El reciente proceso de selección de aspirantes al Poder Judicial ha generado fuertes críticas y controversias. La insaculación de candidatas y candidatos mediante una tómbola ha sido cuestionada por la falta de transparencia y el aparente control que busca ejercer el oficialismo sobre el último contrapeso institucional del país.

Un proceso opaco y discrecional

Desde el envío de la lista de aspirantes por parte de Morena a la Cámara de Diputados, analistas y expertos han alertado sobre la falta de un procedimiento claro y equitativo. La ausencia de criterios transparentes para evaluar la idoneidad de los perfiles seleccionados ha llevado a señalamientos de manipulación y favoritismo.

El abogado constitucionalista Francisco Burgoa advirtió que la insaculación no se realizó conforme a lo estipulado en la ley y que el verdadero objetivo de esta reforma es someter al Poder Judicial al control del gobierno.

La tómbola de jueces: una amenaza para la independencia judicial

Organismos y actores políticos han denunciado que la selección de jueces, magistrados y ministras a través de un sorteo desorganizado representa un retroceso para la justicia en México. Con frases como "La justicia no es una tómbola, es un derecho" y "Morena destruye el último contrapeso que le queda al país", opositores han resaltado los riesgos que implica este modelo de elección.

Además, se ha señalado que el proceso de insaculación favorece a perfiles afines al oficialismo, debilitando así la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.

Consecuencias para la democracia y el Estado de derecho

Con esta reforma, se teme que el Poder Judicial pierda su papel como garante de la legalidad y se convierta en un instrumento político. Las decisiones judiciales podrían ser influenciadas por intereses partidistas, afectando el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.

El debate continúa en el Congreso y en la opinión pública, mientras diversos sectores llaman a fortalecer la independencia judicial y evitar que la tómbola de jueces debilite el equilibrio de poderes en México.

La selección de jueces y magistrados a través de un proceso tan cuestionado pone en riesgo la confianza ciudadana en la justicia. Se hace un llamado a garantizar transparencia, equidad y profesionalismo en la designación de quienes impartirán justicia en el país. La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos.

El proceso de selección de aspirantes al Poder Judicial ha estado marcado por señalamientos de irregularidades y favoritismo, generando un debate sobre la transparencia y legitimidad del procedimiento. Entre los insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se encuentran diversas figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Uno de los casos más notables es el de una aspirante, quien fue doblemente insaculada, obteniendo un lugar tanto en el comité del Ejecutivo como en el Legislativo. Asimismo, una consejera de la Judicatura Federal y anteriormente propuesta por López Obrador para la Suprema Corte, también fue seleccionada. Otras figuras con antecedentes en la administración de AMLO incluyen a varios perfiles, entre otros.

En la lista también figuran nombres vinculados a un exministro, como una excolaboradora suya en 2021. Otra figura controvertida fue sorteada en los tres comités: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Dudas sobre la imparcialidad del proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la selección, afirmando que los perfiles seleccionados son idóneos. Sin embargo, el proceso de insaculación ha sido cuestionado debido a la presencia predominante de figuras afines a la 4T. Además, los tiempos de evaluación han sido sumamente limitados, con entrevistas presenciales de 12 minutos y virtuales de solo 6 minutos.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo entrevistó a aspirantes en procesos a puerta cerrada, con preguntas que han sido criticadas por su falta de profundidad. Entre las preguntas formuladas se encontraban cuestionamientos sobre la reforma judicial y la imparcialidad en el ejercicio de funciones.

El exsenador Roberto Gil Zuarth, quien participó en el proceso, denunció que la selección fue manipulada para reducir el número de preseleccionados y favorecer a ciertos perfiles. "Redujeron el número de los preseleccionados para que los designados por dedazo pudieran superar la tómbola", declaró.

El proceso también ha sido criticado por la delegación de entrevistas a equipos de apoyo en lugar de ser conducidas exclusivamente por los comisionados. Aunque se realizaron revisiones de antecedentes y experiencia de los aspirantes, la rapidez del proceso ha generado sospechas sobre la profundidad de la evaluación.

Por su parte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, dijo para Aristegui Noticias que hay opacidad en los Comités de Evaluación y cuestionó los criterios utilizados para determinar la idoneidad de los elegidos. Además, denunció la manipulación de la insaculación realizada por el Senado, afirmando que el propósito de este proceso es controlar al Poder Judicial de la Federación.

