El pasado lunes 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México, una ambiciosa estrategia que busca posicionar a nuestro país entre las 10 economías más grandes del mundo. Sin embargo, desde Acción Nacional advertimos que este supuesto plan de desarrollo no es más que un proyecto propagandístico carente de bases sólidas, que podría resultar peligroso para el futuro económico de México.

Promesas que no convencen

El Plan México pretende ser la respuesta a los retos económicos del país, pero sus metas parecen más un ejercicio de fantasía que un programa serio de desarrollo. Las propuestas de crecimiento económico y de atracción de inversión extranjera están plagadas de inconsistencias y cifras infladas:

• Inversión extranjera inalcanzable: Morena promete captar 277 mil millones de dólares en inversión extranjera, pero los datos muestran una realidad distinta. Mientras el promedio anual de inversión extranjera en el sexenio de Peña Nieto fue de 27,953 millones de dólares, Morena apenas alcanza 27,195 millones.
• Crecimiento económico desproporcionado: Hablar de un crecimiento del PIB entre el 2% y 3% cuando los expertos proyectan un máximo del 1.2% es una estrategia para maquillar una economía estancada.
• Falta de empleo formal: Con más de 2 millones de personas adicionales en la informalidad desde que Morena asumió el poder, el panorama laboral no es alentador.

Regresando al pasado: una economía cerrada

Morena insiste en políticas de sustitución de importaciones que ya fracasaron en los años 70. Este enfoque podría encarecer los bienes básicos, generar monopolios y limitar la competitividad de México en el mercado global. En un mundo donde las economías exitosas dependen de las cadenas globales de valor, el Plan México parece ser un retroceso en lugar de un avance.

Inflación y precariedad económica

Con una inflación acumulada del 30% en lo que va del sexenio, el poder adquisitivo de las familias mexicanas se ha desplomado. El costo de la canasta básica ha aumentado un 49%, lo que refleja un fracaso en garantizar el bienestar económico de los ciudadanos.

La visión del PAN: un México competitivo y moderno

Desde Acción Nacional, creemos que México merece algo más que promesas vacías. Nuestra apuesta está en un país abierto al mundo, con políticas que generen confianza, empleo digno, seguridad y acceso a la salud. Rechazamos las recetas del pasado y trabajamos por un futuro donde las familias mexicanas puedan prosperar en un entorno competitivo y justo.

El Plan México no es más que un espejismo. Construir un país de resultados tangibles requiere visión, planeación y compromiso con el bienestar de las personas. ¿Es este el rumbo que queremos para México?

María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes y representante del Partido Acción Nacional (PAN), destacó como la mejor mandataria estatal en el rubro de generación de empleo, según el más reciente ranking de desempeño elaborado por CE Research. Este reconocimiento resalta su capacidad para implementar políticas que fomenten el desarrollo económico y la creación de oportunidades laborales en la entidad.

El estudio evaluó a los gobernadores con base en diversos indicadores como seguridad, salud, obra pública, finanzas estatales y acciones contra la pobreza. En el caso de Aguascalientes, el liderazgo de Tere Jiménez en materia de empleo refuerza su compromiso con el bienestar de los ciudadanos, posicionando al estado como un modelo de eficiencia económica.

Impulso económico

Con un enfoque en la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y la capacitación laboral, el gobierno de Jiménez Esquivel ha sentado las bases para un crecimiento sostenible. Su administración continúa enfocándose en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un acceso equitativo a empleos formales y bien remunerados.

Este reconocimiento posiciona a Aguascalientes como un ejemplo de liderazgo y visión estratégica en la promoción del desarrollo económico.

Mitofsky, otro ranking positivo para Teresa Jiménez

Además, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional (PAN), se posiciona como la mandataria estatal mejor evaluada de las 10 gobernadoras del país, según el más reciente informe de Consulta Mitofsky. En enero de 2024, Jiménez alcanzó un puntaje de aprobación del 57.7%, consolidándose como una de las figuras políticas con mayor respaldo ciudadano.

