El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone una revisión a fondo de la reciente Reforma Judicial, impulsada en septiembre de 2024, que introdujo cambios fundamentales en el sistema judicial mexicano, como la elección popular de jueces y magistrados y un nuevo régimen disciplinario para el Poder Judicial.

Ejes principales de la Propuesta

1. Independencia Judicial y Protección de los Derechos: El ministro plantea que la elección popular de jueces y magistrados pone en riesgo la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial, elementos fundamentales para una justicia independiente y libre de influencias políticas.
2. Restauración del Sistema de Carrera Judicial: Para González Alcántara, el sistema de carrera judicial, que permite la promoción de jueces y magistrados por mérito, debe preservarse. Su eliminación en la reforma compromete la profesionalización del sistema, clave para garantizar justicia equitativa y efectiva.
3. Tribunal de Disciplina Independiente: La propuesta incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, encargado de supervisar y sancionar conductas inapropiadas sin presiones políticas. Esto permitiría fortalecer la ética judicial y proteger los derechos humanos de los involucrados en los procesos.
4. Remuneración y Recursos: González Alcántara considera que, aunque es necesaria la austeridad en el uso de recursos, los sueldos del Poder Judicial deben ser suficientes para mantener a profesionales capacitados y comprometidos, evitando así el debilitamiento de la calidad del servicio.
5. Inconstitucionalidad de la Elección Directa de Jueces y Magistrados de Circuito y Distrito: En el proyecto, González Alcántara sugiere la invalidez de la disposición que permite la elección de jueces y magistrados de distrito por voto popular, dado que no garantiza el derecho a un voto informado y representa una amenaza a la estabilidad del sistema judicial.

Fecha de Discusión en la Suprema Corte

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este proyecto el martes 5 de noviembre de 2024. Esta fecha fue acordada en una sesión privada entre los ministros, quienes también declararon la inconstitucionalidad parcial de la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el proyecto busca proteger la independencia judicial, se espera un debate intenso, ya que existen opiniones divididas sobre su alcance y viabilidad.

La decisión final será clave para definir el futuro de la justicia en México, ya que determinará hasta qué punto se modificará la Reforma Judicial, con miras a asegurar un sistema legal que respete la autonomía judicial y los principios constitucionales.

El Grupo Parlamentario del PAN ha alzado la voz en contra de lo que considera una simulación en la designación del Comité de Evaluación para la elección de jueces. A través de un comunicado, la bancada del PAN anunció que no participará en un proceso que, según ellos, carece de legitimidad y transparencia, al considerar que dicho comité es una herramienta para consolidar el control de Morena en el sistema judicial.

Denuncias contra el proceso del Comité de Evaluación

Para el PAN, la creación de este comité representa una amenaza directa contra la independencia judicial en México. Los diputados señalaron que “Morena ha convertido el Congreso en una fábrica de complicidades”, donde se buscan imponer decisiones unilaterales en beneficio de su agenda política. Además, enfatizan que este intento por monopolizar el sistema judicial es una afrenta a los valores democráticos de México.

“No vamos a ser cómplices de esta farsa,” subrayaron, denunciando que Morena busca imponer su mayoría para fabricar consensos artificiales y anular cualquier posibilidad de un proceso justo. Para el PAN, esta estrategia es solo una táctica de control y sometimiento de la justicia a intereses partidistas.

Llamado a un proceso transparente y democrático

El PAN exige que el proceso sea transparente y plural, demandando la inclusión de perfiles imparciales y profesionales que verdaderamente representen al pueblo mexicano. “No nos prestaremos al juego sucio de Morena y sus aliados”, declaró la bancada, reiterando que la designación del comité en estas condiciones es una simulación que amenaza la justicia independiente.

"Es una vergüenza nacional que, en lugar de priorizar la justicia, el oficialismo busque colocar a personas afines en posiciones clave para proteger sus abusos”, agregó el PAN, subrayando que este movimiento es un atentado contra los derechos de los ciudadanos y una burla hacia los principios democráticos.

