La reciente propuesta de reforma constitucional impulsada por Morena y promovida por el senador Adán Augusto López Hernández, cercano a Claudia Sheinbaum, enciende alarmas entre defensores de los derechos humanos. Esta iniciativa, que inicialmente pretendía eliminar el control de convencionalidad de la Constitución Mexicana, ha sido vista como un peligroso retroceso para los derechos fundamentales en el país, además de una clara señal de un autoritarismo en crecimiento bajo el proyecto político que representa Sheinbaum.

¿Qué es el control de convencionalidad y por qué importa?

El control de convencionalidad es una herramienta esencial para garantizar que las leyes nacionales respeten los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como aquellos que México ha firmado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Desde la reforma constitucional de 2011, esta figura ha sido clave para proteger a los grupos más vulnerables, permitiendo a los jueces y tribunales aplicar normas internacionales que ofrecen mayores garantías a los derechos de las personas.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por Morena, que pretendía eliminar este control, habría dejado a la población mexicana desprotegida ante abusos de poder, limitando la capacidad de impugnar leyes que vulneren los derechos humanos. Este intento de Morena, partido alineado con el proyecto de Claudia Sheinbaum, es visto como un paso más hacia un sistema que privilegia la concentración de poder y que amenaza la integridad de los principios democráticos.

Amnistía Internacional y el rechazo unánime

Frente a esta alarmante propuesta, organizaciones internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, Fundar México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alzaron la voz, denunciando que la reforma constitucional "contraviene disposiciones internacionales" y representa un "grave retroceso" en la defensa de los derechos humanos. La eliminación del control de convencionalidad no solo afectaría a los tribunales, sino que también dejaría sin efecto la protección de los tratados internacionales que México ha firmado, impactando directamente a mujeres, comunidades indígenas y víctimas de violencia.

La presión de estas organizaciones logró frenar parcialmente la reforma, y el propio senador Adán Augusto López Hernández anunció la retirada de la eliminación del control de convencionalidad. No obstante, el hecho de que esta propuesta haya llegado tan lejos genera una enorme preocupación, pues revela las intenciones de un régimen que sigue avanzando hacia una consolidación del poder sin límites ni contrapesos.

Un avance autoritario

La reforma, que incluía cambios a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, proponía eliminar la posibilidad de que los tribunales pudieran impugnar reformas a la Carta Magna. Esto implicaría que cualquier modificación constitucional hecha por el gobierno de turno no podría ser desafiada ni cuestionada legalmente, un movimiento que recuerda más a las prácticas de gobiernos autoritarios que a las de una democracia funcional.

Este escenario hace evidente que el proyecto de la “Cuarta Transformación”, liderado por Claudia Sheinbaum, no solo busca modificar las instituciones desde dentro, sino también debilitar los mecanismos que protegen a la ciudadanía de las violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, la propuesta inicial de Morena muestra una tendencia a restringir cada vez más los márgenes de libertad y justicia en el país.

Los derechos humanos en la mira de Morena

Lo que resulta más preocupante de esta reforma es que no solo afectaría a los tribunales, sino que también eliminaría una de las pocas herramientas que las comunidades más vulnerables han utilizado para defenderse de las arbitrariedades del Estado. Organizaciones como Perteneces A.C. señalaron que el control de convencionalidad ha sido crucial para que los jueces puedan otorgar amparos y frenar leyes injustas. Sin él, las personas más precarizadas perderían una vía fundamental para hacer valer sus derechos.

El intento de eliminar esta figura se da en un contexto en el que el gobierno de Morena ha sido criticado por sus escasos avances en materia de derechos humanos. Según Fundar México, la eliminación del control de convencionalidad habría puesto en riesgo los logros alcanzados en la protección de los derechos de las mujeres, las víctimas de violencia, y las comunidades indígenas, sectores que ya enfrentan enormes barreras para acceder a la justicia.

¿Dictadura en proceso?

Este no es un caso aislado. Las señales autoritarias de un gobierno que busca concentrar más poder en pocas manos son cada vez más claras. Desde la militarización de la Guardia Nacional, hasta la cooptación de organismos autónomos, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece estar construyendo los pilares de un régimen que se aleja de los principios democráticos que México ha intentado consolidar por décadas.

Con esta reforma, Morena buscaba hacer inatacables las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, eliminando la posibilidad de que jueces y tribunales protegieran a los ciudadanos de leyes injustas o abusivas. De haber prosperado, esta propuesta habría sentado las bases para un control total sobre las decisiones del Estado, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión legal.