El reporte destaca el notable crecimiento en la aprobación de Tere Jiménez. En enero de 2023, ocupaba el puesto número 12 en la evaluación general; un año después, subió nueve posiciones, situándose en el tercer lugar general de todos los gobernadores de México. Este logro refleja la efectividad de sus políticas públicas y el impacto positivo en la calidad de vida de los aguascalentenses.

Top de gobernadores mejor evaluados

Además de Jiménez Esquivel, el ranking ubicó entre los mandatarios mejor evaluados a Manolo Jiménez (Coahuila), Joaquín Díaz (Yucatán), Libia García (Guanajuato) y Marina del Pilar Ávila (Baja California). Estos resultados subrayan la importancia de las políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible y la generación de empleos de calidad.

La gobernadora de Aguascalientes continúa consolidándose como una figura clave en el panorama político nacional, destacándose por su visión estratégica y resultados en favor de los ciudadanos.

María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), se posiciona como líder nacional en generación de empleo según el más reciente informe publicado en Ranking de Gobernadores. Este reconocimiento subraya su destacada gestión en materia económica y su compromiso con el bienestar de los aguascalentenses.

El ranking evalúa a los mandatarios estatales con base en indicadores de desempeño clave, y el liderazgo de Tere Jiménez refleja los resultados tangibles de políticas que han incentivado la inversión y fomentado la creación de oportunidades laborales en el estado.

Teresa Jiménez: un ejemplo

La gobernadora Jiménez Esquivel no solo sobresale por su alta aprobación, sino también por sus resultados en áreas clave como la generación de empleo, donde ha liderado estrategias para impulsar la economía de Aguascalientes. Este enfoque ha fortalecido su imagen como una de las gobernantes más eficientes del país.

Con este desempeño, Tere Jiménez refuerza su posición como una figura destacada en la política nacional, consolidando al PAN como un partido que lidera en varios estados clave de la República Mexicana.

El diputado federal Theodoro Kalionchiz de la Fuente presentó una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de proteger a las familias que residen en regiones de temperaturas extremas. La propuesta establece que en localidades donde la temperatura media mensual en verano sea de al menos 33 grados centígrados, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá garantizar que las tarifas eléctricas finales para el año siguiente estén por debajo de la inflación estimada por el Banco de México.

Impacto de las altas temperaturas en el costo de la energía

El legislador Thedoro Kalionchiz destacó que el pago de la energía eléctrica representa una carga económica significativa para las familias mexicanas, especialmente en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, Campeche y Coahuila, donde las temperaturas pueden superar los 45 grados centígrados. Esta situación, según el legislador, no solo afecta los bolsillos de los ciudadanos, sino también su calidad de vida.

“Las altas temperaturas provocan variaciones importantes en los precios de los bienes energéticos, lo que afecta directamente la economía de los coahuilenses y pone en riesgo su bienestar”, señaló el diputado.

Energía eléctrica como un derecho básico

El legislador subrayó que la electricidad debe ser considerada un servicio público esencial, al que todos los mexicanos tengan acceso bajo condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad. Añadió que es responsabilidad del Gobierno de México garantizar tarifas justas que permitan a las familias mexicanas afrontar el aumento de las temperaturas sin comprometer su estabilidad económica.

Compromiso con los coahuilenses

Así, el diputado de Acción Nacional reafirmó su compromiso con las familias de Coahuila y del resto del país, asegurando que continuará impulsando esta iniciativa dentro de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Su objetivo es establecer un marco legal que permita tarifas más accesibles y justas, especialmente en zonas vulnerables al incremento de las temperaturas.

“Mi prioridad es buscar soluciones para las peticiones de los coahuilenses y garantizar un equilibrio económico para las familias mexicanas. Esta reforma es un paso hacia tarifas eléctricas más justas en todo el país”, concluyó.