El experto explicó que, según el artículo 96, debían haberse seleccionado 90 aspirantes con una distribución equitativa de bolitas en la tómbola. Sin embargo, el Comité de Evaluación del Legislativo presentó solo 39 perfiles y el del Ejecutivo 61, reduciendo arbitrariamente el número de aspirantes mejor evaluados. Esto permitió que únicamente los perfiles afines a Morena y no críticos de la reforma judicial fueran favorecidos.

El 27 de enero, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron a su cargo, argumentando que era imposible continuar con la evaluación debido a sentencias contradictorias: una orden judicial de amparo para frenar el proceso y otra del Tribunal Electoral para continuarlo. El Senado, en respuesta, realizó la tómbola el 30 de enero y suspendió la evaluación del comité.

El proceso de selección judicial sigue siendo objeto de controversia, con señalamientos de favoritismo y falta de transparencia. Aunque se defiende como un proceso histórico, las críticas sobre su ejecución podrían afectar su legitimidad y confianza pública. En el futuro, se plantea la necesidad de implementar mecanismos más robustos para garantizar un proceso equitativo y justo en la elección de jueces y magistrados.

Para más información sobre las y los aspirantes al Poder Judicial, puedes visitar: https://www.eleccionjudicial.adyt.gob.mx/

Los aranceles impuestos por Donald Trump representan una medida imprudente que afecta la estabilidad económica de ambas naciones. Sin embargo, el expresidente estadounidense, quien ahora retoma las riendas de una de las potencias mundiales, parece tener un objetivo adicional: evidenciar la inacción del gobierno de Claudia Sheinbaum frente al crimen organizado.

La imprudencia arancelaria de Trump solo es equiparable a la negligencia de los gobiernos de MORENA en materia de seguridad. En lugar de combatir con determinación a la delincuencia, han priorizado la consolidación del poder mediante la eliminación de organismos clave para la democracia, el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, y una estrategia de manipulación mediática diseñada para moldear la opinión pública a su favor.

Mientras López Obrador y Sheinbaum han dedicado sus esfuerzos a deslegitimar a sus opositores y confrontar a la iniciativa privada, la política exterior de México ha estado marcada por la simulación y la omisión. La narrativa oficial insiste en minimizar la crisis de seguridad, pero los hechos la desmienten: la violencia sigue en ascenso y las estructuras criminales operan con una impunidad alarmante.

Diariamente, el aparato de propaganda de MORENA inunda el debate público con discursos vacíos y falacias que intentan sostener una realidad alterna, promovida desde las conferencias matutinas del gobierno federal. Sin embargo, la reciente declaración de Trump sobre la existencia de un 'narcoestado' en México no surge en el vacío: es el resultado de una administración que, más que resolver los problemas del país, se ha concentrado en perpetuarse en el poder y en desplegar proyectos faraónicos que solo generan la ilusión de progreso.

Si bien la presidenta ha logrado obtener una tregua momentánea, la realidad es que, sin medidas concretas contra los problemas estructurales que enfrenta México, el país corre el riesgo de someterse a las presiones de Estados Unidos o de padecer las consecuencias de las decisiones que tome Donald Trump en el futuro. La seguridad y la estabilidad de la nación no pueden seguir postergándose en favor de la retórica política.

México ha recibido luz verde para reanudar las exportaciones de ganado a Estados Unidos después de que el gobierno estadounidense firmara los memorandos necesarios para levantar la suspensión impuesta desde noviembre. Así lo confirmó el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, a través de un mensaje en la red social X.

Razón de la suspensión

Las exportaciones de ganado mexicano fueron detenidas a finales de noviembre tras la detección del gusano barrenador en una vaca en la localidad de Catazajá, Chiapas. Esta plaga representa una amenaza significativa para el ganado y otros animales de sangre caliente, ya que sus larvas se alimentan de carne viva a través de heridas abiertas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) notificó a las autoridades mexicanas sobre la presencia del gusano barrenador en un puesto de control cercano a la frontera sur con Guatemala, lo que llevó a la suspensión de las importaciones de ganado vivo desde México.

Medidas de control y prevención

Desde la suspensión, ambos países han trabajado en la aplicación de medidas para erradicar y controlar la plaga. De acuerdo con el gobierno mexicano, las acciones de control han sido efectivas y han permitido la protección del ganado nacional.