Un futuro incierto

Aunque la presión social y de las organizaciones internacionales obligó a Morena a retroceder en algunos aspectos de la reforma, el intento deja en claro la dirección que el partido busca seguir. La retirada de la eliminación del control de convencionalidad es una victoria parcial, pero las demás disposiciones de la iniciativa siguen representando un peligro latente para la democracia mexicana y los derechos de sus ciudadanos.

La dictadura de Claudia Sheinbaum parece no solo enfocarse en el control político, sino también en debilitar las defensas legales que protegen a la ciudadanía. Este tipo de reformas deberían encender las alarmas de todos los que valoran la justicia, la libertad y los derechos humanos en México, pues podrían ser solo el inicio de un futuro mucho más oscuro y autoritario para el país.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), encabezado por la coordinadora Noemí Luna y el vicecoordinador Elías Lixa, alzó la voz en defensa de los derechos y libertades de los mexicanos, denunciando la creciente intimidación por parte del Estado mexicano hacia la oposición. En una muestra más del autoritarismo del gobierno actual, tres legisladores panistas han sido citados ante el Juez Cívico bajo la amenaza de encarcelamiento, por presunto "daño" a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras la colocación de pegatinas durante una manifestación pacífica.

En conferencia de prensa, los legisladores del PAN dejaron claro que esta acción no es más que un intento de acallar las voces críticas ante las graves violaciones a los derechos humanos y la corrupción institucional promovida por el régimen actual. La coordinadora Noemí Luna subrayó que estos citatorios, entregados a Margarita Zavala, Héctor Saúl Téllez y Federico Döring, representan una "intentona de censura" y una prueba más de cómo la CNDH ha dejado de ser un órgano autónomo para convertirse en un instrumento del gobierno autoritario.

CNDH: Omisión ante la violencia, pero pronta para intimidar a la oposición

La diputada Luna destacó la gravedad de la situación, recordando que la manifestación frente a la CNDH tuvo como objetivo recriminar el silencio cómplice de la comisión ante la violación de derechos humanos en el Poder Judicial, así como su falta de pronunciamiento ante la reforma judicial impulsada por Morena, que ha socavado las instituciones y el Estado de derecho. "Nosotros clausuramos simbólicamente la CNDH porque ha fallado en su deber de defender a los mexicanos", afirmó.

En lugar de escuchar estos legítimos reclamos, el gobierno responde con intimidación. Mientras la CNDH sigue sin intervenir en los verdaderos problemas del país, como el baño de sangre en Sinaloa o las violaciones a los derechos humanos, su prioridad parece ser proteger al oficialismo y atacar a la oposición. "No defiende a las y los mexicanos, pero se molesta por unas pegatinas", señaló Elías Lixa, vicecoordinador del GPPAN.

Modificaciones constitucionales: Un golpe a los controles institucionales

Los legisladores del PAN también alertaron sobre una nueva amenaza: la iniciativa presentada por Morena en el Senado para modificar tres artículos más de la Constitución. Según Luna y Lixa, esta propuesta tiene como fin eliminar los controles institucionales que limitan el poder del Ejecutivo, consolidando así el régimen autoritario que busca anular las voces disidentes y silenciar a la oposición.

En palabras de Noemí Luna, el país se encuentra "totalmente fuera de un Estado de derecho", y las acciones del gobierno son claras señales de que el oficialismo está dispuesto a destruir las instituciones para mantenerse en el poder. "Es una ofensiva autoritaria en toda regla, que busca eliminar cualquier tipo de contrapeso", enfatizó.

Una oposición firme: No cederemos ante la intimidación

La postura de los legisladores panistas es clara: no se someterán a la intimidación ni a las injustas citaciones judiciales. Margarita Zavala, Héctor Saúl Téllez y Federico Döring, quienes han sido asesorados por el senador Germán Martínez, reiteraron su decisión de no acudir ante el Juez Cívico ni pagar la multa impuesta, pues consideran que el supuesto delito es inexistente. "No vamos a reconocer una ilegalidad ni a ceder ante la amenaza de encarcelamiento. Si esto hacen con diputados con fuero, ¿qué no harán con los ciudadanos comunes?", advirtió Lixa.