Con esta propuesta, Kalionchiz busca no solo aliviar la carga económica que enfrentan miles de familias, sino también promover un modelo energético más equitativo y sostenible para México.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado su inquietud ante la falta de información pública sobre el programa federal "Bachetón". Este programa tiene como objetivos principales tapar baches, corregir carreteras federales y limpiar vías de comunicación. Sin embargo, según el PAN, la transparencia en la gestión de los recursos destinados a esta iniciativa ha sido insuficiente.

Críticas del diputado Ernesto Sánchez

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez destacó que se han asignado 4 mil millones de pesos a la primera fase del "Bachetón", pero no existe claridad sobre cómo se están gastando estos fondos. Además, cuestionó qué tramos carreteros han sido reparados, cuáles han recibido intervenciones y dónde se está inyectando más dinero, así como la participación de los estados y municipios en el programa.

"Tendremos los ojos puestos en saber cómo gastan, la Cámara de Diputados asigna de buena fe el dinero a los rubros que el Gobierno solicita, pero no hay rendición de cuentas", afirmó Sánchez Rodríguez.

El legislador también sugirió que la destrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido una estrategia para ocultar el manejo de recursos públicos. La desaparición del INAI, advirtió, abre la puerta a una mayor opacidad y, por ende, al incremento de la corrupción en la gestión gubernamental.

Críticas en la Ciudad de México

En el ámbito local, la diputada Claudia Pérez Romero también expresó su preocupación sobre la implementación del "Bachetón" en la Ciudad de México bajo la gestión de Clara Brugada. La legisladora aseguró que solicitará información detallada sobre los montos de inversión y plazos del programa.

"En el momento de la presentación de este programa a la par del gobierno federal, nunca se habló de los montos de inversión ni mucho menos de plazos, sólo fue un acto para tomar la foto con alcaldes", declaró Pérez Romero.

Una de las principales críticas al "Bachetón" es que las empresas constructoras involucradas presuntamente inflan los precios de las obras, repitiendo patrones de adquisiciones cuestionables en otros programas gubernamentales. Esta falta de transparencia podría derivar en un desperdicio significativo de recursos.

Llamado a la transparencia

El PAN ha reiterado su llamado a la rendición de cuentas y a la transparencia en todos los niveles de gobierno. Para los legisladores del partido, la fiscalización de programas como "Bachetón" es fundamental para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía.

"Cada programa que anuncie Sheinbaum será fiscalizado", concluyó Ernesto Sánchez Rodríguez, subrayando el compromiso de su bancada con la vigilancia del gasto público.

Este 10 de enero marcó un momento de tensión e incertidumbre en Venezuela, con la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato, mientras la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, desafía su legitimidad respaldada por el apoyo de varios gobiernos internacionales. Este evento simboliza la profundización de la crisis política que aqueja al país.

Maduro se presentó ante la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo para asumir su tercer período presidencial. Sin embargo, su reelección en los comicios del 28 de julio ha sido ampliamente cuestionada tanto dentro como fuera del país. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro obtuvo el 52% de los votos, pero los resultados detallados nunca se han presentado, lo que levanta sospechas de fraude.

Por otro lado, la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo cerca del 70% de los votos según las actas de escrutinio verificadas por organizaciones internacionales independientes, como el Centro Carter. González Urrutia, reconocido como presidente electo por países como Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas, declaró su intención de regresar a Venezuela para juramentarse, pese a las amenazas de detención.

Venezuela libre: el desafío de Edmundo González Urrutia

La figura de Edmundo González Urrutia representa una esperanza para quienes claman por un cambio en Venezuela. Con una ventaja abrumadora del 70% en las actas de escrutinio verificadas, su victoria plantea serias dudas sobre la legitimidad de Maduro en el poder. Sin embargo, su retorno al país enfrenta múltiples obstáculos, desde amenazas de detención hasta la militarización de las ciudades.

