La nueva simulación de MORENA es la mal llamada la reforma contra el nepotismo, que no previene colocación de familiares en el servicio público y sólo considera puestos de elección popular.

Desde luego que en Acción Nacional estamos a favor de combatir el nepotismo y por ello hemos hecho una iniciativa mucho más robusta y estricta que considera sanciones a servidores públicos que injustificadamente tengan familiares en su nómina, pero el oficialismo ha decidido ignorar esta propuesta, ya que, como todas sus iniciativas, no consideran el bien común, si no su propio beneficio.

Como diputado federal del PAN, no puedo quedarme callado ante esta reforma que busca aparentar cambios sin resolver el problema de raíz. Si realmente se quisiera erradicar el nepotismo, se aplicarían restricciones no solo a los cargos de elección popular, sino también a todos los servidores públicos de los tres poderes, dirigentes partidistas y quienes participan en contrataciones públicas. Nuestra propuesta contempla incluso la prohibición de que un familiar de un expresidente pueda ocupar el mismo cargo en los diez años posteriores a su mandato.

Sin embargo, el oficialismo ha bloqueado nuestra iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, limitando el alcance de la reforma para proteger sus intereses partidistas. Lo que vemos es una estrategia clara para seguir manteniendo el control político sin realmente combatir la corrupción institucionalizada en la administración pública.

Para colmo, en el Senado se aprobó la reforma con una trampa evidente: la prohibición del nepotismo electoral solo aplicará a partir de los procesos electorales de 2030. Esto significa que durante los próximos cinco años seguirá vigente la práctica de colocar familiares en cargos públicos sin restricciones.

¿Por qué hasta dentro de 5 años? Porque MORENA está más interesado en la simulación que en aplicar medidas efectivas de inmediato.

El nepotismo es corrupción en su forma más descarada. No se trata solo de otorgar cargos a familiares, sino de perpetuar redes de poder que obstaculizan el acceso equitativo de los ciudadanos a oportunidades en el servicio público. Como legisladores, nuestro deber es garantizar que el gobierno deje de ser una agencia de colocaciones familiares y se convierta en una institución de servicio real para la gente.

México necesita leyes firmes, no simulaciones. Si el oficialismo tuviera un verdadero compromiso con la transparencia y la igualdad de oportunidades, incluiría nuestras propuestas en el dictamen final y aplicaría las restricciones de inmediato. Pero mientras eso no suceda, seguiremos luchando para que nuestra iniciativa sea escuchada, discutida y votada. Nuestro país merece reglas claras y justas, y no descansaremos hasta que así sea.

La reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de establecer un precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en el Partido Acción Nacional creemos que se puede ir más allá para garantizar un costo verdaderamente justo y accesible para todos los mexicanos.

Nuestra propuesta es clara: un precio fijo de 20 pesos por litro. Esta medida brindaría certeza a consumidores, empresarios e inversionistas, evitando la volatilidad que tanto afecta a las economías familiares. Además, lejos de ser una idea inviable, su implementación es perfectamente posible con los ajustes adecuados.

Proponemos tres acciones concretas para lograrlo:

1. Deducción del 100% del gasto en gasolina para quienes la utilicen con fines laborales, beneficiando a trabajadores independientes y transportistas.
2. Exención del IVA para evitar que factores externos disparen el precio del combustible.
3. Estímulos fiscales al IEPS, ajustados de manera variable según el costo del crudo, para garantizar estabilidad en el mercado.

A pesar de los derroches y gastos innecesarios de los gobiernos de MORENA, la economía mexicana tiene la capacidad de ofrecer estas condiciones sin comprometer las finanzas públicas. El verdadero problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad.

Es momento de adoptar soluciones reales y duraderas para proteger el bolsillo de los ciudadanos. Con estas medidas, no solo aseguramos precios justos en los combustibles, sino que también impulsamos el desarrollo económico y la estabilidad financiera de las familias mexicanas.

En México, los ahorros de los trabajadores están en riesgo con la reciente propuesta de reforma al Infonavit impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque plantea construir y administrar vivienda social mediante una nueva empresa filial, las implicaciones financieras podrían ser desastrosas.