Los líderes del PAN hicieron un llamado a la ciudadanía a estar alerta ante las maniobras autoritarias del actual régimen y a defender las libertades y derechos que están siendo amenazados. El grupo parlamentario también informó que llevarán este caso ante el pleno de la Cámara de Diputados y que ya ha sido notificado al presidente de la Mesa Directiva, quien se comprometió a dar seguimiento.

Defender a México ante el autoritarismo

La dirigencia del PAN, a través de esta conferencia de prensa, dejó claro que no permitirán que el actual gobierno continúe su ataque a las instituciones y derechos fundamentales de los mexicanos. "Defenderemos a México a costa de todo y contra todo", concluyó Noemí Luna, reiterando su compromiso con la lucha por las libertades y la justicia en el país.

Este episodio no es solo un intento de silenciar a la oposición; es un síntoma del creciente autoritarismo que amenaza con destruir el equilibrio institucional en México. Frente a esto, el Partido Acción Nacional se erige como la única fuerza dispuesta a confrontar el abuso de poder y defender los derechos de los ciudadanos ante el gobierno más autoritario que ha conocido el país en décadas.

En lo general, todos y todas las legisladoras de la Cámara de Diputados votamos a favor de la importante reforma constitucional que modifica los artículos 4º y 27 de la Constitución Política en materia de bienestar social. Este dictamen, que ya fue enviado al Senado para su aprobación final, incluye cambios trascendentales en la política de pensiones para adultos mayores y apoyo a pequeños productores del campo y la pesca.

Reducción de edad para pensión de adultos mayores

Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la reducción de la edad mínima para recibir la pensión para adultos mayores. A partir de la aprobación de esta medida, las personas podrán acceder a este beneficio desde los 65 años, en lugar de los 68 años como estaba establecido previamente. Este cambio busca ampliar el apoyo a este sector vulnerable de la población, garantizando su derecho a una pensión por parte del Estado.

Además, la reforma contempla otorgar una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, lo que amplía la red de protección social a quienes más lo necesitan.

Cambios en el apoyo a pequeños productores

Otro aspecto importante de la reforma es el fortalecimiento del apoyo a los campesinos y pequeños productores. Se establece que el Estado debe garantizar un jornal seguro, justo y permanente a aquellos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y otras especies procesables. Además, se brindará un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, así como a pescadores de pequeña escala.

También se mantienen precios de garantía para productos esenciales como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, con el objetivo de asegurar un ingreso digno para los productores de estos cultivos.

Derecho a una vivienda adecuada

Un punto destacado del dictamen es la modificación del artículo 4º constitucional para asegurar que toda persona tenga derecho a una vivienda adecuada. Este cambio reemplaza el término “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, alineándose con las definiciones de la Agenda 2030 de la ONU y ONU-Habitat, que establecen que una vivienda adecuada incluye seguridad en la tenencia, accesibilidad, habitabilidad, asequibilidad y adecuación cultural.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó esta reserva, que fue aceptada por el Pleno, y explicó que el nuevo texto refleja un enfoque más amplio e inclusivo en el derecho a la vivienda, considerándolo fundamental para el bienestar de la sociedad.

Posturas del PAN

La diputada Carmen Rocío González Alonso, del PAN, expresó su apoyo a esta reserva, destacando que, aunque en ocasiones hay diferencias políticas, esta reforma muestra que existen coincidencias en temas que benefician a las y los mexicanos. “En el fondo, hay puntos en los que todos podemos estar de acuerdo, especialmente cuando se trata de iniciativas que impactan positivamente la vida de nuestros ciudadanos”, señaló.

Este respaldo del PAN subraya la importancia de la colaboración entre distintos grupos parlamentarios para lograr avances en temas sociales, como el acceso a una pensión digna y derechos fundamentales como la vivienda adecuada.

Por su parte, la diputada Verónica Pérez Herrera, del PAN, intervino a favor del dictamen, resaltando que si bien el partido apoya la medida, es necesario reconocer que los programas sociales actuales no han sido suficientes para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Subrayó que Acción Nacional ha respaldado históricamente las propuestas que aseguran el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Sin embargo, Pérez Herrera advirtió que el gobierno actual ha debilitado instituciones clave como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y criticó que las personas con discapacidades temporales, derivadas de enfermedades como el cáncer o la diabetes, han sido excluidas de la reforma.

¿Por qué el PAN no votó a favor en lo particular?

A pesar de que Acción Nacional respaldó la reducción de la edad para acceder a la pensión, el partido no votó a favor del dictamen en lo particular, argumentando una falta de transparencia en la administración de los programas sociales.

