El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo de la Federación publicó el domingo pasado la lista de personas aprobadas para continuar en el proceso de selección para cargos en el Poder Judicial de la Federación, de cara a las elecciones del 1 de junio de 2025. De las 18,447 personas que se inscribieron, 11,014 pasaron el primer filtro, lo que significa que más de la mitad, 7,433 aspirantes, no fueron aceptados.

Las Sánchez Cordero y otros aspirantes destacados

En la lista destacan importantes nombres de la política y la judicatura. Entre los aspirantes a ministros, figuran Roberto Gil Zuarth, miembro del PAN; Patricia Villegas Sánchez Cordero, hija de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Zulema Mosri Gutiérrez, esposa del exprocurador Rafael Macedo de la Concha; y Bernardo Bátiz, actual consejero de la Judicatura Federal.

Además, otros nombres que se destacan en la lista incluyen a Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal; María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia en el sexenio de AMLO; Paula María Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. También figura Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, quien se registró ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

En el lugar 121 de la lista se encuentra Estela Fuentes Jiménez, actual magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quien busca competir por el cargo de ministra de la SCJN.

¿Qué cargos se están contendiendo en la elección judicial?

El Comité de Evaluación también aprobó perfiles para diversos cargos dentro del Poder Judicial. Para el Tribunal de Disciplina Judicial fueron avalados 183 aspirantes, mientras que para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se aprobaron aproximadamente 42 personas.

Además, se seleccionaron 225 aspirantes para la contienda por magistraturas en las Salas Regionales del TEPJF. También, 3,380 personas fueron aceptadas para aspirar a ser magistrados de circuito, y 6,950 para la posibilidad de convertirse en jueces de distrito.

Errores y aclaraciones en la lista de elegibles

Recientemente, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo publicó una lista preliminar con los aspirantes que pasaron la primera etapa del proceso judicial, pero debido a errores técnicos y la presión por cumplir con los plazos, la lista no estaba completa. De los 12,000 registros recibidos, solo 7,060 personas fueron subidas a la página oficial, aunque el Comité aclaró que en realidad hay más de 7,177 personas elegibles.

Andrés García Repper, uno de los integrantes del comité, explicó que por la urgencia de cumplir con los plazos, no pudieron subir todos los registros y que pronto se publicará una lista complementaria. "Faltan algunos aspirantes que son elegibles, pero ya no pudimos subirlos a la lista", afirmó García Repper en una conferencia de prensa realizada en el Senado.

Rechazo de candidatos en la elección judicial

Entre las justificaciones para el rechazo de ciertos aspirantes se destacó que un 30% de ellos no presentaron certificados de estudios con el promedio requerido, lo que obligó al comité a revisar manualmente los documentos. También se excluyeron a personas que no contaban con la licenciatura en Derecho, un requisito indispensable para aspirar a estos cargos.

Algunos nombres que destacaron en la lista preliminar pero que fueron eliminados incluyen a Jorge Grossman Sánchez Cordero, sobrino de la exministra Olga Sánchez Cordero, así como a Ricardo Peralta, ex titular de Aduanas, y a Eurípides Flores, exrepresentante de Morena ante el INE.

El comité también informó que la lista de personas aprobadas será cruzada con las bases de datos de diversas instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y el DIF Nacional. Esto con el fin de verificar que los aspirantes no tengan inhabilitaciones previas, sanciones por violencia política de género o deudas alimentarias.

"Más que ahorrarnos las impugnaciones, es para que las personas no tengan que presentarlas", explicó García Repper, quien agregó que el comité está comprometido en ofrecer un proceso transparente y libre de conflictos.

¿Qué sigue en la elección judicial?: comparecencia pública

A pesar de los errores en la publicación inicial de la lista, el proceso sigue adelante. El siguiente paso será una comparecencia pública en la que los aspirantes deberán demostrar sus capacidades y aptitudes para los cargos a los que aspiran. Arturo Zaldívar, ministro en retiro y miembro del Comité, destacó que aunque los aspirantes cumplan con los requisitos formales, esto no garantiza su avance a la siguiente etapa del proceso. "Estamos buscando a los mejores perfiles", comentó Zaldívar en una conferencia matutina.