El USDA, en colaboración con socios en México y Centroamérica, ha implementado estrategias para evitar la propagación del gusano barrenador y ha instado a los productores a monitorear de cerca su ganado y reportar cualquier posible caso.

El apoyo del diputado Guillermo Anaya Llamas

Ante la crisis generada por el cierre de la frontera y la propagación del gusano barrenador, el diputado del Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas, impulsó en diciembre un punto de acuerdo urgente para exigir al Gobierno Federal medidas inmediatas.

Entre sus propuestas destacaron:

• Refuerzo de la vigilancia sanitaria: Exigir un control riguroso en las fronteras sur y norte para detener el contrabando de ganado y prevenir la propagación de enfermedades.
• Apoyo directo a los productores de Coahuila: Implementación de subsidios para cubrir los costos de alimentación y mantenimiento de los animales varados.
• Reapertura inmediata de la frontera: Agilizar las negociaciones con Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios.
• Sanciones a importadores irregulares: Aplicar medidas estrictas contra las empresas que introducen ganado de contrabando.

La ganadería bovina en Coahuila es una de las principales actividades económicas del estado, con exportaciones anuales de hasta 60 mil cabezas de ganado a Estados Unidos. El cierre de la frontera generó pérdidas de hasta 10 mil pesos por becerro, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad.

El diputado Anaya subrayó que la ganadería es un motor económico crucial para la región y que el Gobierno Federal debe actuar con urgencia para evitar mayores daños a los productores y al sector agropecuario.

Reanudación de exportaciones

Gracias a los esfuerzos conjuntos y a la firma de los memorandos por parte de Estados Unidos, las exportaciones de ganado mexicano podrán reanudarse, beneficiando a los productores y al comercio binacional.

Este anuncio representa un alivio para el sector ganadero mexicano, que había visto afectadas sus ventas debido a la suspensión temporal. La colaboración entre ambos países sigue siendo clave para garantizar la sanidad del ganado y la continuidad del comercio internacional.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) manifestamos total rechazo a la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, argumentando que esta medida afectará gravemente a la economía mexicana y a millones de familias.

Impacto de los aranceles en la economía de Coahuila

El impacto en Coahuila es especialmente preocupante. Según el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lancen) de la UNAM, estos aranceles podrían reducir hasta un 6.7% el PIB de México.

La industria manufacturera y automotriz de nuestro estado, que representa el 12.3% de las exportaciones manufactureras nacionales y el 20.9% del sector de equipo de transporte, será una de las más afectadas. La disminución en las exportaciones afectará directamente el empleo, aumentando la vulnerabilidad de miles de trabajadores coahuilenses, especialmente en la industria automotriz, que representa el 28.25% de las exportaciones totales hacia Estados Unidos.

Relación con el crimen organizado y la crisis migratoria

La imposición de estos aranceles responde en parte a la falta de acción del gobierno de Morena en el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas. Señalaron que la política de "abrazos a los delincuentes" ha debilitado la relación bilateral con Estados Unidos y generado desconfianza en México como socio comercial.

Además, alertamos sobre la crisis migratoria, agravada por recortes presupuestales en el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que ha provocado caos en la frontera y afectado la relación con el gobierno estadounidense.

Desde al PAN hacemos un un llamado urgente al gobierno federal para tomar medidas concretas que protejan a empresarios, trabajadores y exportadores mexicanos. Entre sus exigencias están:

- Rechazar cualquier política que vulnere la soberanía y economía nacional.
- Diversificar las relaciones comerciales sin comprometer la alianza con Estados Unidos.
- Reconducir la relación bilateral con liderazgo y responsabilidad.
- Implementar una estrategia de defensa comercial efectiva ante las sanciones.

Como legisladores panistas, enfatizamos que la economía de México está en riesgo debido a decisiones del gobierno federal, como la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos. Ante esto, insistieron en la necesidad de una respuesta inmediata para evitar mayores perjuicios a la población mexicana.

Así, todos y todas en el GPPAN reiteramos nuestro compromiso con la defensa del libre comercio, la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas, exhortando al gobierno a actuar con responsabilidad y firmeza frente a esta situación.