El diputado Federico Döring Casar, durante su intervención, expresó que el PAN lamentaba profundamente que ninguna de sus reservas fue aceptada, las cuales estaban centradas en asegurar la transparencia de los padrones y establecer candados para evitar el uso electoral de los programas sociales. Döring enfatizó que, aunque el PAN apoya los programas sociales, no podían votar a favor del dictamen debido a la falta de medidas para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

"Lamentamos profundamente que no se aceptó ninguna de las reservas que presentó el grupo parlamentario, que tenían que ver con la transparencia de los padrones y los candados para evitar el uso electoral de los programas. Ante esta falta de transparencia, no hay condiciones para votar a favor, a pesar del apoyo que tienen de nuestra parte los programas sociales", expresó Döring.

Esta postura refleja las preocupaciones del PAN sobre el manejo y destino de los recursos públicos, y su insistencia en que cualquier medida de bienestar social debe estar acompañada de mecanismos que eviten irregularidades y garanticen que los fondos lleguen a quienes más lo necesitan sin sesgos políticos.

El proyecto de decreto ha sido remitido al Senado de la República, donde se espera su aprobación final para que las reformas entren en vigor y se ajusten las leyes secundarias necesarias. Con estos cambios, el Estado mexicano refuerza su compromiso con el bienestar de los adultos mayores, personas con discapacidad y pequeños productores del país, consolidando políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El 17 de octubre, la jueza de distrito Nancy Salas emitió una orden judicial que solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación, retirar la publicación de la reforma judicial. Esta reforma ha sido altamente controvertida, ya que aún está sujeta a discusión por las alegaciones de anticonstitucionalidad planteadas por la Suprema Corte de Justicia. A pesar de ello, el gobierno ha procedido con su publicación, ignorando las disposiciones judiciales.

Aquí te decimos las razones principales por las que la presidenta debe acatar esta orden judicial o, de lo contrario, estaría promoviendo una crisis constitucional debido al autoritarismo y las contradicciones que las acciones del nuevo gobierno están provocando dentro de las máximas leyes en México.

1. Violación del principio de separación de poderes

Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia es la separación de poderes. Al ignorar una orden judicial, el Poder Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, estaría interviniendo en las decisiones del Poder Judicial. Esta interferencia directa con la autoridad de la Suprema Corte no solo vulnera las leyes establecidas, sino que sienta un peligroso precedente que debilita las instituciones y el sistema de contrapesos en México.

2. Desacato judicial y sus implicaciones legales

El desacato judicial es una falta grave en cualquier sistema de justicia. Al incumplir la orden emitida por la jueza Nancy Salas, Claudia Sheinbaum podría estar incurriendo en un delito de carácter constitucional. Este desacato no solo socava la legitimidad de su gobierno, sino que podría dar lugar a sanciones legales y poner en duda su compromiso con el Estado de derecho.

Además, al implicar al Diario Oficial de la Federación en la violación de esta orden, también se arrastra a la Secretaría de Gobernación a una potencial responsabilidad legal.

3. Crisis constitucional y el riesgo de inestabilidad política

El incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Ejecutivo puede derivar en una crisis constitucional. Esta situación es especialmente grave si consideramos que la reforma judicial en cuestión ya enfrenta señalamientos de inconstitucionalidad. Al seguir adelante con su promulgación, Claudia Sheinbaum está desafiando abiertamente a la Suprema Corte, lo que podría escalar a un enfrentamiento directo entre poderes. Este choque pondría en riesgo la estabilidad institucional de México y podría tener repercusiones en la credibilidad del gobierno a nivel internacional.

4. Aumenta el autoritarismo en el nuevo gobierno

Este acto de desacato también refleja una creciente tendencia autoritaria en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Al no respetar las decisiones del Poder Judicial, su administración está demostrando una falta de voluntad para mantener el equilibrio de poderes. El autoritarismo implica concentrar más poder en el Ejecutivo y restarle importancia a las voces disidentes, lo que erosiona la democracia. Si esta tendencia continúa, México podría estar entrando en una etapa de regresión democrática.

5. Precedente negativo para futuras administraciones

El hecho de que una presidenta de la República desacate una orden judicial sienta un precedente peligroso para futuras administraciones. Esto podría abrir la puerta para que futuros gobiernos sigan este ejemplo y también desafíen la autoridad de la Suprema Corte, socavando gradualmente el estado de derecho. La confianza pública en las instituciones democráticas está en juego, y un golpe a la independencia judicial podría ser el comienzo de una erosión más amplia de los derechos y libertades constitucionales.