Compromiso del PAN con una justicia independiente

Finalmente, el PAN reiteró su compromiso con la defensa de un sistema de justicia legítimo e independiente, rechazando cualquier intento de Morena por imponer su agenda y controlar las instituciones judiciales. Con su decisión de no participar en el Comité Evaluador, el PAN busca evidenciar y oponerse a lo que considera una estrategia autoritaria que pone en riesgo el equilibrio de poderes en México.

Esta postura del PAN se suma a una serie de críticas y movimientos dentro del Congreso que intentan defender la autonomía y transparencia en la elección de jueces, resistiendo lo que califican como un proceso fraudulento promovido por el oficialismo.

La reliquia lagunera es un evento social y cultural profundamente arraigado en Torreón y la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. Este evento de carácter popular combina aspectos filantrópicos, religiosos y gastronómicos, y es especialmente significativo entre las clases medias y populares. Tradicionalmente, la reliquia se celebra en honor a un santo o a alguna advocación de la Virgen, como San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe o la de San Juan de los Lagos, en la fiesta anual dedicada a su veneración.

La receta de la reliquia lagunera

Esta celebración incluye un abundante banquete de asado de puerco, que se acompaña con una guarnición de siete sopas. La comida se distribuye de forma gratuita entre todos aquellos que lo solicitan, y aunque no se trata de un evento abierto al público en general, los vecinos de la familia anfitriona saben que podrán acudir a la “reliquia” año tras año, cumpliendo así con una tradición que se mantiene vigente como manda o voto al santo.

Más allá de ser solo una comida, la reliquia implica un profundo sentido de comunidad y espiritualidad. La reunión inicia con un acto litúrgico en familia o entre vecinos y amigos, donde se reza un rosario de cinco misterios, acompañado de letanías y, en muchas ocasiones, de la danza de los matachines, quienes rinden homenaje al santo frente a un altar y anuncian desde temprano el hogar en el que se llevará a cabo la celebración.

Al terminar el rezo, comienza la esperada distribución de la comida. Los miembros de la familia anfitriona y los invitados especiales disfrutan el banquete en la vajilla de la casa, mientras que los vecinos, que pueden traer sus propios platos, forman fila para recibir su porción. La reliquia está compuesta por el tradicional asado de puerco y siete variedades de sopas secas, cada una cuidadosamente preparada y servida como un símbolo de la tradición local.

La receta del asado de puerco y las siete sopas

El asado de puerco, protagonista del festín, es un guiso a base de carne de cerdo (pierna o lomo) cocinada en una salsa de chile rojo. Este adobo se prepara con chile ancho, tomate y cebolla, ingredientes básicos que otorgan a la carne su sabor característico y su inconfundible color rojizo.

Las sopas, conocidas como “de pasta”, son servidas secas y no como caldos. La variedad incluye sopas de arroz y otras de pasta, entre las que no pueden faltar el fideo, macarrón y tallarín, además de otros tipos, como las de letras, almeja, semilla de melón y estrella. Cada sopa se elige cuidadosamente para completar el menú y rendir honor a la ocasión especial.

La reliquia lagunera es una tradición única que expresa la esencia de la cultura local, y su historia se perpetúa de generación en generación, preservando los sabores y rituales que unen a la comunidad en una celebración de fe, generosidad y arraigo.

Fuente: Sistema de Información Cultural del Gobierno de México.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, ha presentado un proyecto de inconstitucionalidad que busca invalidar varios puntos esenciales de la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este proyecto, que será sometido a votación en el Pleno de la SCJN, pone en duda la constitucionalidad de ciertos aspectos de la reforma, específicamente aquellos que comprometen la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces.