Fase de idoneidad: un análisis exhaustivo

A partir del 16 de diciembre comenzó la fase de idoneidad, en la cual se llevará a cabo un análisis más exhaustivo de los perfiles, incluyendo la trayectoria académica y profesional, la fama pública y la honestidad de los aspirantes. En esta etapa, los seleccionados presentarán un examen y participarán en una entrevista pública.

La depuración final se realizará mediante una tómbola para ajustarlo al número de candidaturas necesarias por cargo. En total, se elegirán 881 titulares para diversos cargos judiciales, con nueve para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nueve para el Tribunal de Disciplina Judicial, y ocho para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, habrá 33 aspirantes a magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, 374 para magistrados de circuito y 24 para los Tribunales de Apelación.

Un estudio reciente realizado por InsightAds by CapiscIA ha puesto en evidencia el impresionante gasto publicitario destinado a influir en la opinión pública sobre la Reforma al Poder Judicial en México. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, se invirtieron $778, 616.86 millones de pesos en anuncios en redes sociales para promover posturas a favor de esta reforma clave, que ha generado un amplio debate político y social. Esta inversión masiva no solo refleja la importancia del tema, sino también el esfuerzo de los actores políticos y sociales para moldear la narrativa en torno a la reforma.

El desglose de la inversión en favor de la reforma muestra cómo diferentes actores han decidido invertir en las redes sociales para promover su postura. Los principales patrocinadores de estos anuncios incluyen políticos, medios de comunicación, influencers y, lo más significativo, outlets sin identificación. A continuación, presentamos los detalles del gasto en anuncios relacionados con la reforma:

Principales actores e inversión:

De acuerdo a la investigación de CapiscIA, la inversión en redes sociales se distribuyó por distintas cuentas, esto fue lo que se gastó mediante cada tipo de perfil:

• Medios de comunicación:
  • $383,858.10 fueron destinados a medios tradicionales y digitales, quienes jugaron un rol crucial en difundir las narrativas a favor de la reforma, destacando su enfoque en la mejora y fortalecimiento del sistema judicial mexicano.
• Políticos de Morena y aliados:
  • $287,309.60 fueron invertidos principalmente por políticos de la Cuarta Transformación. Este gasto refleja su esfuerzo por asegurar la aprobación de la reforma y promover la idea de que la reforma fortalece la autonomía judicial, alineada con los intereses del gobierno federal.
• Influencers:
  • $63,068.00 fueron dirigidos a influencers, quienes desempeñaron un papel importante en la difusión de mensajes favorables a la reforma a través de sus plataformas sociales.
• Outlets sin identificación:
  • $383,858.10 fueron canalizados a outlets sin identificación, un fenómeno creciente en las campañas digitales. Estos medios, que no siempre están claramente verificados o identificados, representaron más del 50% de la inversión total en este segmento. Páginas como NX Noticias, Informando MX y Diario 4T fueron ejemplos de estos outlets, los cuales se encargaron de difundir tanto noticias a favor de la reforma como de la administración actual.

El gasto en publicidad no solo refleja el dinero invertido, sino también las narrativas que se promovieron. Los anuncios a favor de la reforma se centraron en varios puntos clave que intentaron captar el apoyo de la ciudadanía:

1. Fortalecimiento del sistema judicial: Se destacó la necesidad de un sistema judicial más eficiente, transparente y menos susceptible a la corrupción interna (35.6% de los anuncios a favor).
2. Respaldo a la Cuarta Transformación: Los anuncios resaltaron cómo la reforma es parte de un esfuerzo más amplio para seguir con los cambios propuestos por la administración actual, alineándose con la ideología de Morena y sus aliados (27.8%).
3. Responsabilidad judicial e independencia: Se subrayó la importancia de la discusión abierta sobre la reforma en el pleno, como un ejemplo de responsabilidad judicial e independencia, un tema que ha sido muy importante en la narrativa de quienes apoyan la reforma (18.9%).
4. Autonomía del sistema judicial: Otro punto clave fue la autonomía del sistema judicial y su fortalecimiento, visto como un paso crucial para asegurar una justicia más imparcial y libre de influencias externas (17.7%).