La reforma propone utilizar los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda para financiar esta iniciativa. Sin embargo, no existen garantías claras en la ley que protejan estos recursos contra corrupción, malas prácticas o negligencia. ¿Qué sucederá si un trabajador solicita sus ahorros y descubre que ya no están disponibles?

El gobierno pretende asumir funciones de construcción y administración de vivienda, tareas que históricamente han sido mejor gestionadas por la iniciativa privada. Esto podría derivar en ineficiencia, corrupción y pérdida de recursos.

Aunque se busca beneficiar a sectores vulnerables con el arrendamiento social, esta medida también pone en juego los fondos de los trabajadores, sin garantizar que genere los ingresos necesarios para sostener el sistema.

Aunque la reforma contempla mecanismos de supervisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos procesos suelen ser tardíos y reactivos.

Para cuando las irregularidades se detecten, podría ser demasiado tarde para los trabajadores cuyos ahorros ya habrían desaparecido.

Esta reforma al Infonavit representa un riesgo latente para los trabajadores y para el modelo de vivienda en México. Aunque su objetivo declarado es fortalecer la oferta de vivienda social, la realidad es que pone en juego los ahorros de millones de mexicanos sin ofrecer garantías sólidas.

El patrimonio de las y los trabajadores no debe ser el campo de experimentación de un gobierno que busca soluciones rápidas sin prever las consecuencias. Si queremos un sistema de vivienda sólido y sostenible, debemos priorizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad financiera.

Como sociedad, es nuestra responsabilidad alzar la voz y exigir que estas reformas sean revisadas a profundidad, garantizando que el esfuerzo de los trabajadores no termine siendo otro caso de saqueo disfrazado de buenas intenciones.

El Paquete Económico 2025 propuesto por el gobierno de MORENA es una receta peligrosa para la economía de México. Con un déficit histórico de 1.6 billones de pesos, basado en estimaciones optimistas e irreales, el plan no solo amenaza con disparar la deuda pública, sino que también coloca al país en una trayectoria alarmantemente similar a la de economías en crisis como Argentina y Venezuela.

MORENA justifica su presupuesto con proyecciones poco realistas, como un crecimiento económico del 3% y un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar, mientras los mercados internacionales y expertos locales predicen cifras significativamente más bajas. Este optimismo desmedido es preocupante, ya que no contempla los impactos de factores externos como los aranceles a las remesas anunciados por Donald Trump o la desaceleración económica global.

Cuando las metas de ingresos no se cumplan, el gobierno tendrá dos opciones: recortar gastos esenciales o recurrir a más deuda. En ambos escenarios, los mexicanos pagarán los platos rotos. Un niño recién nacido ya "debe" 140,000 pesos por la creciente deuda pública, una carga que seguirá aumentando mientras no se adopten políticas responsables que incentiven la inversión y el crecimiento.

La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos claros de lo que sucede cuando los gobiernos priorizan el gasto desenfrenado sobre la estabilidad económica. En Argentina, políticas fiscales irresponsables y un déficit financiado con deuda han llevado a una inflación descontrolada, una moneda en constante devaluación y una fuga de inversiones. Venezuela, por su parte, enfrentó un colapso económico completo al basar su modelo en ingresos inflados por el petróleo y descuidar la diversificación productiva.

México podría estar caminando por un sendero similar. El gobierno de MORENA sigue prometiendo milagros económicos mientras las cifras reales muestran un crecimiento raquítico, un estancamiento en la producción petrolera y una deuda cada vez más inmanejable.

El verdadero motor de una economía sostenible no es el endeudamiento, sino la inversión. En lugar de perseguir objetivos fiscales poco realistas, México necesita políticas que fomenten la confianza de los inversionistas, reduzcan la carga fiscal a las empresas y fortalezcan las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Sin un entorno competitivo, nuestro país seguirá atrapado en un ciclo de endeudamiento e inflación, con costos sociales y económicos que las futuras generaciones no podrán soportar.

MORENA está hipotecando el futuro de México con promesas vacías y números fantasiosos. Si no se toman decisiones responsables ahora, el país podría sumirse en una crisis de la que le tomará décadas recuperarse. Por el bien de los mexicanos, es urgente replantear este modelo económico antes de que el costo sea irreversible.