Puntos clave que se busca invalidar el ministro González Alcántara

Entre los aspectos más importantes, González Alcántara Carrancá propone eliminar:

1. La elección popular de jueces y magistrados federales. El ministro argumenta que esta medida atenta contra la independencia judicial, ya que somete a los jueces a un proceso de votación pública que, según él, puede comprometer su imparcialidad y exponerlos a presiones externas.
2. La figura de “jueces sin rostro”. Esta medida, incluida en la reforma, buscaba mantener en el anonimato la identidad de ciertos jueces como medida de seguridad. Sin embargo, el ministro señala que esta disposición es desproporcionada y perjudica el debido proceso legal al afectar la transparencia y la confianza en la justicia.
3. Los comités de evaluación para candidatos. La reforma judicial propone la creación de comités encargados de evaluar y seleccionar candidatos para el Poder Judicial, pero el proyecto del ministro sugiere anular esta medida debido a la falta de garantías de transparencia y confianza para el público en general.
4. La remoción de juzgadores federales antes del término de sus cargos. González Alcántara sostiene que forzar a los jueces en funciones a someterse a un nuevo proceso electivo sin una causa justificada vulnera la garantía de inamovilidad, que es esencial para la independencia judicial.

La elección directa de ministros se mantiene intacta

El proyecto de González Alcántara conserva, no obstante, el principio de elección “libre, directa y secreta” de los ministros de la SCJN, magistrados de la Sala Superior, y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta elección directa busca preservar un proceso democrático en ciertos niveles de la estructura judicial, aunque con ciertos controles de transparencia.

Reacciones ante el proyecto y posibles implicaciones

El proyecto del ministro González Alcántara ha generado reacciones divididas. Gerardo Fernández Noroña, figura cercana a la llamada “Cuarta Transformación”, calificó la decisión de la SCJN de aceptar amparos contra la reforma como una provocación. Otros sectores sostienen que el proyecto puede escalar en un conflicto entre poderes si se declara la inconstitucionalidad de esta reforma ya promulgada y añadida a la Constitución.

Argumentos a favor de la inamovilidad y la independencia judicial

González Alcántara subraya que la independencia judicial es fundamental para garantizar una justicia imparcial, y que la inamovilidad de los jueces no es un privilegio, sino una salvaguarda que permite a los juzgadores actuar sin miedo a represalias. Este argumento se apoya en la necesidad de proteger a quienes recurren al sistema judicial en busca de justicia, sin que los jueces se vean presionados por el poder político.

Este proyecto de inconstitucionalidad es un paso significativo que podría redefinir el rumbo de la reforma judicial en México y fortalecer la independencia de los jueces en el país.

Cuando creímos haberlo visto todo, MORENA continúa escarbándole al fondo. Hoy en día, no solo gobiernan, sino que han instaurado lo que podríamos llamar, sin duda alguna, una “Supremacía de MORENA". Esto se ha convertido en un acto de supresión total, un absolutismo disfrazado de progreso que ignora no solo a la oposición y a la Constitución misma, sino al propio pueblo que dice representar, ignorando al 46% de la ciudadanía que no votó por ellos.

En vez de reforzar la democracia, MORENA parece decidido a sofocarla, estableciendo un "blindaje" contra cualquier impugnación a sus reformas, lo bien podría llamarse una estrategia "terrorista" en contra de los derechos fundamentales de los mexicanos.

El espectáculo más reciente en la Cámara de Diputados no fue otra cosa que una tragicomedia de improvisaciones y enfrentamientos en la que la mayoría oficialista decidió aprobar una reforma de última hora sin aviso previo ni oportunidad de análisis para la oposición. Nuestra compañera de Acción Nacional, Paulina Rubio Fernández no pudo evitar señalar la falta de transparencia, aludiendo al hecho de que el dictamen fue enviado apenas unas horas antes de la sesión. En esta situación, uno podría preguntarse: ¿no será esto una táctica deliberada para aplastar cualquier objeción antes de que pueda surgir?