Durante la última sesión de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, el pasado viernes, el diputado Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, expresó su postura en contra de la reforma que crea un fondo de vivienda y una empresa filial para la construcción de inmuebles bajo la administración del Infonavit. Según el legislador, esta propuesta pone en riesgo los ahorros de los trabajadores y carece de las garantías necesarias para proteger su patrimonio.

Un llamado a la protección de los ahorros de los trabajadores

Anaya Llamas señaló que, si bien el objetivo de garantizar vivienda digna es importante, la creación de este fondo representa un riesgo significativo para los recursos acumulados por los trabajadores.

“Lo que no estamos de acuerdo es en que los recursos de los trabajadores se vayan a un fondo que podría perderse, porque no hay ninguna garantía en la ley que asegure su protección”, enfatizó el diputado.

El legislador recordó que estos ahorros son el resultado de años de esfuerzo de los trabajadores y advirtió que, si no se toman las medidas adecuadas, podrían repetirse casos de corrupción, negligencia e ineficacia, como ha sucedido en otras dependencias gubernamentales.

Infonavit y la intervención del gobierno: una preocupación central

El diputado criticó la decisión de permitir que el Infonavit, a través de una empresa filial, se encargue de la construcción de viviendas y la administración del nuevo fondo. Anaya afirmó que estas responsabilidades podrían gestionarse mejor desde la iniciativa privada.

“Cuando el gobierno asume funciones que no le corresponden, se abren las puertas a malas prácticas, como la compra de tierras de manera ineficiente, corrupción o burocracia excesiva, lo que inevitablemente perjudica a los trabajadores”, agregó.

Anaya también destacó la falta de claridad sobre cómo se auditará este fondo y qué pasará si los recursos se pierden. “Un trabajador podría solicitar su ahorro para vivienda al final de su vida laboral, y encontrarse con que ya no hay fondos disponibles”, advirtió.

Un proceso legislativo apresurado

El diputado también criticó la rapidez con la que esta reforma fue aprobada en el Senado, donde las comisiones y el pleno tuvieron solo un día para analizar y votar el dictamen. Aunque reconoció que la Cámara de Diputados realizó algunas modificaciones para equilibrar la participación de empleadores y trabajadores, subrayó que no se atendieron los problemas de fondo relacionados con la creación del fondo y la empresa filial.

El voto en contra del PAN

Con argumentos centrados en la protección de los trabajadores y la transparencia, Guillermo Anaya dejó en claro que el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de esta reforma.

“Nuestro voto será en contra porque esta empresa filial será un fracaso que pondrá en riesgo los ahorros de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos”, concluyó.

La postura del diputado Guillermo Anaya Llamas resalta la importancia de proteger los recursos de los trabajadores y evitar riesgos innecesarios en la administración de sus ahorros. El legislador reiteró que el objetivo debe ser garantizar una vivienda digna sin comprometer el esfuerzo y el patrimonio acumulado de millones de mexicanos.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, México enfrenta retos significativos en migración, comercio y seguridad. En respuesta, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó propuestas claras para mitigar los efectos negativos de las políticas anunciadas por el nuevo gobierno estadounidense.

Relación comercial México-Estados Unidos

El PAN advierte sobre las posibles consecuencias de una guerra arancelaria con Estados Unidos, señalando que el 83% del comercio mexicano depende de este país. Jorge Romero, presidente del PAN, destacó que es crucial fortalecer la relación comercial y cumplir con los compromisos del T-MEC.

“Es un error estratégico sugerir una guerra arancelaria con Estados Unidos. México debe fortalecer su relación comercial y evitar medidas que afecten nuestra economía.”

Además, criticó la desaparición de organismos reguladores como la Cofece y el Ifetel, que afectan la certeza jurídica que exige el tratado.

Crisis migratoria y propuestas del PAN

Ante la amenaza de deportaciones masivas, el PAN propone tres acciones principales:

1. Refugios temporales: Establecer refugios en los Comités Municipales del PAN en zonas fronterizas para acoger a familias migrantes.“En Acción Nacional no permitiremos que las familias mexicanas sean abandonadas a su suerte.”
2. Fondo de atención a migrantes: Impulsar una iniciativa en el Congreso para crear un fondo específico que garantice recursos para alojamiento, alimentación y transporte seguro de los repatriados, con especial atención a niñas y niños.
3. Fortalecer la red de apoyo en Estados Unidos: Visitas a ciudades clave como Los Ángeles, Nueva York y Chicago para trabajar con líderes migrantes y reforzar el compromiso del PAN con sus derechos y bienestar.