"Outlets sin identificar": cuentas que afectan la transparencia

Una de las revelaciones más significativas del estudio es el uso de outlets sin identificación, que se han convertido en un canal importante para la distribución de contenido político. Estos outlets, que operan en redes sociales y sitios web, frecuentemente no revelan información sobre su financiamiento o los actores detrás de ellos, lo que plantea un reto en términos de transparencia.

El gasto total en outlets sin identificación fue de $383,858.10, representando más del 50% de la inversión en publicidad a favor de la reforma. Este tipo de medios, como NX Noticias o Informando MX, han sido utilizados para amplificar narrativas relacionadas con el gobierno, particularmente en temas clave como la reforma judicial y la continuidad de la Cuarta Transformación. Aunque estos canales no siempre son fáciles de identificar o verificar, su influencia en las redes sociales y su capacidad para llegar a audiencias específicas es innegable.

La inversión de $779 millones de pesos en publicidad digital refleja la importancia de la Reforma al Poder Judicial para los actores involucrados en la política mexicana. Los esfuerzos por influir en la opinión pública han sido masivos, con un claro enfoque en promover la narrativa de que la reforma fortalecerá el sistema judicial y alineará el Poder Judicial con los principios de la Cuarta Transformación. La presencia de outlets sin identificación también resalta el desafío de la transparencia en el ecosistema digital, donde los mensajes pueden difundirse sin una clara identificación de los actores detrás de ellos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 ha dejado un panorama preocupante para Coahuila, con significativos recortes en áreas esenciales como salud, educación y medio ambiente. Estos ajustes ponen en riesgo el desarrollo y bienestar de la población del estado.

Salud: un golpe al bienestar de los coahuilenses

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) sufrirá una reducción del -8.1% en términos reales, pasando de $2,744.4 millones en 2024 a $2,633.8 millones en 2025. Este recorte afecta directamente a la atención médica básica, programas de prevención y servicios hospitalarios, lo que podría agravar las dificultades del sistema de salud estatal.

Educación: menos recursos para el futuro

El presupuesto para la educación también enfrenta ajustes preocupantes. En el rubro de subsidios federales para organismos descentralizados, esenciales para la operación de instituciones educativas, se registra una caída del -5.1% en términos reales, limitando el alcance de programas clave y el mantenimiento de la infraestructura educativa.

Inversión mediambiental para CONAGUA

La protección ambiental en Coahuila ha sido prácticamente eliminada del presupuesto federal, y el presupuesto que se ha recortado en un 100%, etiquetado como "proyectos de infraestructura relacionados con agua potable y saneamiento" del programa "Agua Saludable para La Laguna", fue redirigido a CONAGUA, organismo federal que administrará el recurso.

Si bien se considera este presupuesto para el desarrollo y la mejora de infraestructura para conducir agua en la región lagunera de Coahuila, un asunto urgente para la zona, la gestión de CONAGUA ha sido señalada por mala administración y sobrecosto (más información).

Los recortes planteados en el PPEF 2025 representan un retroceso en el desarrollo de Coahuila. La reducción en áreas clave como salud, educación y medio ambiente pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos y el progreso del estado. Es fundamental que las autoridades estatales y federales trabajen en conjunto para garantizar un presupuesto que priorice las necesidades de la población.

El pasado jueves, la mayoría oficialista de MORENA y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el Presupuesto 2025, haciendo oídos sordos a los señalamientos críticos realizados desde Acción Nacional. Este ejercicio de autoritarismo legislativo refleja, una vez más, el desinterés del oficialismo por atender las verdaderas prioridades de México.

Con un monto de $9.3 billones de pesos, el presupuesto presenta una disminución real del 1.6% en términos económicos y contempla una nueva deuda de $1.4 billones de pesos, a pesar de las constantes declaraciones del Ejecutivo de no endeudarse. Lo más preocupante no es solo el tamaño del presupuesto, sino cómo se distribuyen los recursos.