Más allá de esta improvisación, la intención subyacente de la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución es preocupante. La llamada "supremacía constitucional" pretende limitar, o más bien erradicar, la posibilidad de impugnaciones. En otras palabras, si se toca la Constitución, MORENA y sus aliados quieren garantizar que nadie pueda cuestionar la legalidad o legitimidad de los cambios. Un golpe directo a la división de poderes, esa piedra angular de cualquier sistema democrático, que ahora parece más frágil que nunca.

El ministro Javier Laynez Potisek no pudo ser más claro al calificar esta maniobra como una amenaza para la ciudadanía, afirmando que va "más allá" de un simple conflicto entre poderes. Para él, y para muchos otros observadores, este blindaje constitucional es un ataque directo a los derechos de los ciudadanos. Y es que, una vez aprobada, la reforma privará a los mexicanos de las vías legales para defenderse de cualquier decisión del Congreso que considere conveniente modificar la Constitución.

Las implicaciones de esta “supremacía” son profundas. Más allá de la anulación de los recursos de amparo, estamos hablando de una reforma que otorgará al Legislativo el poder absoluto de reformar la Constitución sin ninguna restricción. Las decisiones de los jueces, las demandas ciudadanas y cualquier forma de disidencia quedarán enterradas bajo esta nueva estructura. Parece que la frase "lo que MORENA quiere, MORENA lo tiene" nunca fue tan literal.

Esta reforma representa una oscura ironía en la que MORENA, al prometer que trabaja en nombre del pueblo, está construyendo un muro entre ellos y la ciudadanía. La pregunta es cuánto tiempo más durará esta farsa y hasta qué punto el pueblo mexicano está dispuesto a tolerarla. Porque, al final, todo "imperio" tiene su fin, y es solo cuestión de tiempo antes de que la ciudadanía reclame lo que le pertenece: una Constitución que esté de su lado, no en su contra.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha expresado una profunda preocupación por la reciente respuesta del Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Gutiérrez Luna, a la consulta emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esta consulta cuestiona la obligación de acatar una resolución emitida por la Jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz y representa un intento de eludir el cumplimiento de la ley y debilitar los principios de la división de poderes.

Inaceptable desacato al Poder Judicial

El PAN destaca que la decisión de Gutiérrez Luna de ignorar las órdenes del Poder Judicial es un acto ilegal que atenta contra el Estado de derecho. Esta acción, no fue consultada con la Mesa Directiva ni con la Junta de Coordinación Política, los órganos colegiados que rigen la Cámara de Diputados. Al proceder de esta forma, el presidente de la Cámara no solo vulnera las normas del Congreso de la Unión, sino que también ignora los principios de imparcialidad, objetividad y pluralidad que deberían prevalecer en el órgano legislativo.

El PAN recalca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que la interpretación auténtica de las leyes es competencia exclusiva del Poder Judicial. Según la SCJN, ni la Mesa Directiva ni la Junta de Coordinación Política tienen la facultad de interpretar la ley emitida por el Congreso. En 2022, la Corte declaró inconstitucional un decreto interpretativo, subrayando que cualquier interpretación debe seguir el mismo proceso que la creación de leyes, como lo establece la Constitución en su artículo 72, fracción F.

La división de poderes como pilar del Estado de Derecho

Para el PAN, este intento de invalidar resoluciones judiciales es una amenaza directa a la división de poderes, una de las bases del sistema democrático en México. En un verdadero Estado de derecho, recalca el PAN, las resoluciones judiciales son vinculantes y deben ser acatadas, no debatidas ni ignoradas. La postura del PAN es clara: ningún poder debe tener la potestad de desconocer o interpretar a conveniencia las decisiones de otro, y menos aún cuando se trata de sentencias del Poder Judicial.

El Partido Acción Nacional reitera su condena a los actos que intenten subordinar al Poder Judicial a intereses ajenos a la justicia y el Estado de derecho. Para garantizar el respeto a la legalidad, el PAN sostiene que es crucial que el Ejecutivo y los órganos legislativos respeten los principios democráticos que sustentan al país, reconociendo la autoridad y la autonomía del Poder Judicial.