El desacato de Claudia Sheinbaum a la orden judicial emitida por la jueza Nancy Salas es un asunto de gran gravedad que puede desencadenar una crisis constitucional sin precedentes en México. La independencia del Poder Judicial es fundamental para el equilibrio de poderes, y al ignorar esta orden, el gobierno actual está debilitando las bases mismas de la democracia mexicana. Si no se rectifica esta situación, las implicaciones para el Estado de derecho y la estabilidad política podrían ser profundas y duraderas.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha dado un paso firme en defensa del Estado de derecho, presentando un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar lo que considera una amenaza a la democracia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta acción se enmarca en un contexto en el que la legalidad y el respeto a la Constitución se ven gravemente comprometidos por el desacato deliberado de Sheinbaum a las resoluciones del Poder Judicial.

Sheinbaum y el desacato judicial: ¿una crisis constitucional en ciernes?

Los diputados federales del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) han expresado su profunda preocupación por el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por la SCJN para detener la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Este desacato, según el PAN, no solo vulnera la independencia del Poder Judicial, sino que representa un intento deliberado de concentrar el poder desde la presidencia, lo cual consideran un "golpe de Estado disfrazado".

Reforma judicial: un ataque a la independencia del Poder Judicial

El PAN ha sido claro en su rechazo a la reforma judicial propuesta por el gobierno de Sheinbaum, argumentando que esta pone en peligro la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. Si el Ejecutivo se impone en la selección de jueces y magistrados, como lo pretende con la elección programada para 2025, el equilibrio de poderes se perdería y la confianza en las instituciones se erosionaría rápidamente.

Violencia institucional: una amenaza a la igualdad de género y la justicia

Otra preocupación central del PAN es la violencia institucional ejercida contra la jueza Nancy Juárez Salas, quien otorgó una suspensión contra la reforma judicial. El PAN denuncia que la intimidación y presión hacia la jueza no solo representan un ataque directo contra quienes se oponen a las políticas del Ejecutivo, sino también un retroceso en la lucha por la igualdad de género. Las y los legisladores del PAN señalan que estas acciones desmienten el discurso de Sheinbaum de proteger a las mujeres, evidenciando una tendencia autoritaria que atenta contra la justicia y los derechos fundamentales.

Un llamado a la SCJN y la defensa del Estado de derecho

El PAN ha urgido a la SCJN a actuar con celeridad para frenar lo que consideran un grave atentado contra el Estado de derecho. La falta de acción ante estos hechos, advierte el partido, podría debilitar los contrapesos democráticos y permitir que el Ejecutivo continúe subvirtiendo la Constitución sin consecuencias.

Acción Nacional reitera su compromiso con la defensa de las instituciones que garantizan la libertad y la justicia en México. La batalla por la independencia del Poder Judicial no solo es una cuestión legal, sino un pilar fundamental para proteger los derechos humanos y las libertades en el país. Para el PAN, ningún poder debe estar por encima de la ley, y cualquier violación a las resoluciones judiciales debe tener consecuencias claras y contundentes.

#Comunicado

Las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PAN reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa del Estado de derecho, la democracia y el respeto irrestricto a la Constitución.https://t.co/RIxqXA8awC pic.twitter.com/PagBuqPkpm

— Diputados PAN (@diputadospan) October 20, 2024

La reciente Reforma Judicial impulsada por Morena ha generado una serie de preocupaciones y efectos inmediatos que ya están impactando el panorama nacional. Estas son las tres principales consecuencias que están afectando a México:

1. Bajó la confianza en México para inversiones

La Reforma Judicial ha generado una nueva fuente de incertidumbre para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la elección de jueces por voto popular —una característica única en México— está afectando las decisiones de inversión privada. Esto ha sido señalado como un riesgo que impacta negativamente la confianza empresarial y, por ende, el crecimiento económico del país.

El FMI ha reducido sus expectativas de crecimiento para México a un 1.5% en 2024, señalando que la falta de claridad en la implementación de la reforma y la vulnerabilidad del sistema judicial podrían empeorar este escenario. La incertidumbre en el marco legal y la falta de profesionalismo en el Poder Judicial son preocupaciones centrales para los inversionistas, que ven con recelo la capacidad de México de garantizar un ambiente propicio para el desarrollo económico.