Los proyectos insignia de este gobierno —el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)— continúan absorbiendo miles de millones de pesos, a pesar de sus notorios retrasos, fallas operativas y cuestionamientos sobre su viabilidad. Mientras tanto, sectores fundamentales para el desarrollo de las y los mexicanos sufren recortes alarmantes:

• Salud: Una reducción del 31.24% que afecta gravemente la adquisición de medicamentos y el programa de vacunación, dejando a solo 4 de cada 10 niños con su esquema completo.
• Seguridad: Disminución del 33.46% en un momento en el que el país enfrenta una crisis de violencia sin precedentes.
• Medio ambiente: Un recorte del 36.84%, que limita las acciones necesarias para enfrentar el cambio climático y proteger nuestros recursos naturales.

Además, apenas $10 mil millones de pesos se destinan a la reconstrucción y conservación de carreteras, un monto insuficiente para la infraestructura que urge en todo el país.

En Coahuila, el panorama es aún más desalentador. Si bien se proyectan $3 mil millones adicionales para el proyecto "Agua Saludable para La Laguna", esto sobrepasa en más del doble el presupuesto original de $9 mil millones prometido por el presidente López Obrador. Este exceso presupuestal, característico de los proyectos emblema de MORENA, se ve agravado por las irregularidades con empresas proveedoras y los preocupantes resultados iniciales del proyecto, como la contaminación del agua extraída. (Fuente: "Derraman el doble de recursos en Agua Saludable para La Laguna  y dan resultados a cuenta gotas", Pie de Página. )

Esta mala administración no solo ha frenado avances importantes, sino que también ha intensificado la crisis hídrica en Torreón, donde las familias enfrentan una creciente escasez de agua. Por otro lado, aunque se asignan $1.8 mil millones al Sistema de Drenaje Pluvial de Torreón, será crucial garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente para evitar más ejemplos de despilfarro y corrupción.

Acción Nacional estará vigilante desde la Cámara de Diputados para que estos fondos beneficien realmente a la población y no se pierdan en opacidad o improvisaciones.

Este presupuesto evidencia un desinterés profundo por sectores clave como la salud, la educación y la seguridad, áreas que deberían ser la base de cualquier plan de desarrollo nacional. En su lugar, el gobierno privilegia proyectos que funcionan más como monumentos a la administración que como soluciones para los mexicanos.

MORENA y sus aliados han elegido un camino que deja a estados como Coahuila en una situación vulnerable, con recursos insuficientes para atender sus necesidades prioritarias. Pero desde la oposición, seguiremos alzando la voz para exigir un manejo responsable y justo de los recursos públicos.

El bienestar de las y los mexicanos no puede estar subordinado a caprichos políticos.

Este martes, se discutió un dictamen clave en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para incluir a los trabajadores de plataformas digitales. Ante este panorama, el Partido Acción Nacional (PAN) propone un enfoque innovador y equilibrado que protege los derechos laborales sin comprometer el crecimiento económico ni la flexibilidad del sector.

El Plan VAS: Vacaciones, Aguinaldo y Seguridad Social

El PAN presenta el Plan VAS, una propuesta integral que garantiza a los trabajadores de plataformas digitales acceso a:

• Vacaciones: Un derecho fundamental para el descanso y la productividad.
• Aguinaldo: Un beneficio económico vital para miles de familias mexicanas.
• Seguridad Social: Cobertura médica, seguro de riesgos laborales y contribuciones al Infonavit.

Este enfoque asegura que las personas trabajadoras puedan disfrutar de condiciones laborales dignas, adaptadas a las características únicas de las plataformas digitales.

Justicia laboral y flexibilidad, de la mano

La propuesta del PAN reconoce que las plataformas digitales ofrecen una modalidad laboral que combina libertad y adaptabilidad. Sin embargo, esto no debe ser excusa para negar derechos fundamentales.
En palabras del PAN:

"Las y los trabajadores de plataformas digitales merecen seguridad sin perder su flexibilidad. Derechos laborales y crecimiento económico no están peleados; buscamos el equilibrio".