Seguridad nacional y crimen organizado

El PAN denunció que la soberanía no solo está en riesgo desde fuera, sino también desde dentro, señalando que el crimen organizado gobierna en algunos estados.

“Es hora de que el gobierno cumpla con su deber de garantizar seguridad en todo el territorio.”

Impacto de la migración en la relación bilateral

El PAN enfatizó que las políticas migratorias de Trump tendrán repercusiones significativas en México, llamando al gobierno federal a adoptar una postura firme para proteger la soberanía nacional y los derechos de las familias mexicanas.

Un mensaje de esperanza y acción

El PAN reafirmó su compromiso con las familias mexicanas, destacando que trabajará con propuestas claras, humanas y responsables.

“Acción Nacional seguirá siendo una voz firme, constructiva y comprometida con las familias mexicanas, porque en los momentos más difíciles es cuando más se necesita de una oposición responsable y cercana a la gente", explicó Jorge Romero.

Con estas acciones, el PAN busca ser un pilar en la protección de los derechos y el bienestar de los mexicanos en este nuevo contexto internacional.

El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado una sacudida política y social, pero también grandes implicaciones para estados fronterizos como Coahuila. Desde endurecimientos en las políticas migratorias hasta el impacto económico de los aranceles anunciados, el estado se enfrenta a retos que podrían redefinir su relación con el vecino del norte.

Inmigración y seguridad fronteriza: Coahuila en la mira

Una de las prioridades de Trump en su regreso ha sido la política migratoria. Entre las medidas anunciadas destacan:

• Emergencia nacional en su frontera sur: Trump declaró una emergencia nacional para asignar más recursos y personal del Departamento de Defensa a la frontera con México, lo que podría intensificar los controles en puntos clave como Piedras Negras y Acuña.
• Política “Permanecer en México”: Reinstauró esta medida, que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en territorio mexicano mientras se procesan sus casos. Esto podría generar un aumento en la población migrante en Coahuila, donde la infraestructura humanitaria es limitada.
• Construcción del muro fronterizo: Ordenó retomar y finalizar la construcción del muro, una de sus promesas más emblemáticas del primer mandato, afectando las relaciones comerciales y sociales en la región fronteriza.

Estas medidas obligan a los estados fronterizos como Coahuila, a prepararse en puntos logísticos para recibir a connacionales que hayan sido deportados por el nuevo gobierno.

Si bien nuestro estado está listo para recibir a una amplia población migratoria, es incierta la cantidad de personas que puedan llegar a la entidad, por lo que se puede volver un reto para Coahuila, aunque hasta el momento no hay indicios de dificultades en los albergues locales para migrantes.

Impacto humanitario y social

La falta de preparativos concretos para albergar a migrantes deportados también podría derivar en una crisis humanitaria. Autoridades locales en Piedras Negras y Nueva Rosita han señalado que terrenos destinados para albergues, como los de la antigua maquiladora Sara Lee, permanecen desiertos.

Mientras tanto, el tránsito diario de personas y bienes en los puentes internacionales podría verse afectado, generando tensiones adicionales.

Políticas económicas: incertidumbre para los inversionistas de Coahuila

Trump también anunció medidas que podrían afectar directamente la economía de Coahuila:

• Revisión de acuerdos comerciales: La imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos podría impactar a la industria maquiladora y exportadora del estado, generando incertidumbre entre los inversionistas.
• Inseguridad jurídica: Jaime Guerra, ex secretario de Economía de Coahuila, advirtió que las declaraciones de Trump han frenado algunas inversiones extranjeras, afectando la economía local.
• Nearshoring en riesgo: Aunque Sofía Teresa Delgadillo, directora de Pro-Coahuila, afirmó que las operaciones de nearshoring continúan sin interrupciones, los comentarios de Trump podrían disuadir a empresas asiáticas de invertir en el estado.

Otros impactos internacionales

Políticas económicas y comerciales

Trump emitió órdenes para revisar las relaciones comerciales con China, Canadá y México, planteando aranceles de hasta un 25%. Además, anunció un plan para crear una reserva nacional de Bitcoin, destacando su apoyo a las criptomonedas.

Energía y medio ambiente

Declaró una emergencia energética nacional para aumentar la producción de recursos naturales y revertir regulaciones ambientales de la administración Biden. También anunció que Estados Unidos se retirará nuevamente del Acuerdo de París sobre el clima.