La oposición busca avivar la llama de un "Venezuela libre", exigiendo justicia y transparencia electoral. Organismos internacionales han pedido una auditoría independiente de los resultados, pero el régimen se niega a abrir esta posibilidad. La presión interna e internacional parece ser la clave para desenmascarar el presunto fraude y allanar el camino hacia una transición democrática.

Represión y militarización

El gobierno de Maduro ha respondido con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en todo el país. En Caracas, los alrededores del Palacio Federal Legislativo y Miraflores se han convertido en zonas de alta vigilancia, con puntos de control instalados en las principales vías de acceso. Este ambiente de intimidación ha sido justificado por las autoridades como una medida preventiva contra supuestos planes desestabilizadores.

No obstante, el aumento de la presencia militar y policial ha venido acompañado de numerosas detenciones arbitrarias. Activistas de derechos humanos denuncian la captura de más de una decena de opositores y ciudadanos en las últimas semanas, incluyendo a figuras prominentes como Enrique Márquez y el activista Carlos Correa. Estas acciones han sido catalogadas como desapariciones forzadas por diversas organizaciones internacionales.

A pesar de la represión, la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, ha instado a los ciudadanos a salir a las calles en protesta contra Maduro. "Que el miedo nos tenga miedo", declaró Machado en un llamado a desafiar el clima de intimidación. El jueves anterior, se registraron más de 150 manifestaciones en todo el país, de las cuales varias fueron reprimidas violentamente.

Simultáneamente, González Urrutia ha intensificado su diplomacia internacional, reuniéndose con líderes de varios países para consolidar apoyos a su juramentación. Esta estrategia busca generar presión sobre el régimen de Maduro y lograr un quiebre dentro de sus filas.

Apoyos divididos en la comunidad internacional

El respaldo internacional a Maduro se ha debilitado considerablemente. Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá y varios países europeos han desconocido su reelección y han reconocido a González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Mientras tanto, aliados tradicionales de Maduro, como Rusia, Irán y China, continúan mostrando su apoyo, enviando delegaciones a su ceremonia de investidura.

Un futuro incierto

El tercer mandato de Maduro comienza bajo un panorama de creciente aislamiento internacional y tensiones internas. La oposición, lejos de rendirse, busca mantener la presión tanto en las calles como en el plano diplomático. Sin embargo, el régimen parece dispuesto a emplear todos los recursos a su disposición para mantenerse en el poder.

La situación en Venezuela exige atención urgente. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben actuar con firmeza para apoyar una transición pacífica y democrática que permita a los venezolanos recuperar la estabilidad y el respeto por sus derechos fundamentales.

La gasolina Magna y el diésel han alcanzado precios históricamente altos en los primeros días del 2025, marcando un inicio de año complicado para los automovilistas en México. Este aumento responde tanto a la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como al incremento en los precios internacionales del petróleo crudo.

Aumentos significativos en precios promedio nacionales

De acuerdo con PETROIntelligence, el 5 de enero del 2025:

• Gasolina Magna: Se vendía, en promedio, a 24.19 pesos por litro a nivel nacional, un aumento de 16 centavos (0.67%) respecto al cierre del 2024. Este precio representa el más alto registrado hasta la fecha.
  • En estados como Nuevo León, el precio promedio alcanzó los 24.45 pesos por litro, mientras que en la Ciudad de México fue de 24.32 pesos.
• Diésel: Su precio promedio a nivel nacional alcanzó los 25.92 pesos por litro, marcando un incremento de 20 centavos (0.78%) en los primeros cinco días del año.

Impacto del IEPS y la inflación

El aumento en los precios de los combustibles también está relacionado con la actualización anual de las cuotas del IEPS, que se ajustan con base en la inflación del año anterior (4.55% en 2024):

• Gasolina Magna: La cuota pasó de 6.17 a 6.45 pesos por litro (28 centavos más).
• Diésel: La cuota subió de 6.79 a 7.09 pesos por litro (30 centavos adicionales).
• Gasolina Premium: El IEPS aumentó de 5.21 a 5.45 pesos por litro (24 centavos más).