El objetivo es un marco legal inclusivo que permita a las empresas operar de manera sostenible mientras protege a las personas trabajadoras.

Críticas al enfoque de Morena

Aunque Morena propone una "nueva modalidad laboral", el PAN destaca las carencias y riesgos de dicha reforma:

• Carga fiscal desproporcionada: La reforma puede ahogar a las empresas y provocar que muchas plataformas abandonen el mercado mexicano.
• Pérdida de empleos: Sin un balance adecuado, miles de mexicanas y mexicanos podrían quedarse sin ingresos.
• Falta de claridad: Morena no ofrece soluciones concretas para garantizar la viabilidad empresarial ni responder a las necesidades reales de los trabajadores.

"Con esta reforma, Morena le pone alas a un pájaro, pero lo encierra en una jaula", critica el PAN.

Una visión responsable y equilibrada

El PAN busca impulsar un modelo que combine progreso e innovación con justicia social. Por ello, propone:

1. Diálogo abierto: Un parlamento donde todas las voces, incluyendo trabajadores y empresas, sean escuchadas.
2. Reformas viables: Seguridad social y protección sin eliminar la flexibilidad laboral.
3. Soluciones claras: Seguro de riesgos de trabajo, servicios médicos y contribuciones patronales equilibradas.

Hacia un México con justicia laboral e innovación digital

Para el PAN, el trabajo digno no depende del modelo laboral; es un derecho universal. Por eso, su propuesta se basa en garantizar la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras sin sacrificar la competitividad empresarial.

En palabras del partido:

"Creemos en un México donde el progreso y la innovación vayan de la mano con la justicia social y el bienestar de todas las familias".

Con el Plan VAS y un enfoque responsable, el PAN busca un equilibrio entre derechos laborales, viabilidad empresarial y desarrollo económico.

El 15 de septiembre de 2024, Morena consolidó su ofensiva contra la independencia del Poder Judicial con la publicación de un decreto que ha desencadenado uno de los episodios más oscuros para la justicia en México. Hoy, las leyes secundarias que pretenden dar forma a esta reforma se discuten en el Congreso, dejando en evidencia su verdadero objetivo: someter a jueces y magistrados a los intereses de un régimen autoritario.

Esta no es una reforma para mejorar el acceso a la justicia ni para fortalecer el sistema judicial. Es, en realidad, una "deforma judicial" que centraliza el poder en órganos diseñados para castigar la disidencia, eliminando criterios claros para la adscripción de jueces y priorizando la lealtad política sobre el mérito. El proceso de selección es opaco y plagado de irregularidades, más cercano a un circo político que a un ejercicio democrático.

Cuando la justicia se convierte en una herramienta al servicio del poder, la imparcialidad desaparece y con ella la confianza ciudadana. Morena no quiere un Poder Judicial independiente; quiere un sistema dócil que proteja sus intereses y persiga a sus críticos.

Desde el PAN, rechazamos este asalto a la autonomía judicial. La justicia no es negociable, y seguiremos luchando para evitar que se consolide una dictadura disfrazada de reforma. Hoy es la independencia judicial lo que está en juego, pero mañana podría ser la democracia misma.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta serios desafíos en su primer año de operación. Inaugurado el 16 de diciembre de 2023, el sistema ferroviario ha transportado solo 480,769 pasajeros hasta el 14 de octubre de 2024, cifra que representa apenas el 19.5% de la meta anual de 3 millones de usuarios establecida por el gobierno.

Balance del primer año: lejos de las expectativas

Conforme a las estimaciones oficiales, el Tren Maya debería trasladar alrededor de 8,200 personas por día, pero los reportes indican que actualmente su uso diario se limita a unas 1,600 personas. La mayoría de los pasajeros han sido mexicanos no locales, provenientes de otras entidades del país, mientras que los pasajeros extranjeros representan únicamente el 5% del total.