2. El sistema judicial mexicano ha quedado en la incertidumbre

Empresarios e instituciones han mostrado su preocupación sobre la implementación de la reforma, destacando que esta deja al sistema judicial mexicano en una situación de vulnerabilidad. La Cámara de Comercio de Ciudad de México (CANACO) y la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM) han organizado mesas de diálogo para tratar de influir en las leyes secundarias y garantizar que los jueces y magistrados seleccionados sean personas con experiencia y probidad.

La falta de jueces capacitados y la reducción del presupuesto destinado a la justicia agravan la situación, y se teme que la designación de jueces sin la suficiente preparación afecte gravemente la calidad del sistema judicial. En un país donde el promedio de jueces por habitante ya está muy por debajo del estándar internacional, la situación solo se verá exacerbada por una reforma que no parece ofrecer soluciones adecuadas para mejorar la eficiencia y calidad del sistema judicial.

3. La reforma está mal hecha y necesitará más leyes secundarias

La Reforma Judicial no ha sido bien recibida en el ámbito legal y político, tanto que ya se han anunciado modificaciones a 10 leyes secundarias antes de que finalice el periodo legislativo de 2024. Entre las leyes que deberán modificarse están la Ley de Amparo, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La falta de claridad en la estructura inicial de la reforma ha provocado que se necesiten cambios adicionales para garantizar su funcionamiento adecuado, lo que aumenta la percepción de que fue una reforma improvisada. Estas modificaciones continúan generando desconfianza tanto en el ámbito político como en la comunidad jurídica, y ponen en duda la capacidad del gobierno para manejar una reforma de tal magnitud.

El Grupo Parlamentario del PAN, liderado por la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, ha anunciado la presentación de amparos en contra de las leyes secundarias aprobadas en la Reforma Judicial, argumentando que el proceso fue improvisado y sin un marco normativo adecuado. Murguía destacó que este procedimiento viola el artículo 105 constitucional, el cual prohíbe modificar leyes dentro de los 90 días antes de un proceso electoral.

La "Tómbola Judicial": Una kermés sin certeza jurídica

Durante una conferencia de prensa, acompañada de senadores y senadoras del PAN, Murguía criticó duramente el método de selección de jueces mediante una "tómbola judicial", calificándolo de un espectáculo comparable a una “kermés de rifa de bolitas” que no garantiza certeza jurídica. “Lo que vimos el sábado fue un espectáculo lamentable que no asegura imparcialidad ni justicia para los juzgadores”, afirmó.

Por su parte, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN, reiteró que México necesita una reforma judicial a la altura de sus necesidades, pero lo ocurrido fue un despropósito que afectará el futuro del sistema judicial. “No dimos quórum porque no avalamos esta tómbola que quedará para la historia en contra de la justicia mexicana”, señaló.

"Una tomada de pelo": Jueces preseleccionados

El senador Gustavo Sánchez Vásquez agregó que el proceso es una “tomada de pelo”, ya que los jueces han sido preseleccionados para servir al gobierno, y el supuesto proceso de elección no es más que una simulación. Asimismo, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón condenó la "tómbola judicial", calificándola de un "circo" que pone en riesgo la impartición de justicia y destruye la división de poderes en el país.

Finalmente, Murguía expresó la solidaridad del PAN con los cerca de 800 jueces y trabajadores del Poder Judicial que podrían perder su empleo debido a este proceso arbitrario, y afirmó que su bancada acompañará las acciones legales para impugnar este procedimiento legislativo.

El pan francés lagunero es mucho más que un alimento en la Comarca Lagunera; es una auténtica tradición que, según los panaderos locales, no se encuentra en ninguna otra parte de México. Para los laguneros, es un sabor tan arraigado que, aunque viajen a otros estados, siempre lo extrañan. No importa si se trata de unas vacaciones o una mudanza, el pan francés lagunero siempre ocupará un lugar especial en el corazón y el paladar de quien lo ha probado.

Un sabor que no se olvida

A simple vista, los turistas suelen confundir este pan con el bolillo, pero rápidamente descubren que hay una diferencia notable. El pan francés lagunero es de mayor tamaño, con una textura suave por dentro y una corteza dorada y crujiente por fuera que le otorga ese sabor inigualable. No es simplemente pan, es una delicia que representa la esencia de la región.

