta trinchera, seguiremos defendiendo con firmeza que la seguridad sí puede ser eficaz, sin sacrificar nuestras libertades.

MORENA vuelve a hacer de las suyas. Esta vez, bajo el disfraz de modernizar la legislación, pretende tomar por asalto el sector de las telecomunicaciones. Lo que nos presentan como una nueva ley es, en realidad, un atentado contra la competencia, contra la libertad de expresión y contra el futuro digital de México.

En el fondo, lo que MORENA busca con esta nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es otra cosa que apropiarse del árbitro, controlar el juego y silenciar a quien se atreva a disentir. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es solo el primer golpe: sustituyen a un organismo autónomo por una agencia sometida al Ejecutivo, la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Es decir, el gobierno no solo jugará el partido, también pitará el silbato y decidirá quién gana.

La nueva ley permite que el Ejecutivo federal, de manera directa y sin pagar contraprestaciones, se otorgue a sí mismo concesiones para explotar el espectro radioeléctrico y ofrecer servicios de internet. Nos quieren vender la idea de que es para llevar conectividad a todos los rincones del país, pero lo que realmente están haciendo es construir un monopolio estatal disfrazado, destruyendo décadas de esfuerzos por garantizar un mercado competitivo y libre.

¿Y qué decir de la censura? El texto abre la puerta al bloqueo de plataformas digitales con una facilidad escalofriante, sin necesidad de orden judicial, bajo criterios vagos y arbitrarios. Así, cualquier crítica, cualquier voz incómoda, podría ser callada en nombre de una supuesta regulación. Esta iniciativa es una amenaza directa contra los derechos humanos más básicos: la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por si fuera poco, MORENA ha decidido dinamitar el despliegue de infraestructura tecnológica. Al eliminar la prohibición para que municipios cobren contribuciones adicionales a las empresas que despliegan redes, abren la puerta a una cascada de extorsiones locales que frenarán la llegada de internet a miles de comunidades. Cada ayuntamiento podrá imponer sus propios cobros, tarifas y obstáculos, creando un caos normativo que solo beneficia a los corruptos y castiga a los ciudadanos.

Los medios de comunicación tampoco se salvan. La ley impone nuevas cargas, obliga a pedir autorizaciones para contenidos financiados por extranjeros y establece mecanismos de control que, en los hechos, son censura previa. El mensaje es claro: quien no se alinee, será castigado.

Y para rematar, MORENA pretende que todo esto entre en vigor en apenas 30 días, ignorando abiertamente el plazo de 180 días que establece la Constitución. No respetan ni las formas ni el fondo. Lo que quieren es imponer a toda prisa un marco legal hecho a su medida, antes de que puedan ser frenados.

Esta no es una ley para modernizar México. Es una ley para someterlo.

Quieren arrebatarnos el internet libre, la pluralidad de los medios, el derecho a opinar y a disentir. Quieren un país en donde el gobierno decida qué vemos, qué escuchamos y qué decimos.

Desde Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados, desde cada rincón en donde se defienda la democracia, vamos a levantar la voz. No vamos a permitir que el futuro de nuestras telecomunicaciones se convierta en el botín político de un régimen autoritario.

México merece más. Merece libertad, competencia, diversidad. Merece un futuro donde el acceso a la información no dependa de la voluntad de un gobierno.

La nueva simulación de MORENA es la mal llamada la reforma contra el nepotismo, que no previene colocación de familiares en el servicio público y sólo considera puestos de elección popular.

Desde luego que en Acción Nacional estamos a favor de combatir el nepotismo y por ello hemos hecho una iniciativa mucho más robusta y estricta que considera sanciones a servidores públicos que injustificadamente tengan familiares en su nómina, pero el oficialismo ha decidido ignorar esta propuesta, ya que, como todas sus iniciativas, no consideran el bien común, si no su propio beneficio.

Como diputado federal del PAN, no puedo quedarme callado ante esta reforma que busca aparentar cambios sin resolver el problema de raíz. Si realmente se quisiera erradicar el nepotismo, se aplicarían restricciones no solo a los cargos de elección popular, sino también a todos los servidores públicos de los tres poderes, dirigentes partidistas y quienes participan en contrataciones públicas. Nuestra propuesta contempla incluso la prohibición de que un familiar de un expresidente pueda ocupar el mismo cargo en los diez años posteriores a su mandato.

Sin embargo, el oficialismo ha bloqueado nuestra iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, limitando el alcance de la reforma para proteger sus intereses partidistas. Lo que vemos es una estrategia clara para seguir manteniendo el control político sin realmente combatir la corrupción institucionalizada en la administración pública.