Distribución de pasajeros:

• Nacionales (no locales): 317,754
• Locales (habitantes de los estados por donde pasa el tren): 138,479
• Extranjeros: 24,536

Incremento en costos y retrasos en infraestructura

El costo inicial del proyecto, estimado en 140 mil millones de pesos, se ha triplicado según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alcanzando los 515 mil millones de pesos. Además, los 1,554 kilómetros de vía ferroviaria aún no están completamente terminados. Los tramos entre Tulum, Campeche y Escárcega continúan en construcción, lo que limita el recorrido total del tren.

A esto se suma un presupuesto adicional de 40,827 millones de pesos asignado para 2025, destinado al desarrollo del tren de carga, que según la presidenta Claudia Sheinbaum será clave para fortalecer la operación comercial del proyecto.

Retos y perspectivas

La baja afluencia de pasajeros y los altos costos han generado críticas hacia el proyecto, que en su concepción fue diseñado para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales. Sin embargo, la falta de rutas completas y los retrasos en la llegada de nuevos trenes han obstaculizado su éxito.

La presidenta Sheinbaum defendió recientemente el proyecto, asegurando que la apertura de la ruta entre Palenque y Chetumal en diciembre y la llegada de nuevos trenes en 2025 fortalecerán su desempeño. "Es falso que tenga problemas. El Tren Maya es un éxito", declaró.

El Tren Maya enfrenta desafíos significativos que contrastan con las ambiciosas proyecciones iniciales. Mientras el gobierno busca consolidar su operación con nuevos tramos y la incorporación del tren de carga, el éxito de este proyecto dependerá de su capacidad para aumentar la afluencia de pasajeros, optimizar costos y cumplir las expectativas económicas y sociales que se le atribuyeron.

Cada 9 de diciembre, el mundo observa el Día Internacional contra la Corrupción, una oportunidad para evaluar avances y retos en el combate a este fenómeno. En México, este problema no solo persiste, sino que también se ha enraizado profundamente en la cultura institucional y social, a pesar de los compromisos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para erradicarlo al inicio de su gobierno en 2018.

Si bien AMLO posicionó el combate a la corrupción como el eje central de su administración, los datos muestran que estas promesas no han producido resultados tangibles. Por cuarto año consecutivo, México obtuvo 31 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, colocándose en el lugar 126 de 180 países evaluados. Este estancamiento lo ubica como el país peor calificado dentro de la OCDE y uno de los más bajos en América Latina​

Escándalos como Segalmex, la Estafa Maestra, y el caso Agronitrogenados son ejemplos emblemáticos de corrupción que no han derivado en sentencias definitivas, lo que refuerza la percepción de impunidad en el país. Asimismo, la falta de independencia en las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos agrava la problemática.

Corrupción cotidiana: La otra cara del problema

Más allá de los grandes casos, la corrupción afecta directamente a los ciudadanos. Según datos del INEGI, en 2023 el 14% de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de actos corruptos al realizar trámites o interactuar con autoridades. Además, el 59% de las personas que tuvieron contacto con una autoridad pública reportaron haber sido víctimas de corrupción, siendo este el porcentaje más alto desde 2013. Pese a ello, solo el 4.8% de las víctimas denunció estos hechos​

Este fenómeno se refleja en prácticas como sobornos para evitar multas, agilizar trámites o garantizar servicios básicos. La normalización de estas conductas perpetúa el problema y dificulta su erradicación.

Retos para el futuro

Con el inicio de un nuevo ciclo político en México, la corrupción representa uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. De acuerdo con Transparencia Mexicana, será crucial fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y garantizar la independencia de las fiscalías, además de proteger a denunciantes y alertadores de corrupción​

Además, se debe abordar la convergencia entre corrupción y crimen organizado, que se manifiesta en temas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Sin una estrategia integral que aborde estas intersecciones, los avances serán limitados.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, México enfrenta un panorama complejo y desafiante. Las grandes promesas no han sido suficientes para transformar un sistema arraigado en décadas de impunidad y malas prácticas. Sin acciones concretas y la voluntad política para fortalecer las instituciones, la lucha contra la corrupción seguirá siendo una asignatura pendiente para el país.