En los próximos días, el Congreso discutirá una reforma constitucional impulsada por el presidente López Obrador que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos sin juicio previo. Esta propuesta, denominada ya como la "Ley Morena", es mucho más que una ampliación de la justicia penal; es una herramienta que deja en manos del poder el destino de aquellos que se encuentren en la mira del Estado, con el riesgo latente de que sea usada para reprimir a quienes cuestionen o se opongan al gobierno.

La reforma propuesta pretende añadir delitos como el narcomenudeo, la extorsión y delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, bajo esta ley, delitos sin "víctima", como la simple posesión de sustancias, llevarían a prisión a personas vulnerables, quienes frecuentemente provienen de entornos de pobreza y marginación. Esta política punitiva no persigue una justicia auténtica; en cambio, perpetúa un sistema que criminaliza la pobreza y que deja a merced del poder el encarcelamiento de cualquiera que incomode al Estado.

Lo que se está promoviendo no es seguridad, sino una herramienta que recuerda a los regímenes autoritarios, que encierra a aquellos que se desvían de la línea dictada. Este enfoque se refuerza al recordar casos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin una sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, pero en lugar de aprender de estas violaciones, el gobierno de Morena insiste en aplicar una política que niega derechos básicos y potencia el control autoritario. La “Ley Morena”, entonces, no representa una mejora en la seguridad, sino una herramienta de represión.

Esta iniciativa castiga especialmente a los sectores más desprotegidos, y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) evidencia que tres de cada diez personas en prisión preventiva pasan más de dos años sin juicio. Sin recursos ni defensa adecuada, son las personas en situación de pobreza las que terminan siendo castigadas sin pruebas ni sentencia. Además, el impacto es desproporcionado para las mujeres, quienes representan el sector más vulnerable: de cada diez mujeres encarceladas sin sentencia, cinco están en prisión preventiva. Las historias de abuso y tortura que sufren dentro del sistema penitenciario son testimonio del costo humano de una política que castiga sin pruebas ni juicio.

La "Ley Morena" representa una regresión en derechos humanos y justicia. No se puede hablar de "primero los pobres" mientras se continúe criminalizando a quienes menos tienen y se les prive de su libertad sin juicio. Esta ley es un riesgo para cualquier sociedad que aspire a la justicia; es, en realidad, una medida punitiva que encubre su función real: consolidar el poder y silenciar a quienes osen cuestionarlo.

México necesita una justicia que respete los derechos humanos, que busque rehabilitar en lugar de castigar y que no deje a merced del gobierno la libertad de sus ciudadanos. La prisión preventiva oficiosa no debe expandirse como herramienta de poder, sino restringirse para proteger la libertad y dignidad de todos los mexicanos.

Blindar las reformas constitucionales bajo el pretexto de "mejorar el sistema democrático" es una señal alarmante de un poder que busca inmunizarse de cualquier cuestionamiento. Esta reforma aprobada en el Senado, que elimina la posibilidad de impugnar cambios a la Constitución, no solo es un ataque a la división de poderes, sino que también mina la esencia de un Estado de derecho, dado que, ahora, ningún ciudadano podrá defenderse de cualquier atropello del gobierno de MORENA y sus abusos de poder; en estas circunstancias, cualquier ciudadano que gane un amparo se enfrentará a la posibilidad de que la autoridad no esté obligada a cumplirlo. Un retroceso de 30 años.

Además, el oficialismo olvida al 46% de la población de no votó por ellos en las urnas. En una democracia, ningún poder, por amplio que sea su respaldo, debería tener la capacidad de actuar sin controles ni contrapesos, y eso es precisamente lo que se pretende instaurar aquí: un poder absoluto que no responde ni rinde cuentas a la ciudadanía.