El papel del petróleo crudo

Además de las cuotas fiscales, los precios internacionales del petróleo han influido directamente en el alza:

• El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, aumentó un 3.06% en los primeros cinco días de 2025, alcanzando los 74.07 dólares por barril. En el último mes, este incremento ha sido del 5.42%.

La situación de la gasolina Premium

Aunque también registró un aumento en lo que va del año (13 centavos o 0.51%), la gasolina Premium se vende actualmente a 25.50 pesos por litro, 15 centavos por debajo del máximo histórico alcanzado en agosto del 2024.

El inicio del 2025 trae consigo importantes retos para los consumidores mexicanos. Con los precios de la gasolina y el diésel en máximos históricos, el impacto se sentirá no solo en los bolsillos de los automovilistas, sino también en la economía en general, dada la relevancia del transporte en la estructura de costos de muchos sectores.

Mantente informado sobre los precios de los combustibles y las medidas gubernamentales para hacer frente a esta situación.

El diputado federal Guillermo Anaya Llamas se pronunció contundentemente contra el aumento en los precios de los combustibles durante 2025, calificándolo como un golpe directo a la economía de las familias mexicanas. El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que este incremento afectará no solo el costo de la gasolina y el diésel, sino también provocará alzas generalizadas en productos de consumo básico.

Guillermo Anaya recordó que el PAN propuso en 2024 una reforma para establecer un límite constitucional de $20 pesos por litro para la gasolina y el diésel, con el objetivo de proteger el bolsillo de los mexicanos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría legislativa encabezada por Morena. “Aunque Morena había prometido que no iba a subir de $10 pesos, hoy está a $23 pesos, y va a subir a $24 o $25, con pronósticos de que pueda llegar hasta $30 pesos por litro”, declaró.

Nuevos máximos históricos en el precio de los combustibles

La gasolina regular o Magna y el diésel tocaron un nuevo precio máximo histórico este 2025, tras el incremento de 4.5% en la cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y un incremento en los precios internacionales del petróleo.

Este domingo 5 de enero, la gasolina regular o Magna se vendía, en promedio, a nivel nacional en 24.19 pesos por litro, de acuerdo con la plataforma PETROIntelligence, el mayor precio del que se tenga registro y un incremento de 16 centavos o 0.67% respecto al cierre del 2024.

Había zonas del país en las que el combustible se vendía por encima del promedio, como el estado de Nuevo León, en donde la gasolina Magna tenía un precio promedio de 24.45 pesos por litro en las estaciones de servicio, o la Ciudad de México, donde se vendía a 24.32 pesos.

Mientras que el diésel se vendía, en promedio, a nivel nacional en 25.92 pesos por litro, un máximo nunca antes registrado y un aumento de 20 centavos o 0.78% en los primeros cinco días del 2025.

Por ley, el gobierno tiene que actualizar año con año las cuotas de IEPS que se cobran a productos como las gasolinas, el diésel, los cigarrillos y las bebidas saborizadas conforme a la tasa de inflación del año anterior, que en el 2024 fue de 4.55 por ciento.

Con esta actualización, la cuota de IEPS para la gasolina Magna en el 2025 quedó en 6.45 pesos por litro, un aumento de 28 centavos en comparación con la cuota cobrada en el 2024.

Mientras que la cuota de IEPS del diésel subió 30 centavos en el nuevo año, de 6.79 a 7.09 pesos por litro.

Además de la actualización de las cuotas de IEPS, el precio de la gasolina aumentó en los primeros días del 2025 por un aumento en los precios internacionales del petróleo crudo.

En los primeros cinco días del 2025, el petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 3.06%, a 74.07 dólares por barril, mientras que en el último mes ha incrementado 5.42 por ciento.