Es imperativo que los ciudadanos y organizaciones continúen exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso para romper el ciclo de corrupción que tanto afecta al desarrollo social y económico de México.

Con información de Nexos, Expansión y ADN Político.

La propuesta de Presupuesto de Egresos alternativo para 2025, presentada por Acción Nacional, busca redirigir recursos clave hacia sectores prioritarios como seguridad, salud, educación, mujeres y reactivación económica, sin incrementar el gasto total, estimado en 9.3 billones de pesos. Este plan abarca reducciones y reasignaciones estratégicas para lograr un impacto positivo en el bienestar de los mexicanos.

Principales Ajustes Propuestos

1. Reducción al presupuesto del Tren Maya

Se propone reducir en un 50% el presupuesto asignado para 2025, pasando de 40,000 a 20,000 millones de pesos.

• Motivo: La obra ha presentado inconsistencias técnicas, sobrecostos por 404 mil millones de pesos, y dudas sobre su rentabilidad operativa.
• Impacto: Liberará recursos para sectores prioritarios.

2. Eliminación de recursos al IPAB (FOBAPROA)

El presupuesto destinado a programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca sería eliminado por completo, liberando 52,452 millones de pesos.

• Motivo: Representa una carga fiscal arbitraria para los contribuyentes.

3. Ajuste al presupuesto de PEMEX

Se propone un recorte del 10.8% al presupuesto de Petróleos Mexicanos, liberando 50,000 millones de pesos.

• Motivo: Pérdidas acumuladas de 1.3 billones de pesos durante el sexenio y producción por debajo de lo proyectado.

4. Reducción al presupuesto de la Refinería Dos Bocas

El recorte del 36.7% dejará el presupuesto de Dos Bocas en 86,349 millones de pesos, liberando otros 50,000 millones de pesos.

• Motivo: Proyecto concluido con sobrecostos significativos y cuestionada eficiencia operativa.

5. Ajuste al precio del barril de petróleo

Se plantea incrementar el precio estimado del barril de petróleo de 57.8 a 63.8 dólares para 2025.

• Impacto: Un ingreso adicional estimado de 78,600 millones de pesos.

6. Creación del Seguro Universal de Salud

Redireccionar los 165,000 millones de pesos del IMSS-Bienestar para implementar un Seguro Universal de Salud, que garantizará atención médica integral para todos los mexicanos.

Sectores Beneficiados

Seguridad Pública

• Programas fortalecidos: Blindar México, fortalecimiento de policías locales y fiscalías, Universidad de la Policía, y búsqueda de personas desaparecidas.
• Presupuesto ampliado: 42,500 millones de pesos.

Salud Pública

• Programas clave: Seguro Universal de Salud, vacunación, atención al cáncer, salud mental y VIH/Sida.
• Presupuesto ampliado: 211,000 millones de pesos.

Mujeres y Niñez

• Programas fortalecidos: Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo a víctimas de violencia, y reducción de mortalidad materna.
• Presupuesto ampliado: 13,300 millones de pesos.

Reactivación Económica

• Iniciativas clave: Apoyo a emprendedores, MIPYMES, y fomento a la agricultura, ganadería y pesca.
• Presupuesto ampliado: 56,654 millones de pesos.

Educación e Infraestructura Educativa

• Áreas de inversión: Infraestructura escolar, universidades, y programas de inglés.
• Presupuesto ampliado: 23,000 millones de pesos.

Medio Ambiente

• Programas destacados: Agua potable, drenaje, tratamiento de residuos, y cuidado de áreas naturales protegidas.

Adicionalmente, el PAN propone:

• Incrementar recursos para educación, garantizando que no haya recortes a universidades como la UNAM, IPN y UAM.
• Aumentar apoyos a comunidades indígenas y migrantes.
• Destinar más fondos a medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología.
• Restablecer el FONDEN para atender desastres naturales de manera eficiente.

El PAN presenta un presupuesto responsable, eficiente y enfocado en las verdaderas necesidades de las familias mexicanas. No pedimos más dinero; pedimos gastar mejor, priorizando salud, educación, seguridad y desarrollo económico.