Para colmo, en el Senado se aprobó la reforma con una trampa evidente: la prohibición del nepotismo electoral solo aplicará a partir de los procesos electorales de 2030. Esto significa que durante los próximos cinco años seguirá vigente la práctica de colocar familiares en cargos públicos sin restricciones.

¿Por qué hasta dentro de 5 años? Porque MORENA está más interesado en la simulación que en aplicar medidas efectivas de inmediato.

El nepotismo es corrupción en su forma más descarada. No se trata solo de otorgar cargos a familiares, sino de perpetuar redes de poder que obstaculizan el acceso equitativo de los ciudadanos a oportunidades en el servicio público. Como legisladores, nuestro deber es garantizar que el gobierno deje de ser una agencia de colocaciones familiares y se convierta en una institución de servicio real para la gente.

México necesita leyes firmes, no simulaciones. Si el oficialismo tuviera un verdadero compromiso con la transparencia y la igualdad de oportunidades, incluiría nuestras propuestas en el dictamen final y aplicaría las restricciones de inmediato. Pero mientras eso no suceda, seguiremos luchando para que nuestra iniciativa sea escuchada, discutida y votada. Nuestro país merece reglas claras y justas, y no descansaremos hasta que así sea.

La reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de establecer un precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en el Partido Acción Nacional creemos que se puede ir más allá para garantizar un costo verdaderamente justo y accesible para todos los mexicanos.

Nuestra propuesta es clara: un precio fijo de 20 pesos por litro. Esta medida brindaría certeza a consumidores, empresarios e inversionistas, evitando la volatilidad que tanto afecta a las economías familiares. Además, lejos de ser una idea inviable, su implementación es perfectamente posible con los ajustes adecuados.

Proponemos tres acciones concretas para lograrlo:

1. Deducción del 100% del gasto en gasolina para quienes la utilicen con fines laborales, beneficiando a trabajadores independientes y transportistas.
2. Exención del IVA para evitar que factores externos disparen el precio del combustible.
3. Estímulos fiscales al IEPS, ajustados de manera variable según el costo del crudo, para garantizar estabilidad en el mercado.

A pesar de los derroches y gastos innecesarios de los gobiernos de MORENA, la economía mexicana tiene la capacidad de ofrecer estas condiciones sin comprometer las finanzas públicas. El verdadero problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad.

Es momento de adoptar soluciones reales y duraderas para proteger el bolsillo de los ciudadanos. Con estas medidas, no solo aseguramos precios justos en los combustibles, sino que también impulsamos el desarrollo económico y la estabilidad financiera de las familias mexicanas.

En México, los ahorros de los trabajadores están en riesgo con la reciente propuesta de reforma al Infonavit impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque plantea construir y administrar vivienda social mediante una nueva empresa filial, las implicaciones financieras podrían ser desastrosas.

La reforma propone utilizar los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda para financiar esta iniciativa. Sin embargo, no existen garantías claras en la ley que protejan estos recursos contra corrupción, malas prácticas o negligencia. ¿Qué sucederá si un trabajador solicita sus ahorros y descubre que ya no están disponibles?

El gobierno pretende asumir funciones de construcción y administración de vivienda, tareas que históricamente han sido mejor gestionadas por la iniciativa privada. Esto podría derivar en ineficiencia, corrupción y pérdida de recursos.

Aunque se busca beneficiar a sectores vulnerables con el arrendamiento social, esta medida también pone en juego los fondos de los trabajadores, sin garantizar que genere los ingresos necesarios para sostener el sistema.

Aunque la reforma contempla mecanismos de supervisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos procesos suelen ser tardíos y reactivos.

Para cuando las irregularidades se detecten, podría ser demasiado tarde para los trabajadores cuyos ahorros ya habrían desaparecido.

Esta reforma al Infonavit representa un riesgo latente para los trabajadores y para el modelo de vivienda en México. Aunque su objetivo declarado es fortalecer la oferta de vivienda social, la realidad es que pone en juego los ahorros de millones de mexicanos sin ofrecer garantías sólidas.

El patrimonio de las y los trabajadores no debe ser el campo de experimentación de un gobierno que busca soluciones rápidas sin prever las consecuencias. Si queremos un sistema de vivienda sólido y sostenible, debemos priorizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad financiera.

Como sociedad, es nuestra responsabilidad alzar la voz y exigir que estas reformas sean revisadas a profundidad, garantizando que el esfuerzo de los trabajadores no termine siendo otro caso de saqueo disfrazado de buenas intenciones.