Gasolina premium

En el caso de la gasolina Premium, ha subido 13 centavos o 0.51% en lo que va del 2025, vendiéndose a 25.50 pesos por litro. No obstante, este precio aún está 15 centavos por debajo del máximo histórico que alcanzó a mediados de agosto del 2024.

La cuota de IEPS de la Premium aumentó 24 centavos para este 2025, al pasar de 5.21 a 5.45 pesos por litro.

El impacto del IEPS y la inflación

El aumento en los combustibles está vinculado, entre otros factores, a la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en 2025 incrementaron en línea con la inflación. De acuerdo con un análisis de PetroIntelligence, las cuotas del IEPS para la gasolina magna pasaron de $6.17 a $6.46 por litro, mientras que para la gasolina premium subieron de $5.21 a $5.45 por litro. En el caso del diésel, el incremento fue de $6.51 a $7.09 por litro.

Anaya lamentó que este tipo de medidas sigan golpeando a los sectores más vulnerables de la población, quienes ya enfrentan una inflación creciente y el encarecimiento de bienes y servicios esenciales. “El aumento indiscriminado de los combustibles, junto con las altas tarifas eléctricas, refleja la insensibilidad de un gobierno que está desconectado de las necesidades reales de los ciudadanos”, enfatizó.

Críticas al manejo de Morena

El diputado señaló que Morena, lejos de cumplir con sus promesas de mantener los precios bajos, ha bloqueado iniciativas que podrían beneficiar directamente a las familias mexicanas. “Nosotros propusimos que se garantizara un precio máximo de $20 pesos por litro, pero la mayoría oficialista rechazó esta propuesta sin considerar el impacto que tendría en la economía de los hogares”, dijo.

Además, criticó la falta de una estrategia clara para contener los aumentos en los combustibles, así como el desinterés del gobierno en abordar problemas relacionados con el mantenimiento de carreteras y la inseguridad que afecta a quienes transportan productos básicos.

“El país está incendiado en inseguridad, y la mayoría de Morena parece sorda a las demandas de los ciudadanos. Siguen actuando bajo las órdenes de un líder que se encuentra refugiado en Tabasco”, agregó Anaya Llamas.

El PAN insiste en alternativas

El Partido Acción Nacional ha reafirmado su compromiso de luchar por la economía de las familias mexicanas. Noemí Luna, coordinadora de los diputados del PAN, declaró que seguirán insistiendo en propuestas para reducir los precios de los combustibles y garantizar un alivio económico. “No vamos a callar ni a dejar de exigir justicia para las familias mexicanas. Estamos del lado de la gente y lucharemos por un país donde las familias tengan menos carga económica y más oportunidades”, aseguró.

Finalmente, Anaya Llamas hizo un llamado a la ciudadanía para exigir mayor transparencia y sensibilidad por parte del gobierno en el manejo de los recursos y las políticas fiscales. “Los hechos no mienten. Los mexicanos merecen un gobierno que realmente priorice su bienestar y no que se escude en justificaciones para mantener precios altos”, concluyó.

El Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley del Infonavit que ha generado serias preocupaciones en diversos sectores. Esta reforma, que promueve la creación de una empresa filial del Instituto para la construcción y arrendamiento de vivienda social, ha sido fuertemente criticada por especialistas, sindicatos y políticos de oposición, quienes alertan sobre los posibles riesgos de que se usen los ahorros de los trabajadores para proyectos inmobiliarios gestionados por el gobierno.

Un golpe a los derechos de los trabajadores: recursos bajo control gubernamental

El dictamen aprobado por el Senado propone que el Infonavit destine parte de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (que incluye los ahorros de los trabajadores) a proyectos de construcción de viviendas. A través de la creación de una empresa filial, el gobierno tomaría un papel preponderante en la planificación, ejecución y supervisión de los proyectos habitacionales. Esto ha levantado alarmas, ya que se teme que el gobierno tenga mayor control sobre los ahorros de los trabajadores, sin un consenso claro con los sectores involucrados.