El origen del pan francés lagunero

Pero, ¿de dónde proviene esta joya culinaria? Según el historiador Carlos Castañón, el origen del pan francés lagunero se remonta a 1703, cuando frailes franciscanos en Europa intentaron recrear las formas de los caracoles marinos en un pan. Ese experimento dio lugar a lo que llamaron “mouffle”, un pan suave con corteza fina y dorada. Al llegar a México, perdió su nombre original y comenzó a conocerse como “pan francés”, por la influencia francesa y el uso de masa madre, similar a la de los baguettes.

Años después, en plena Revolución Mexicana, un hombre llamado Don Macario Fuentes Cantú, originario de Nuevo León, llegó a San Pedro de las Colonias y fundó la panadería “La Popular”. Con una receta única, Don Macario fue quien comenzó a elaborar el famoso pan francés lagunero que conocemos hoy en día.

Patrimonio intangible de la humanidad

Aunque el pan francés lagunero es apreciado en la región, es importante aclarar que el pan reconocido por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad es la baguette de origen francés, y no propiamente la versión lagunera. A pesar de esta distinción, el pan francés lagunero sigue siendo una tradición muy querida, que ha sido parte fundamental de la vida en la Comarca por más de 100 años.

La receta del pan lagunero, aunque no oficialmente reconocida, se transmite de forma oral y mediante la práctica directa con maestros panaderos, manteniéndose prácticamente inalterada durante generaciones.

Para más información sobre la lista de patrimonios intangibles de la humanidad de México según la UNESCO consulte este enlace.

¿Cómo disfrutar el pan francés lagunero?

Si eres visitante o residente de la Comarca Lagunera, el pan francés lagunero es el acompañamiento ideal para todo tipo de platillos. A continuación, te presentamos tres formas tradicionales de disfrutarlo en la región:

1. Con un menudito en el mercado de Lerdo, Durango: No hay mejor forma de empezar una mañana que con un buen plato de menudo en el mercado de Lerdo, y por supuesto, acompañado de un suave y crujiente pan francés lagunero. La combinación de sabores entre la calidez del menudo y la textura dorada del pan es un clásico de la gastronomía lagunera, ideal para recuperarse después de una larga noche o simplemente para disfrutar de un desayuno robusto.
   
2. En versión de los famosos lonches del Payo en Torreón, Coahuila: Una de las versiones más icónicas del pan francés lagunero es en los lonches del Payo, en Torreón. Este popular establecimiento ha perfeccionado la receta, rellenando el pan con una variedad de ingredientes como carnitas, aguacate, queso y salsas caseras. El contraste entre el exterior crujiente del pan y la jugosidad de sus rellenos hace de estos lonches una experiencia gastronómica que ningún lagunero ni visitante debería perderse.
   
3. Acompañando tu rico desayuno en el famoso restaurante La Estancia, en San Pedro, Coahuila: En La Estancia, un restaurante con tradición en San Pedro, el pan francés lagunero es el acompañamiento estrella de muchos desayunos. Ya sea que lo combines con huevos rancheros, chilaquiles o un sencillo café con leche, este pan siempre complementa perfectamente cualquier platillo. Es el toque final que hace de un desayuno en este lugar una experiencia inolvidable.

El pan francés lagunero no solo es un símbolo de la Comarca Lagunera, sino también un elemento esencial de su cocina, adaptándose a distintos platillos y momentos del día. ¡Una tradición que definitivamente debes probar si visitas la región!

La Cámara de Diputados validó con 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones el dictamen que modifica la naturaleza jurídica de las "empresas productivas del Estado" para convertirlas en "empresas públicas del Estado". Esta reforma redefine el rol de estas entidades, priorizando su responsabilidad social y el acceso a servicios esenciales como la electricidad.

Participación de particulares en la industria eléctrica

El dictamen aclara que los particulares podrán participar en actividades de la industria eléctrica, pero su intervención no tendrá prevalencia sobre la empresa pública del Estado. La prioridad será garantizar la accesibilidad, continuidad y precios asequibles del servicio eléctrico, evitando el lucro.

Áreas estratégicas y exclusivas del Estado

Además, la reforma reafirma que funciones como el manejo del litio y el servicio de Internet proporcionado por el Estado no constituirán monopolios, ya que son consideradas áreas estratégicas exclusivas del Estado. Estas áreas buscan preservar la seguridad y soberanía nacional, asegurando que el pueblo tenga acceso a servicios esenciales.