El pasado miércoles, durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una reserva a la reforma de vivienda promovida por el grupo parlamentario de MORENA. Anaya destacó la importancia de evitar un "desfondo" en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), proponiendo que la construcción de viviendas se realice mediante un esquema público-privado, en lugar de cargar completamente el proceso al gobierno.

En su intervención, Anaya Llamas fue claro al señalar que aunque todos los diputados están de acuerdo en mejorar las condiciones de vivienda para los trabajadores, existen preocupaciones sobre la viabilidad financiera de la reforma.

“Todos queremos que las viviendas tengan más metros cuadrados de terreno, mejor calidad y ofrezcan una mejor calidad de vida, pero debemos ser sinceros. No se trata de que el gobierno vaya a invertir sus propios recursos en construir estas viviendas”, afirmó.

Argumentos de Guillermo Anaya

El diputado advirtió que la reforma plantea la conversión del Infonavit en una constructora que usaría los ahorros de los trabajadores y patrones para financiar la construcción de viviendas, y no recursos públicos, lo cual podría incrementar los costos.

"Cuando el gobierno construye, el costo de la vivienda será al menos 150% más elevado debido a la ineficiencia del Estado", dijo Anaya, subrayando que la experiencia ha demostrado que la iniciativa privada es más eficiente en este tipo de proyectos.

Asimismo, acusó que la reforma abre la puerta para la politización de la entrega de viviendas, advirtiendo que podría convertirse en un “jugoso botín” para la administración actual.

"Se va a disfrazar de guinda a los cuervos de la nación para politizar el otorgamiento de viviendas", expresó.

Finalmente, propuso una reserva al artículo 123, fracción XII, para que el financiamiento de las viviendas se realice bajo un esquema público-privado y evitar que el Infonavit termine en ruinas. Anaya concluyó su intervención con la pregunta: "¿Cuánto tiempo va a durar antes de que dejen en ruinas al Infonavit?"

La reforma a la vivienda aprobada por la Cámara de Diputados

La iniciativa de reforma a la vivienda fue aprobada por la Cámara de Diputados con 469 votos a favor y una abstención. Esta reforma eleva a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada para los trabajadores, obligando a las empresas a realizar aportaciones a un fondo de vivienda y convertir al Infonavit en constructor y arrendador de viviendas.

El Fondo Nacional de la Vivienda establecerá un sistema orientado a ofrecer créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas, así como para la construcción de nuevas unidades que podrán ser arrendadas a los trabajadores. Además, después de un año de cotización, los trabajadores podrán acceder a viviendas en arrendamiento social con una mensualidad no mayor al 30% de su salario.

Pese a su aprobación, la reforma fue criticada por algunos legisladores de oposición, quienes consideraron que se queda corta ante las necesidades de vivienda en México. La reforma fue enviada al Senado para su discusión y posible aprobación.

La propuesta de Guillermo Anaya Llamas de introducir un esquema de financiamiento público-privado busca asegurar que los recursos del Infonavit no sean mal administrados, evitando que se utilicen los ahorros de los trabajadores para proyectos de construcción gubernamental ineficiente.

A medida que la reforma avanza en el Senado, esta reserva podría jugar un papel crucial en definir el futuro de la política de vivienda en México.

Cada 23 de octubre en México, celebramos una fecha que honra a uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: el Día del Doctor. Esta jornada es dedicada a reconocer el compromiso, la vocación y el esfuerzo de quienes, día a día, cuidan de nuestra salud. Pero, ¿qué hace especial este día y por qué se ha escogido esta fecha en particular para homenajear a los doctores?

El origen del Día del Doctor en México

El Día del Doctor en México se estableció formalmente el 23 de octubre para resaltar la importancia de los médicos en la sociedad. Aunque muchas naciones tienen días dedicados a los profesionales de la salud, en México se eligió esta fecha en 1937 como un reconocimiento a la labor diaria de los doctores, quienes no solo alivian enfermedades, sino que también se enfrentan a retos constantes en la búsqueda de salvar vidas.