Además, la reforma establece que tres comités clave —Vigilancia, Transparencia y Auditoría— estarán dominados por funcionarios del gobierno. Esto pone en riesgo el equilibrio tripartito que históricamente ha caracterizado al Infonavit, donde se busca una representación equilibrada entre trabajadores, empresarios y el gobierno.

¿Qué pasa con el modelo tripartito?

Uno de los mayores puntos de controversia es la pérdida de equilibrio en la toma de decisiones. El Comité de Vigilancia y el Comité de Auditoría, que anteriormente estaban equilibrados entre los tres sectores, ahora tendrán una clara mayoría de representantes del gobierno. De hecho, la reforma también elimina la participación activa de los representantes sectoriales de los trabajadores y empleadores en decisiones cruciales sobre el manejo de recursos.

Esta modificación ha sido interpretada como un intento de concentración del poder en manos del gobierno, lo que podría comprometer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Infonavit.

El uso de los ahorros de los trabajadores: un negocio inmobiliario peligroso

Una de las grandes preocupaciones es que la reforma abre la puerta para que una parte de los ahorros de los trabajadores sea utilizada para construir viviendas sociales. Según Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, este punto es vago y necesita ser mejor especificado en la redacción de la ley. Si bien la reforma plantea que estos recursos se destinen a proyectos habitacionales, muchos temen que se desvíen fondos para fines que no beneficiarán directamente a los trabajadores.

La directora del IMCO, Valeria Moy, también advirtió que la creación de una filial para administrar estos proyectos podría ser un paso atrás en la autonomía del Infonavit y poner en peligro los derechos de los trabajadores sobre sus propios ahorros.

La intervención directa del gobierno: un peligro para la transparencia

Uno de los cambios más críticos en la reforma es que la Presidencia de la República tendría la facultad de nombrar directamente al director del Infonavit, algo que antes era decidido por la Asamblea General del Instituto. Esto incrementa la influencia del gobierno en la toma de decisiones clave dentro del Infonavit, algo que se ve como una violación al principio de autonomía del organismo.

El nuevo director del Infonavit tendría voz y voto en el Consejo de Administración, y derecho de veto sobre resoluciones que no se adopten por unanimidad. Esto consolidaría aún más el poder del gobierno en un organismo que históricamente ha sido tripartito, lo que pone en duda la imparcialidad y los intereses que estarían detrás de las decisiones.

Aunque la reforma habla de la creación de vivienda social y la posibilidad de arrendamiento social, muchos expertos señalan que este modelo podría favorecer los intereses del gobierno y las grandes constructoras, mientras que los trabajadores podrían ver una merma en sus derechos y el control sobre sus propios ahorros.

El proyecto también establece que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que hasta ahora se han utilizado para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores, podrían destinarse a la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, el dictamen no especifica cómo se garantizará que estos recursos realmente beneficien a los trabajadores, y no a otros intereses más ligados a las políticas públicas del gobierno.

Una reforma que no beneficia a los trabajadores

La reforma al Infonavit deja muchas interrogantes sobre su verdadera intención. Si bien la creación de vivienda social podría parecer positiva a primera vista, la concentración de poder en manos del gobierno, la falta de claridad sobre el uso de los ahorros de los trabajadores y el debilitamiento del modelo tripartito hacen que muchos cuestionen si esta reforma realmente está diseñada para beneficiar a los trabajadores o si simplemente responde a intereses políticos y económicos del gobierno.

La discusión sobre esta reforma sigue abierta, y será clave seguir el proceso legislativo en los próximos meses para entender cómo se equilibrarán los intereses de los trabajadores, los empresarios y el gobierno.

El Tren Maya, la obra más ambiciosa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha cumplido un año de operaciones con resultados muy por debajo de las expectativas. Mientras que el gobierno celebra el avance del proyecto, las críticas se acumulan debido a su baja afluencia de pasajeros, sobrecostos millonarios, y la falta de infraestructura adecuada.