La justificación del oficialismo de que esta medida “optimiza” el sistema y respeta las mayorías es, francamente, cínica. Lejos de reforzar la democracia, esta medida pretende acallar cualquier voz crítica y consolidar un régimen en el que la voluntad de unos cuantos prevalezca sin oposición. Resulta inquietante que en pleno siglo XXI, con tantas lecciones históricas sobre los peligros de los poderes incontrolados, el Congreso apruebe una reforma que prácticamente sitúa a los legisladores y al Ejecutivo por encima de la ley. El argumento de que esto es "un acto de respeto al Congreso" no tiene asidero; más bien, es un intento flagrante de proteger decisiones que pueden ser arbitrarias o injustas, sin el riesgo de revisión judicial.

Es inadmisible que el Poder Judicial, la última línea de defensa contra los abusos de poder, pierda la capacidad de intervenir. Este cambio coloca al país en una peligrosa pendiente que se aleja del Estado de derecho y se acerca a un modelo autoritario. Si una reforma constitucional, por más dañina o cuestionable que sea, no puede ser revisada, entonces ¿qué opciones le quedan a la ciudadanía para defenderse de políticas injustas? La respuesta, tristemente, es ninguna. Esta reforma le arrebata a la ciudadanía su derecho de recurrir a la justicia, y deja en manos de una sola facción la capacidad de dictar el rumbo del país, sin ninguna posibilidad de cuestionar decisiones que afecten los derechos de la gente.

En nombre de la "estabilidad" y de una supuesta eficiencia, el gobierno ha decidido eliminar el principio básico de cualquier democracia: la rendición de cuentas. Con el blindaje a las reformas, el mensaje es claro: la voluntad de la mayoría en el Congreso está por encima de cualquier preocupación ciudadana o de derechos humanos. Y esto es peligroso, porque precisamente la función del Poder Judicial es velar por que el respeto a los derechos no dependa de la voluntad del gobernante en turno, sino de la ley. Es así como se defienden las democracias maduras; se permiten las revisiones y se acepta la posibilidad de la autocrítica. La reforma aprobada en el Senado cancela esta posibilidad.

México no necesita un Congreso que actúe como caja de resonancia del Ejecutivo, sino un poder legislativo comprometido con el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos. Esta medida no solo afecta a la oposición política, como algunos quieren hacer ver, sino a cada ciudadano que depende de un sistema donde los poderes se controlen entre sí y se obliguen a actuar dentro de la legalidad. La inimpugnabilidad de las reformas constitucionales es un retroceso, una invitación a legislar sin responsabilidad y un riesgo de que cualquier cambio constitucional sea intocable, sin importar las consecuencias que pueda tener para el país y su gente.

El camino que marca esta reforma no es el de una democracia fuerte, sino el de un poder que se aleja de los principios básicos de justicia y equidad. México merece más: merece un sistema que no tema la crítica, que acepte sus errores y que, por encima de todo, respete el derecho de sus ciudadanos a cuestionar las decisiones que afectan su futuro.

En las últimas semanas, el autoritarismo de MORENA y su líder, Claudia Sheinbaum, ha revelado su rostro. Apenas tres semanas después de asumir su cargo, la nueva presidenta de México ha comenzado a ejercer una preocupante concentración de poder. Con un pie firme sobre el cuello del Poder Judicial y una mano titiritera sobre el Poder Legislativo, lo que proviene de su despacho se ejecuta sin miramientos, incluso si va en contra de lo que México realmente necesita.

Sheinbaum ha dejado claro que los amparos y las controversias constitucionales no frenarán su reforma judicial. La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, programada para el 1 de junio de 2025, sigue adelante pese a las impugnaciones legales. Según ella, nada puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Pero, ¿realmente se trata de la voluntad del pueblo, o de una maniobra para cimentar un régimen autoritario?

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El argumento de Sheinbaum es peligroso. Al colocar la "voluntad popular" por encima del marco legal, se diluye uno de los principios fundamentales de la democracia: la división de poderes. Si el Ejecutivo influye en la selección de jueces, la independencia del Poder Judicial queda amenazada, y con ello, el equilibrio de poder que previene los excesos autoritarios. Este es el principio básico de cualquier república democrática moderna, algo que Sheinbaum parece olvidar.