Por un México donde cada peso cuente, donde las mujeres tengan refugio, los niños educación de calidad, y las familias vivan con tranquilidad. Esto es lo que representa el Presupuesto Alterno del PAN 2025: un Presupuesto que Te Sirva.

El pasado martes, el pleno de la Cámara de Diputados discutió un dictamen que busca reformar los artículos 4º y 5º de la Constitución en materia de salud pública. Mientras que la prohibición del fentanilo ilícito es una medida urgente y necesaria, la inclusión de la prohibición de los vapeadores genera preocupación. Esta propuesta no solo ignora la realidad del consumo, sino que puede desencadenar consecuencias negativas para la salud pública y la seguridad.

La trampa en la propuesta

El grupo parlamentario de Morena ha decidido incluir en un solo dictamen dos temas distintos: la prohibición del fentanilo ilícito y la de los vapeadores. Para el PAN, esta estrategia es un exceso, ya que equiparar el combate a una de las drogas más peligrosas del mundo con la regulación de productos como los vapeadores desvirtúa los esfuerzos de salud pública.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, lo resumió así:

“Colocar en la misma reforma constitucional una prohibición al fentanilo con una a los vapeadores es a todas luces un exceso y colocarlos a la par es desvirtuar el esfuerzo que se hace por combatir a las drogas más adictivas y peligrosas de las que se tienen noticias frente al uso del fentanilo. Como médico estoy en contra de prohibir y quiero que estos productos estén estrictamente y rigurosamente controlados.”

Por su parte, la diputada Paulina Rubio Fernández, también del PAN, señaló:

“Enunciar en la Constitución Política la prohibición de la producción y distribución del fentanilo no va a solucionar el problema de seguridad ni la corrupción ni asegura que el gobierno mexicano vaya a cumplir con su trabajo. Se requiere una política de prevención de adicciones y de reconstrucción del tejido social. El enemigo en común es el fentanilo.”

La regulación como herramienta clave

Prohibir los vapeadores no resolverá el problema de su uso. Estos productos son parte de una realidad que no se puede ignorar. Al prohibirlos sin ofrecer alternativas responsables, se fomenta el mercado negro y se expone a los consumidores a productos de baja calidad y mayor riesgo.

La regulación es la solución más efectiva para proteger a la población. Esto incluye:

1. Estándares de calidad: Asegurar que los productos en el mercado sean seguros y libres de sustancias tóxicas como mercurio o metales pesados.
2. Control del mercado negro: Evitar que el comercio ilegal de vapeadores siga creciendo, alimentando la violencia y las complicaciones de salud.
3. Educación pública: Lanzar campañas informativas sobre los riesgos y beneficios de estos productos para fomentar su uso responsable.
4. Políticas de reducción de daños: Promover los cigarrillos electrónicos como alternativas menos dañinas al tabaco tradicional, siempre bajo supervisión médica.

Lecciones del pasado

La historia demuestra que las prohibiciones absolutas no eliminan problemas, solo los agravan. La Ley Seca en Estados Unidos fortaleció al crimen organizado y generó más violencia. En lugar de repetir ese error, México debe implementar soluciones basadas en la regulación y la prevención.

Un llamado a la razón

Desde el PAN, la postura es clara:

• Regular, no prohibir.
• Combatir el fentanilo ilícito con medidas firmes.
• Fortalecer políticas de prevención de adicciones.

México merece soluciones integrales que aborden las causas de los problemas, no medidas simplistas que los oculten.

Como bien dijo el diputado Ramírez Barba:

“Prohibir a ciegas es proteger mal.”

Prohibir los vapeadores no es proteger a los jóvenes ni mejorar la salud pública, es alimentar el mercado negro y desviar recursos de problemas más graves. México necesita regulación, educación y prevención, no parches que ignoren la realidad.

#ProhibirNoEsProteger
La protección de la salud pública debe basarse en evidencia científica y responsabilidad legislativa. Desde el PAN seguiremos impulsando políticas públicas que realmente marquen una diferencia en la vida de los mexicanos.