La obra, que fue presentada como un proyecto clave para el desarrollo del sureste mexicano, sigue enfrentando serias dificultades operativas que hacen que muchos se pregunten si realmente ha sido un acierto.

Un año de operaciones con solo un 20% de la meta de pasajeros

El Tren Maya ha transportado solo 603,182 pasajeros en su primer año de operaciones, lo que equivale a solo el 20% de la meta establecida de 3 millones. Este dato pone en evidencia la falta de aceptación del proyecto por parte de los turistas, lo que se refleja en el bajo número de turistas internacionales, que apenas alcanzan 33,547 pasajeros. En contraste, 281,593 pasajeros fueron nacionales y 167,901 locales. A pesar de ser un proyecto de gran escala, el tren ha fallado en cumplir con sus objetivos de afluencia y atraer al número esperado de turistas internacionales.

El sobrecosto: un golpe a las finanzas públicas

El costo de la obra también ha sido un tema recurrente de críticas. Originalmente estimado en 140,000 millones de pesos, el presupuesto del Tren Maya ha superado los 500,000 millones de pesos, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia y la planificación del proyecto. La obra ha sido acusada de ser un despilfarro de recursos públicos, lo que contrasta con las promesas iniciales de que el proyecto impulsaría el desarrollo del sureste mexicano y mejoraría la infraestructura regional.

Infraestructura deficiente y falta de conectividad

Aunque el tren cuenta con un diseño moderno y tecnología de punta, la infraestructura de las estaciones y la conectividad con otros medios de transporte sigue siendo deficiente. En la estación de Cancún, por ejemplo, los trabajos continúan, y la zona comercial apenas está en funcionamiento con una tienda de recuerdos del tren. La falta de servicios básicos como cafeterías o áreas de espera adecuadas para los pasajeros ha generado frustración entre los usuarios.

El pasajero Manuel Mestre, quien viajó en el Tren Maya, destacó que, a pesar de la calidad de los trenes, la falta de conexión con los aeropuertos y las ciudades cercanas a las estaciones genera inconvenientes adicionales para los viajeros. Las terminales están alejadas de los aeropuertos, y los taxis, además de ser caros, no ofrecen una alternativa viable. Esto evidencia que, a pesar de los avances en la infraestructura ferroviaria, el Tren Maya aún no cumple con los requisitos básicos de conectividad.

Otro aspecto que ha generado preocupación es el impacto ambiental del proyecto. A pesar de que el Tren Maya fue promocionado como una iniciativa para promover el desarrollo sostenible, el daño ecológico causado por la obra ha sido uno de los temas más criticados. El pasajero Mestre comentó que si bien el concepto del tren es positivo, no se realizaron los estudios ambientales necesarios para prever los daños al ecosistema, lo que ha causado un daño irreparable al medio ambiente.

El futuro incierto del Tren Maya

A pesar de los problemas operativos y de infraestructura, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha intentado presentar el primer año del Tren Maya como una fase de prueba. Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, afirmó que se están implementando estrategias para mejorar la integración del proyecto con el sector turístico. Sin embargo, el tiempo dirá si estas acciones son suficientes para convertir al Tren Maya en una opción atractiva para los turistas y lograr los objetivos del gobierno.

A medida que avanza el proyecto, sigue siendo incierto si las estrategias turísticas y la mejora de la conectividad podrán superar las deficiencias estructurales y las críticas recibidas.

El primer año del Tren Maya ha demostrado que, aunque la obra tiene potencial para transformar la infraestructura de transporte en el sureste de México, los resultados hasta ahora son desalentadores. La baja afluencia de pasajeros, los altos costos, y las deficiencias en la infraestructura muestran que el proyecto no ha cumplido con las expectativas que se habían puesto sobre él. La falta de planeación adecuada y los graves errores en la ejecución de la obra han dejado una huella negativa en lo que se presentó como una de las obras más importantes de la administración de López Obrador.