Lo más alarmante es su abierta desobediencia a la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de eliminar el decreto que valida la reforma judicial. Sheinbaum se niega a cumplir con la suspensión y califica la orden judicial como una extralimitación. Aquí es donde el ataque al Poder Judicial se torna evidente: la Constitución, una vez reformada, es inamovible, según ella. Pero esto ignora un principio clave: la Constitución debe ser defendida y revisada cuando sus modificaciones atentan contra los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.

En medio de esta confrontación, Sheinbaum refuerza su postura al utilizar una narrativa en la que coloca al Ejecutivo como el defensor del "pueblo", dejando a los otros poderes como obstáculos que deben ser sorteados o eliminados. Los trabajadores del Poder Judicial han respondido con marchas y advertencias sobre una crisis constitucional, un preludio de lo que podría ser un ataque total a la independencia judicial. Su mensaje es claro: no se oponen al cambio, pero exigen que el respeto por la autonomía del Poder Judicial sea una línea que no debe cruzarse.

¿Nadie por encima del pueblo?

Esta retórica de “nadie por encima del pueblo” que Sheinbaum usa para justificar su reforma es peligrosa. En el fondo, lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino la base misma de nuestra democracia. El Poder Judicial, con su función de ser un contrapeso del Ejecutivo, está bajo ataque. Y cuando se rompe este equilibrio, los ciudadanos pierden su último recurso de defensa contra el abuso de poder.

La amenaza de una dictadura no siempre aparece en forma de golpes militares o disoluciones del Congreso. A veces, se disfraza de reformas populares y discursos de justicia social, mientras erosiona desde adentro las instituciones que sostienen la libertad.

El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no retiraría la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, a pesar de la orden de una jueza de distrito en Veracruz. Esta declaración, lejos de ser una estrategia de conciliación, revela un enfoque autoritario por parte del Poder Ejecutivo. Resulta alarmante, ya que no es la primera vez que la presidenta desafía y sobrepasa al Poder Judicial, justificando sus acciones como “a favor del pueblo”. Este tipo de retórica no solo desvirtúa los procesos judiciales, sino que amenaza el equilibrio de poderes en México.

La negativa de Sheinbaum a acatar la orden de la jueza Nancy Juárez Salas de bajar la reforma judicial del DOF, junto con su anuncio de presentar una denuncia en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal, nos coloca en un escenario peligroso para la democracia. La presidenta, con un tono desafiante, argumentó que la orden carece de "sustento jurídico" y que es producto de "una ocurrencia". Sin embargo, este tipo de descalificaciones a decisiones judiciales no hacen más que profundizar la percepción de un Poder Ejecutivo que se siente por encima de las instituciones.

El conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial en México no es nuevo, pero la postura de Sheinbaum en este caso tiene implicaciones preocupantes. Al minimizar la independencia judicial y sugerir que el Consejo de la Judicatura no está cumpliendo su rol, se abre la puerta a una peligrosa interferencia en el ámbito judicial. La presidenta aseguró que su gobierno buscará dejar un antecedente de que esta jueza actuó "por encima de su función". Aquí yace un problema profundo: si el Poder Ejecutivo decide cuándo una decisión judicial es legítima o no, ¿dónde queda la protección de los derechos de los ciudadanos?

El precedente que sienta este conflicto es delicado. Si una presidenta puede desobedecer una orden judicial con el argumento de que "jurídicamente no tiene ningún sustento", ¿qué mensaje se envía a los ciudadanos? ¿Quién garantiza que en el futuro no se desobedecerán otras órdenes judiciales que no sean del agrado del Ejecutivo? El Estado de derecho depende de la independencia de sus poderes, y lo que vemos aquí es un atentado contra ese equilibrio.

El origen de esta reforma, recordemos, fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum defiende este cambio como un mandato del pueblo mexicano, a través de sus representantes en el Congreso. Sin embargo, la implementación de reformas no exime al Ejecutivo de cumplir con las disposiciones judiciales que puedan surgir. El proceso democrático no termina con la promulgación de una ley; incluye también el respeto a los mecanismos judiciales que permiten revisarla y, si es necesario, frenarla.