Derechos sociales y diversidad

• Reconocimiento de género: Emitió una orden para reconocer solo los sexos biológicos en documentos oficiales.
• Financiamiento educativo: Prohibirá fondos federales para instituciones que enseñen teoría crítica racial o implementen políticas de diversidad, equidad e inclusión.
• Políticas de aborto: Reinstaurará restricciones sobre organizaciones internacionales que promuevan o realicen abortos.

Impacto internacional y política exterior

En el ámbito internacional, Trump planea revertir la política de Biden hacia Cuba y Venezuela, reinstaurando sanciones. Además, aseguró que trabajará para resolver el conflicto en Ucrania en un plazo de seis meses, aunque no detalló cómo.

El regreso de Donald Trump no solo representa un cambio en la política estadounidense, sino también un reto directo para estados fronterizos como Coahuila. La crisis migratoria que se avecina y la incertidumbre económica generada por sus medidas proteccionistas podrían alterar significativamente el panorama local.

Mientras tanto, las decisiones de Trump también podrían tener un impacto internacional, afectando las relaciones comerciales con socios globales y la inversión extranjera en la región. Coahuila, como estado clave en la frontera, debe prepararse para enfrentar estos desafíos, aprovechando sus fortalezas logísticas y buscando alianzas estratégicas para mitigar los efectos negativos de estas políticas. El equilibrio entre lo local y lo internacional será fundamental en los próximos meses.

El diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer la difusión y el funcionamiento de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). Esta iniciativa busca garantizar que estas unidades cuenten con los recursos necesarios para seguir brindando atención integral a los pacientes y reducir la incidencia mediante la prevención del VIH/SIDA en el país.

La importancia de los CAPASITS

Desde su creación en 1989, los CAPASITS han sido pilares fundamentales en la prevención y atención del VIH/SIDA en México. Estos centros ofrecen consultas médicas, diagnóstico, tratamiento, apoyo psicológico y distribución de medicamentos, convirtiéndose en un elemento esencial de la salud pública.

Actualmente, el país cuenta con 78 CAPASITS, pero su alcance se ve limitado por la falta de personal, recursos y difusión adecuada. Esto dificulta que las personas, especialmente los jóvenes, accedan a los servicios disponibles para prevenir infecciones de transmisión sexual y recibir atención oportuna.

El contexto del VIH en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2022 más de 20 mil personas adquirieron VIH, manteniendo una tendencia estable desde 2019. Actualmente, 370 mil personas viven con VIH en México: el 80% son hombres, el 19% mujeres y el 1% menores de 15 años. Estos datos subrayan la urgencia de redoblar esfuerzos en prevención, detección y atención.

José Guillermo Anaya enfatizó que los CAPASITS son clave para combatir estas cifras y garantizar el acceso a servicios de salud para las poblaciones más vulnerables.

Educación y prevención como prioridades

El diputado subrayó la necesidad de lanzar campañas permanentes de información dirigidas a los jóvenes, uno de los grupos más vulnerables. Estas campañas deben enfocarse en dar a conocer los servicios del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y los CAPASITS, así como fomentar prácticas sexuales seguras para reducir la incidencia de nuevas infecciones.

Puntos clave de la propuesta

1. Difusión de los servicios de los CAPASITS: Diseñar e instrumentar campañas que informen sobre los servicios disponibles, cómo acceder a ellos y la importancia de prevenir infecciones de transmisión sexual.
2. Mejora del funcionamiento: Verificar que los CAPASITS cuenten con medicamentos, personal capacitado e infraestructura suficiente para brindar atención de calidad.
3. Ampliación de cobertura: Proponer la apertura de más clínicas ambulatorias en regiones donde la cobertura es insuficiente, especialmente en comunidades vulnerables.

Un modelo integral para la salud pública

Los CAPASITS son esenciales para garantizar atención médica especializada y sin discriminación a las personas no derechohabientes con VIH/SIDA. Su fortalecimiento impactaría directamente en la calidad de vida de los pacientes y en la disminución de nuevas infecciones, incluyendo la transmisión perinatal y los casos asociados a transfusiones sanguíneas.