La elección de esta fecha coincide con la celebración del natalicio de Valentín Gómez Farías, un destacado médico y político mexicano del siglo XIX, conocido por su contribución a la salud pública. Su legado ha inspirado a generaciones de médicos y su figura es un símbolo del compromiso con la salud en México.

La importancia de los doctores en cifras

El papel de los doctores en México es crucial, y las estadísticas lo demuestran. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 había alrededor de 309,000 doctores en el país, de los cuales cerca del 57% son mujeres. En cuanto a la formación, cada año egresan aproximadamente 17,000 nuevos médicos de las universidades mexicanas, lo que refleja un crecimiento continuo en la oferta de profesionales de la salud.

Otro dato relevante es el número de médicos por cada 1,000 habitantes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México cuenta con 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, una cifra que, aunque ha mejorado en los últimos años, sigue siendo inferior al promedio de 3.5 médicos que tienen los países de la OCDE. Esto resalta la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de formación médica y la distribución equitativa de doctores a lo largo del territorio nacional.

¿Por qué es importante conmemorar el Día del Doctor?

La profesión médica es una de las más demandantes y complejas. Los doctores no solo se enfrentan a largas jornadas de trabajo, sino que, a menudo, lidian con la responsabilidad de tomar decisiones críticas que pueden significar la vida o la muerte de una persona. Este día no solo es una oportunidad para agradecer su esfuerzo, sino también para reflexionar sobre el impacto que tienen en nuestras vidas.

En tiempos recientes, la pandemia de COVID-19 puso en evidencia el valor incalculable de los doctores en la sociedad. Ellos estuvieron en la primera línea de batalla, arriesgando su vida para proteger la nuestra. Durante este periodo, el sector médico enfrentó una sobrecarga extrema, y el Día del Doctor en México cobra una relevancia especial en el contexto actual.

¿Cómo celebramos el Día del Doctor en México?

El 23 de octubre se celebra de diversas maneras. En hospitales, centros médicos y universidades se organizan eventos y ceremonias para reconocer la labor de los doctores. También, instituciones de salud pública y privada suelen otorgar reconocimientos a aquellos profesionales que han sobresalido en su campo.

En redes sociales y medios de comunicación, este día se aprovecha para sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar su salud y valorar la atención médica que recibe. Los pacientes también suelen expresar su gratitud, ya sea con mensajes o gestos de aprecio hacia los doctores que los han atendido a lo largo de los años.

La vocación de ser doctor

Ser doctor en México no es solo una profesión, es una vocación. Muchos médicos invierten años de estudio y sacrificio para llegar a donde están. En promedio, los doctores mexicanos pasan 12 años entre estudios y especializaciones, antes de comenzar su práctica profesional. Además, enfrentan una serie de desafíos, como largas jornadas laborales, falta de insumos en algunas regiones y el constante riesgo de exposición a enfermedades.

El Día del Doctor en México nos brinda la oportunidad de hacer una pausa y reconocer el esfuerzo incansable de aquellos que dedican su vida a cuidarnos. Conmemorar este día es un acto de gratitud hacia quienes, sin importar las adversidades, se mantienen firmes en su misión de proteger y mejorar la salud de millones de mexicanos.

La reciente reforma a la vivienda, es decir, al artículo 123 de la Constitución, que busca facultar al Infonavit para construir viviendas y facilitar el acceso a arrendamientos sociales, ha generado un debate entre el gobierno y el sector privado. Si bien la propuesta tiene el objetivo de combatir el déficit habitacional en México, también plantea serias dudas sobre su viabilidad y los posibles riesgos económicos que podría traer.