Las palabras de Sheinbaum durante su conferencia matutina también mostraron un claro desdén hacia el Poder Judicial. Al calificar de "ocurrencia" la decisión de la jueza y al afirmar que esta no tiene atribuciones para intervenir, Sheinbaum no solo cuestiona la legitimidad de una jueza en particular, sino también la independencia del sistema judicial en su conjunto. Esta actitud envía una señal preocupante de que el Poder Judicial está siendo percibido, desde el Ejecutivo, como un obstáculo más que como un contrapeso necesario.

Por si fuera poco, Sheinbaum advirtió que la reforma al Poder Judicial “va”, y que "ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros la van a parar". Este tipo de afirmaciones elevan aún más la tensión entre los poderes y generan una peligrosa expectativa: que cualquier intento judicial de frenar la reforma será visto no como una revisión legítima del proceso, sino como una oposición ilegítima al mandato del Ejecutivo. Si esta postura se consolida, estaremos ante una erosión sistemática de las instituciones que sostienen nuestra democracia.

El respeto a las leyes y a las instituciones es fundamental para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en cualquier democracia. Cuando el Poder Ejecutivo decide unilateralmente qué decisiones judiciales acatar y cuáles ignorar, se pone en riesgo la base misma de nuestro sistema de pesos y contrapesos. La democracia mexicana necesita, hoy más que nunca, un Poder Judicial independiente y respetado, que sea capaz de cumplir su labor sin presiones ni amenazas desde el Ejecutivo. Y, sobre todo, necesita un Poder Ejecutivo que entienda que la voluntad del pueblo no es una carta en blanco para ignorar las reglas del juego democrático.

En definitiva, la decisión de Sheinbaum de desobedecer una orden judicial y descalificar a una jueza no solo erosiona el respeto a las instituciones, sino que también sienta un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia.

La reciente aprobación de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, impulsada por MORENA y sus aliados, representa un grave retroceso para México en materia energética y económica. Esta reforma no solo centraliza el control del sector energético en el Estado, sino que también siembra incertidumbre para las inversiones privadas, pone en riesgo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y, lo más alarmante, podría agravar la ya crítica situación inflacionaria que enfrentamos como país.

Las consecuencias negativas de esta reforma serán evidentes: una mayor inflación, un aumento en la canasta básica, recibos de luz aún más caros, y combustibles a precios más elevados. A pesar de que el gobierno actual promete garantizar el acceso a la electricidad a bajo costo, la realidad es que su manejo de las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido ineficiente durante los últimos seis años. El presidente prometió que no iban a aumentar las gasolinas y que los recibos de luz serían más baratos, promesas que claramente no se han cumplido. Hoy nos enfrentamos a la inflación más alta en los últimos 20 años, con un aumento del 50% en el costo de la canasta básica.

Lo más preocupante de esta reforma es la monopolización del sector energético. Al otorgar a la CFE el control mayoritario del mercado eléctrico, con el 54% de la generación, y limitar a las empresas privadas al 46%, estamos creando un entorno poco competitivo. Este monopolio estatal no es más que un retroceso que nos lleva 40 años atrás, a una época de corrupción y tráfico de influencias. No olvidemos los escándalos que envuelven a personajes clave de este gobierno como el caso de la Casa Gris del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y las 25 casas de lujo que obtuvo Manuel Bartlett.

Además del impacto interno, las consecuencias internacionales también serán graves. Las demandas del T-MEC están a la vuelta de la esquina debido a las inversiones que ya se han hecho en la generación de energías limpias, inversiones que esta reforma pone en riesgo. México podría enfrentar sanciones comerciales, perder la confianza de los inversionistas extranjeros y, peor aún, comprometer el desarrollo de energías renovables y la transición hacia un futuro más sostenible.

Lo que MORENA y sus aliados han hecho con esta reforma no es otra cosa que consolidar un monopolio que afectará la economía de millones de mexicanos. Lejos de garantizar precios bajos y soberanía energética, lo que nos espera es mayor concentración de poder, ineficiencia y, en última instancia, un aumento de los costos para todos. Como miembro de Acción Nacional, me opongo rotundamente a estas arbitrariedades. Seguiremos defendiendo el derecho de los ciudadanos a un servicio energético de calidad, competitivo y justo.