Control y planeación del sistema eléctrico nacional

La nueva normativa establece que el control y la planeación del sistema eléctrico nacional deben garantizar la autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible, protegiendo la seguridad energética de la nación. El objetivo es que la empresa pública del Estado mantenga un papel central en todo el proceso, desde la generación hasta la distribución de electricidad.

Transición energética sustentable

Por último, el Estado será el encargado de liderar la transición energética, aprovechando todas las fuentes de energía disponibles de manera sustentable. Se implementarán políticas científicas, tecnológicas e industriales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el impacto ambiental.

Este paso representa una reafirmación del papel central del Estado en la provisión de servicios estratégicos, garantizando que los recursos y servicios energéticos estén orientados al bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente.

En la última reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer los últimos avances en materia de seguridad e hizo énfasis en la unidad y el trabajo coordinado que el estado y el municipio han estado teniendo durante los últimos meses.

Coordinación en seguridad y Grupos de Reacción

Uno de los temas más relevantes que se trataron en la reunión fue la seguridad. Jiménez Salinas informó sobre el fortalecimiento de la coordinación en la región, subrayando los acuerdos alcanzados entre Federico Fernández Montañez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Entre los resultados de esta colaboración, destacó la creación del Grupo de Reacción Laguna y el Grupo de Reacción Torreón, que ya operan en conjunto para reforzar la seguridad en la región.

Además, el gobernador enfatizó los operativos conjuntos que se están llevando a cabo con el Ejército y la Guardia Nacional, los cuales están enfocados en combatir actividades ilegales como el huachicol, la venta de drogas en bares y antros, y la regulación de los servicios de escoltas privados. “Desde que iniciamos estos operativos coordinados, hemos tenido buenos resultados”, afirmó Jiménez Salinas.

Infraestructura y desarrollo económico

Otro de los temas abordados en la reunión fue el avance en las obras de infraestructura. El gobernador destacó que el Giro Independencia, una obra clave para la región, ya tiene un avance del 83%. También se discutieron proyectos sociales relacionados con agua, pavimentación, electrificación y mejoramiento de viviendas, que se están implementando en varios municipios de La Laguna.

En cuanto al desarrollo económico, el gobernador informó sobre su participación en el Foro Económico del Norte en la Ciudad de México, donde se reunió con representantes de empresas internacionales que ya operan en Coahuila, como Stellantis, General Motors, Daimler y Magna. Jiménez Salinas señaló que estas empresas están obteniendo resultados positivos en el estado, y que su administración busca que continúen expandiéndose en otras regiones de Coahuila, aprovechando las ventajas que ofrece la entidad, como la seguridad, la estabilidad laboral y el estado de derecho.

Fortalecimiento del estado de derecho y reforma judicial

Durante la reunión del Consede, el gobernador también abordó el tema del estado de derecho. Informó sobre los avances en la homologación de la legislación local con la reciente Reforma Judicial federal. Jiménez Salinas explicó que, en colaboración con los poderes Legislativo y Judicial, se está trabajando en una reforma que fortalezca las instituciones de Coahuila y brinde certeza a los inversionistas.

Colaboración con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal

El gobernador resaltó la buena relación que mantiene con las fuerzas armadas y los nuevos secretarios de la SEDENA, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que ha permitido robustecer la seguridad en el estado. Durante la reunión, el comandante de la XI Región Militar, Eufemio Alberto Ibarra Flores, hizo un llamado a intensificar el combate al huachicoleo y la venta de combustible robado, a lo que el gobernador se comprometió a reforzar los operativos en esta área.

Proyectos estratégicos para el futuro

Jiménez Salinas también mencionó los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum con Coahuila, como el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que incluye la modernización de las redes de abastecimiento. Además, se habló de la modernización de la carretera 57, el tren de pasajeros que pasará por Coahuila, y el rescate de AHMSA, en el que se trabaja junto con los miembros del Consede de la región Centro para encontrar una solución.

La reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional en La Laguna dejó claro el compromiso del gobierno de Manolo Jiménez Salinas con la seguridad, el desarrollo económico y la infraestructura de la región. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la colaboración con el sector empresarial y la sociedad civil, han sido fundamentales para impulsar el progreso de La Laguna y garantizar un futuro próspero para Coahuila.

Con el trabajo conjunto de todos los actores involucrados, Coahuila sigue consolidándose como un estado seguro y atractivo para la inversión, con proyectos estratégicos que aseguran su crecimiento sostenido en el corto y largo plazo.