Por un lado, la reforma permitirá a los trabajadores acceder a una vivienda mediante arrendamiento social, con la opción de comprarla después de 10 años de arrendarla. Se argumenta que este modelo busca mejorar las condiciones de los trabajadores que, de acuerdo con datos del Inegi, enfrentan un déficit de 8.2 millones de viviendas. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, varios expertos y representantes del sector privado advierten sobre los riesgos de dejar en manos del gobierno la construcción de viviendas.

Riesgos de la reforma a la vivienda para el sector privado y la economía

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha manifestado su preocupación por el impacto negativo que tendría la creación de una constructora estatal bajo el control del Infonavit. Según el presidente de la CMIC, la intervención directa del gobierno en el sector de la construcción podría afectar a más de 7,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que actualmente participan en este mercado. La experiencia previa muestra que los proyectos estatales de construcción no siempre son eficientes y, a menudo, carecen de la transparencia y capacidad técnica necesarias para ser competitivos.

Además, se teme que el manejo de un presupuesto tan grande, cerca de un billón de pesos en fondos de vivienda, por parte de un organismo gubernamental, termine generando ineficiencias, despilfarros o incluso corrupción. El gobierno no tiene un historial sólido en cuanto a la administración de grandes proyectos de infraestructura, lo que ha generado desconfianza en diversos sectores.

Reforma a la vivienda: ¿una solución o un problema?

El Infonavit ya tiene antecedentes en la construcción de viviendas, pero estos esfuerzos, que datan de décadas pasadas, resultaron en problemas de corrupción y una baja calidad en las unidades habitacionales. De hecho, en los años 70 y 80, el Infonavit construyó multifamiliares que, con el tiempo, se deterioraron y contribuyeron a la creación de zonas urbanas conflictivas.

Actualmente, la reforma a la vivienda se presenta como una opción para atender las necesidades de las personas trabajadoras que no pueden adquirir una vivienda de manera tradicional. Sin embargo, muchos especialistas coinciden en que permitir que el Infonavit se convierta nuevamente en una constructora estatal podría generar más problemas que soluciones, tanto para los derechohabientes como para la industria de la construcción.

La reforma a la vivienda presenta tanto beneficios como riesgos. Por un lado, podría ayudar a miles de trabajadores a acceder a una vivienda, algo que es un derecho humano básico. Sin embargo, la falta de confianza en la gestión de los recursos por parte del gobierno y los problemas que ya se han visto en el pasado con este tipo de proyectos hacen que sea necesario un análisis cuidadoso de sus implicaciones. Es fundamental que se garantice una correcta administración y que se eviten errores del pasado para que la reforma realmente beneficie a quienes más lo necesitan.

La reciente propuesta de reforma constitucional impulsada por Morena y promovida por el senador Adán Augusto López Hernández, cercano a Claudia Sheinbaum, enciende alarmas entre defensores de los derechos humanos. Esta iniciativa, que inicialmente pretendía eliminar el control de convencionalidad de la Constitución Mexicana, ha sido vista como un peligroso retroceso para los derechos fundamentales en el país, además de una clara señal de un autoritarismo en crecimiento bajo el proyecto político que representa Sheinbaum.

¿Qué es el control de convencionalidad y por qué importa?

El control de convencionalidad es una herramienta esencial para garantizar que las leyes nacionales respeten los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como aquellos que México ha firmado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Desde la reforma constitucional de 2011, esta figura ha sido clave para proteger a los grupos más vulnerables, permitiendo a los jueces y tribunales aplicar normas internacionales que ofrecen mayores garantías a los derechos de las personas.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por Morena, que pretendía eliminar este control, habría dejado a la población mexicana desprotegida ante abusos de poder, limitando la capacidad de impugnar leyes que vulneren los derechos humanos. Este intento de Morena, partido alineado con el proyecto de Claudia Sheinbaum, es visto como un paso más hacia un sistema que privilegia la concentración de poder y que amenaza la integridad de los principios democráticos.