La iniciativa del diputado José Guillermo Anaya Llamas es un paso fundamental para consolidar un sistema de salud que priorice la educación sexual, la prevención y la atención integral del VIH/SIDA. Fortalecer los CAPASITS es un compromiso con la dignidad y los derechos de los pacientes en México, garantizando que las generaciones actuales y futuras cuenten con herramientas efectivas para prevenir y tratar estas enfermedades.

El Plan México, anunciado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende colocar a nuestro país entre las 10 economías más grandes del mundo. Sin embargo, un análisis exhaustivo revela inconsistencias en sus proyecciones y una falta de sustento que pone en duda su viabilidad. En este artículo, desglosamos los puntos clave del plan y las cifras que evidencian sus debilidades, dejando espacios para agregar gráficas que respalden este análisis.

1. Inversión Extranjera Directa (IED): promesas sin sustento

El Plan México proyecta atraer 277 mil millones de dólares en inversión extranjera durante el sexenio. No obstante, este objetivo contrasta con la realidad económica del país. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el promedio anual de IED ha sido de 27,195 millones de dólares, una cifra apenas comparable con los 27,953 millones de dólares anuales registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, la fuga de capitales, que alcanzó los 349 mil millones de pesos en 2023, demuestra una falta de confianza por parte de los inversionistas. Este fenómeno refleja un ambiente económico incierto y con poca certeza jurídica, lo que dificulta atraer los niveles de inversión que el gobierno plantea.

2. Crecimiento del PIB: un reto titánico

El Plan México promete un crecimiento anual del PIB entre el 2% y el 3%, pero los analistas económicos estiman que en 2025 el crecimiento apenas alcanzará el 1.2%. Esta tendencia refleja el desempeño mediocre que ha caracterizado los últimos años. Durante el sexenio de López Obrador, el crecimiento promedio ha sido del 1%, lo que contrasta con las metas ambiciosas planteadas en este plan.

Sin una estrategia clara que impulse sectores clave, como la industria y el comercio exterior, el crecimiento económico sostenido parece poco probable. Además, factores como la falta de infraestructura, la inseguridad y la desconfianza empresarial obstaculizan cualquier intento de mejorar el desempeño económico del país.

3. Empleo formal: una meta insuficiente

El Plan México promete la creación de 1.5 millones de empleos formales adicionales, pero esto no soluciona el problema de fondo. Desde 2018, solo se han generado 2 millones de empleos formales, una cifra inferior a la registrada en administraciones anteriores. Además, más del 55% de los empleos en el país siguen siendo informales, lo que perpetúa la precariedad laboral y limita el acceso a prestaciones básicas.

La promoción de empleos formales requiere políticas públicas integrales que fortalezcan la competitividad de las empresas y reduzcan las barreras para la formalización, algo que este plan no aborda de manera concreta.

4. Sustitución de importaciones: un regreso al pasado

El fortalecimiento de las cadenas de valor locales y la sustitución de importaciones son pilares del Plan México. Sin embargo, esta estrategia nos retrocede a las políticas de los años 70, que generaron monopolios, aumentaron los precios y limitaron la competitividad. En 2023, el déficit comercial con China alcanzó los 114 mil millones de dólares, evidenciando la dependencia del país en sectores clave.

La industrialización local requiere tecnología, infraestructura moderna e incentivos fiscales que permitan competir en un mercado globalizado. Sin estos elementos, la sustitución de importaciones podría traducirse en productos más caros y menos accesibles para las familias mexicanas.

5. Inflación y pobreza: un impacto preocupante

La inflación acumulada durante el actual sexenio es del 30%, un nivel superior al 25.1% registrado en el gobierno anterior. Este aumento ha encarecido la canasta básica en un 49%, afectando especialmente a las familias de menores ingresos. Este fenómeno no solo limita el poder adquisitivo, sino que también aumenta los niveles de desigualdad.

Un plan que aspire al desarrollo debe incluir medidas para estabilizar los precios, garantizar el acceso a alimentos básicos y reducir las brechas económicas. El Plan México, sin embargo, parece ignorar estas prioridades fundamentales.

El Plan México presenta metas ambiciosas, pero carece de una estrategia clara, mecanismos de financiamiento y objetivos realistas. En lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas estructurales del país, se apoya en retórica y cifras infladas que no se sostienen frente a los hechos. Es fundamental replantear este proyecto para garantizar que realmente impulse el desarrollo económico y el bienestar de los mexicanos.