Amnistía Internacional y el rechazo unánime

Frente a esta alarmante propuesta, organizaciones internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, Fundar México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alzaron la voz, denunciando que la reforma constitucional "contraviene disposiciones internacionales" y representa un "grave retroceso" en la defensa de los derechos humanos. La eliminación del control de convencionalidad no solo afectaría a los tribunales, sino que también dejaría sin efecto la protección de los tratados internacionales que México ha firmado, impactando directamente a mujeres, comunidades indígenas y víctimas de violencia.

La presión de estas organizaciones logró frenar parcialmente la reforma, y el propio senador Adán Augusto López Hernández anunció la retirada de la eliminación del control de convencionalidad. No obstante, el hecho de que esta propuesta haya llegado tan lejos genera una enorme preocupación, pues revela las intenciones de un régimen que sigue avanzando hacia una consolidación del poder sin límites ni contrapesos.

Un avance autoritario

La reforma, que incluía cambios a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, proponía eliminar la posibilidad de que los tribunales pudieran impugnar reformas a la Carta Magna. Esto implicaría que cualquier modificación constitucional hecha por el gobierno de turno no podría ser desafiada ni cuestionada legalmente, un movimiento que recuerda más a las prácticas de gobiernos autoritarios que a las de una democracia funcional.

Este escenario hace evidente que el proyecto de la “Cuarta Transformación”, liderado por Claudia Sheinbaum, no solo busca modificar las instituciones desde dentro, sino también debilitar los mecanismos que protegen a la ciudadanía de las violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, la propuesta inicial de Morena muestra una tendencia a restringir cada vez más los márgenes de libertad y justicia en el país.

Los derechos humanos en la mira de Morena

Lo que resulta más preocupante de esta reforma es que no solo afectaría a los tribunales, sino que también eliminaría una de las pocas herramientas que las comunidades más vulnerables han utilizado para defenderse de las arbitrariedades del Estado. Organizaciones como Perteneces A.C. señalaron que el control de convencionalidad ha sido crucial para que los jueces puedan otorgar amparos y frenar leyes injustas. Sin él, las personas más precarizadas perderían una vía fundamental para hacer valer sus derechos.

El intento de eliminar esta figura se da en un contexto en el que el gobierno de Morena ha sido criticado por sus escasos avances en materia de derechos humanos. Según Fundar México, la eliminación del control de convencionalidad habría puesto en riesgo los logros alcanzados en la protección de los derechos de las mujeres, las víctimas de violencia, y las comunidades indígenas, sectores que ya enfrentan enormes barreras para acceder a la justicia.

¿Dictadura en proceso?

Este no es un caso aislado. Las señales autoritarias de un gobierno que busca concentrar más poder en pocas manos son cada vez más claras. Desde la militarización de la Guardia Nacional, hasta la cooptación de organismos autónomos, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece estar construyendo los pilares de un régimen que se aleja de los principios democráticos que México ha intentado consolidar por décadas.

Con esta reforma, Morena buscaba hacer inatacables las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, eliminando la posibilidad de que jueces y tribunales protegieran a los ciudadanos de leyes injustas o abusivas. De haber prosperado, esta propuesta habría sentado las bases para un control total sobre las decisiones del Estado, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión legal.

Un futuro incierto

Aunque la presión social y de las organizaciones internacionales obligó a Morena a retroceder en algunos aspectos de la reforma, el intento deja en claro la dirección que el partido busca seguir. La retirada de la eliminación del control de convencionalidad es una victoria parcial, pero las demás disposiciones de la iniciativa siguen representando un peligro latente para la democracia mexicana y los derechos de sus ciudadanos.

La dictadura de Claudia Sheinbaum parece no solo enfocarse en el control político, sino también en debilitar las defensas legales que protegen a la ciudadanía. Este tipo de reformas deberían encender las alarmas de todos los que valoran la justicia, la libertad y los derechos humanos en México, pues podrían ser solo el inicio de un futuro mucho más oscuro y autoritario para el país.